Protesta extrema

Coyuntura política en el inicio del año
 

La vida política salvadoreña es tan agitada, que en ocasiones se vuelve demasiado impredecible. Las cosas que salen de la nada, y que causarían tremendo asombro en cualquier otro lugar del mundo, son recibidas, sin embargo, de manera tan apacible como si fueran totalmente “normales”. Hace dos meses, por ejemplo, Héctor Silva era un prominente miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con grandes posibilidades de reelegirse por tercera vez consecutiva al frente del concejo municipal de San Salvador. Ahora se le presenta como “el candidato estrella” de otro partido, desde el que competirá contra sus ex correligionarios, en esta oportunidad, como candidato a una diputación. Algo similar sucede con muchos otros candidatos. De ahí que el vocablo de “tránsfugas” sea el calificativo más usado para denominar a los políticos conversos.

Implicaciones del TLC entre los Estados Unidos y Centroamérica

Establecer una sólida relación comercial con Estados Unidos ha pasado a ser el tema principal en la agenda económica de los países de la región. Esto se relaciona con la política internacional norteamericana en vías de establecer el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que tendría como motor de la economía del continente al poderoso país del norte. Ello se debe, entre otros aspectos, a la preocupación de dicha nación ante la consolidación económica y política del continente europeo como un bloque capaz de ser económicamente más poderoso que Washington.

El simbolismo de la catedral

La Catedral Metropolitana es un símbolo en El Salvador. Su estructura se levanta dominando el paisaje urbano de la ciudad capital. Desde sus espigadas torres alcanzan a divisarse los cuatro puntos cardinales de San Salvador, urbe bordeada por cordilleras, cerros y su imponente volcán. Su estructura es un punto de referencia ineludible para citadinos y visitantes. Pero la Catedral ejerce sobre aquéllos no sólo un dominio arquitectónico o religioso. La historia reciente del país puede contarse desde sus paredes, campanarios y desde la plaza que, frente a ella, ha sido testigo de hechos trascendentales para la sociedad. En sus alrededores ha corrido la sangre de decenas de salvadoreños y en su cripta descansan los restos de Oscar Romero —simplemente “Monseñor”, para quienes le quieren—, hombre que vivió en carne propia el compromiso de construir una sociedad más justa y democrática. Lo que en su interior —y en sus alrededores— pasara, durante los turbulentos años setenta y ochenta, no dejaba de causar inquietud en quienes llevaban las riendas del país. El templo es, pues, un referente histórico inevitable para contar la historia reciente de El Salvador; de ahí su simbolismo.

Violencia en Guatemala

El año nuevo ha sido recibido con pesimismo por la población guatemalteca, según un sondeo de opinión difundido por el rotativo Prensa Libre. El recrudecimiento de la violencia fomenta el pesimismo. Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Hina Jilani y Rodolfo Stavenhagen denunciaron, el viernes 10, el asesinato de dos dirigentes mayas: el abogado Antonio Pop Caal y el ex diputado Diego Velasco, muertos durante las últimas semanas de diciembre.

Los dos crímenes tuvieron como móvil aparente la delincuencia común. Pop Caal, también líder religioso, había sido plagiado antes de su muerte, mientras que la muerte de Velasco Brito se dio en un presunto conato de secuestro.

La ONU, el gobierno y los Acuerdos de Paz

En la víspera del undécimo aniversario del fin de la guerra salvadoreña, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció —mediante informe remitido a su Asamblea General— que había culminado la función verificadora encomendada y que, por tanto, le correspondía ahora a los mecanismos y las instituciones nacionales, junto a los partidos políticos y la sociedad en su conjunto, supervisar “plenamente la acción estatal” y promover “cuestiones de orden público, como ocurre en todas las naciones democráticas”. No tardaron en producirse las reacciones que —desde diversas entidades gubernamentales y a través de los grandes medios de difusión del país— celebraron esa posición del más alto funcionario de la ONU, interpretándola como el cierre definitivo de los acuerdos de paz o el “visto bueno” de la llamada “comunidad internacional” acerca de su cumplimiento.

Después de que Armando Calderón Sol, hace seis años, y Francisco Flores hace uno anunciaron sin base el fin de la intervención de la ONU en el país, hasta hoy Kofi Annan presenta un documento que le permite al binomio gobernante —la gran empresa privada, cuya cabeza visible es la asociación nacional conocida por sus siglas como “ANEP”, y el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)— presumir de algo que no es cierto, al presentar sólo algunas de sus partes y omitir deliberadamente el conocimiento amplio de otras. Sin lugar a dudas, semejante actitud genera preocupación y debe alertarnos por lo precipitada e irresponsable de la misma.

De forma amañada, ambos mandatarios intentaron manipular períodos para dar por consumada la tan ansiada transición a la democracia y asegurar que la paz se había consolidado en El Salvador. El antecesor de Flores lo hizo en 1997, cinco años después de la firma del Acuerdo de Chapultepec; el actual presidente, por su parte, también trató de utilizar el décimo aniversario de dicho acontecimiento y —en su intento por darle mayor realce a la “celebración”— invitó a Annan a que participara en una ceremonia que tendría lugar en marzo del 2002. Para su desdicha, Flores nunca pudo realizar el “grandioso evento” pues el Secretario General de la ONU rechazó la oferta y no asistió; era lógico pues, a su criterio, no era cierto que estuviesen cumplidos los acuerdos.

De ahí la buena acogida que el binomio ANEP-ARENA le ha dado al citado informe. Mediante la manipulación de su contenido, se han trasladado a la opinión pública sólo aquellos aspectos que parecen reflejar que el cambio ocurrido en El Salvador ha sido cualitativo y que vivimos en el “país de las maravillas”, cuando la realidad cotidiana nos demuestra todo lo contrario.

No ha sido un proceso perfecto, pero sí el mejor de todos los posibles”. Esa frase podría resumir el pensamiento y la palabra predominantes entre los poderes salvadoreños, el real y el formal, para resumir lo ocurrido en los últimos once años. Quienes aplauden la forma cómo se ha transitado de un país con guerra a uno sin paz, son los mismos que recuerdan “la agresión comunista y la heroica defensa de la Patria por parte de ARENA y la Fuerza Armada”, mientras le niegan justicia a las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, además de imponerles un conveniente “perdón” y “olvido”.

Pese a los reiterados intentos de esos sectores por clausurar el “proceso de paz salvadoreño”, éste todavía revela serias fallas que impiden hablar de su cabal cumplimiento que —además del “silencio de los fusiles”— incluía la democratización del país, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad. La razón fundamental radica en la ausencia de una real voluntad política, a lo largo de los once años transcurridos desde el 16 de enero de 1992, para alcanzar esos objetivos.

Por lo anterior, es preciso dar a conocer otras apreciaciones planteadas por Kofi Annan a la Asamblea General de Naciones Unidas. En realidad, han sido dos los informes elaborados por éste que tienen relación directa con el caso salvadoreño: el primero, el del 6 de septiembre del 2002, referido a la situación en Centroamérica; el segundo, de fecha 20 de diciembre —también del año pasado— que supone una adición específica al anterior, pero abordando sólo lo relativo a nuestro país.

Sistematizando la información de ambos documentos, tenemos que el análisis del Secretario General de la ONU sobre la situación actual de nuestro país no es tan favorable. El sector justicia es el que sale peor dentro de la valoración de Annan; el importante funcionario internacional —sin faltar en nada a los usos y el lenguaje de la alta diplomacia— señala que, “si bien ha mejorado, este sector ha demostrado ser insuficiente para enfrentar las demandas derivadas de una ola de delincuencia de posguerra en una sociedad donde abundan las armas y hay pocos controles. En respuesta, hay quienes exhortan a aplicar normas menos exigentes con respecto a las pruebas y la detención de sospechosos. Estos son retrocesos que causan inquietud, como así también la persistente falta de sistemas encaminados a supervisar el desempeño judicial”.

Además, indica que “a menudo el sistema judicial funciona con lentitud, y muchos jueces siguen siendo susceptibles a influencias políticas. El sistema de investigación y evaluación de jueces sigue necesitando una reestructuración decisiva para reducir al mínimo el desempeño deficiente o el rendimiento insuficiente del poder judicial y para garantizar que los criterios de selección de los magistrados sean la integridad, los conocimientos profesionales y el mérito y que los magistrados sean responsables de sus acciones”. Annan también aborda la polémica judicial por excelencia durante el año pasado —la de los llamados “títulos falsos”— al plantear que “un número considerable de funcionarios judiciales tienen credenciales falsas, lo que ha servido para socavar aún más la confianza del público en el sistema y destacado la necesidad de destituir de sus cargos a todos los que no cumplan las normas profesionales y éticas”.

Asimismo, reclama adoptar “medidas para establecer un marco de coordinación entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura”; de hacerlo, “se podría poner en práctica una supervisión judicial más rigurosa”. Como colofón de su diagnóstico sobre el Órgano Judicial, afirma de manera contundente que la incapacidad del sistema para asegurarle justicia a toda la población “ha tenido consecuencias”. “En una encuesta realizada a finales de noviembre de 2001 —dice— se observó que los salvadoreños dan una calificación muy baja a las instituciones del sector de la justicia cuando se les pide que evalúen la credibilidad de las instituciones nacionales”.

Pero la radiografía del máximo funcionario de Naciones Unidas sobre la justicia en El Salvador, no termina ahí; también alcanza a otras instituciones integrantes del Ministerio Público, cuando asegura lo siguiente: “Lo mismo cabe decir de las oficinas del Fiscal General y del Procurador General que, en líneas generales, carecen de los recursos y la experiencia necesarios para investigar los casos y actuar con la celeridad y precisión necesarias. De resultas de esas deficiencias muchos delitos quedan impunes y, para un gran número de salvadoreños, el acceso efectivo a las garantías procesales se ve gravemente limitado de hecho cuando no de derecho”. Por ello, Annan recomienda “adoptar medidas decisivas para remediar esa situación, así como para satisfacer las exigencias de una población que, después de la guerra, es cada vez más consciente de sus derechos y está dispuesta a defenderlos”

La Policía Nacional Civil (PNC) tampoco se libra del ojo crítico de Naciones Unidas. Mientras el informe del 20 de diciembre reconoce positivamente algunos avances, a los que tanta difusión mediática les está dando su Dirección General, el anterior —el del 6 de septiembre— señala retrocesos. Obviamente, esa parte ha sido burdamente escondida. “En el último año —señala Annan— se han conseguido adelantos importantes en la organización interna y en obtener el respeto de la ciudadanía. Dos medidas encomiables son la creación de una división de derechos humanos y una dependencia estadística que recopila datos fiables”.

Pero tras lo anterior, el Secretario General de la ONU sostiene lo siguiente: “No obstante, la nueva ley orgánica para la PNC refleja cierto desgaste; por ejemplo, coloca a la Inspección General directamente bajo el control del Director de la PNC, sin concederle la autonomía necesaria. Otra medida negativa es que la ley permite que los agentes vivan en cuarteles de tipo militar, lo que contradice el carácter civil de la fuerza. Las enmiendas introducidas al código penal sirven para reducir el control judicial sobre la policía y concentrar el poder de la policía en manos de una pocas personas”.

Sobre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Annan reconoce que —tras un “prolongado período de deterioro de esta institución fundamental”— ésta “ha conseguido grandes progresos en el restablecimiento de su capacidad y la recuperación del respeto entre los ciudadanos y está reanudando vínculos de suma importancia con la comunidad internacional”. Sin embargo, “sigue careciendo gravemente de financiación”. De igual forma, el funcionario destaca la actitud negativa de “otras instituciones del Estado que tienen el mandato de proteger y promover los derechos humanos”; es claro al señalar que quieren mantener aislada a la PDDH.

Además de esas críticas dirigidas a la institucionalidad, Annan pone el dedo en una llaga muy grande al sostener que entre las “principales tareas” que se le plantean a El Salvador “está la de superar la exclusión económica y social generalizada” Con mucha diplomacia le sugiere a las —¿desorientadas o desvinculadas del “bien común”?— autoridades gubernamentales del país, que ocupen el último informe sobre el país, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); éste “ofrece una útil plataforma de acción nacional y cooperación internacional para los próximos años”.

“Aún queda mucho por hacer —dice Annan— para lograr la plena democratización, el imperio de la ley efectivo, una sociedad equitativa y firme consolidación de la paz que tanto costó conseguir. El Salvador atraviesa una transición delicada hacia la integración regional y hemisférica con instituciones aún frágiles, una cultura política endeble y amplias desigualdades socioeconómicas”. Ese juicio lapidario ha sido, adrede, ocultado por el binomio ANEP-ARENA al dar a conocer la posición de la ONU sobre el proceso salvadoreño.

De ahí, la pregunta obvia: ¿Está preparado El Salvador para asumir la responsabilidad de conducirse solo? Y la respuesta también lo es: no. Si durante la prolongada verificación de la ONU no existió voluntad política verdadera para cumplir a cabalidad todo lo acordado —sobre todo al hacer el balance desde “abajo y adentro” donde están las víctimas de la exclusión, la violencia y la impunidad—, ¿qué le espera a la sociedad salvadoreña sin esa vigilancia especial? Las preocupaciones son grandes, sobre todo por el autoritarismo oficial al encarar los problemas del país y la tendencia a descalificar cualquier oposición, así como por el interés desmedido de la gran empresa privada por devorar todo lo que se pone enfrente, junto a la creciente desigualdad económica y social. Pero ni modo; hay que seguir adelante y tratar de hacerlo bien. Para ello, Annan nos indica la guía: “Los acuerdos de paz son un plan maestro para hacer realidad los objetivos de la paz, el respeto de los derechos humanos, la democratización y la reconciliación que las partes se habían fijado la entablar las negociaciones”.

Plataforma por la construcción y defensa de la democracia

Presentamos a continuación la “Plataforma por la construcción y defensa de la democracia”, elaborada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil y de salvadoreños en el exterior, preocupado por la difícil situación que atraviesa el proceso de democratización en El Salvador.
 

Plataforma por la construcción y defensa de la democracia

Nosotros/as, representantes de sectores sociales, gremiales, académicos, religiosos y de salvadoreños del exterior:

CONSIDERANDO QUE:

1. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, la sociedad se comprometió a la construcción y consolidación de la democracia como forma de vida y base jurídica institucional sobre la cual debe asentarse el desarrollo nacional.
2. En los últimos 5 años en el país el desarrollo de los acontecimientos políticos afectó seriamente la credibilidad y legitimidad del sistema político, el respeto a las normas constitucionales, la legalidad y en general el Estado de Derecho.
3. Existe un proceso de descrédito a la institucionalidad democrática, y una tendencia muy fuerte a la ruptura de la voluntad y compromiso de diálogo para la concertación nacional, a la descomposición del sistema de partidos y al uso de los recursos públicos con fines de aprovechamiento de los recursos públicos con fines de aprovechamiento particular o de grupos.
4. El sistema electoral, estructura legal sobre la cual se legitima la expresión de la voluntad popular resulta obsoleto y deformante de tal voluntad, sin que puedan apreciarse esfuerzos serios para aprobar las reformas necesarias para la modernización y democratización del sistema.
5. El ausentismo ciudadano en las elecciones demuestra palpablemente la apatía y frustración de la población ante la política, los partidos, los funcionarios y en general las instituciones públicas.
6. Existe una creciente crisis de valores éticos, morales y cívicos que se visualiza de diversas maneras en el ámbito de la ciudadanía y que son manifestaciones que provienen, en alguna medida, desde funcionarios del gobierno y otras personas con calidad de liderazgo local y nacional.
7. La Educación como eje fundamental del desarrollo y formación del recurso humano del país, no está dando los resultados esperados en el ámbito de los valores morales, calificación técnica, la identidad nacional y la fortaleza de la democracia.
8. Existe un deterioro acelerado de los indicadores de Salud, sobre todo a nivel de salud pública y seguridad social, con intentos de solución de parte del gobierno que rehuyen el papel del estado en general.
9. A todo lo anterior, hay que agregar la situación de violencia, inseguridad ciudadana, exclusión social y pobreza en que se encuentran amplios sectores de la población salvadoreña que no gozan de sus derechos económicos, sociales y culturales, cuya situación se ha agravado en los últimos diez años, condición a la que se sume el grave deterioro ambiental, lo cual compromete seriamente el futuro de las nuevas generaciones.

Por lo anterior:
COINCIDIMOS:
1. En la necesidad de impulsar un esfuerzo para superar el deterioro de la institucionalidad y recuperar la credibilidad y legitimidad del proceso democrático, considerando que todo lo anterior contribuirá a la estabilidad nacional y gobernabilidad democrática.
2. En trabajar por la defensa del estado de derecho, la legalidad y el respeto y vigencia de la Constitución, así como por la garantía y vigencia efectiva de los derechos humanos, en particular por los que se refieren al régimen de derechos económicos, sociales y culturales.

Finalmente
3. Coincidimos en la urgente necesidad de garantizar un comportamiento ÉTICO en la gestión pública, con responsabilidad social de parte de los funcionarios, en la defensa de las instituciones democráticas y el impulso a las impostergables reformas para la modernización y democratización del sistema electoral.

Por lo tanto,
EXHORTAMOS:
1. A los órganos de gobierno central y local, a las instituciones y a los partidos políticos, como entes más visibles ante la población, a las organizaciones gremiales y sociales, instituciones de mujeres, salvadoreños en el exterior y en general a todas las expresiones organizadas de la sociedad, a comprometerse irrestrictamente con el respeto a la constitucionalidad, la legalidad y el cumplimiento pleno de los derechos humanos, económicos, sociales, políticos y culturales.
2. A los medios de comunicación por su importancia como formadores de opinión y transmisores de la información a participar activamente en denunciar la corrupción y hacer efectiva la transparencia de funcionarios e instituciones y fomentar una cultura de paz y concertación nacional.
3. A las iglesias y a los líderes espirituales del país, por su papel de iluminar el camino y alentar a la población en su diario quehacer. A participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y humana en la búsqueda permanente del BIEN COMÚN.
4. A la empresa privada en todas sus denominaciones, por el papel social y responsabilidad social que se espera en todo momento, a comprometerse irrestrictamente en la búsqueda de un modelo económico de verdadero desarrollo, más humano, incluyente y participativo que garantice el bienestar y la felicidad de todos y todas.
5. A las instituciones educativas a trabajar en propuestas para la afirmación recuperación de los valores, conocimientos, habilidades y compromisos de responsabilidad individual en todos los ámbitos de la actividad social.
6. A toda las salvadoreñas y salvadoreños, a construir una concertación nacional por la construcción y defensa de la democracia.
A desarrollar una amplia movilización y toma de conciencia nacional para el rescate de los valores que sellaron nuestra determinación colectiva al suscribir hace diez años los Acuerdos de Paz que sentaron las bases de la nueva institucionalidad y convivencia democrática.

Quienes suscribimos la presente plataforma, NOS COMPROMETEMOS:
1. A la construcción y defensa de la democracia, la institucionalidad y la restauración de la legitimidad y credibilidad de la política.
2. A la lucha por la ética, la transparencia y la responsabilidad social en la gestión pública.
3. A fortalecer el Estado democrático de Derecho.
4. A incrementar la participación ciudadana en la política como forma de trabajar por el bien común.
5. A un esfuerzo de concertación social y política, capaz de sustentar la vigencia de políticas de carácter nacional.
6. A participar de manera propositiva en la modernización y democratización del sistema electoral.
7. A la defensa y garantía de la vigencia de los derechos humanos y en participar los derechos económicos, sociales y culturales, promoviendo la generación de políticas de estado encaminadas a un desarrollo integral, especialmente con la reactivación del sector agropecuario.
8. A forjar un gobierno nacional que sea expresión de toda la sociedad.
9. A trabajar por la integración de una Asamblea Legislativa que exprese la voluntad de los votantes y realmente represente a los y las ciudadanas de cada departamento.
10. A fortalecer las capacidades para la defensa del medio ambiente.
11. A garantizar mayores niveles de incidencia política interna de la comunidad de salvadoreño/as en el exterior.

San Salvador, agosto de 2002.

CONVOCAN: AUPRIDES- Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, IGLESIAS, AMS- Asociación de Mujeres Salvadoreñas, Comité Integral para la Alfabetización (CIAZO), ALFALIT, CENTRO CIVICO DEMOCRATICO, ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA (CODECOSTA), FUNDACION DE APOYO A LOS MUNICIPIOS- FUNDAMUNI, PROCARES, COMITÉ INTERMUNICIPAL DE MUJERES DE USULUTÁN (COINSU), ASOFOCAIS, COORDINADORA NACIONAL DE AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES (CNADN), FUNDASAL, FUSAI, CONCERTACION CIUDADANA, CONSORCIO DE ONG DE EDUCACION CIVICA DE EL SALVADOR (FUNDASPAD, IEJES, ISD, ISED, CAPAZ), INICIATIVA CIUDADANA POR SENSUNTEPEQUE.