Libres, pero no veraces

Incertidumbres ante el Decreto Legislativo 1024
 

Muchos salvadoreños —sin duda, bien intencionados—celebraron la semana pasada cuando la Asamblea Legislativa aprobó el ya famoso Decreto Legislativo 1024, que prohibe la privatización y concesión de los servicios de salud. Con ello, no sólo se abrió el camino para poner fin a una huelga que ha durado casi dos meses, sino que también muchos creyeron ver en lo sucedido la oportunidad de discutir una reforma profunda y participativa en el funcionamiento de los servicios de salud en el país. Es lo menos que podría demandar una población hastiada de la incompetencia, corrupción y desinterés de los políticos, pero también mantenida en jaque por una huelga difícil de sostener a medida que se prolongaba en el tiempo.

Continúa el impasse sobre la reforma del sector salud

La aprobación del decreto 1024, referente a la prohibición en las concesiones de los servicios estatales de salud, ha desencadenado airadas reacciones de parte de algunos sectores sociales, especialmente de los empleados del sector salud y de los sectores progubernamentales. No es para menos, pues el contenido del decreto y la renuencia inicial del presidente Flores a ratificarlo agudizó una huelga en el sector salud que ya se prolonga por más de dos meses.

Radiografía de una crisis

La crisis de la salud, que desde hace dos meses mantiene atenta a la sociedad salvadoreña, ha llegado a niveles que no permiten visualizar, al menos en el corto o mediano plazo, una solución surgida del consenso. La permanencia de la huelga como mecanismo de presión, el resquebrajamiento del efímero acercamiento opositor en la Asamblea Legislativa, los supuestos visos de inconstitucionalidad en el decreto que prohibe las privatizaciones en el sector salud y la ausencia de voluntad política añaden, en los últimos días, nuevas dosis de incertidumbre.

Quimeras y esperanzas de la Cumbre Iberoamericana

La lectura de la Declaración de Bávaro, documento que contiene los resultados de las deliberaciones de los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, reunidos en la República Dominicana la semana anterior, deja un sabor agridulce. Algunas resoluciones indican que el relumbrón de la globalización impide enfocar adecuadamente problemas esenciales. Otras parecen ser simplemente desiderata imposibles de realizar. Empero, hay también resoluciones que señalan caminos esperanzadores para la búsqueda de sociedades más justas.

La agenda pendiente, diez años después

El pasado viernes 16 de noviembre se cumplieron trece años de la masacre en la UCA. Es agradable percibir que, año con año, la dolorosa conmemoración ha pasado a tener el carácter de celebración y lugar de encuentro para esa parte de nuestra población —la mayoría— que sigue sin encontrar espacios para su expresión y participación. Durante las emotivas celebraciones en esta oportunidad, se le guardó un espacio preferente al recuerdo especial de todas y todos los mártires que en el conflicto político y bélico entregaron sus vidas con la esperanza de construir un país distinto, por ser justo e incluyente.

También un día 16, pero en enero de 1992, tuvo lugar la ceremonia oficial donde se firmó el llamado “Acuerdo paz de El Salvador”. Entonces, se concretó la realización del sueño tan anhelado por millones de personas: la finalización de la guerra. Sin embargo, una década después de aquel momento histórico nos encontramos ante compromisos incumplidos, otros que sólo se cumplieron formalmente y otros que, tras haberse cumplido, se han ido distorsionando en el trayecto. De esa forma, nuestra gente todavía espera que se haga efectiva esa agenda básica pactada para alcanzar una verdadera convivencia solidaria y pacífica.

Precisamente por esto, el pasado jueves 14 de noviembre presentamos “La agenda pendiente, diez años después. (De la esperanza inicial a las responsabilidades compartidas)”. Ese es el título del libro dentro del cual el IDHUCA ha intentado, con modestia, historizar la situación de los derechos humanos en el país durante los diez años iniciados con el silencio de los fusiles acordado —para bien— por los principales dirigentes de los dos bandos beligerantes antes combatientes y ahora políticos, pero siempre rivales.

La misma publicación dice que su contenido no trata una temática nueva, ni plantea un pacto social distinto. “Es algo —señala el texto— que no se ha alcanzado de lo que se acordó, que está incompleto y en suspenso; es todo eso por definir, a partir de una valoración objetiva e imparcial, tanto de lo conseguido como de lo que falta por conseguir. Pensamos entonces que se vuelve más necesario examinar si el derecho proclamado –después de ser cuantificado y medido ‘desde abajo y desde adentro’– se apega en términos formales y reales a lo deseado; hecho eso, hay que revisar lo que falta por hacer, priorizando no sólo en lo factible sino en lo urgente”.

Como puntos claves de esa agenda por cumplir se encuentran el tema económico, social y ambiental; la violencia e inseguridad; y el fortalecimiento institucional junto a la participación de la población. Eso sí, teniendo siempre como fin último a quienes Ignacio Ellacuría reconoció como pueblos oprimidos y mayorías populares.

La propuesta del IDHUCA parte de lo siguiente: “el proceso salvadoreño que inició en abril de 1990, cuando en Ginebra se plantearon los cuatro componentes del mismo, debe tener una sostenibilidad que hasta ahora no se encuentra asegurada. Para garantizarla, entre otros elementos, resulta primordial realizar los ajustes necesarios que permitan superar la desigual distribución del ingreso, con base a reglas claras y responsabilidades conjuntas en lo relativo a su cumplimiento”. En tal sentido, se afirma: “Si esencialmente no se han producido cambios en la situación social y económica que prevaleció durante las décadas pasadas, y si el escenario se ha vuelto más complejo con el deterioro ambiental, entonces el conflicto sigue aunque no en su expresión bélica. Eso —en sí mismo peligroso— se agrava aún más cuando las instituciones estatales no actúan en función del bien común, los partidos políticos se esmeran en defraudar a la sociedad y la población no se organiza para participar y corregir su actuación”.

Lo anterior se reafirma en buena medida, al observar la realidad actual. En la gran mayoría de hospitales y centros de salud del país, transcurridos más de dos meses, la huelga contra la privatización del sistema público de salud continúa. A la ya perpetua crisis económica que afecta a casi toda la población, se le añadió el torpe intento gubernamental de ultimar la receta dictada por las instituciones financieras internacionales, mediante el traspaso a manos privadas de dicho sistema. Obviamente, ni la institucionalidad, ni los partidos políticos enfrascados en su eterna polaridad han sabido encontrar —hasta ahora— una solución consensuada, razonable y apegada a Derecho, que evite acercarnos más al caos social definitivo.

Se debe reconocer el aporte del gremio médico como despertador de conciencia ciudadana. El mérito reside en su compromiso social al levantar la voz y oponerse firmemente a reformas regresivas de derechos que, con tanto esfuerzo y sacrificio, se han conquistado. Aunque, siendo justos, lo exitoso de la lucha no se debe atribuir sólo a las y los galenos. Sus planteamientos, las sucesivas entregas de centros hospitalarios y las “marchas blancas” generaron simpatía entre la gente y la trascendieron, pese a la agresiva y difamatoria campaña mediática, hasta alcanzar el apoyo activo y masivo. Ese respaldo popular fue vital. Por fin la población salvadoreña les marcó al presidente de la República, a sus asesores y a la gran empresa privada una línea que no pudieron traspasar. La amenaza de privatizar la salud ha puesto la frontera a diez años de mentiras, frustraciones y desencantos allá “abajo y adentro”.

Es conocido cómo se engrasan las maquinarias de los grandes medios de difusión masiva cuando lo que se busca es imponer —no aplicar— medidas “impopulares”, es decir, aquellas que favorecen a los pocos privilegiados del país. Más de trece años de gobierno “arenero” dan fe de eso. En esta nueva polémica sanitaria tampoco han faltado quienes, desde sus tribunas de opinión, justifican lo privado sobre lo público en un tema tan delicado como éste. Esas voces han sido las más numerosas; son las que promueven y defienden la privatización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), alegando el estado de “coma profundo” en el que se encuentra. Habrá que recordarles a aquellos que padecen de una memoria selectiva y caprichosa, cómo y quiénes han sido responsables de llevar a una situación tan precaria al ISSS y a todo el sistema nacional de salud pública. ¿Habrá sido sólo por negligencia o más bien por querer colapsarlos, con dolo y malicia, para justificar que la única solución posible es su entrega a la gran empresa privada?

Pese a la considerable controversia suscitada, más de dos semanas han transcurrido desde la bulliciosa renuncia presidencial a no vetar el decreto 1024 e imponer su plan de “democratizar la salud” y ningún resultado claro se ha obtenido a la fecha. Entiéndase por “democracia”, desde la práctica del Ejecutivo, únicamente aquella que disfrutan los dueños del país. En ese escenario, mientras sólo unos pocos animan a la participación y a la negociación –arriesgando su futuro por el compromiso presente– el resto, aquellos que sólo ven el rédito económico y electoral, demuestran saber manejarse como nadie en estas lides. Así, las últimas sorpresas las encontramos cuando el Presidente Francisco Flores –en una evidente pero infructuosa maniobra para evadir su responsabilidad– acusó al Partido de Conciliación Nacional (PCN) de “engaño”; según el mandatario, los diputados “pecenistas” no honraron un acuerdo bajo la mesa entre ambas partes para imponer el anhelado plan privatizador.

De ser cierto, aquí se ha cumplido el viejo refrán que dice: “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”. El PCN ya desmintió a Flores. En todo caso, lo ocurrido demuestra que este Partido —cuando se trata de manejarse bajo presión política y de cara a unas elecciones próximas— es el que mejor se desenvuelve, sin importarle lo que se negocia y con quién se negocia. Pero, además, también revela que el más perjudicado fue Flores, quien se puso en evidencia. Primero, al mantenerse impasible frente al paro; después, al querer parecer benigno frenando —en vez de dar marcha atrás— el proyecto de su gobierno en materia de salud; finalmente, al terminar por destaparse que su pretendida magnanimidad no es más que un intento por ganar tiempo, salvar el evento deportivo regional que se realizará en unos días e imponer después la reforma —con él o sin él en Casa Presidencial— para satisfacer a quienes de verdad mandan en ARENA y en el país: la gran empresa privada.

Precisamente ahora que han soplado refrescantes vientos de participación popular, la cúpula empresarial muestra su verdadero rostro. Hace unas semanas apenas, se “rasgaban las vestiduras” en la lucha mediática por frenar la huelga en “defensa” de los llamados “derechohabientes”. Sin embargo, poco tiempo han tardado —más bien, nada— en presionar al gobierno para que satanice el famoso Decreto 1024, a través del cual se frenó la iniciativa de Flores, e influir en el ánimo de los diputados que lo aprobaron para que den marcha atrás. Y es que la cantidad de dinero que dejan de ganar unos pocos a costa del dolor de la mayoría es tan suculenta, que impide el imperio de la razón.

No es de extrañar que hayan ordenado a sus representantes legales que afilen sus “cuchillos” para revisar a fondo la legislación secundaria y constitucional, en busca del más pequeño argumento para imponer su “contrarreforma”. Lo deseable, aunque improbable, es el debate racional que haga realidad lo que sí es constitucional sin discusión y que pocas veces se considera en serio: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.”

El irrespeto de ese primer artículo de la Constitución, bota el “mito” del Presidente “ejemplar”. Las pretendidas dotes de “estadista” y su afamado “buen gobierno” caen por la borda cuando las verdaderas crisis arrecian. Fruto del mal manejo de esta coyuntura, a lo que en verdad se está apostando es al aumento de la conflictividad. De nada servirá la aprobación del decreto 1024 si, por un lado, no se adoptan medidas serias que lo acompañen y si, por el otro, no se reconocen con humildad las deficiencias que éste pueda tener, si las tiene. Mientras no se actúe de esa forma, dialogando con honestidad y ética, la tensión aumentará.

Es cuestionable la doble moral que caracteriza al titular del Ejecutivo y a su Partido ARENA. Cuando les conviene aplicar la Constitución, lo exigen advirtiendo –como en el caso que nos ocupa– las “serias amenazas” a la seguridad jurídica. En cambio, cuando están ante situaciones que afectan a individuos como los autores intelectuales de la masacre en la UCA, la interpretación es contraria: más allá del respeto a la Constitución, se encuentra la “estabilidad del proceso de paz”, que se basa, no en la verdad y la justicia, sino en la impunidad que favorece a seis altos oficiales de la Fuerza Armada en situación de retiro y a un ex Presidente de la República. Es difícil esperar algo bueno de quienes manejan a su antojo, para su beneficio, la Constitución y las leyes.

Todo lo ocurrido en la presente coyuntura, confirma la validez de nuestro planteamiento. Existe una “agenda pendiente” y debe cumplirse desde las responsabilidades compartidas, porque éstas son las que invitan a la solidaridad. Si no se hace partícipe de las negociaciones y las decisiones a la sociedad en su conjunto, para alcanzar así el verdadero desarrollo humano de toda la población, el documento firmado hace diez años será el papel que envolverá la pólvora de esa “bomba de tiempo” social que puede estallar.

Marco legal y político de la tenencia de la tierra

Texto de la charla ofrecida, el jueves 7 de noviembre de 2002, por el Director del CIDAI, Luis Armando González, en el “Curso taller sobre derechos humanos y pueblos indígenas en El Salvador”, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).


Marco legal y político
de la tenencia de la tierra.
El caso de las comunidades indígenas

El tema que me corresponde abordar no es fácil en lo absoluto, porque en El Salvador el marco legal y político de la tenencia de la tierra no cuenta con apartados particulares que sean aplicables a las comunidades indígenas. ¿Cuál es ese marco legal y político? Es la Constitución Política de la República de El Salvador. De ella puede decirse que ofrece la normativa fundamental en materia económica, pero no tiene ningún apartado específico dedicado a los derechos de las comunidades indígenas lo que se refiere a la tenencia de la tierra.

En la Carta Magna se habla de comunidades campesinas y ello se hace en un horizonte más amplio: la propiedad privada de la tierra que es lo que la Constitución Política de 1983 pretende dejar bien establecido. ¿Qué es lo que dice sobre la tenencia de la tierra y los derechos de las comunidades campesinas?
a) Que el Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho a la propiedad privada sobre la tierra rústica, ya sea individual, cooperativa, comunal o en cualquier forma asociativa.
b) Que la extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una persona natural o jurídica no podrá exceder las 245 hectáreas.
c) Que la limitación anterior no será aplicable a las asociaciones cooperativas o asociaciones comunales campesinas.
d) Que los propietarios de tierras que no sean cooperativas o asociaciones comunales campesinas podrán transferirla, enajenarla, partirla, dividirla o arrendarla libremente.
e) Que la tierra propiedad de las asociaciones cooperativas, asociaciones comunales campesinas y beneficiarios de la Reforma Agraria estará sujeta a un régimen especial.
f) Que las tierras que excedan la extensión de las 245 hectáreas podrán ser transferidas a cualquier título a campesinos, agricultores en pequeños, sociedades, asociaciones cooperativas y asociaciones comunales campesinas.

Como se puede ver, la Constitución no hace referencia a las tierras comunales indígenas, sino a las tierras comunales campesinas, las cuales también sujetas al principio de la propiedad privada, pese al régimen especial que regula su tenencia y explotación.

En un plano constitucional, pues, no se reconocen derechos económicos en materia de tenencia de la tierra a las comunidades indígenas en cuanto tales. Sólo se reconoce ese derecho a las asociaciones comunales campesinas, de las que no se discute ni se reconoce su identidad indígena en su vínculo con la tenencia de la tierra.

No es este el lugar para discutir cuál es el derecho y el régimen que regula la tenencia de la tierra para estas asociaciones. Sí lo es para reflexionar acerca de las razones por las cuales en el ámbito constitucional —y en el tema concreto de la tenencia de la tierra— hay un silencio total sobre el problema indígena.

Para entender ese silencio, es preciso recordar que las reformas económicas emprendidas por Rafael Zaldívar, a finales del siglo XIX, abolieron casi en su totalidad las propiedades comunales y ejidales que se habían mantenido prácticamente desde la época colonial. Esas formas de propiedad estaban articuladas con unas identidades indígenas que se nutrían de ellas y que, con las reformas de Zaldívar, comenzaron a desarticularse.

Los indígenas salvadoreños estaban en camino de convertirse en campesinos, esto es, en habitantes de la zona rural que, a cambio de trabajar en una propiedad que no era de ellos, recibirían un salario o unos bienes para sobrevivir. La identidad campesina, en este sentido, no es equivalente a la identidad indígena, aunque conserve algunos elementos de está última.

La ruptura con la tierra —al ser abolidas las propiedades ejidales y comunales— fue decisiva para la transformación de la identidad indígena en identidad campesina: las personas que fueron obligadas a trabajar en haciendas y plantaciones adquirieron nuevos hábitos y estilos de vida.
La crisis de los años 30 aceleró ese proceso de cambio en la identidad indígena. La represión del año 32 aceleró la ladinización de las comunidades indígenas que aun conservaban tradiciones y hábitos culturales heredados del pasado. De los años 30 en adelante, se inició un proceso de campesinización acelerado que sólo comenzó a revertirse en la década de los años 80.

Que hubo reductos indígenas que sobrevivieron sin campesinizarse durante todo el siglo XX, es algo que merece ser discutido y analizado más a fondo. Que la identidad campesina se volvió dominante está fuera de discusión; al igual que está fuera de discusión que esta identidad conservó muchos de los elementos de la identidad indígena y los mantuvo vivos, quizás hasta las transformaciones económicas y sociales que se iniciaron hace dos décadas.

Para los salvadoreños, el problema indígena ha sido un problema inexistente desde el primer cuarto del siglo XX. No así el problema campesino, que estuvo en el centro de las principales batallas sociales a lo largo del siglo.

Lo anterior explica por qué en la Constitución Política no se trata el asunto de la propiedad indígena y, en cambio, sí se aborda el de la propiedad comunal campesina. En otras palabras, lo anterior explica porqué no hay un marco legal y político que regule la tenencia de la tierra para las comunidades indígenas y sí, aunque con grandes vacíos, lo haya para las asociaciones comunales campesinas.

En definitiva, no se puede comprender el problema indígena en El Salvador separado del problema campesino. De hecho, éste último es más englobante que aquél. Hacer frente al problema de la tenencia de la tierra en las comunidades campesinas es un reto de primera importancia. Lo que haya de demanda propiamente indígena en el problema de la tenencia de la tierra no podrá resolverse si no se soluciona antes el problema de la tenencia de la tierra por los campesinos.

Esta ha sido la dinámica a lo largo del siglo XX y no tiene por qué ser distinto ahora, en plena era de la globalización, cuando las identidades tradicionales están siendo sacudidas por la tecnología y las comunicaciones.

Apaneca, 7 de noviembre de 2002