Criterios para una reforma de salud

Táctica y estrategia
 

Los últimos acontecimientos en torno a la huelga y protestas que mantiene el gremio médico en contra del proyecto de privatización del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS) amenazan con tener repercusiones directas sobre la vida política nacional. Esa “intromisión” súbita de temas sociales en la dinámica política —a los que parecía hasta ahora inmune— obliga a dirigir una nueva mirada sobre el comportamiento de los principales actores socio-políticos. El entendimiento (abortado) de Héctor Silva, el alcalde efemelenista por San Salvador, y el presidente Francisco Flores, para que el primero pariticipara en la solución del conflicto con los médicos, abre el panorama para una serie de reacomodos en los principales partidos políticos en liza para las próximas elecciones.

Los limites de la política económica

Después de una fase de seis años de lento crecimiento económico, acompañado de las sempiternas tendencias hacia el desequilibrio de las finanzas públicas y de la balanza comercial, vale la pena preguntarse sobre los resultados y la pertinencia de la política económica, no solamente de la practicada por el actual gobierno, sino también la de las dos presidencias anteriores, encabezadas por el partido ARENA.

La cultura del monólogo y del conformismo

El Diccionario de la Real Academia Española define el término monólogo como una “especie de obra dramática en que habla un solo personaje”. Su antónimo, el diálogo, implica una discusión, plática o conversación en la que dos o más personas plantean sus puntos de vista en busca de puntos en común. Un término excluye al otro. Si hipotéticamente se buscara, entrambos, el apelativo más apropiado para dar cuenta de la realidad social actual no habría mayor reparos en convenir que, en las estructuras de la sociedad salvadoreña, se ha enconado una especie de cultura del monólogo.

Recelos hacia el ALCA

“Los costos [de establecer el ALCA] no son pocos ni indoloros en estos procesos de ajustes. No deben ocultarse los costos, sino preparar mecanismos para garantizar la seguridad social ante los ajustes estructurales que tendrán muchos países”.

Enrique Iglesias, presidente del BID, citado por La Prensa Gráfica, 04.11.02

“En primer lugar, queremos decirles que hasta cuándo van a seguir hablando y decidiendo por nosotros, hasta cuándo van a seguir discutiendo y analizando en secreto políticas económicas tales como el ALCA, que es planificada y discutida desde 1994”.

Evo Morales, dirigente indígena ecuatoriano, en “Hasta cuando van a seguir hablando y decidiendo por nosotros”, entrevista publicada en Co Latino, 31.10.02.

Una de las cosas más relevantes de la reunión ministerial preparatoria para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), celebrada en Quito, Ecuador, el 31 de octubre pasado, es el cuestionamiento que Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, hizo: los gobiernos han descuidado la comunicación con la sociedad civil. Según Iglesias, el desconocimiento de las implicaciones que trae consigo este ambicioso proyecto de integración comercial provoca que las sociedades lo miren con recelo, cuando no con “hostilidad abierta”, según sus propias palabras.

Recelos y hostilidad: eso es lo que hubo en Quito, antes, durante y después del cónclave ministerial. Los cielos de la capital ecuatoriana lucían grises, por las cenizas esparcidas por un volcán del interior del país. Pero no solamente por eso; el ambiente de la capital del Ecuador estaba enrarecido..

Verdad y memoria histórica: Buena salud
 

Como siempre ocurre cuando el gobierno de Francisco Flores enfrenta situaciones difíciles y necesita atacar con saña al FMLN, aparece –como por arte de magia– Joaquín Villalobos, “sacrificando” su estadía en Inglaterra, para escribir al respecto en el espacio que le brinda El Diario de Hoy. Antes o después de que salga su columna de opinión en el periódico, la Telecorporación Salvadoreña (TCS) le abre su espacio matinal de entrevistas para que pontifique sobre las “bondades” del Presidente, los errores del “Frente”, su iluminado pragmatismo personal en materia política y sobre lo que debemos hacer quienes habitamos el territorio nacional: partidos políticos, organizaciones sociales, universidades, iglesias, estudiantes, policías, ejército y más. No acostumbramos en este espacio a referirnos a personas como él, pero hoy no nos quedó más remedio después de escuchar lo que dijo sobre el personal médico en huelga.

Con aires de autoridad política y moral reflexionó para sí mismo —entre interrogándose y “aconsejándoles”— diciendo que debían “…revisar esta parte, tienen que revisar cómo quedan ellos hoy después. ¿Cómo van a restituir eso? O sea, ¿cómo van a hacer (para) que, cuando alguien se acerque a ellos, no piense en que es un hombre que odia, que resiente y que es capaz de hacerle daño a otro por cómo piensa? Este diría que es un poder, incluso más grande que el de los militares y de los jueces”.

El ex comandante guerrillero, públicamente reconocido como el más feroz de los cinco que integraron la Comandancia General del FMLN, dijo lo anterior, después de haber expresado lo siguiente: “…hay unos médicos que hablan con un odio, que yo creo que cualquiera debe sentir: ‘No, hombre, yo creo que con ese médico no voy porque si no pienso como él me puede matar’. Y es que lo mismo que te puede curar, te puede matar sin que te des cuenta.” “El burro hablando de orejas”, reza un conocido dicho popular.

Que este individuo mencione la palabra jueces, para criticar al gremio médico en huelga resulta insultante, después de haber ordenado durante la guerra la ejecución de tantos funcionarios judiciales que trabajaban —bien o mal— en los pueblos donde Villalobos, con las armas en la mano, imponía su pensamiento a quienes no lo compartían. Produce repulsión que este individuo “mire la paja en el ojo ajeno” cuando anda cargando una tremenda viga en el suyo, llamada Roque Dalton.

Es inadmisible que sea él quien descalifique así a otros cuando, recién realizado el Golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, firmaba textos como los siguientes: “El pueblo repudia a quienes desde la comodidad de siete años de olvido de la luchan popular, regresan para incorporarse a una lucha que nunca han sabido dar con el coraje que la han dado nuestros humildes campesinos y obreros que, sin ser duchos en la oratoria demagógica de los politiqueros oportunistas, si han sabido ofrendar su sangre por la libertad y la felicidad de sus hijos... Si ser maduros significa transar con los principios y la dignidad del pueblo, entonces somos inmaduros, desesperados y cansados del politiquerismo oportunista… Si esa es la justicia, si esa es la honestidad de la nueva Junta Revolucionaria, no creemos en ella y tenemos el derecho junto a todo el pueblo de no creer y estar dispuestos a continuar haciendo valer los derechos del pueblo con las armas en la mano hasta la victoria final”.

Lo anterior, sumado a los hechos de violencia y a las violaciones de los derechos humanos que ordenó, toleró y encubrió durante tantos años en la guerrilla, colocan a Villalobos como un individuo que odió profundamente; ello, independientemente de que antes de matar o de ordenar la ejecución de alguien le haya comunicado que lo hacía por sus ideales revolucionarios. Odió y mató, sin discusión. ¿Podrá aconsejar él a otros y a otras cómo hacer para que la gente se olvide de eso? ¿Lo ha logrado Villalobos? ¿Tiene la solvencia y la autoridad moral para recriminar al gremio médico, que no ha asesinado a nadie, ni ha ordenado siquiera golpear a otra persona y que –por el contrario– ha organizado una de las marchas, o quizás la marcha más ordenada, masiva y pacífica en este país después del fin de la guerra? Allá él si puede o quiere responder. El pueblo que no goza de los beneficios de la “paz”, la “justicia” y la “democracia” que lo rodea a él en su “castillo de ARENA” si conoce las respuestas.

Todo lo dicho antes tiene que ver con la verdad y la memoria histórica, fundamentos para la construcción y la consolidación de una sociedad respetuosa de los derechos humanos. Por eso estábamos obligados a expresarlo. Y en ese marco también es oportuno sacar a flote lo que otros, mucho más lúcidos, han opinado sobre el tema de la salud en El Salvador. Se trata de Francisco Bertrand Galindo —pero el padre, no el alto dirigente del Partido ARENA— quien elaboró un estudio para la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “El derecho a la salud en las Américas. Estudio constitucional comparado”, se tituló el documento —publicado en 1989— dentro del cual se incluyó el referido trabajo de Bertrand Galindo. En esta hora difícil por la que atraviesa el país, vale la pena conocer al menos sus conclusiones:

1. En El Salvador existe un cuerpo de normas jurídicas que, si bien deben ampliarse y perfeccionarse, se refieren a la salud tanto como estado y ausencia de afecciones o enfermedades, como estado de completo bienestar físico, mental y social, y que regulan a ese respecto las atribuciones y deberes del Estado, de los individuos y de las asociaciones intermedias. Estas normas constituyen el Derecho de la Salud, llamado a conformar un Derecho autónomo.

2. La salud es para el Derecho Constitucional salvadoreño una función estatal que obliga al Estado y a los particulares a su promoción, conservación, recuperación y rehabilitación como factor vital del desarrollo del país. El derecho a la salud se refiere al hombre integralmente considerado en su doble dimensión individual y social, y lo protege desde la concepción durante toda su vida.

3. Corresponde al Estado la indeclinable misión de formular los planes y políticas de salud, coordinándolas con todos los demás aspectos que inciden en la misma tales como la educación, la economía, la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, el trabajo, la familia, la libertad y el urbanismo. Esta importante tarea debe hacerse sobre la base de una concepción humanista del Derecho y de la vida, y al reconocimiento de que el Estado no constituye un fin en sí mismo sino un instrumento al servicio del hombre, origen y propósito de la actividad estatal, y debe estar orientada a la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

4. El concepto que tiene la Constitución de la salud exige una modernización y adaptación de la legislación secundaria, para lo cual se vuelve impostergable la emisión de un nuevo Código de Salud que entre otras cosas:
—Defina claramente el papel del Estado en materia de salud, dotando a sus organismos de suficiente competencia y poder coercitivo para hacer efectivas las disposiciones contenidas en las normas respectivas.
—Unifique y coordine, armonizándolos, los diferentes institutos legales, evitando contradicciones y duplicación de funciones y esfuerzos.
—Inserte el esfuerzo nacional dentro de la actividad subregional centroamericana, regional americana y mundial sobre la salud, a fin de aprovechar al máximo la cooperación internacional.
—Instruya mecanismos de solución de conflictos en materia de salud, a fin de preservar los derechos individuales sin menoscabar los intereses sociales.
—“Despolitice” el servicio de salud, haciendo efectiva la norma constitucional que manda que sea esencialmente técnico y dotándolo así de continuidad y permitiendo el progreso de su funcionamiento.

5. Es necesario revisar también el resto de la legislación que tiene relación directa o indirecta con la salud a efecto de modernizarla, adaptándola a las tendencias actuales en la materia, a la Constitución y a la filosofía que la inspira.

6. En esta cuestión de la salud no puede desconocerse que la responsabilidad es de todos, sea que nos consideremos individualmente o como integrantes de la comunidad en sus diferentes grados: familia, municipio o Estado. Para ello no basta la simple emisión de normas que establezcan derechos y deberes recíprocos, sino que es necesario además, llevar a cabo toda una acción nacional en pro de la salud que abarque aspectos tales como: la creación de oportunidades para que los habitantes tengan un nivel de vida que les permita adquirir alimentos y medicinas, la educación para que el pueblo cambie, mejorándolos, sus hábitos higiénicos y alimenticios, el establecimiento en el país y en la región de un clima de paz y armonía que permita a las familias y sus integrantes vivir y desarrollarse plenamente con la dignidad que le corresponde a los seres humanos.

Al aplicar y desarrollar las anteriores conclusiones, se podría llegar a romper las dicotomías Constitución versus legislación secundaria, y normativa versus realidad. La conceptualización que de la salud hace la Constitución parece correcta. Puede mejorarse desde luego, pero ello sería inconveniente mientras no se logre como primer paso la adecuación de la legislación secundaria a la Constitución y, como segundo –que en definitiva es el más importante– la adecuación de esa legislación ya armonizada a la realidad nacional. Para todo esto es indispensable el incremento de la técnica y la disminución de la influencia de lo político en los servicios de salud. La Constitución da amplio margen para todo lo anterior.

El pueblo en todos sus estratos es receptivo a tales cambios. Falta solamente la voluntad política de los integrantes del gobierno, no partidariamente considerado, sino como integrante de la nación toda, de llevar adelante la gran tarea nacional de hacer del pueblo salvadoreño un pueblo sano y por consiguiente un conjunto de hombres productivos y libres.

El texto de Bertrand Galindo fue publicado hace casi catorce años y contiene, para el momento actual, ideas interesantes que bien podrían ser consideradas en la compleja coyuntura que estamos viviendo. ¿Por qué no han hecho nada los gobiernos de ARENA a lo largo de estos años para materializar esas propuestas? ¿Por qué no se ha considerado en serio, sobre todo su sexta conclusión? No cabe duda: se trata de una situación en la cual predomina la mentira y la memoria corta. Por eso no se encuentran soluciones y porque, además, el bienestar del pueblo pobre no está en los primeros sitios de la agenda oficial, por más apoyo que se reciba de algunos ex guerrilleros.