Propaganda sin propuestas

Ausencia de la política en las discusiones comerciales
 

Una gran ausente de los debates que se dan actualmente en el país en torno a la negociación del Tratado de Libro Comercio (TLC) con los Estados Unidos ha sido la política. Lo que se dice al respecto es que se trata de unas negociaciones puramente técnicas, que deben involucrar de preferencia a los actores económicos. En estas condiciones, los políticos no son bienvenidos. Al contrario, podrían constituirse en un estorbo para la buena marcha de las negociaciones.

Está claro que este tipo de discurso reproduce una opinión, bastante en boga, que busca desvincular por todos los medios el quehacer económico de la intervención política o estatal. Se trata, más que todo, de un esfuerzo por mantener alejados a ciertos actores que incomodan y que no comulgan necesariamente con la línea de la preeminencia de la economía por encima de las demandas y necesidades de la sociedad.

El CAFTA: crónica de una política comercial sin justicia anunciada

Cuando el comercio se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio para llevar bienestar y desarrollo a las personas, se corre el peligro de que su impacto se convierta en un arma de doble filo. La inserción externa desmedida de la economía salvadoreña al mercado global parece ser la única y absoluta estrategia económica seguida por el gobierno. De hecho, en palabras de Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), “el Ministerio de Economía se ha convertido en un simple Ministerio de Comercio Exterior, descuidando su rol. Se ha abandonado la política industrial, ya que se ha suprimido la Dirección de Industria. Justamente estas deformaciones no permiten que haya una adecuada inserción externa”.

Subestimado impacto social del TLC con EEUU

Es difícil cuantificar con exactitud el impacto social de un eventual Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero sí es fácil darse cuenta que esta es una cuestión más bien marginal en las negociaciones que centroamericanos sostienen desde enero del presente año con sus pares estadounidenses. La mayoría de las mesas de negociación —cooperación; solución de controversias y asuntos interinstitucionales; compras del sector público y propiedad intelectual; ambiente y laboral; acceso a mercados; y servicios e inversión— se centran en asuntos estrictamente comerciales —y las que no, se supeditan a lo comercial—. De igual manera, el raquítico debate suscitado en El Salvador, a propósito de las negociaciones, hace poco eco de lo que significará para la sociedad salvadoreña un acuerdo de esa envergadura, en tiempos en que el libre comercio se convierte en el fin y no en un instrumento para el desarrollo de las naciones.

La marcha del TLC en el área centroamericana

La concreción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre las naciones centroamericanas y los Estados Unidos (conocido por CAFTA, por sus siglas en inglés) se ha planteado para un tiempo relativamente corto —un poco más de un año—, si se compara a otros tratados firmados anteriormente. Se trata de un proceso acelerado, cuya culminación está prevista para principios del año entrante. En este apartado evaluaremos la marcha del proceso en el área. El momento es importante, dado que esta semana el Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica (COMIECO) se reunió en Costa Rica para “trazar de manera conjunta los lineamientos que se seguirán en la próxima reunión con Estados Unidos y demostrar que cada vez estamos más unidos como región” (LPG., 18.02.03), según el ministro salvadoreño, Miguel Lacayo.

TLC y responsabilidad social

Tanto para el poder real en El Salvador como para el formal, cada vez más difícil de distinguir el primero del segundo, una de las mayores apuestas en la actualidad –quizás la mayor– es la negociación y la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América. Eso no es noticia, como tampoco lo es que el gobierno “arenero” le prometa al sector textil salvadoreño –léase “maquila”– enormes beneficios como resultado de ese proceso. En definitiva, la industria de la confección aparece como la jugada más clara del lado salvadoreño –entiéndase “la gran empresa privada”– en las actuales y muy confidenciales conversaciones de cara a la rúbrica de dicho acuerdo comercial; un acuerdo comercial que en la práctica, más que “liberarizar” el asunto, impone reglas que sólo favorecen a los “socios” más fuertes del mismo.

La decisión de convertir al país en una “gran maquila” no es nueva; hace unos años la anunció Armando Calderón Sol y ahora pretende concretarla su sucesor en Casa Presidencial. Baste recordar el discurso de Francisco Flores cuando acabó su tercer año de gobierno; en el mismo ofreció aumentar las ”zonas francas”, cuyo mayor atractivo se encuentra en la exención de impuestos, las facilidades crediticias y –sobre todo– la casi total inexistencia de organizaciones sindicales, principalmente como resultado de acciones oficiales encaminadas a lograr ese objetivo.

Para Flores y sus empleadores, estas nuevas inversiones generarán empleo en masa. Tal afirmación no es más que otra de sus demagógicas ofertas en un momento como el actual, cuando la situación para los sectores desfavorecidos de nuestra sociedad se complica aún más. “Echar todos los huevos en la misma canasta”, como dice la gente, es demasiado arriesgado por cuanto la industria de la ropa es uno de los primeros rubros que resienten los efectos de las crisis económicas. Tanto la marcada vulnerabilidad como la poca estabilidad de estas empresas, vuelven precarias las garantías que pueden ofrecer a sus empleados.

Quienes pretenden resolver el problema del desempleo mediante la firma del TLC con el “amigo del Norte”, encuentran ante sí una realidad que los desmiente con creces; sin embargo, la niegan con demasiada facilidad. Hasta el momento, dicen, las empresas beneficiadas por las exportaciones a consecuencia de los tratados de libre comercio ya suscritos han incrementado sus ventas. Pero, ¿cuánto ha aumentado la nómina de sus trabajadores y en qué medida han mejorado las condiciones laborales de los mismos?

En la práctica, aunque se publicite como “maná” la generación de nuevas inversiones en el país como resultado del anunciado acuerdo con los Estados Unidos de América, las empresas que vengan enfilarán básicamente su actividad a la confección y el ensamblaje. Por tanto, serán escasos los beneficios reales que generen los productos ya transformados y pocos los vínculos que se creen con otras empresas ya instaladas. En suma, las posibilidades de propiciar un efecto dinamizador en la economía nacional con la firma de ese TLC son muy limitadas.

Y es que hablar de maquila es volver la vista a las pésimas condiciones en las que trabajan las personas dentro de las fábricas; es, a fin de cuentas, en éstas descubrir una fuente de graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la legislación nacional e internacional, de manera especial en lo relativo a lo laboral y contra las mujeres. El deber de protección ante las mismas y de garantía para prevenir que ocurran le corresponde al Estado, dentro del cual debería jugar un papel fundamental el Ministerio de Trabajo con sus inspectores. Pero eso no ocurre y es aquí donde, una vez más, se desnuda la verdadera política gubernamental en la materia, al permitir que se obtenga el máximo beneficio económico posible con las mínimas responsabilidades empresariales.

En ese escenario, se requiere que surjan e impulsen acciones imaginativas de participación social organizada para contribuir a asegurar la vigencia de los derechos laborales dentro de las maquilas, mediante el respeto de las leyes y el funcionamiento adecuado de las instituciones. Hacia esa dirección apuntan los esfuerzos del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), después de casi siete años de existencia. Quienes iniciaron esa “aventura”, no imaginaron entonces la dimensión de los retos por enfrentar ni el alcance de la tarea que deberían desarrollar. En aquel momento pensaron que sólo eran parte de un intento de solución novedosa a un conflicto laboral puntual y que, con su aporte, podrían enriquecer el valioso esfuerzo colectivo por mejorar las condiciones de trabajo en las maquilas.

Pronto descubrieron con sorpresa que la experiencia del GMIES no sólo se había convertido en motivo de comentario sino también de reflexión y hasta escándalo, sobre todo fuera de El Salvador. No era para menos. Por primera vez y no por iniciativa propia, una “marca” transnacional permitía que organizaciones sociales con trayectoria reconocida en materia de derechos humanos, verificaran lo que ocurría dentro de sus fábricas proveedoras. Era la incursión en un espacio hasta entonces vedado, como resultado de algo que la historia de la humanidad nos enseña: que los avances en materia de reconocimiento y respecto de derechos humanos, sólo se logran mediante la lucha organizada de la gente.

La experiencia del GMIES atrajo la atención de sectores gubernamentales, empresariales y activistas en los Estados Unidos de América, Canadá, Europa y Centroamérica; así, el monitoreo independiente se convirtió en tema de discusión alrededor del cual han habido críticas constructivas, ataques virulentos y hasta reconocimientos bien intencionados; pero de ninguna manera, ha pasado desapercibido. De cualquier forma, era evidente que se había llegado a un punto de inflexión en lo relativo a la responsabilidad que tendría una empresa transnacional sobre el respeto real —no sólo discursivo— de los derechos de la gente que le produce, independientemente de que esté o no contratada por aquélla.

En la actualidad, existen por lo menos cuatro iniciativas multisectoriales en los Estados Unidos de América que intentan garantizar el acatamiento de los llamados “códigos de conducta” empresariales. En el continente europeo, la “Campaña Ropa Limpia” ha logrado —en coordinación con sindicatos, organizaciones de la llamada sociedad civil y empresas europeas— iniciar una serie de proyectos “piloto” para verificar el “cumplimiento de los códigos”. En Centroamérica existen cuatro grupos independientes de seguimiento sobre el tema de las maquilas. En términos generales, el tema se ha incorporado a la discusión global sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales en el respeto de los derechos de las y los trabajadores. Sin duda, poco a poco se va admitiendo que las compañías transnacionales tienen responsabilidad en el trato que reciben las personas que trabajan para ellas dentro de toda la cadena de abastecimiento.

El movimiento “antisweatshop” ha logrado colocar el tema en la agenda pública y sensibilizar a las “marcas” para ofrecer productos con garantía de haber sido elaborados sin violar derechos laborales. En buena medida, gracias a ese movimiento el público consumidor demanda a las grandes empresas de indumentaria impulsar acciones efectivas para el respeto de lo establecido en las leyes y en sus propios códigos de conducta. Asimismo, el llamado “consumo políticamente correcto” se ha vuelto un tema de importancia para el público, algunas empresas y ciertos Estados. Todo esto comienza a ser parte esencial de las relaciones ordinarias entre las fábricas maquiladoras y sus contratantes, las “marcas”; de igual forma, las y los trabajadores junto a algunas organizaciones sindicales también están aprendiendo a utilizar de forma creativa esos códigos en favor de sus reivindicaciones.

Eso está pasando, pero no en El Salvador. Las “marcas” ven con desconfianza a las organizaciones sociales locales que verifican códigos de conducta y es evidente la renuencia de los empresarios locales a mantener altos niveles de cumplimiento. En algunos casos raros, se mejoran las condiciones más por la presión de las “marcas” que por convicción; por ello, dichos progresos no perduran. Tampoco falta quien, dentro y fuera del país, vea con mucha desconfianza las iniciativas de monitoreo independiente y hasta las ataque, argumentando —entre otras cosas— que desalientan la organización sindical. En el gobierno se habla de “agendas políticas ocultas”, resistiéndose a admitir las limitaciones propias y las potencialidades ajenas. Así las cosas, no cabe duda que en el país falta mucho por hacer y mejorar en materia de cumplimiento y respeto a los derechos laborales. Ello vuelve más frágil, aún, la apuesta de la gran empresa y el gobierno en el marco del TLC con los Estados Unidos de América.

Hogares pobres urbanos y rurales (1991-2000)

Año                     Sector urbano             Sector rural   

1991                             53,7                            66,1           

1992                             52,9                               65           

1993                             50,5                            65,3           

1994                             43,8                            64,6           

1995                                40                            58,2           

1996                             42,4                            54,8           

1997                             38,7                            61,6           

1998                                36                            58,7           

1999                             32,8                            55,4           

2000                             29,8                            53,7                           

Fuente: EHPM/DIGESTYC.                               

Cfr. Escobar, Beatriz; García, Marielos; Hernández, Xochitl y Lemus, Karen: La reproducción del factor trabajo en el capitalismo desde  la teoría marxista contenida en El Capital, 2002