Medios de comunicación de derecha: ¿informantes del gobierno?

Deudas de la democracia latinoamericana
 

En el contexto de la “tercera ola” democrática, muchas naciones latinoamericanas, hasta entonces enemistadas con las ideas de respeto a las libertades civiles, iniciaron su proceso de transición hacia la democracia. Países antes gobernados por dictaduras militares o gobiernos autocráticos, experimentaron una notable transformación política. Se empezaron a disminuir los casos de crímenes políticos y de abusos por parte de las autoridades estatales o por terceros amparados en los gobiernos. Al mismo tiempo, se inicia un proceso de apertura política que permite la formación de partidos de oposición, o la salida de la clandestinidad de opositores, antes condenados por las autoridades de turno. Finalmente, surgen las nuevas sociedades actuales caracterizadas, en la jerga de los estudiosos, como las “nuevas democracias políticas”.

La inseguridad humana y económica en Centroamérica

En los últimos veinticinco años, Centroamérica ha sido escenario de profundas crisis económicas, sociales, políticas y hasta militares, que han afectado a todos los países, con la sola excepción de Costa Rica. Poco a poco, las crisis han venido siendo superadas, pero las condiciones que las gestaron continúan intactas y constituyen un riesgo latente para la estabilidad económica y social de la región.

El fariseísmo de los medios

La naturaleza, el rol y las atribuciones de los medios de comunicación en El Salvador siempre han sido temas del más alto interés. Ya sea porque el ejercicio periodístico ha desempeñado un papel crucial en la historia reciente del país, al punto de convertirse en uno de los principales formadores de opinión pública, o porque los medios han sido proclives, históricamente, a identificarse con determinados proyectos políticos hegemónicos. Para el caso, es válida aquella afirmación que sostiene que quien o quienes controlan la información, ejercen el poder.

Crónica de una ciudadanía en marcha

Miércoles 23 de octubre de 2002. Nueve y media de la mañana. La Plaza Las Américas, conocida más bien por el monumento a El Salvador del Mundo que la domina desde lo alto, luce animada. Como todos los días. Sólo que el hormigueo que la recorre tiene otras características. Casi no hay tráfico. Las personas han desterrado a los vehículos del asfalto. En su mayoría, visten ropa de color blanco. Si se pudieran ver las fotografías que toma el helicóptero gubernamental que sobrevuela la Plaza Las Américas, posiblemente se vería una inmensa mancha de color blanco que, como un organismo vivo, se mueve y va volviéndose más grande a medida que transcurre el tiempo. No es otra cosa que la marcha convocada por los médicos del Seguro Social, en contra del veto presidencial que amenaza con poner al sistema de seguridad social a las órdenes del capital privado.

El calvario de un maestro

Francisco Ignacio López es un maestro que labora en Zacatecoluca, departamento de la Paz. En noviembre del 2001 fue operado por un padecimiento en la columna vertebral que, de no ser tratado de forma oportuna y adecuada, pudo ocasionarle un daño en la médula espinal e invalidez total. La cirugía, de carácter urgente, suponía la utilización y colocación de material quirúrgico cuyo costo aproximado giraba alrededor de los treinta y dos mil colones o su equivalente en dólares que —tras la desaparición real de la antigua moneda, pese a lo que dicen Francisco Flores y sus empleados— asciende a un poco más de los 3,650. Esa cantidad fue cubierta por el señor López y su familia en el entendido de que luego le sería reintegrada por el Departamento de Bienestar Magisterial, ente encargado de la prestación de los servicios requeridos por el sector docente estatal.

A través de un préstamo bancario, la esposa del señor López —quien también se desempeña como maestra— obtuvo el dinero para el pago del material quirúrgico y el tratamiento. Después, inició el procedimiento establecido por la normativa pertinente ante el Departamento de Bienestar Magisterial, consistente en la presentación de una solicitud la cual debía ir acompañada por la documentación necesaria para comprobar los gastos en que incurrió esta familia salvadoreña, de modestos recursos económicos, por la intervención quirúrgica; además, debía entregar la constancia del médico especialista que había realizado la operación y el carácter urgente de la misma. Ese trámite lo inició la esposa de don Francisco Ignacio en noviembre del 2001.

No obstante la necesidad apremiante de la devolución del dinero desembolsado por esta familia, gasto que la sumió en una grave crisis, su petición no fue respondida; por ello, hubo que presentar una nueva solicitud para lograr una respuesta hasta transcurridos dos meses de realizada la operación. Para colmo, la contestación oficial no fue nada grata. Bienestar Magisterial apareció afirmando que no estaba obligado a pagar costos de aparatos de prótesis y ortopedia, fundamentándose para ello en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Servicios Médicos y Hospitalarios para el Magisterio, el cual establece que “no se autorizarán pagos para la obtención de aparatos de prótesis y ortopedia…”.

Desesperada ante la negativa de Bienestar Magisterial y por la situación aflictiva en la que se encontraba su familia debido al enorme gasto realizado, la esposa del señor Francisco Ignacio López se dirigió al Instituto de Derechos Humanos de la UCA en enero del presente año, con el objeto de solicitar asesoría legal y acompañamiento para recuperar su dinero. Al analizar en el IDHUCA el caso se determinó, en primer lugar, que el negar la prestación económica al señor López —amparándose únicamente en lo expresado en una disposición reglamentaria y sin explicar nada sobre la investigación realizada por Bienestar Magisterial para la aplicación de la norma al caso concreto— violentaba el derecho a recibir una respuesta fundamentada por la autoridad respectiva. En segundo lugar, de esa forma, no se le estaba garantizando el derecho a recibir servicios médicos y hospitalarios por parte del Ministerio de Educación, lo cual se encuentra establecido en la legislación respectiva.

Para un mejor resultado del caso, se buscó el apoyo de médicos ortopedas a fin de que dictaminaran sobre la naturaleza del material utilizado en el tratamiento brindado al señor Francisco Ignacio López. A este personal especializado se le pidió que expresara si se trataba o no de una prótesis, por ser éste el argumento empleado por Bienestar Magisterial para expresar su negativa ante la solicitud de la familia afectada. Mediante esa investigación impulsada por las víctimas y el IDHUCA se determinó que no se trataba de una prótesis, por no existir reemplazo en la columna vertebral; lo efectuado en la persona del señor López fue, más bien, un tratamiento médico-quirúrgico necesario para el éxito de la citada operación.

Con lo anterior, quedaba claro que la negativa de Bienestar Magisterial estaba basada en una aplicación errónea de la norma al caso concreto; además, revelaba una intención arbitraria tendiente a no reintegrar el gasto de la familia López, ya que dicha institución cuenta con médicos especialistas que perfectamente podrían instruir sobre la naturaleza del material utilizado para concluir —con fundamento— si, conforme a la normativa, procedía o no dicho pago.

Como parte de la asistencia y el acompañamiento que brindó el IDHUCA al señor López y a su esposa, en marzo del presente año se elaboró una nota dirigida a la entonces Ministra de Educación. En la misma se denunciaba que la negativa en mención, por parte de Bienestar Magisterial, violentaba derechos fundamentales; a la vez, se le solicitaba realizar —con carácter urgente— las gestiones pertinentes para ordenar el pago de la cantidad mencionada. Sin embargo, sólo hasta después de haber transcurrido tres meses de presentada esa solicitud a dicha funcionaria se recibió respuesta del jefe de Asesoría Jurídica del citado Ministerio; este funcionario expresó que no era posible autorizar el pago, fundamentando su posición en el mismo artículo 18 del Reglamento de la Ley de Servicios Médicos y Hospitalarios para el Magisterio. El único “avance” conseguido tras esta gestión, fue la “sugerencia” del burócrata en mención en el sentido que las víctimas presentaran una nueva solicitud para su “reconsideración” por parte de la directora de Bienestar Magisterial.

Tomando en cuenta la “sugerencia” del asesor jurídico, en junio del 2002 se envió una nota a Bienestar Magisterial argumentando que legalmente era procedente el reintegro del gasto realizado, pues se había demostrado que no se trataba de una prótesis. Para respaldar esa aseveración de las víctimas, se incluyó una aclaración escrita en tal sentido firmada por el mismo médico que le realizó la intervención al señor López. Transcurridos cerca de dos meses de haber enviado esa nueva solicitud, la esposa del señor López recibió una llamada telefónica de Bienestar Magisterial solicitándole su presencia en dicho Departamento. ¡Le iban a cancelar la deuda! Sin embargo, al presentarse le requirieron nuevamente documentación que ya había presentado; la entregó y, pese a ello, el pagador de dicha entidad le manifestó que no sería posible pagarle pues —no obstante existir orden expresa de la entonces Ministra para la realización de dicho pago— consideraba que podría tener problemas administrativos y que después a él le tocaría reintegrar la cantidad entregada.

Ante dicha situación, la esposa del señor López se dirigió de nuevo a Bienestar Magisterial por considerar que se estaba actuando arbitrariamente y no existía intención de cumplir la orden girada por la Ministra. De nuevo solicitó el reintegro, por no existir ningún fundamento para que se lo siguieran negando; así fue que, hasta octubre del 2002, le fue entregado el cheque respectivo.

La lucha de Francisco Ignacio López y su familia por la defensa de sus derechos estuvo acompañada siempre por varios de sus compañeros maestros quienes —solidarios ante la problemática— exigieron en diversas ocasiones a la señora Ministra su intervención ante Bienestar Magisterial, para que se cancelara la cantidad adeudada. Se necesitaron, pues, once meses de lucha impulsada por la familia López y sus compañeros maestros para lograr un resultado “favorable”; sin embargo existen mucho casos de maestros que aún siguen esperando por una adecuada atención médica.

El presente caso es otra muestra de que el derecho a la salud en El Salvador no es respetado y garantizado por el Estado, pese a que la Constitución de la República establece dicha obligación en su artículo 65 al expresar que: “La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación”.

En el caso específico de los maestros que trabajan dentro del sector público, existe desde 1,968 un sistema encargado de brindar la asistencia médica y hospitalaria cuyo responsable es el Ministerio de Educación. Sin embargo, no obstante haber iniciado de forma ejemplar, con el transcurso del tiempo dicho sistema se ha deteriorado. Esa situación se agrava por la imposibilidad del magisterio para buscar y utilizar un sistema de salud privado y de alto costo, debido a los salarios bajos que sus integrantes —al igual que otros empleados públicos— perciben. De esa forma, se encuentran sin alternativas en materia de servicios de salud.

Los médicos y hospitales donde los maestros reciben atención son privados; han sido contratados por Bienestar Magisterial y sus costos son menores que los exigidos para obtener servicios ofrecidos en el mercado. Pero esta situación, en lugar de ser favorable, afecta la calidad del servicio pues —al ser menor el pago recibido que el obtenido en la atención particular— el interés por parte de los médicos y hospitales de brindar una atención de salud en calidad es menor y, en muchos casos, denigrante. Según las personas afectadas, el trato para el sector magisterial es discriminatorio si se compara con el que se brinda al paciente privado que paga por su consulta y tratamiento. En muchos casos, se afirma, los medicamentos son negados por las farmacias; asimismo, algunos médicos argumentan que ya cubrieron el número de pacientes que deben atender procedentes del magisterio y se niegan a atender más.

Por todo lo anterior, los maestros que trabajan dentro del sector estatal y sus familiares —al igual que don Francisco Ignacio López y su familia— deben soportar un verdadero calvario para recibir los servicios médicos y hospitalarios que el Ministerio de Educación brinda; un verdadero calvario que inicia desde la mala atención médica y pasa por el maltrato al que someten los médicos asignados a las y los maestros, por la escasez de medicamentos, por los procedimientos administrativos burocráticos para obtener algunos servicios y por el no reintegro de los gastos que deben cubrir cuando se presentan emergencias, las cuales no son atendidas por Bienestar Magisterial.

El resultado “favorable” obtenido por el señor López y su familia, nos deja dos lecciones importantes: que vale la pena luchar por la defensa de nuestros derechos y que los logros son mayores si existe solidaridad, tal como sucedió con los compañeros maestros que les acompañaron en sus esfuerzos. Esta historia revela el porqué la gente no cree en la propuesta de Francisco Flores. Por ello, es importante que todos y todas seamos conscientes de la obligación que tenemos para exigir el respeto y garantía de nuestros derechos. No demos tener una actitud pasiva ante las violaciones a los mismos; sólo esa exigibilidad activa hará que los funcionarios del Estado salvadoreño sean responsables. Todos y todas debemos luchar para que la atención de la salud en El Salvador sea de calidad, igualitaria y digna, sin importar la capacidad económica o condición social de quienes la reciben.