El estado de la nación

Evaluación del país a finales de 2002 y perspectivas electorales para 2003
 

A finales del año 2002, prácticamente seis de cada diez salvadoreños se encuentran preocupados por los problemas económicos del país, según revela la última encuesta nacional del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. El sondeo, efectuado con el propósito de conocer cómo evalúan los ciudadanos la situación social y política del país en el año que está por terminar, se llevó a cabo entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre del año en curso, con una muestra total de 1,632 entrevistas, de las cuales 1,256 fueron hechas en los catorce departamentos, contando con representatividad nacional y cuyos resultados tienen un error muestral de más/menos 2.8 por ciento; y 507 fueron hechas como muestra representativa del municipio de San Salvador con un error muestral de más/menos 4.4 por ciento.
Los resultados muestran que los salvadoreños continúan angustiados por problemáticas de tipo económico (desempleo, pobreza, inflación y crisis económica), siendo ahora el desempleo el problema singular más mencionado, dejando en un segundo plano a la violencia delincuencial. Sin embargo, hay un porcentaje de la población (12.0 por ciento) que se encuentra preocupada por la crisis en el sistema de salud.

En general, la evaluación de las condiciones económicas no es nada alentadora. En concreto, el 53.4 por ciento de la población opina que la economía nacional empeoró en el presente año, en tanto un 38 por ciento afirma que siguió igual y sólo un 8.6 por ciento cree que mejoró. De cara a la economía familiar, casi la mitad de las personas entrevistadas (48.6 por ciento) afirmó que se mantiene igual, mientras que el 36.4 por ciento sostuvo que empeoró y un 14.9 por ciento dice que la economía de su hogar mejoró. Es en el sector rural donde se encuentran con mayor frecuencia opiniones que indican que su situación económica ha empeorado.

A los salvadoreños también se les consultó sobre los Tratados de Libre Comercio. La mayor parte (43.3 por ciento) opina que dichos tratados traerán más perjuicios al país, el 36.6 por ciento dijo que beneficiarán a El Salvador. El restante 20 por ciento no supo dar una opinión, o dijo desconocer la existencia de los Tratados de Libre Comercio.

Sobre la situación política, el 46.7 por ciento considera que ha empeorado en este año que finaliza, mientras que un poco más de una tercera parte (34.3 por ciento) sostiene que la situación se ha mantenido igual y el 15.1 por ciento afirma que ha mejorado. El resto no opinó al respecto. También se evaluó la forma de gobernar del Presidente Flores y los resultados no son tan positivos, pues casi la mitad (46.1 por ciento) afirma que está gobernando mal el país, el 30.3 por ciento opina que el presidente lo está gobernando bien y un 21.2 por ciento cree que no lo hace ni bien ni mal.

Delincuencia
Sobre el tema de la delincuencia, los resultados muestran un quiebre en la tendencia a la disminución observada en los últimos tres años, tanto en la sensación de la población sobre el nivel delincuencial como en el porcentaje de victimización reportado. Así, la mitad de la población, 50.6 por ciento, piensa que la delincuencia aumentó durante el 2002, dato que para el 2001 fue de 42.3 por ciento. Sin embargo, el 31.9 por ciento considera que se mantuvo igual y el 17.5 por ciento opina que disminuyó. Además, el 19.7 por ciento de los ciudadanos manifestaron haber sido víctimas de un hecho delincuencial durante este año, mientras que en el 2001 este porcentaje fue de 16.1 por ciento.

Crisis en el sistema de salud
La encuesta de la UCA abordó el tema de los conflictos suscitados en el ISSS durante los últimos meses. Sobre las razones del inicio de la huelga por parte de los médicos del ISSS, el 55.2 por ciento considera que se debió a la intención del gobierno de privatizar el sistema de salud, el 17.4 por ciento cree que a demandas salariales de los empleados, el 10.1 por ciento dice que a la falta de voluntad de dialogar y negociar por parte de ambos sectores y un 8.2 por ciento opina que se debió a una manipulación política realizada por algunos grupos, entre otras respuestas.

Al preguntar directamente si las demandas de los empleados del Seguro Social son justas o injustas, más de la mitad (52 por ciento) afirmó que son justas, el 35 por ciento dijo que no lo son y un 6.7 por ciento consideró que sólo algunas de las demandas son justas. El resto no dio una opinión al respecto. Sin embargo, sobre la huelga en sí, las opiniones se encuentran divididas. El 49.6 por ciento de los entrevistados está en contra de la huelga llevada a cabo por los empleados del ISSS, mientras que el 47.8 por ciento se muestra a favor de ella, y un 2.6 por ciento prefirió no opinar.

También se preguntó la opinión de la población sobre la aprobación del decreto 1024 por parte de la Asamblea Legislativa. Prácticamente 8 de cada 10 salvadoreños se manifestaron a favor de la aprobación del decreto, sólo 1 de cada 10 está en contra, el resto no respondió o dijo no conocer el decreto. A la vez, el 64 por ciento de las personas abordadas piensan que el plan previsional que propuso el gobierno era privatizador, sólo un 17.5 por ciento piensa que no lo era y un 18.5 por ciento dijo que no conocía dicho plan.

Por otro lado, 70 de cada 100 entrevistados consideran que los médicos que han apoyado la huelga no deben ser despedidos, mientras que 27 de cada 100 creen que sí deben ser destituidos. Los ciudadanos también fueron cuestionados sobre la forma en que el presidente Flores ha manejado el conflicto del ISSS. Según los resultados, más de la mitad (55.4 por ciento) está en contra de la forma en que el mandatario ha conducido la problemática, el 34.2 por ciento manifestó estar de acuerdo y un 10.4 por ciento no quiso opinar.

Preguntados sobre la decisión del alcalde Héctor Silva de ofrecerse a mediar ante el conflicto del Seguro Social, el 48.7 por ciento manifestó estar de acuerdo en que se haya ofrecido a mediar, mientras que el 42.4 por ciento dijo no aprobar la decisión del alcalde capitalino.

Perspectivas electorales
La encuesta sondeó la manera en que ven los ciudadanos a los partidos más grandes. Así, la mitad de la población señaló que la imagen que tiene de ARENA se ha mantenido igual durante el 2002, en tanto que un 32.6 por ciento dijo que ha empeorado un 15.6 por ciento sostuvo que ha mejorado. En cuanto al FMLN, las opiniones son similares: el 48.9 por ciento dijo que la imagen que tenía del partido se ha mantenido igual, un 36.7 por ciento afirmó que ha empeorado y un 12.2 por ciento sostuvo que ha mejorado.

El IUDOP preguntó sobre las preferencias electorales de los salvadoreños de cara a los comicios del próximo año. Las intenciones de voto para diputados en el ámbito nacional se encuentran de la siguiente manera: La cuarta parte de la población no votaría por partido alguno, el 20.7 votaría por ARENA, el 18.8 por ciento lo haría por el FMLN, el 4.9 por ciento por el PCN y el 2.3 por ciento por el PDC. Menos del 2 por ciento se concentró en el resto de partidos y alrededor del 26 por ciento no dijo por cuál partido votaría para diputados.

Las intenciones de voto para concejos municipales a escala nacional reflejan una tendencia similar al caso de los diputados. El 22.8 por ciento manifestó que votaría por ARENA; el 20.9 por ciento dijo que lo haría por el FMLN, un 4.6 por ciento por el PCN, el 1.9 por ciento por la Democracia Cristiana y el resto de partidos no aglutinó más del 2 por ciento. Sin embargo, el 26.4 por ciento afirmó que no sabía por cuál votaría y el 21.6 por ciento manifestó que no votaría por partido alguno.

Alcaldía de San Salvador
La encuesta de la UCA exploró también las tendencias electorales de los residentes de la capital de cara a los comicios del 2003. En primer lugar, se consultó la opinión de la población sobre la renuncia de Héctor Silva como candidato para alcalde de San Salvador y los resultados muestran que el 55.3 por ciento está en desacuerdo con la renuncia y un 39.6 por ciento se muestra a favor, el restante 5.1 por ciento no dio su opinión.
También se preguntó a la población si la renuncia de Silva hará que el FMLN gane o pierda votos en las próximas elecciones. Así, más de tres cuartas partes de los entrevistados (76.5 por ciento) creen que el FMLN perderá votos, un 11.8 por ciento considera que mantendrá los mismos y sólo un 7.7 por ciento opina que ganará votos con la renuncia de Silva. Un 3.9 por ciento prefirió no responder. La encuesta incluyó una pregunta, en forma abierta sin sugerir candidatos, sobre la persona que escogerían los residentes de San Salvador para alcalde, con el propósito de que la población entrevistada expresara espontáneamente su preferencia. Los datos muestran que el 35.5 por ciento de los capitalinos escogerían a Evelyn Jacir de Lovo, un 26.0 por ciento dijo que elegiría a Héctor Silva —a pesar de que éste ya no es candidato para la comuna capitalina—. Es más, un 12.7 por ciento se distribuyó en diversas personalidades que tampoco forman parte de las candidaturas, un porcentaje igual manifestó que no escogería a nadie y un 13.2 por ciento dijo no saber.

Frente a la pregunta sobre el partido por el cual votaría para la alcaldía de San Salvador, el 32 por ciento dijo que votaría por ARENA, un 27.4 por ciento afirmó que lo haría por el FMLN y menos del 5 por ciento se inclinó por el resto de partidos. Cerca del 20 por ciento dijo que por ninguno votaría y un 16 por ciento no expresó su opción partidista. El FMLN muestra una disminución considerable en las intenciones de voto con respecto a la encuesta cursada por el IUDOP de la UCA a principios del mes de septiembre, en donde aglutinaba el 46.9 por ciento de las preferencias para la alcaldía de la capital.

En resumen, los resultados del último sondeo de la UCA en el año 2002 muestran que los salvadoreños continúan precupados por los problemas económicos. Sin embargo, los conflictos en el sistema de salud introdujeron otro elemento de preocupación entre la población. Aunque la opinión sobre la huelga mantenida por los trabajadores del ISSS está dividida, se muestra un mayor acuerdo en aprobar las demandas de los empleados y en considerar que las mismas, al igual que la huelga, se deben a un intento privatizador del sistema de salud por parte del gobierno. En el área de la seguridad pública, ha habido una ruptura en la tendencia decreciente sobre la percepción del aumento de la criminalidad y el nivel de victimización expresado por las personas abordadas, comparada con años anteriores.

En el ámbito político, el sondeo revela un desgaste de los partidos mayoritarios (ARENA y FMLN) que se evidencia en la disminución de intenciones de voto recopiladas por cada uno de ellos en el ámbito nacional. A pesar de lo anterior, el resto de partidos cuenta con poco apoyo de la población y no logran atraer las preferencias de los ciudadanos que se han fugado de estos dos partidos.

De cara al municipio de San Salvador, el FMLN muestra un descenso considerable en la intención de voto de los capitalinos para la alcaldía del municipio —aunque al momento de cursar la encuesta, aún no había definición sobre el candidato que presentaría para la competencia por la comuna—. Por su parte, la candidata de ARENA se encuentra a la cabeza de las preferencias; sin embargo, el porcentaje de las mismas no parece haber aumentado considerablemente desde septiembre pasado. Además, buena parte de la población sigue señalando a Silva como la persona que elegirían para alcalde de San Salvador, a pesar de no ser más un candidato dentro de esta contienda electoral..

Reforma económica y modernización del Estado en Centroamérica

Ante todo, se tiene que decir que los Estados centroamericanos han venido sufriendo profundos cambios a lo largo de la década de los años ochenta y noventa. En la misma línea, también el sector de la gran empresa privada ha atravesado por importantes transformaciones en su posicionamiento económico y político. Estas dinámicas estatales y empresariales no han sido ajenas a los desafíos planteados por la globalización y los tratados comerciales —aunque también han intervenido factores “endógenos” que no pueden dejarse de lado, como los conflictos internos y sus secuelas, el estancamiento económico y los elevados niveles del gasto público que sacudieron a Centroamérica a lo largo de los años ochenta–.

Cautela ante el desafuero de Alemán

Todo hacía prever que el proceso de desafuero del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán llegaría al año nuevo sin desenlace. Durante largos meses, el otrora mandatario y ahora ex senador se mantenía fuera del alcance de la justicia en virtud de una serie de obstáculos (a los que contribuyó la “oportuna” escapada del diputado cuyo voto era necesario para anular los fueros de Alemán) y de las presiones que los “arnoldistas” hicieron para proteger la intocabilidad del político.

El decreto 1024: Alcances e implicaciones desde la Constitución, los derechos
humanos y la transparencia (II)

¿Sufre de inconstitucionalidad el decreto?
Una ley o decreto es inconstitucional cuando contraría algún articulo de la Constitución. Puede resultar que un artículo o más adolezcan de inconstitucionalidad, pero los demás artículos no. La inconstitucionalidad de las leyes lo determina la Sala de lo Constitucional.
En el caso del decreto 1024 se considera que en términos generales sus contenidos concuerdan con la Constitución, salvo el artículo 5, que afecta la seguridad jurídica (artículos 2 de la Constitución) y el principio de irretroactividad de la ley (artículos 21, Cn.), cuando señala una fecha determinada para la finalización de los contratos.

Debe señalarse, respecto del artículo en mención, que hay variadas opiniones y que será la Corte que al final determinará su constitucionalidad.
Esta deficiencia en el artículo 5, sin embargo, no inválida el resto del decreto y más bien será de analizar la situación de los contratos.

¿Cómo quedan los contratos?
Los contratos firmados antes de la vigencia del decreto cuyo plazo de finalización sea el 31 de diciembre de 2002 no entran en choque con el decreto y no son afectados por el mismo. Sin embargo, no pueden ser prorrogados en virtud del artículo 5.

Los contratos firmados para un plazo posterior al 31 de diciembre de 2002, deberían revisarse en tanto por regla general las contrataciones del sector público responden a un determinado período fiscal. En todo caso, serían los contratos que tendrían choque con el decreto.

Las nuevas contrataciones a partir del 1° de enero de 2003, conforme al decreto 1024, solo pueden ser realizadas cuando se presenten las condiciones del artículo 3.

¿Qué modalidades quedan fuera?
No se pueden dar ni la privatización, ni la concesión de servicios. Únicamente se habilita la compra de servicios en ciertos casos.
Esto implica que no pueden autorizarse contrataciones que vayan más haya de la compra de un servicio, y que representen el traslado del servicio permanentemente a un particular, ya que se configuraría la necesidad de una concesión.

¿Es compatible otra legislación con el decreto 1024?
Cualquier legislación (la del seguro social, por ejemplo) que sea más permisiva respecto a las modalidades de la contratación entraría en contradicción con el artículo 4, y por lo tanto se aplicaría este último.

Con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, no hay contradicción en general, ya que se trata de cuerpos legales con contenidos diferentes (una de ellas trata sobre las formas de contratación y los procesos correspondientes; y la otra señala que servicios no se pueden concesionar). Nuevamente, aquí la excepción es el artículo 5, que contradice las formas que señala la ley para dar por terminado un contrato.

Efectos e implicaciones del decreto

1. Generales
El decreto establece un precedente importante, respecto a las posibilidades que tiene el Estado de intervenir en las relaciones económicas para garantizar el bien común. Se modifica la modalidad de prestación de los servicios públicos de salud y seguridad social, que hasta ahora era mixto (al menos, en la práctica), por uno directo aunque con excepciones.

Obliga al ISSS y al MSPAS a hacer una revisión y redefinición de las modalidades de gestión que se venían implementando. El nuevo mecanismo de gestión deberá priorizar la prestación directa del servicio, y sólo en casos excepcionales, se justifica la contratación de particulares.
Algunos contratistas de servicios no podrán seguir prestando el servicio, si no se encuentran dentro de las excepcionalidades establecidas en el artículo 3.

2. Negligencia en la actuación gubernamental
Se puede señalar como negligente el comportamiento actual del gobierno, que no esta desarrollando las acciones pertinentes para la implementación del decreto 1024. Esto es peligroso para la vida democrática del país en tanto se está dejando de aplicar una ley que tiene vigencia.
La actuación gubernamental debería ir orientada a identificar y dar a conocer los contratos firmados por la administración, y la forma que tiene planeado trasladar a las instituciones públicas los servicios antes prestados por concesionarios o contratistas.

La inacción del Estado puede dar lugar a un caos, al dejar en la ambigüedad aquellos servicios que había transferido a particulares y que serán asumidos por las instituciones.

3. La legalidad de los contratos celebrados, con vencimiento posterior al 31 de diciembre de 2002.
El artículo 228 de la Constitución obliga a que cualquier suma que se comprometa o abone con cargo a fondos públicos esté respaldada por una partida presupuestaria, salvo casos autorizados por la Asamblea Legislativa.

La Ley de Administración Financiera del Estado, en su artículo 42, establece que no se podrá disponer ni utilizar recursos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni para una finalidad distinta a la prevista en el presupuesto –excepto lo establecido en el artículo 45 del decreto– Además de los casos señalados en el artículo 34 de esta Ley, sólo podrán comprometerse fondos de ejercicios futuros con autorización legislativa, para obras de interés público o administrativo o para la consolidación o conversión de la deuda pública, con tales finalidades podrá votarse un presupuesto extraordinario.

El artículo 46 de la misma ley establece las fechas en que los créditos presupuestos quedan cerrados, cuando dispone que con posterioridad al 31 de diciembre de cada año, no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en su artículos 12 asigna a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) la obligación de verificar la asignación presupuestaria, previo a la iniciación de todo proceso de concurso o licitación para la contratación de obras, bienes y servicios.

Lo anterior implica que todo contrato con cargo a fondos públicos debe contar con una partida presupuestaria, las cuales caducan al 31 de diciembre de cada año, de tal forma que los contratos celebrados más allá de esta fecha podrían recaer en ilegalidad.

Conclusiones
Debe rescatarse que la intención y objetivos deben ir inclinados a establecer restricciones para que los servicios públicos esenciales como la salud, no sean privatizados.
Para lograr tal objetivo, es importante una revisión serena del decreto 1024, de cara a lograr su adecuada implementación y desarrollo, superando las deficiencias que pueda tener, y que ya se han señalado.
Es importante que se exprese la voluntad política del gobierno por implementar el decreto 1024, de lo contrario seguirá generando incertidumbre, y afectará la institucionalidad del país, en la medida que rechace el respeto de la ley.
Se debe asumir que la decisión de prestar directamente los servicios públicos afectará a algunos empresarios, pero favorecerá a la población en general..