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Caín y Abel
Durante los últimos diez años,
mucho se ha escrito sobre el camino que —cada una por su lado— han seguido
las dos instituciones consideradas por algunos como las “hijas predilectas
de los acuerdos de paz”: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH) y la Policía Nacional Civil (PNC). Pero muy poco se ha
comentado sobre la estrecha relación de apoyo y colaboración que debería
existir entre ambas, ni sobre lo que en realidad ha ocurrido. La creación de
estas dos instituciones fundamentales para una transición real hacia la
democracia, fue algo básico en la agenda de la negociación que puso fin a la
guerra interna en El Salvador de los años ochenta, durante el siglo recién
pasado. Dicho de otra forma: el parto de estas dos “hermanas” fue recibido
con alegría por la población, sobre todo porque representaban —con su
adecuado funcionamiento— una buena oportunidad para hacer de la sociedad
salvadoreña una verdadera “familia”, entendida ésta como un conjunto de
personas con aspiraciones compartidas. Pese a su novatez, la labor que se
definió para ambas en sus respectivas “partidas de nacimiento” y que debió
ser tutoreada por Naciones Unidas, no era cosa sencilla: velar por el
respeto irrestricto de los derechos humanos.
La vida es un aprendizaje y las calle es la mejor escuela para ello. Eso es
lo que debieron pensar tanto el organismo internacional como las partes
firmantes de los acuerdos de paz; en un país como el nuestro después del 16
de enero de 1992 —es decir, en una etapa de posguerra— no hay mejor realidad
que esa para formarse en la defensa, protección y promoción de los derechos
humanos. Y he aquí que, dentro de tal escenario, las “hermanas” siguieron
caminos distintos en su desarrollo. No hace falta decir que, como en casi
todas las familias, también en este caso existió una hija bien portada y
otra consentida. Así, frente a los avances y logros de la PDDH durante sus
primeros años, la PNC siempre contó con la alcahuetería y el apoyo de sus
progenitores pese a sus excesos y desvíos de la labor que debía cumplir.
Y así, año con año, la relación entre estas dos “hermanas” se ha ido
haciendo cada vez más distante y deteriorada; eso ha ocurrido, pese a los
intentos de acercamiento por parte de la PDDH hacia su excesivamente celosa
“pariente”. Tanto se ha tensionado dicha relación que en la actualidad ya se
encuentra en un límite intolerable e inaceptable, por el daño que le causa
esa situación al pueblo que esperaba mucho de su actuar profesional y de una
mutua cooperación. Como están las cosas, el escenario se asemeja al de la
historia bíblica de Caín y Abel.
Precisamente cuando la PNC observó que la Procuraduría funcionaba intentando
cumplir su mandato constitucional, comenzaron a surgir los problemas:
reproches, ataques y castigos de la primera en contra de la segunda. Baste
recordar que el mandato de la Procuradora Victoria Marina Velásquez de
Avilés, entre 1995 y 1998, supuso el verdadero lanzamiento de la institución
a su cargo y de buena parte de las personas que integraban su equipo de
trabajo. Sin embargo, por obvias razones políticas, no se prorrogó su
mandato y de esa forma se obstaculizó la continuidad de un esfuerzo
competente y comprometido que hubiese permitido un significativo avance en
la consolidación de una herramienta tan necesaria para la construcción —aún
pendiente— del Estado de Derecho en El Salvador.
Fuera de lo que siempre consideramos un error —la decisión de participar en
elecciones primarias de un partido político, tras su salida de la PDDH— a
esta valiente y digna profesional no se le puede señalar otra cosa más que
su entrega a la causa de la justicia y el respeto de los derechos humanos.
Pero como en este nuestro país “patas arriba” —parafraseando a Galeano—, a
quien trabaja mal se le premia y al que se esfuerza por hacerlo bien lo
castigan, la funcionaria sólo estuvo tres años en el cargo. Es más, desde
antes de finalizar su período, la Procuradora Velásquez de Avilés sabía que
la Asamblea Legislativa no le renovaría el nombramiento. ¿Por qué no era
aceptable para el poder real? Dos ejemplos son más que suficientes para
responder.
En la resolución de esta funcionaria sobre el caso de Adriano Vilanova —un
joven estudiante de Medicina ejecutado por un grupo de policías, en
septiembre de 1995—, se estableció la existencia de estructuras paralelas
que operaban clandestinamente dentro del Ministerio de Seguridad Pública;
incluso se determinó la participación, al menos en las investigaciones sobre
el crimen, de un “inspector” venezolano que no pertenecía a la PNC. En el
Caso “García Prieto” —la ejecución de un joven por un “escuadrón de la
muerte” salido del cuartel principal de la extinta Policía Nacional, en
junio de 1994— la PDDH resolvió señalando, entre otras cosas, la violación
de los siguientes derechos: a la vida, al debido proceso judicial, a la
seguridad personal y al debido proceso administrativo; por tales atropellos,
la institución determinó responsabilidad de “Grupos Armados Irregulares,
cuyo actuar es del conocimiento y tolerancia del Estado”, de funcionarios
judiciales y de la División de Investigación Criminal de la PNC, así como de
la Subdelegación Antinarcóticos de la misma en el departamento de San
Miguel.
Y entonces pasó lo que tenía que pasar. A la Procuradora Velásquez de Avilés
la sustituyó una persona inepta para acceder al cargo e incapaz para
desempeñarlo. Con ello, la PNC y sus padres o “padrinos” fueron complacidos.
Tras año y medio de lucha constante impulsada desde la sociedad, con un buen
apoyo de algunos sectores de la cooperación internacional y la cobertura de
los medios, Eduardo Peñate Polanco abandonó el despacho. En otras ocasiones,
han sido distintos los procedimientos dentro de esta inaceptable relación de
las “hermanas”; pero siempre se ha buscado alcanzar el mismo objetivo:
consentir a una y desprestigiar a la otra para neutralizar su actuar cuando
se apega a lo establecido en la Constitución.
Destituido con mucho esfuerzo Peñate Polando, la táctica a emplear para
semejante despropósito ya no podía ser la misma. Así, durante el mandato de
la actual Procuradora, se volvió a utilizar un viejo mecanismo: el de la
reducción a la mínima expresión del presupuesto asignado a la institución
para mantenerla en “estado de coma” y de ser posible lograr su total
“asfixia”. Pese a las reiteradas denuncias de su titular —Beatrice Alamanni
de Carrillo— y del reconocimiento de la precaria situación económica en la
que se encuentra la PDDH por parte de organismos internacionales de
cooperación y de derechos humanos, el poder real en El Salvador no ceja en
su perversa cruzada tendiente a sacarse esa “piedra en el zapato” a lo largo
de su marcha por imponer —sin dificultad alguna— un modelo económico
excluyente y generador de malestar social.
Los sectores enemigos de la institución, dentro y fuera de la administración
pública, también están echando mano a otros viejos recursos para atacarla:
la difamación y las amenazas. Sin embargo, haciendo frente a la escasez de
recursos materiales, la PDDH ha resurgido gracias a la valiente actitud de
su titular, a la integración de un eficaz grupo de trabajo cercano a la
misma y a la alianza establecida con sectores sociales que la apoyan por
algo muy elemental: la institución existe debido a mucha gente que entregó
su vida por un mejor país y su buen funcionamiento es quizás la mejor forma
de pagar ese sacrificio, además de lo que ese adecuado desempeño representa
en cuanto a esperanza para el pueblo en su lucha por la vigencia de los
derechos humanos.
Así las cosas, atacada desde los grandes medios —sin que se le permita
enfrentar y desmentir desde esos mismos espacios las falacias en su contra—
y sin recursos económicos para comprar espacios publicitarios, la PDDH
necesita dar a conocer su posición ante la sociedad sin distorsiones de
ningún tipo. Por ello, a continuación reproducimos —textual e íntegra— su
respuesta ante un “sospechoso” ofrecimiento del Fiscal General de la
República. Al respecto, la Procuradora Alamanni de Carrillo ha declarado lo
siguiente:
En días recientes, el señor Fiscal General de la República dio a conocer en
los medios de comunicación una carta en la cual me solicita que denuncie
ante la Fiscalía las amenazas recibidas por mi familia y por mi persona, a
fin de iniciar las investigaciones respectivas; además, se ofrece a
interponer sus buenos oficios para reforzar mi seguridad personal, de
considerarlo necesario. He recibido con suma extrañeza la publicación de los
contenidos de esta comunicación, pues parece estar más motivada por la
búsqueda de publicidad y como una reacción ante una petición de medidas
cautelares interpuesta por esta institución a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que por la voluntad real de clarificar los hechos.
En mi respuesta privada a la carta del señor Fiscal General, le manifesté
que reconocía su intención de cumplir con su mandato constitucional en la
investigación del delito y en la persecución de hechos punibles cometidos
contra las autoridades públicas, pero al mismo tiempo, lamenté que tal
disposición se me expresase hasta el 9 de enero del presente año, pues desde
hace muchos meses el Fiscal ha tenido conocimiento de primera mano de la
existencia de tales amenazas y de otros hechos delictivos cometidos en la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Ante la Fiscalía hemos denunciado la posible intervención telefónica de
nuestra sede y registros ilegales en las oficinas de altos funcionarios de
esta institución, y le he comunicado personalmente al señor Fiscal la
existencia de las amenazas; sin embargo, tales gestiones no han arrojado
ningún resultado ni me han notificado oficialmente los avances en las
investigaciones, de haberlos. Es más, las solicitudes interpuestas en mi
calidad de Procuradora para tener acceso a los expedientes no han obtenido
respuesta hasta la fecha, lo cual constituye una abierta transgresión a la
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
En verdad, antes de esperar que actuase frente a las amenazas en mi contra,
estaría gratamente sorprendida si el señor Fiscal cumpliera las múltiples
recomendaciones realizadas por esta institución en el sentido de investigar
los hechos y llevar ante la justicia a los responsables en los casos de
Katya Miranda, de los Padres Jesuitas y de los recientes asesinatos en
Mariona, entre muchos otros. Sólo en la medida en que existan progresos en
estos casos y se demuestre que estas gestiones y recomendaciones tienen
algún grado de receptividad en la Fiscalía, estaré en condiciones de valorar
la utilidad de interponer la denuncia por las amenazas que ha recibido mi
familia y mi persona.
Tampoco hay que olvidar el verdadero fondo de esta situación. En realidad,
el problema de mi integridad personal es secundario, pues es más importante
que la Fiscalía se abstenga de hacer criticas infundadas a nuestra
institución y al mismo tiempo combata y reste legitimidad a los ataques
sistemáticos destinados a debilitar la independencia y la eficacia de la
Procuraduría. Sólo cuando todas las instituciones estatales cumplan sus
funciones y promuevan el respeto a las competencias de los distintos órganos
constitucionales podremos avanzar en el funcionamiento del Estado de Derecho
y la Democracia.
Presentamos a continuación la “Adición” al informe del Secretario General de
las Naciones Unidas, Kofi Annan, “La situación en Centroamérica:
procedimientos para establecer la paz firme y duradera, y progresos para la
configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo”, dado
a la Asamblea General de ese organismo el pasado 20 de diciembre de 2002..
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