Concepto a la medida

El futuro de la huelga en el ISSS
 

Los médicos y trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) entran en su quinto mes de huelga en contra de la privatización de los servicios de salud. La suspensión de labores en el ISSS, cuyo inicio se remonta a mediados de septiembre del 2002 ha pasado por diversas etapas. De una cierta aceptación social que en algún momento pudo interpretarse como apoyo popular al movimiento de los sindicalistas, los huelguistas se mueven ahora en un universo menos claro, más cercano al hastío, e incluso a cierta manifestación de indiferencia de buena parte de la población. En las líneas que siguen se intenta responder a la pregunta de por qué se dio el aparente fracaso del movimiento de los médicos.

El TLC y el agro salvadoreño

El proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Centroamérica ha iniciado en la capital de Costa Rica. Parece estar claro que los negociadores norteamericanos no incluirán el delicado tema de los subsidios a su sector agrícola, a pesar que el país anfitrión les ha pedido reconsiderar el tema. Junto a esto se han dado a conocer distintas opiniones sobre el impacto que, para el agro salvadoreño, tendría un TLC con los Estados Unidos.

Violencia (político)social

El recrudecimiento de la violencia social en todas sus manifestaciones se ha vuelto algo cotidiano para los salvadoreños luego de la firma de la paz. Salvo por el cese de la violencia ejercida por los bandos enfrentados en el conflicto armado, las demás expresiones específicas —asesinatos, asaltos, secuestros, violaciones, crimen organizado, entre otros— han llegado a un nivel de complejidad tal que rebasa las capacidades de la institucionalidad vigente en el país. Dicho en otros términos, la sociedad salvadoreña de posguerra ha canalizado sus tensiones y frustraciones en el uso creciente de la violencia, sin que las instituciones correspondientes hayan podido responder a tono con esa situación. Tales instituciones no sólo han dado una respuesta desatinada, sino que han sido culpables, con el sistema político en general, del divorcio entre las demandas de la sociedad y una clase política que aparece más centrada en sus propios intereses.

Peligroso manejo del concepto de “terrorismo”

La III Conferencia del Comité Interamericano contra el combate al terrorismo se celebró en un entorno cargado de simbolismos: su escenario fue la capital de El Salvador —el país del “amigo de Bush”— y el día de su inauguración, el 22 de enero, nada menos que la fecha en que se cumplieron 71 años de la insurrección de 1932, un levantamiento de comunidades indígenas al que se sumó el recién nacido Partido Comunista, y que fue ahogado en sangre..

El burro hablando de orejas

Los comentarios, desde este espacio, acerca del desempeño de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos en nuestro país siempre correrán el riesgo de ser polémicos. Hoy, quizás con mayor razón, al pensar y comentar sobre nuestra Policía Nacional Civil (PNC) en el marco del décimo aniversario de su creación; nuestra, porque surgió de aquellos acuerdos firmados con la “tinta sangre” de un pueblo dolido y doliente, pero muy ajena a la que ahora “encabeza” Mauricio Eduardo Sandoval Avilés y se encuentra —como casi siempre durante la gestión de éste— en el “ojo de la tormenta”.

Tras innumerables y publicitadas campañas mediáticas —sello personal del actual Director policial— ha quedado demostrado hasta la saciedad que la PNC centra sus esfuerzos de investigación en aquellos delitos que afectan al gran capital salvadoreño. Para alcanzar este objetivo destina gran parte de sus recursos económicos, humanos y logísticos al combate del secuestro, pese a que las mismas autoridades de la corporación han observado la reducida comisión de este delito en nuestro territorio. Mientras, otros delitos, como el homicidio y el robo, se han convertido progresivamente en los verdaderos azotes para la población mayoritaria, situando a El Salvador entre los países más violentos del continente americano.

Sin embargo, pese a las estadísticas presentadas por diversos organismos gubernamentales para el 2002 —en las que parece apreciarse una disminución de la criminalidad—, es obvio que el elevado número de muertes violentas que se han incrementado desde que comenzó el año no es fruto de un renacimiento de la inseguridad ciudadana. Como hemos observado en reiteradas ocasiones, los altos niveles de violencia social que padecemos no son producto circunstancial de determinadas épocas del año. Más allá de las indignantes cifras, este tipo de violencia tiene su origen en el “modelo” económico impuesto sistemáticamente por la gran empresa privada y ejecutado gradualmente por el partido oficial. Precisamente, una de las expresiones de la exclusión provocada por la realidad económica y social son las pandillas urbanas o “maras”, que tanta preocupación están causando entre la población.

Nos sorprende la reciente reacción del Director de la PNC ante esta alarma social activada hace ya bastante tiempo, que ahora “parece” que sí quiere reaccionar. Así, ante el que es uno de los males endémicos que padecemos, Sandoval ahora considera que es el momento adecuado para actuar, respondiendo con “efectividad” y ofreciendo a la población una solución lo más rápida posible. El que fuera Director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) durante un prolongado período, ahora ha expresado con “determinación” su deseo de desarticular a estas bandas organizadas y exige, para ello, las necesarias reformas legales que hagan efectivo el impulso de sus “medidas”.

Con todo, Sandoval no anuncia entonces nada sorprendente ya que es bastante lógica y necesaria la urgente actuación policial para enfrentar uno de los problemas sociales más graves que padecemos; en especial cuando el cuarenta por ciento de los homicidios en el país, según datos de la propia PNC, están relacionados con pandillas o “maras” como víctimas o victimarios. Pero tampoco hay que olvidar que sus propuestas tampoco son novedosas. Es probable que, con una memoria histórica como la nuestra —tan corta, debido a su premeditada mutilación por parte de los poderosos interesados en ello— poca gente recuerde que hace unos años Hugo Barrera, en su calidad de Ministro de Seguridad Pública, nos quiso “vender” la idea de que con una ley de emergencia se acabaría la delincuencia en el país. A las pruebas nos remitimos.

Así jugó Barrera y así juega Sandoval con la paciencia —“recurso natural no renovable”, según el mexicano Guillermo Briseño y nuestra experiencia— de una población hastiada de vivir insegura debido, entre otras cosas, a la presencia de pandilleros que buscan imponer su “ley” en las ciudades y el campo sin que los distintos gobiernos de la posguerra hayan podido —¿o querido?— responder con seriedad y garantías a este problema. A lo anterior se agrega el que la PNC no destine suficientes energías y recursos a la prevención del delito; casi sólo le entra a su represión. Por eso es evidente, además, la pobre percepción de sus mandos actuales en lo relativo al conocimiento de las causas que originan la delincuencia.

En ese marco, las soluciones que ahora lanza el gobierno para encarar la violencia social —a través del Director de la PNC— aparecen precisamente cuando se han iniciado las campañas proselitistas para las elecciones municipales y de diputados. Por ello, no es erróneo afirmar que la “guerra” no declarada contra las “maras” es parte de las ofertas electorales que se ofrecen por estas fechas, más que un compromiso sincero para enfrentar con seriedad y garantías un problema de semejante magnitud. Combatir la violencia ofreciendo más violencia no es remedio para esa enfermedad, como tampoco lo es el ofrecer a diario numerosas capturas justo ahora que los penales están más que saturados.

Asimismo, preocupa el excesivo protagonismo de Sandoval al capitalizar también las iniciativas legislativas en materia de seguridad ciudadana. Propuestas como la creación de una legislación penal específica para las pandillas, evidencian la indiferencia o —lo que es más triste— el desconocimiento de lo establecido en nuestra Constitución, ya que a quien corresponde liderar iniciativas de ese tipo de es al Fiscal General de la República y no a él. Sin embargo, así se revela de nuevo la ausencia de coordinación entre estas dos instituciones responsables del ejercicio y la ejecución de la acción penal; y además demuestra, claramente, quién tiene el poder de Derecho, según ley, y quién —en verdad— ostenta el poder de hecho.

Como se observa al momento, el gobierno sólo se enfrenta la violencia de las “maras” con medidas represivas y excluyentes. De las actitudes de Sandoval nos preocupa que, con el anuncio de su “combate” particular a las “maras”, le quiera dar el carácter de “cruzada” policial a esta situación; no nos extrañaría nada que, en realidad, lo que también busque sea realizar acciones de “limpieza social” sin límites; de ahí su obstinación por reformar la ley del menor infractor, entre otras. Al parecer, poco le importa violar tratados y legislaciones internacionales, cuando lo que se “intenta” demostrar es que la policía también tiene —entre sus objetivos— velar de esa forma “por los intereses” de la sociedad. Todo eso se le cae cuando se sabe que la desarticulación de pandillas, como ahora se propone, será imposible mientras permanezca vigente un “modelo” despiadadamente economicista e inhumano como el actual.

Pero como parece que en la PNC es costumbre fallar, a ésta se le acaba de juntar “el hambre con las ganas de comer”. “Crazy” significa “loco” en nuestro idioma, que todavía sigue siendo el español, y esa palabra se ha vuelto famosa en los últimos días por ser el sobrenombre del miembro de la “Mara 18” que fue capturado recientemente por la Policía. La popularidad repentina del “Crazy” surgió luego de su pintoresca fuga de las bartolinas de la PNC en Soyapango, ya que para consumar el escape se dieron innumerables coincidencias y equívocos atribuibles a policías, fiscales y a un juez de la República.

En una fuga sorpresiva, digna de ser filmada —como una tragicomedia, evidentemente—, el “Crazy” no violentó ningún candado ni cavó túnel alguno; mucho menos tuvo que preparar un operativo armado espectacular. Dicho “al costo”: escapó sin dañar ningún bien material ni disparar una tan sola bala. Sin embargo y para tristeza de la sociedad en general, tan singular y nítida evasión no se logró por el sobresaliente ingenio de un delincuente o por la perfección de un plan de fuga minuciosamente elaborado. Más bien, esta nueva afrenta a la justicia es fruto de algo elemental: el trabajo de las instituciones que forman parte o influyen en la aplicación de la justicia, en buena medida, está al servicio del crimen y la impunidad en El Salvador; cuando menos, por decirlo suavemente, son cómplices.

Esta huida es reflejo de un sistema de administración de justicia que, desde los tiempos que se le quiera recordar, ha sido incapaz de brindar protección efectiva a nuestra sociedad que siempre ha vivido insegura, sin verdad y sin justicia a expensas de una institucionalidad integrada por muchos funcionarios corruptos e incompetentes. En esta ocasión, nadie se percató que el “marero” capturado salía de las bartolinas policiales a enfrentar un juicio por cargos menores, suplantando a otro reo; incluso fue acusado por la Fiscalía —con un nombre distinto— en una audiencia judicial, sin que sus representantes se enteraran de que se trataba de alguien distinto al verdadero imputado. Para colmo de males, hasta el juez hizo constar en acta que había identificado al reo. Curiosamente, luego de este trámite judicial, el supuesto imputado fue puesto en libertad y se consumó así tan “misteriosa” fuga.

Las explicaciones están a la orden del día: la Fiscalía sostiene que su agente tuvo que ser sustituido a última hora; los policías alegan que lo confundieron con otro reo; el juez dice que él no conoce a los imputados… En fin, según lo dicho por los involucrados, el “Crazy” se fugó solo y el sistema no tuvo nada que ver; quizás las autoridadespretenden hacernos creer que el fugado se trasladó por su voluntad a una audiencia equivocada, que además suplantó por sí mismo a otro reo y, por si fuera poco, confundió a fiscales y jueces en una audiencia. Esos “disparates”, quizás sólo en El Salvador ocurren.

Pero ahí no acaba la cosa. A las acusaciones de corrupción dentro de la PNC, lanzadas por un supuesto líder de la “Mara 18” capturado con el “Crazy”, Sandoval respondió así: “No podemos darle credibilidad a un criminal con un récord delictivo muy grave; él puede hacer cualquier acusación, puede señalar a cualquier persona”. “El burro hablando de orejas” dice la sabiduría popular. Pareciera que el director de la PNC está escribiendo su autobiografía. ¿Criminal? ¿Récord delictivo? ¿Cualquier acusación a cualquier persona? ¿Acaso no fue similar el “trabajo” que él realizó cuando, según informe confidencial de la Comisión de la Verdad, fue parte de otra “pandilla” más terrible, sanguinaria y temible llamada “escuadrones de la muerte”? ¿O cuando, según un alto oficial del ejército ya fallecido, ideó y puso a funcionar un “micrófono abierto” desde donde se preparó el terreno para la masacre en la UCA el 16 de noviembre de 1999?

La cuestión es más profunda. Lo ocurrido con el “Crazy” es sólo una nueva modalidad de fuga; ingeniosa, si se quiere, pero posible en un país donde a la mayoría no les causa problema la justicia. Por ahí andan libres y “tranquilos” los responsables últimos de la masacre en la UCA, del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto y de Lorena Saravia, de las casi mil víctimas en “El Mozote”, de la violación y muerte de la pequeña Katya Natalia, de la cruel de los hermanos Carías y de las monjas estadounidenses, sólo para mencionar algunos casos. En este país, las formas para burlar la justicia son variadas; van desde las leyes de amnistía y los fraudes procesales, hasta la indiferencia de las autoridades o sus negligencias impresionantes. Lo que no cambia son dos cosas: la impunidad y los mismos cómplices de siempre; léase Policía, Fiscalía y Órgano Judicial.

La situación en Centroamérica
Informe del Secretario General (II)

Presentamos a continuación la “Adición” al informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, “La situación en Centroamérica: procedimientos para establecer la paz firme y duradera, y progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo”, dado a la Asamblea General de ese organismo el pasado 20 de diciembre de 2002.

La situación en Centroamérica
Informe del Secretario General (II)

11. La Policía Nacional Civil (PNC), institución clave de los acuerdos de paz, está reforzando su capacidad tras un período de deterioro. A raíz de una evaluación a fondo de su personal, se despidió a más de 1.200 oficiales y agentes de todas las categorías, por haber estado involucrados en actos de corrupción u otros delitos. Merced a esas medidas drásticas, la PNC ha recuperado parte de su prestigio y la confianza que la población había depositado en ella tras firmarse los acuerdos. El establecimiento de la División de Derechos Humanos en la Policía es un importante paso en la dirección correcta. Para aplicar plenamente los acuerdos, el personal de la PNC que incumple las normas debe comparecer ante las autoridades judiciales civiles. Sólo de esa manera se consolidará esa institución como verdadero agente del orden público en una sociedad democrática. Incumbe al Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil, desde sus posiciones respectivas, alentar a los oficiales de policía a seguir profesionalizándose e inspirando confianza como garantes de la seguridad de todos los sectores de la población.

12. La Procuraduría para la Defensa para los Derechos Humanos, tras un período de ineficacia, ha recuperado su función prevista de protectora independiente de los derechos de los ciudadanos. Para reforzar su capacidad, el Procurador necesitará recursos adicionales. Compete al Estado proporcionarle recursos suficientes, comparables con las consignaciones presupuestarias que reciben otras instituciones clave del sector judicial, como las oficinas del Fiscal General y del Procurador General. También se necesita de todas las instituciones estatales encargadas de asegurar las garantías procesales y el respeto de los derechos humanos, entre ellas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el firme empeño en cooperar y respetar la función singular de las demás instituciones. Esa cooperación promovería el imperio de la ley, al tiempo que permitiría al Procurador cumplir una función fundamental en la consolidación de los logros de la paz y la democratización.

13. Entre las principales tareas que ha de acometer El Salvador está la de superar la exclusión económica y social generalizadas. Tras un período de rápido crecimiento que permitió al país escalar 10 posiciones en el índice de desarrollo humano, la economía se ha desacelerado en los cinco últimos años y ha sufrido un grave revés de resultas de los terremotos de enero y febrero de 2001. El Salvador depende en gran medida de remesas del exterior, que constituyen con diferencia su más grande fuente de ingresos, seguida de las plantas de montaje de material fabricado en otros países y en un distante tercer lugar de un sector agrícola deprimido, particularmente tras la caída de los precios del café. La situación afecta gravemente a la población rural, que constituye el 40% del total. Según el índice de desarrollo humano, la desigualdad de ingresos del país sigue figurando entre las más grandes del mundo: el 20% más rico de la población obtiene 18 veces más ingresos que el 20% más pobre. En los países clasificados en la categoría de alto desarrollo humano, esa relación ocupa el quinto lugar. Además, alrededor de la mitad de los habitantes de El Salvador tiene ingresos inferiores a los que necesitan para atender sus necesidades básicas.

14. El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD correspondiente a 2001 ofrece una útil plataforma de acción nacional y cooperación internacional para los próximos años. Sugiere avanzar en varios frentes: el establecimiento de espacios institucionales para las deliberaciones y los acuerdos sobre políticas estatales fundamentales basadas en un proyecto común para el futuro de El Salvador; la reforma del sistema electoral, que permita a muchos ciudadanos que viven en el exterior votar en las elecciones; una estrategia nacional para luchar contra la pobreza; una revisión de las estrategias promotoras del crecimiento; un pacto de responsabilidad fiscal; medidas para fortalecer los mercados más importantes, y una participación más activa de la ciudadanía y los medios de difusión en el ejercicio del control democrático de las políticas públicas.

15. El Salvador se encuentra en una encrucijada. Es el momento de reflexionar. Reconociendo el espíritu visionario y el valor que animaron al Gobierno de El Salvador y al FMLN cuando negociaron y firmaron los acuerdos de paz, y sobre todo en reconocimiento del valor y la entereza de su pueblo, los insto a inspirarse en ese momento clave de su historia para afrontar los retos de hoy. Los acuerdos de paz son un plan maestro para hacer realidad los objetivos de la paz, el respeto de los derechos humanos, la democratización y la reconciliación que las partes se habían fijado al entablar las negociaciones. Los aliento a perseverar por esa vía. Recobrando el espíritu de entendimiento y consulta prevaleciente en ese momento decisivo podrán consolidar los logros de la paz, superar los muchos retos que se presentarán y forjar una vida mejor para ellos y para sus hijos.

16. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a la comunidad internacional por su valiosa adhesión y apoyo al proceso de paz en El Salvador. El apoyo político del Grupo de Amigos —Colombia, España, México y Venezuela— fue sumamente valioso en las negociaciones. En la aplicación de los acuerdos, los amigos, a los que se sumaron los Estados Unidos de América, siguieron contribuyendo positivamente al proceso.

17. En la aplicación de los acuerdos, los Gobiernos de Austria, el Canadá, Dinamarca, España, los Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, el Japón, México, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza aportaron cooperación financiera y técnica decisivas. Se agradece enormemente su apoyo al proceso y la confianza depositada en el sistema de las Naciones Unidas.

18. Las Naciones Unidas seguirán apoyando los objetivos de la paz, la democratización y el imperio de la ley mediante sus programas y proyectos, así como mediante sus informe sobre la situación en Centroamérica, como es el caso de los demás países centroamericanos. Se presentan ante los salvadoreños enormes retos en la construcción de una sociedad equitativa. Exhorto a la comunidad de donantes a seguir apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y consolidar la democracia. Seguirá haciendo falta una cooperación internacional clarividente, en colaboración con los fondos y programas de las Naciones Unidas, cooperación que debe constituir un firme apoyo de las iniciativas nacionales para construir y consolidar una sociedad justa y equitativa.
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