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Los
hilos de la uniforme corrupción
Normalmente, quienes son
señalados como sospechosos de participar en actos de corrupción se enredan
en sus ridículas explicaciones. O presentan esos actos como simples e
inocentes favores mal entendidos; o le echan la culpa a los medios de
masivos de difusión que “confunden” las cosas o las “exageran”; o acuden al
gastado discurso de una oposición que “politiza” todo. Pero en nuestro país,
aquellos sectores que tienen en sus manos las riendas de la administración
pública no dejan de sorprendernos por su capacidad para sobrepasar los
“lugares comunes” e inventar lo que sea para evitar el inicio de una
investigación seria cuando surge una denuncia al respecto.
Lo que el Diccionario de la Real Academia Española define como una “práctica
consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas (las
organizaciones públicas) en provecho, económico o de otra índole, de sus
gestores”, en este “nuevo El Salvador” se ha convertido en una especie de
“tumor maligno” que ha corroído y continúa pudriendo el aparato estatal.
Habrá quien diga: “Bueno, pero eso pasa en todos lados”. De acuerdo; pero,
bien o mal, existen mecanismos institucionales que —aunque no erradican del
todo la corrupción— van más allá del alboroto coyuntural e impulsan acciones
eficaces tendientes a reducir la corrupción hasta donde es posible, mediante
la sanción de sus responsables. El problema es que en nuestro país, esas
herramientas estatales o se encuentran desnaturalizadas —en manos de
aquellos que son parte del problema— o están del todo neutralizadas,
mediante la falta de independencia y valentía por parte de los funcionarios
que las administran.
Que semana a semana aparezcan señalamientos en los medios sobre funcionarios
de los órganos Legislativo y Judicial —por citar algunos— involucrados en
hechos de este tipo, viene a ser algo normal. Pero que esos espacios también
los ocupe la Policía Nacional Civil (PNC), ya no lo es tanto. Los mayores
escándalos policiales habían ocurrido en su accionar operativo de “calle”,
por referirnos al lugar habitual donde observamos el desarrollo de su
trabajo; sin embargo, ahora nos enteramos de cosas y casos que huelen a
podrido en otros espacios de la corporación.
Hoy no vamos a hablar sobre los quehaceres propios de la actividad policial
que cada cierto tiempo, muy seguido por cierto, nos preocupan. Hoy, mejor,
lo haremos sobre otro aspecto. Y empecemos por el “desdoblamiento funcional”
de Mauricio Sandoval como Director General de la PNC. “Responsabilidad,
disciplina y capacidad en las responsabilidades desempeñadas, son algunos de
los atributos que han caracterizado al Lic. Sandoval tanto en su gestión
empresarial, al igual que en su rol como funcionario de Gobierno”. Lo
anterior es parte de su curriculum vitae y aparece en la página electrónica
oficial de la institución. Si es cierto, no nos explicamos todavía el porqué
de las “supuestas” irregularidades en una reciente licitación relativa a la
confección de uniformes policiales ni, mucho menos, comprendemos su reacción
cuando ocurrió el “destape” de las mismas.
Entre las numerosas facetas públicas por las que destaca Sandoval, había una
que permanecía oculta. Y esto lo decimos porque, sin perjucio de que lo haya
venido haciendo antes de modo “encubierto”, ha sido gracias a una denuncia
desde la llamada “sociedad civil” que pudimos conocer cómo “se las gasta” la
PNC en la gestión de “sus” recursos económicos. Resulta evidente que la
realidad es bien distinta a como nos gustaría que fuese, sobre todo en este
“paisito” donde los hechos son dignos de la ficción cinematográfica, cuando
de beneficios y favores políticos se trata. Pero antes de entrar en materia,
ubiquemos el hecho que nos ocupa.
Fue tras el discurso de su tercer año de gobierno, cuando el presidente
Francisco Guillermo Flores Pérez movió algunas piezas dentro del ajedrez de
su gabinete ministerial. Las “carteras” afectadas fueron las de Medio
Ambiente y Gobernación. Como si de un taller de mecánica se tratara, en
Gobernación se cambió una pieza por otra equivalente. Así, salió Francisco
Bertrand Galindo hijo, para integrarse al Consejo Ejecutivo Nacional de
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con la misión de idear y dirigir
la estrategia política del partido de cara a las próximas elecciones; su
lugar lo ocupó Conrado López Andreu, quien tiempo atrás fungió como
vicepresidente de campaña, enlace y coordinador “arenero” para el gremio
empresarial.
Tras esa especie de permuta, López Andreu se encarga del “buen gobierno” del
país. No es un puesto sencillo, por la cantidad de materias que cubre el
Ministerio y porque una de ellas tiene que ver con lo que —en los últimos
diez años— ha constituido el mayor problema para la mayoría de la gente,
junto a su situación económica y social: la seguridad pública. A eso se suma
que, en lo relativo al combate de la delincuencia, debe lidiar con dos
personajes públicos cuestionados y también, con seguridad, difíciles: el
anticipadamente reelecto Fiscal General de República, Belisario Amadeo
Artiga Artiga y, por supuesto, el ya mencionado Sandoval. Para colmo de
males, por “confesión de parte”, se sabe que al momento de ocupar el cargo
López Andreu no conocía nada acerca de sus responsabilidades y de la
estructura del —por algunos llamado— “superministerio” que le entregaron.
Y en ese escenario apareció con su denuncia PROBIDAD, que —en sus mismas
palabras— se define como “una organización de la sociedad civil salvadoreña,
sin fines de lucro y sin vínculos partidarios, que promueve la democracia,
la anticorrupción y la prensa libre en América Latina”. La secuencia de
hechos que PROBIDAD brindó al público, demandando de las autoridades una
investigación seria, es clara y contundente. Veamos.
El 11 de abril de 2002 se creó la empresa Abastecedora de Uniformes S.A.
(ABACUS), cuyo primer director fue Conrado López Andreu; éste, para entonces,
también era director propietario de la empresa textil denominada Industrias
Sintéticas de Centroamérica (INSINCA). Dato curioso: ABACUS no cuenta hasta
la fecha con una planta de producción propia, no obstante su objetivo s—y
por lo que ofertó en la licitación que nos ocupa— es la confección de
uniformes. La licitación para el “suministro de telas y/o maquila de
uniformes policiales” fue abierta en mayo del 2002, correspondiéndole a la
Unidad de Contrataciones y Adquisiciones Institucional (UACI) de la PNC su
gestión. Otro dato curioso: una “eventualidad” quiso que las iniciales
especificaciones técnicas de la tela para los uniformes policiales de este
año, se cambiaran; y, “casualmente”, sólo INSINCA produce el nuevo tipo de
tela exigido en la licitación. En esas condiciones, ABACUS ofertó tejido de
INSINCA como muestra para la licitación. Dos días después de abierta ésta —exactamente
el 13 de mayo del 2002— el presidente Flores Pérez colocó a Conrado López
Andreu como titular del Ministerio de Gobernación, que es la Secretaría de
Estado de la cual depende la PNC.
Quienes primero “pusieron el dedo en la llaga”, fueron los otros empresarios
que participaron en la licitación. La UACI no dijo nada ante sus indignados
reclamos. Se iban a evaluar, de las ofertas, tres aspectos; el primero y más
importante, pues constituía el 50% de la calificación, era el precio. En
teoría, se escogería a la que menor costo ofreciese en la producción de los
uniformes. Los otros aspectos tenían que ver con tiempos de entrega del
producto y capacidad financiera de la empresa; les correspondía el 35% y el
15% de la calificación, respectivamente. Los empresarios “perdedores” y
PROBIDAD sostienen que el precio ofertado por ABACUS superaba en un 48% al
resto; tal porcentaje no es cosa de juego, si hablamos de miles de dólares.
Además, su “corta edad” y falta de experiencia, así como la ausencia de
instalaciones propias, no le permiten a ABACUS fijar el tiempo para entregar
el producto ni determinar su capacidad financiera, puesto que no ha podido
cerrar todavía ningún ejercicio anual contable.
La “gota que rebalsó el vaso” fueron los documentos que usó la UACI para
disipar los cuestionamientos. El 25 de julio de 2002, hechas ya las
denuncias contra la licitación, aquélla dio a conocer dos cartas de fecha 11
de mayo mediante las cuales López Andreu anunciaba su “renuncia irrevocable”
a sus cargos directivos en ABACUS e INSINCA. ¡Tan sólo dos días antes de ser
juramentado como miembro del gabinete! Tras el escándalo, López Andreu
declaró —en conferencia de prensa de la que excluyó a ciertos medios— lo
siguiente: “A estas alturas no voy a meterme en cuestiones de corrupción”.
Parece que nadie le explicó al “introvertido” Ministro —hombre “correcto y
responsable”, como él mismo se califica— que en el escenario político no iba
a tener la misma tranquilidad de la que gozaba en el “mundo de los negocios”,
donde se hace y deshace sin que se alce voz alguna.
Antes, la corrupción —como un “cáncer”— estaba focalizada en órganos
concretos del Estado. Pero en el diagnostico actual, el “tumor” ha devenido
en “metástasis” cuyo devastador efecto alcanza a buena parte —sino a toda—
de la administración” pública. La “sintomatología” se aprecia, en el
presente caso, con claridad: tráfico de influencias y encubrimiento. Más
allá de la denuncia ante la UACI de la PNC, PROBIDAD acudió a la Fiscalía
General de la República y la Corte de Cuentas. Nos sorprendería gratamente
si su actuar fuera el que por ley les corresponde; sin embargo, la realidad
no da para esperar mucho de estas dos instituciones, cuyos titulares fueron
nombrados hace unas semanas mediante la mala costumbre del “reparto del
pastel” entre los políticos de derecha. ¿Esperar de Belisario Artiga y
Hernán Contreras, independencia y valentía? ¡No se burlen, por favor!
Un clavo más en el ataúd lo constituyen las reacciones de Mauricio Sandoval
y René Figueroa —Viceministro de Gobernación— en defensa de Conrado López
Andreu. Tras la declaración de este último amenazando con una demanda
judicial a PROBIDAD, Figueroa se refirió a la “génesis” de la organización
social ubicándola como parte del “sector ortodoxo del FMLN”; Sandoval fue
más allá, cuando dijo —palabras más, palabras menos— que no había encontrado
en las leyes disposición alguna autorizando a PROBIDAD para denunciar los
hechos y exigir una investigación sobre los mismos.
Estos señores, tan preocupados por atraer la inversión extranjera, no se dan
cuenta que son ellos —por acción u omisión— sus peores enemigos. ¿Qué
pensará un inversionista foráneo cuando El Salvador aparece en el Informe
Anual de Transparencia Internacional 2002 con un IPC (“Índice de Percepción
de Corrupción”) de 3.4 en una escala que va del 10 (“altamente limpio”) al 0
(“altamente corrupto? Y mucho cuidado, pues en el 2001 el IPC salvadoreño
fue de 3.6; o sea, que nos vamos acercando al fondo.
Mientras la Corte de Cuentas, la Fiscalía, la PNC y otras instituciones
estatales no funcionen como es debido, siempre será necesario que la
población se indigne y actúe contra los desmanes y atropellos de cualquier
tipo generados por quienes “administran” el Estado. Recuerden que el
inadecuado uso de nuestros recursos, el obcecado rechazo a la rendición de
cuentas, la precaria situación de la mayoría de nuestra población, el
deterioro del nivel de vida entre las “clases medias”, la aplicación
arbitraria de la ley y la impunidad que protege a corruptos, asesinos y
violadores de los derechos humanos son ingredientes de una muy peligrosa
“bomba de tiempo”.
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