La “solución” de Flores

Un modelo inviable
 

El análisis de la evolución de corto plazo nos lleva a concluir que 2002 será el séptimo año consecutivo de práctico estancamiento económico. Consecuentemente, el modelo económico y social vigente es insostenible e inviable para encarrilar a El Salvador en el tren del desarrollo económico y social, y el mismo requiere de nuevas medidas de política económica y social que alteren sus estructuras. Ello es un llamado de urgencia a la creatividad y protagonismo de quienes tienen en sus manos las riendas del país, para una mayor apertura al diálogo, y participación de los diversos sectores en las propuestas de soluciones.

Este llamado no es caprichoso, pues desde hace varios años los diversos análisis de coyuntura vienen señalando los mismos problemas: lento crecimiento económico, demanda agregada deprimida con bajos niveles de ahorro e inversión privada, alto desempleo y subempleo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios mínimos y estancamiento del salario promedio, elevado déficit fiscal, creciente déficit de la balanza comercial, poco dinamismo de las exportaciones, elevada mora bancaria y reducción del crédito al sector privado, y poca inversión extranjera. A los síntomas presentados en este informe se le pueden añadir otros mencionados en diversos estudios, como el fuerte deterioro ambiental, la baja competitividad del aparato productivo, insuficiente inversión en educación —ello, a pesar del esfuerzo realizado en esta área—, los altos niveles de delincuencia, inseguridad jurídica, e insuficiencia de mano de obra calificada.

La prolongación del bajo crecimiento por siete años consecutivos indica que se trata de un problema estructural y no es simplemente el resultado de una coyuntura internacional poco favorable. Las cifras más recientes sugieren que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2002 se acercará al 1.5 por ciento, es decir, que en términos per cápita el crecimiento será negativo. Los crecimientos trimestrales presentan desde 1997 una tendencia a la baja, el promedio de crecimiento trimestral ha sido año con año menor.

Todos los componentes de la demanda agregada están deprimidos con la excepción de la inversión pública, pero su sostenibilidad a largo plazo está limitada por una baja carga tributaria.

El consumo privado y público evidencian un bajo crecimiento. Para el año pasado, la tasa de crecimiento del consumo privado fue de 0.9%, lo que en términos per cápita equivale a una tasa negativa cercana al 1%. Por su parte, el consumo público enfrenta la necesidad de contracción de los gastos corriente, lo que hace previsible esperar un estancamiento en el mismo, tal como se está planteando en el Presupuesto General de la Nación 2003. Para el presente año, en el Gobierno central se experimenta una contracción de las remuneraciones del 1.8%, y una disminución de las compras del Estado en bienes y servicios del 27.1%.

La inversión pública ha sido errática a lo largo de la década pasada, pero en 2001 creció en un 14.8%, producto de la reconstrucción y del FOVIAL (Fondo de Inversión Vial), y lo mismo se verá en el 2002 y 2003 de acuerdo al presupuesto. Sin embargo, cuando terminen los esfuerzos de reconstrucción post-terremotos perderá dinamismo. Por el lado de la inversión privada, después del dinamismo de la primera mitad de la década de los noventa, desde 1997 el crecimiento de la inversión muestra una tendencia decreciente, al grado que en 2001 se redujo en 3.4%.
Las exportaciones de productos tradicionales presentaron un saldo de 108 millones de dólares, al mes de junio de 2002, lo que implica una baja de 28.9%, comparado con el mismo período del año pasado, lo que equivale a 44 millones de dólares. La maquila, el otro rubro importante en la demanda por exportaciones que enfrenta el país, experimenta un debilitamiento de su crecimiento, principalmente por la recesión y desaceleración de la economía estadounidense, principal destino de las exportaciones de dicha rama. Las proyecciones sobre la recuperación económica de Estados Unidos no son demasiado optimistas. Además, existe la posibilidad de eliminar una de las concesiones de la ICC (Iniciativa de la Cuenca del Caribe). Finalmente, la demanda de productos no tradicionales enfrenta una mayor competencia, principalmente las que se destinan a Centroamérica, debido al aumento de la competencia proveniente de México, Chile y República Dominicana a causa de los tratados de libre comercio firmados. Por su parte, la demanda a otros países fuera del área enfrenta un ciclo de menor crecimiento producto de la lenta recuperación de la economía mundial.

Por otra parte, un indicador importante para estimar una tasa de desempleo efectiva más acorde al mercado laboral salvadoreño, es el desempleo equivalente al nivel de subempleo, incluidos el visible e invisible. Se ha estimado cautelosamente que la tasa promedio que debe de agregarse a la tasa de desempleo abierto es de 16% como porcentaje del nivel de ocupados; con esta tasa promedio es posible estimar la tasa de desempleo estructural de la economía consecuencia de los flujos entre el empleo, la desocupación y la población inactiva. De acuerdo a cálculos realizados con la EHPM del 2000, la tasa de desempleo estructural en el país es cercana al 17%, muy por encima del 7% de desempleo manejado tradicionalmente. Por razones coyunturales, como la insuficiencia de la demanda que el país sufre actualmente, la tasa de desempleo equivalente se eleva al 19% de la PEA y el desempleo efectivo sube hasta el 21%. Ello plantea un reto a la sociedad y el gobierno para ver más allá de la simple cifra de desempleo abierto.

En la coyuntura actual, la creación de empleos predominantemente femeninos es superior a los masculinos. La incorporación cada vez mayor de la mujer en la fuerza laboral ha sido un proceso reciente que se desenvuelve con un grado de desventaja para la mujer y la fuerza de trabajo en general. El crecimiento de la fuerza laboral femenina va acompañada de un elevado porcentaje de subempleo y muy probablemente de desempleo equivalente. Las variaciones de la tasa de subempleo femenino muestran cierta correlación con la de crecimiento del producto, lo que no quiere decir que ocurra lo mismo con el desempleo equivalente. Esto último podría significar que ciertos sectores más dinámicos de la economía están aprovechando el subempleo femenino de forma pro-cíclica. Por ejemplo, en lugar del despido se establecen menores salarios y se utiliza mano de obra a tiempo parcial.

En los últimos cuatro años, el salario mínimo real ha caído en un 8%, dado que el salario mínimo nominal se ha mantenido inalterado a 1,250 colones mensuales. Así, desde 1988 hasta el presente el salario mínimo real ha disminuido casi en un 30%, lo que unido al fenómeno del subempleo debilita un poco el argumento que en el país existe mucha rigidez en el mercado laboral. Con similar tendencia el promedio del Ingreso Base de Cotización de los afiliados activos del Sistema de Ahorros para Pensiones, ha visto reducido su poder real de compra en aproximadamente un 10% desde sus valores más altos en 1999 hasta marzo 2002.

Utilizando información complementaria, la evolución del salario promedio real basándose en cotizaciones del ISSS diverge según los sectores en cuestión: aumenta para el sector público mientras disminuye en el privado, durante la última década. Los salarios nominales promedio del sector público superan a los del sector privado en casi un 60%. En los últimos diez años, los salarios promedio reales para el sector público han aumentado 27%, mientras que los del sector privado han sufrido una reducción de 14%. Para la totalidad de la población afiliada, el salario promedio ha venido aumentado, a excepción de 2001, año en el cual disminuyó de 308.71 dólares que había alcanzado en 2000 a 304.6 dólares, lo que equivale a una reducción de 1.33%.

Con relación a las finanzas públicas, la situación fiscal es delicada. Casi la quinta parte del financiamiento del presupuesto del presente año se origina en la contratación de deuda pública. Mientras los ingresos crecieron a una tasa de 0.4% con respecto al año pasado, los egresos lo hicieron en 5.3%, lo que ha causado un crecimiento del déficit fiscal con respecto al año pasado de 44.1%, que equivale a 60 millones de dólares. Al mes de junio, la captación impositiva alcanza 884 millones de dólares, que representan el 50.2% de lo presupuestado para todo el año. Pero hay impuestos que se encuentran por debajo de los rendimientos esperados; tal es el caso del IVA, que cuenta con 45.8% y las importaciones, con 47.0% sobre el total del año.

El sector público ha continuado con la política de incrementar los niveles de endeudamiento; a junio de 2002 la deuda pública alcanzó los $5.706 millones, que representan 39.1% del PIB. Al mes de junio 2002, el Gobierno Central gastó en concepto de pago de intereses y comisiones de la deuda la suma de 76.4 millones y por amortización 295.5 millones de dólares. La suma de ambos pagos representa el 33.4% de los impuestos recolectados en la misma fecha, es decir, la tercera parte de los impuestos se destina al pago del servicio de la deuda.

Muchos de los indicadores en materia fiscal llevan a una seria preocupación: baja presión tributaria y elevado déficit fiscal que se ve presionado al alza para cubrir los requerimientos de la deuda provisional —que, en el presupuesto correspondiente a 2002, tiene asignados más de 150 millones de dólares—, y el nivel creciente del saldo de la deuda pública. Sin embargo, las proyecciones oficiales del presupuesto para 2003 y los siguientes años indican que el déficit fiscal comenzará a reducirse; el logro de estas metas dependerá en gran parte del éxito de las reformas que se realicen en el ámbito fiscal, relacionadas con austeridad presupuestaria e incremento de la carga tributaria por medio de una mayor eficiencia en la recaudación.
 

Cambiemos el rumbo
Las señales de los diversos indicadores evidencian que a siete años de práctico estancamiento, el modelo económico-social vigente adolece de serios problemas estructurales que requieren de un cambio de rumbo en las políticas públicas. El país ha seguido y sigue un audaz proceso de apertura de los mercados de bienes y servicios al comercio internacional y una mayor exposición a los mercados financieros internacionales, como si esta fuera la carta de salvación, pero para que esta carta funcione de manera sostenible es necesario hacer algunos cambios.

Un primer paso necesario es la búsqueda de nuevos consensos con relación al modelo económico y el tipo de país que se quiere construir, dado que dicha discusión no fue abordada apropiadamente después de los acuerdos de paz. Tampoco en el entorno mundial se han presentado opciones alternativas satisfactorias, pues las tendencias dominantes han girado en torno a las reformas del consenso de Washington. Pero ya desde mediados de la década de los noventa comenzaron a surgir críticas dentro del mismo establishment, señalando que las reformas no estaban dando de sí en términos de crecimiento económico y desarrollo social. Más recientemente, economistas de reconocido prestigio académico, como Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs, han planteado duras críticas al proceso de globalización, a la generalización de recetas para lograr el desarrollo, y a las recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el aval de los gobiernos de turno.
Por otra parte, existe una discusión estéril acerca de la primacía del mercado frente al Estado o viceversa. Ambas instituciones son necesarias para el funcionamiento de una economía basada en la división social del trabajo. Pero hay que reconocer que ambas adolecen de problemas y debilidades. Sin adentrarse más en esta discusión, aunque ayuda en la asignación de los recursos, el mercado nunca se hará cargo de la equidad en la sociedad, ni tampoco es eficiente por sí solo (competencia imperfecta, externalidades, información asimétrica, bienes públicos, etc.). Por su parte, el Estado tampoco es garantía de eficiencia, honradez y transparencia, pero se le necesita para regular al mercado, promover la equidad, la eficiencia, el desarrollo. Es urgente definir seriamente el rol que cada uno puede y debe jugar en la sociedad sin satanizar ni canonizar.

Todo ello exige una seria reflexión en torno a las necesidades y posibilidades de cambio. Se pueden mencionar algunos lineamientos básicos o lecciones que se derivan de algunas experiencias exitosas, pero no para sugerir que el país debe imitar recetas, sino para invitar a la creatividad y la propuesta de soluciones. Bien podría plantearse una lista limitada, pero con puntos neurálgicos.

El estancamiento del crecimiento económico está vinculado necesariamente a la falta de productividad de nuestros productores y a los escasos vínculos intersectoriales que podrían ayudar a dinamizar la economía y la demanda interna. En relación con la competitividad, existen una serie de factores claves que permitirían un mejor posicionamiento a escala internacional, tales como una mayor inversión en educación y aplicación intensiva de tecnología de punta, más seguridad jurídica y seguridad ciudadana, y menores costos en los servicios básicos de infraestructura. Todo ello requiere de un esfuerzo extraordinario por parte de toda la sociedad, pero especialmente del Estado que juega un papel regulador y participativo en varias de éstas áreas, principalmente educación. Para poder aprovechar las ventajas de la adaptación creativa de tecnología de punta, es esencial el fortalecimiento de las habilidades y nivel educativo de la población. Los esfuerzos que El Salvador ha hecho hasta la fecha en estas áreas, aunque loables, se quedan pequeños frente a los retos que tenemos por delante. Es necesario cuadriplicar esfuerzos en educación y aplicar una terapia intensiva para adoptar la tecnología de punta.

De nada sirve tener un segmento selecto de la población con alto nivel educativo y entrenamiento para utilizar dicha tecnología, pues estas características tienen que estar presentes en la totalidad de la población para poder aprovechar de manera más eficiente y ambientalmente sustentable los escasos recursos que tenemos, y evitar la exclusión social y el deterioro ecológico. Los altos niveles de educación y el uso intensivo de tecnología debieran estar presentes en todos los sectores productivos, agricultura, industria, comercio y servicios. De allí el otro factor, el aprovechamiento de vínculos intersectoriales en los diversos sectores de la economía; pues ello permitiría crear un flujo de bienes y servicios entre los mismos, generando ingresos y empleos con mayor inclusión social, mejorando la distribu e, y para plantear preguntas en esa dirección: ¿Cuál debe ser el nuevo rol de la agricultura?, ¿qué tipo de agricultura se debe desarrollar?, ¿cómo se pueda aprovechar para conservar o mejorar el medio ambiente?, ¿cómo se pueden fortalecer los vínculos intersectoriales? Responder a estas preguntas y tratar urgentemente el tema del agro es condición necesaria para encarrilarse en la dirección correcta al desarrollo del país.

Como este tipo de esfuerzos necesita de mayor intervención del Estado, un Estado que sea promotor del desarrollo, grande en eficiencia y capacidad, ello nos lleva al problema de la escasez de los fondos públicos, dado que son insuficientes para atender las necesidades urgentes del país. Se reconoce que El Salvador es uno de los países del hemisferio con menor carga tributaria. Hasta la fecha, la carga tributaria es cercana al 11%, cuando la de países como Chile y Corea es de 18.4% y 17.3% respectivamente, mientras que en Estados Unidos asciende al 20% y en Alemania, al 27%, para mencionar algunos casos considerados como exitosos. No se sabe exactamente cuál debería ser la carga tributaria óptima para El Salvador, pero no cabe duda que actualmente es demasiado baja y que los impuestos que los salvadoreños pagamos no son suficientes para que el Estado asuma con seguridad un papel de promotor del desarrollo, y es por ello que debemos repensar totalmente las finanzas públicas, poniendo al centro de la discusión no sólo la eficiencia sino también la equidad, tanto de los impuestos como del gasto público. No se debe dejar de mencionar que en este campo es fundamental tocar con mayor seriedad y efectividad los temas de la transparencia, la corrupción, y el manejo político que se hace de la Corte de Cuentas.

Los esfuerzos de las negociaciones de Tratados de Libre Comercio con socios estratégicos, como Estados Unidos, Canadá y otros, junto a los tratados ya vigentes con México, República Dominicana y Chile, son claves para el logro de una mayor apertura de los mercados de nuestros socios a los productos que podemos ofrecerles, pero se convierten en un reto, no sólo para los exportadores, sino también para los productores de bienes que compiten con las importaciones, generado así un fenómeno de creación y destrucción simultánea de puestos de trabajo. Si no se resuelven los problemas antes mencionados, puede ser que tengamos un poco de oxígeno por un tiempo, pero tarde o temprano el arrastre del atraso tecnológico, la escasez de mano de obra calificada, la inseguridad jurídica y ciudadana, la falta de transparencia y corrupción nos van a bajar al suelo nuevamente. Si nos interesa el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos, pensemos en el largo plazo, El Salvador de aquí a 30 o 50 años, y comencemos a trabajar por él hoy. Cuanto antes, mejor.
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Departamento de Economía de la UCA. Boletín de prensa Nº 9, 15 de octubre de 2002..

¿Democratización del sistema previsional de salud?

Existen diversas modalidades de privatización; ésta no se limita necesariamente a la venta de los activos del Estado, pues cuando éste renuncia al control de los flujos económicos bajo su responsabilidad, también se está privatizando. El caso del sistema de pensiones es un claro ejemplo de lo anterior. En este caso, no se vendió ningún activo, pero sí se cedieron importantes operaciones financieras anteriormente realizadas por el Estado. En lo que se refiere al sistema financiero, sí hubo venta de activos, pero cualquiera puede deducir que el verdadero negocio no era ese, sino la posibilidad de fungir como intermediario en las transacciones.

El 12 de octubre y más allá

12 de octubre, el día en que se conmemora la arribada a playas americanas de los navegantes españoles encabezados por el almirante genovés Cristóbal Colón, es una fecha que suele despertar pasiones encontradas. Las pasiones exaltan la retórica, de tal manera que el clima del duodécimo día del mes de octubre está caracterizado por demostraciones públicas que expresan la complacencia o el rechazo absolutos hacia la fecha histórica que simboliza el nacimiento de Iberoamérica.

Con este presidente … ¡salud!

En repetidas ocasiones hemos dicho que, con todo lo que ocurre a diario, este espacio semanal resulta insuficiente para comentar y reflexionar acerca de los temas relacionados con los derechos humanos en El Salvador. Y no porque se respeten, sino por los niveles de violación a los mismos. Más allá del maquillaje, las cosas caen por su propio peso. Sin duda, buenos temas para el comentario de hoy serían —por citar algunos— el asilo político que las autoridades estadounidenses les acaban de otorgar a Marcelita y a Hilda María Jiménez Molina, hermana y madre de Katya Natalia, la niña que fue violada y asesinada el 4 de abril de 1999 y cuyo crimen aún sigue en la impunidad; la destitución de Ricardo Canales Herrera, uno de los mejores funcionarios judiciales de este país tan escaso de ellos, por obra y gracia de la Corte Suprema de Justicia; y la audiencia del recién pasado lunes 14 de octubre en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para tratar la situación de impunidad que prevalece después del fin de la guerra y que ha sido potenciada, en buena medida, por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz aprobada el 20 de marzo de 1993.

Queda postergada, además, nuestra opinión acerca del Código de la Niñez en ciernes; ya lo mencionamos la semana anterior y ahora observamos con preocupación el rumbo y el tono de las discusiones al respecto. De todo eso y más, quisiéramos y deberíamos hablar hoy; sin embargo, tenemos que priorizar y eso nos lleva al tema más candente en estos días: el de la salud. Y al respecto, debemos comenzar siendo claros y firmes: ese sistema público, el de salud, no se vende; por el contrario, se defiende.

La reciente difusión del proyecto impulsado por la ahora empresa “El Salvador, S.A. de C.V.” —cuya cabeza más o menos visible es la de Francisco Flores— sobre la reforma del citado sistema, en el marco del conflicto cada vez más caliente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), supone sin ninguna duda una manifiesta intención privatizadora de los servicios públicos en esa materia. Por ello, semejante iniciativa constituye una peligrosa regresión de las conquistas sociales históricamente alcanzadas en nuestro país, escritas en la legislación con la sangre de un pueblo heroico que no merece más que respeto; conquistas que, a final de cuentas, son expresión de la solidaridad intergeneracional y no resultado de determinados liderazgos pasajeros.

Conocemos, por lo publicado, que la propuesta de Flores, el “gerente” de la citada “empresa”, le apuesta decididamente al traspaso a manos privadas de la gestión de los servicios integrados en el sistema público de salud, mediante la instauración de un régimen de concesiones a individuos particulares y hospitales privados, a través de la compra de servicios para cotizantes. Al mismo tiempo, también se anuncia la libertad de elección de médico y centro hospitalario por parte del usuario. Todo ello, dicen, sin aumento alguno de las actuales cuotas pagadas por trabajadores y adeudadas por muchos empresarios; éstas, añaden, continuarán siendo la fuente de financiación del sistema sanitario.

Y sabemos, además, que los objetivos que impulsan la propuesta de Flores —tal y como han sido recogidos por los grandes malidad, humanismo y solidaridad? O, quizás por definición, señor Flores, ¿lo público es siempre sinónimo de mala gestión, corrupción, apatía, desinterés, incomodidades, lentitud, ineficacia, masificación, maltrato y deshumanización? ¿Es todo eso, en definitiva, un pasado con el cual sus patrones no tiene nada que ver y que ahora pretenden superar, agenciándoselos sin importar los costos sociales para el país, además de los monetarios para la gente?

Nuestra Constitución y el sentido común dan respuesta contundente a esos cuestionamientos, al declarar el sometimiento de la administración pública al imperio de la ley. Todas y todos podemos comprobar —en países civilizados y normales, como Costa Rica, para no ir muy lejos— cómo los servicios públicos funcionan con eficacia y responsabilidad cuando quienes los dirigen, gestionan o trabajan en ellos así se lo proponen. De esa forma se logra, también, que las personas los vean como propios y se sienta orgullosas de los mismos. Ello, no obstante los imponderables estructurales que no es extraño reconocer y que sólo pueden ser superados cuando existe voluntad política oficial en tal sentido, lo que se traduce en medidas concretas que no tienen nada que ver con la impunidad que permanece en nuestro país.

“Desde hace ya muchos años —dijo Flores en su mensaje transmitido en cadena nacional el pasado lunes 14 de octubre— el sistema de salud previsional del país se haya muy cuestionado”. Para precisar el porqué de esa afirmación se refirió —entre otras cosas— tanto a un “sistema administrativo desordenado y poco transparente”, como a una “corrupción institucional”. Si tuviéramos razones fundadas para tomar en serio la retórica que caracteriza las intervenciones de este joven funcionario, tendríamos la esperanza de observar dentro de poco la investigación, captura y condena de varios miembros o simpatizantes del partido político de Flores que —en diversos cargos y durante varias épocas— han estado en la dirección y administración del ISSS. Si hay médicos y enfermeras que han participado en esa “corrupción institucional” denunciada por Flores, pues que también sean sometidos a las “reglas del juego”; pero eso sí, sin facilitarles la huida a aquellos “peces gordos”

Con lo dicho por el “gerente” Flores el lunes 14 de octubre en su mensaje, Belisario Artiga —el tan cuestionado Fiscal General de la República— debería mostrar a la Nación los “méritos” que hicieron posible su adelantada reelección, actuando de oficio para hacer valer algunos o todos los artículos contenidos en el Capítulo II, Título XVI, Libro Segundo del Código Penal vigente. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que eso no ocurrirá porque Artiga —al igual que Flores— actúa de forma discrecional a favor de sus jefes y contra los adversarios de éstos en lo político y económico, o contra quienes sin temor alguno les dicen las verdades. De eso, tenemos varias y muy desagradables experiencias en casos concretos.
En cuanto al objetivo de la competitividad, resulta incomprensible lo que se pretende pues —por esencia y definición— aquélla está vinculada al ánimo de lucro; en la gestión pública, por el contrario, tal interés constituye algo “contra natura”. Sólo con leer y asumir de forma responsable el primer artículo constitucional —“El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”, para que lo recuerden quienes lo han olvidado, o ni siquiera lo conocen— basta y sobra para entender que ese interés particular está enfrentado con la concepción del servicio público como protector de las necesidades sociales.

Y si los recursos siempre serán escasos para tal fin, cabe preguntarse: ¿Es legítimo introducir el ánimo de lucro donde la necesidad no puede superarse con recursos propios? ¿Acaso no es más justo y solidario redistribuir entre todas y todos los recursos existentes, incluso el posible resultado/beneficio que genere la gestión del servicio público?

Aquí es donde radica la cuestión clave que se esconde tras la propuesta del “gerente” Flores. Nadie, con algún nivel de sensatez, puede negar que destinar al beneficio privado el monto obtenido en la gestión del servicio público —nuevos recursos, en definitiva— no supone eliminar importantes recursos del caudal que pertenece a la colectividad. Y tampoco cabe duda que es una falacia afirmar cosas como las siguientes: “lo importante es que el servicio y su calidad estén garantizados y no quien lo garantice”; o que es un insulto a la razón el pretender hacer creer a la población que la cobertura se ampliará desde la gestión privada de los servicios. ¿O es que acaso aún hay quien piense que las “ubres” de la hacienda pública son un manantial inagotable? La evolución de los modelos sociales más avanzados ha demostrado que sólo la permanente redistribución de los recursos públicos permite el avance y desarrollo de los sistemas de protección social.

Ha dicho Flores que al materializarse “su” propuesta de reforma del sistema previsional en nuestro país, “los pacientes estarán mejor atendidos por más profesionales en un mayor número de centros”. A eso, añadió lo siguiente: “tal argumento es difícil de combatir objetivamente desde la practicidad”. Sin embargo, cabe preguntarse otra vez: ¿Cómo será posible pagar a muchos más profesionales y centros, si las cuotas no aumentan, con el mismo presupuesto? La pretendida practicidad se diluye en el seno de una propuesta claramente demagógica.

Señor Flores: libérenos en serio, de una vez por todas, del fantasma de la privatización. Para ello, antes tendrá usted que demostrarle a toda la población —con hechos, no con falsas palabras— que la iniciativa privada está dispuesta a asumir la gestión o concesión de los servicios públicos sanitarios sin obtener lucro o beneficio alguno por ello. Pero eso no lo va a hacer, porque no es posible; cualquier persona lo sabe. La privatización del sistema de salud que usted propone —no la del ISSS, cuya muerte por inanición es algo previsible— quizá no sea un fantasma, pero si puede convertirse en un cáncer para nuestra sociedad. Si no lo diagnosticamos y tratamos con rapidez, provocará una metástasis de desigualdades e injusticias sociales mucho mayores que las que ya soporta la mayor parte de nuestra población.

Nadie debe llamarse a engaño y por eso hay que insistir: el sistema de salud no se vende, se defiende. No puede ni debe pasar lo mismo que ocurrió cuando se anunció, en enero del 2001, el famoso sistema de la “doble moneda”. Al igual que la premeditada desaparición del colón —¿quién encuentra hoy alguno en circulación?— también de saparecerá el ISSS. Tampoco debe repetirse lo que pasó con la afamada reducción de los precios del combustible y las tarifas de la electricidad o la telefonía. La realidad se encarga, rápidamente, de desnudar a los demagogos. No parece lo más certero y justo que quien, por principios e ideología defiende de forma preferente lo privado y emplea los recursos públicos en la promoción de esos negocios particulares, sea el que esté administrando los asuntos públicos. No es eso lo que necesita y mucho menos lo que merece la sociedad salvadoreña. Por eso, mientras Francisco Flores le pone un clavo más al ataúd de su partido —como ocurrió con el de la “revolución institucionalizada” en México— el pueblo comienza a salir de su letargo para pasar de la indignación a la acción en defensa de sus derechos y su dignidad.