La pobreza en El Salvador: más allá de la propaganda

Lo sucio de la campaña electoral

Desde que inició oficialmente la carrera hacia las elecciones del 16 de marzo, han venido surgiendo una serie de elementos que vale la pena analizar. La campaña electoral no sólo se ha tornado violenta, incluidas las pérdidas de vidas humanas, sino que también se ha vuelto bastante sucia. Son comunes los ataques bajos, especialmente de parte de algunos sectores del partido oficial que aprovechan su control sobre buena parte de los medios de comunicación para emprender la tarea de desprestigiar a sus más importantes adversarios.

Las nuevas medidas fiscales

La semana pasada se dieron a conocer las medidas fiscales que está implementado el gobierno para obtener una mayor recaudación de fondos. El Ministerio de Hacienda ha iniciado una política dinámica de recaudación con el fin de evitar la evasión fiscal. Al mismo tiempo, persigue, mediante la implementación de un decreto ejecutivo, disminuir los gastos en las diferentes instituciones que componen el sector público. Como primer logro, se destaca el éxito que tuvo está entidad gubernamental al recaudar durante el mes de febrero $141.7 millones, cuando el año pasado a la misma fecha tan sólo se había logrado recaudar $123.1 millones. Como meta, se tiene proyectado obtener, para el fin de año, $1,731 millones en concepto de ingresos tributarios. Para ello, esa cartera de Estado estará vigilando a una serie de establecimientos comerciales, para observar si entregan facturas a sus compradores.

Aspectos económicos de la campaña electoral (II)

Parafraseando el célebre artículo de Ignacio Ellacuría titulado “¿Filosofía para qué?”, cuyo contenido recoge reflexiones sobre la esencia del porqué y el para qué de la filosofía, se precisa analizar la esencia económica de las plataformas legislativas que bajo la actual coyuntura política se debaten por el poder del primer órgano del Estado. Los partidos políticos han presentado a la ciudadanía plataformas legislativas diversas, pero ¿cuál es la lógica económica que esconden? ¿Legislar para qué, por qué, para quiénes? ¿Es su racionalidad económica capaz de incentivar el desarrollo sostenible del país.

Política sin salud

Las próximas elecciones del 16 de marzo han acaparado la atención de las fuerzas sociales salvadoreñas durante los últimos meses, dejando al margen, como ya se ha hecho norma, la urgente agenda social. Así, la huelga en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) —como elemento coyuntural de la crisis— y la reforma del sistema de salud —como necesidad estructural— han sido retirados de la agenda nacional, en el peor de los casos; en el mejor, han sido incorporados a la propaganda y a las propuestas de los partidos políticos y los candidatos, de cara a los comicios legislativos y municipales que se avecinan.

Un TLC a ojos cerrados

La semana pasada se llevó a cabo una reunión entre las delegaciones de los EEUU y Centroamérica para comenzar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), que vinculará a nuestra región con el país del norte (tratado conocido como CAFTA, por sus siglas en inglés). Quizás ahora los representantes de alto nivel de los gobiernos centroamericanos comprenden la reticencia que algunos sectores tienen hacia el tratado: llegaron a Cincinnatti, ciudad estadounidense donde se celebró la reunión, sin conocer cuál era la propuesta de la nación norteamericana. Es decir: llegaron a una cita a ciegas.

La reforma de la administración judicial

Como si no bastara con las actuales campañas proselitistas para alcaldes y diputados, ya comenzó también la postulación de candidatos a magistrados del máximo tribunal de la República. En efecto, dentro de cuatro meses deberán llenarse las vacantes de cinco titulares y cinco suplentes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El ritual ya inició y con él han revivido las polémicas dentro y fuera del Órgano Judicial. En esta ocasión, la situación se ha puesto más candente al haberse desatado una discusión muy publicitada entre el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la misma Corte. A raíz de una propuesta de reformas a la Ley de la Carrera Judicial lanzada por esta última, el Consejo —a través de su Presidenta— denunció lo que consideraba una clara tendencia a la mayor concentración de poder en manos de la CSJ. Entre acusaciones y rechazos, de nuevo se ha puesto sobre la mesa de la discusión pública uno de los problemas más serios para la buena marcha de nuestro país: la reforma judicial.

Del lado del CNJ se afirma que la Corte no ha actuado con transparencia al momento de presentar su propuesta de reformas y que de concretarse, éstas estarían violentando la Constitución; además, el Consejo sostiene con razón que un recurso de inconstitucionalidad —en caso de aprobarse aquéllas— sólo podrá ser conocido por la misma institución que las promovió. El CNJ también ha denunciado lo que considera nombramientos ilegales en la judicatura por parte de la Corte. Quienes han lanzado la propuesta de reformas a la Ley de la Carrera Judicial argumentan que, con esta iniciativa, se busca mejorar las condiciones laborales de la judicatura; en cuanto a los movimientos de jueces que han realizado, tienen su propia interpretación que se fundamenta en lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial, la cual dice que ésta debe ser administrada por la Corte.

En fin, el Consejo dice que la Corte pretende tener más poder y la Corte dice que no; el Consejo pide que se le resten atribuciones a la Corte y la Corte advierte que, así, se estará concentrando el poder en el Consejo y será éste quien la tenga de rodillas; el Consejo denuncia y la Corte rechaza… ¿Y la gente que sufre a diario por una lenta justicia, la ineficacia de los funcionarios encargados de administrarla, la mala formación del personal que labora en el Órgano Judicial, la corrupción y la impunidad en casos de todo tipo? Y esa gente, que es la mayoría, ¿podrá ser escuchada en algún momento, en medio de una polémica que como siempre sólo se desarrolla en “las alturas”?

Y es que la justicia en nuestro país —aunque se le apliquen diferentes, novedosos y muy caros medicamentos— sigue padeciendo una enfermedad crónica y las manifestaciones de la misma siguen siendo iguales a las que se señalaron hace diez años. ¡Sí! Ya transcurrió una década desde que se presentó públicamente el informe de la Comisión de la Verdad. En ese documento, entre otras graves cosas, se señalaron de forma objetiva las penosas dolencias que presentaba el cuerpo abatido de una sociedad sumida en la más terrible de las impunidades. El problema fue que se quiso ser avestruz, pretendiendo esconder —bajo la Ley de Amnistía— el documento que señalaba lo que realmente había ocurrido y ocurría en el país en esa materia. Y por eso, continúa ocurriendo.

Sin duda, la Comisión de la Verdad puso el dedo sobre una llaga purulenta. Y quienes quisieron que se cumplieran a cabalidad sus recomendaciones, fueron acusados sin piedad de todo lo malo habido y por haber, en el marco de un “proceso de paz salvadoreño” que —según sus cantores— avanzaba incólume y exitoso, maravillando al mundo entero. ¡Desestabilizadores! ¡Antisistema! ¡Retardatarios! ¡Resentidos!… Ningún calificativo de esos fue suficiente para quienes exigieron cumplir las recomendaciones de aquella Comisión. Se le planteó entonces a nuestra sociedad un falso dilema: o justicia, o paz. Y como los que tenían en sus manos las riendas de dicho “proceso” querían esta “paz” que ahora disfrutan, porque les favorece en todo sentido, dejaron a las víctimas sin justicia y no hicieron nada para transformar el aparato que debía impartirla en serio.

Entre las diversas recomendaciones que la Comisión de la Verdad lanzó, se debe destacar la que apuntaba a analizar “la conveniencia de modificar, por el procedimiento que la misma Constitución establece, las disposiciones pertinentes para que la Corte, sin perder su condición de máximo tribunal del país, no sea, en cambio, la cabeza administrativa del Órgano Judicial”. Ello, debido a lo que la misma Comisión había señalado antes: “la alta concentración de funciones, en particular las de su presidente como rector del Órgano Judicial”.

Con el convencimiento de que sus recomendaciones iban a ser respetadas —¡vaya ingenuidad!— la Comisión de la Verdad expresó lo siguiente: “Los jueces no deberán ser nombrados ni removidos por la Corte Suprema de Justicia, sino por un Consejo Nacional de la Judicatura independiente”. Junto a lo anterior, la Comisión de la Verdad consideró pertinente responsabilizar a cada juez “de la administración de los recursos del juzgado a su cargo, rindiendo cuentas al Consejo Nacional de la Judicatura”. Por desgracia, esas y otras recomendaciones no se cumplieron en su momento y aún continúan sin cumplirse. Sin embargo, las discusiones continúan.

Las consecuencias de todo lo anterior —como es costumbre— las terminan “pagando” las víctimas y los usuarios del sistema, debido a que la acumulación de funciones en manos de los integrantes de la Corte Suprema provoca excesivos retrasos en el cumplimiento de su principal encomienda. A la realización de numerosas tareas secundarias, se le dedica un tiempo valioso que aleja a la Corte de su razón de ser y principal cometido: impartir justicia.

Pero hay que ser cuidadosos. Tras el interés de asumir las dolencias como remedio para curar una enfermedad tan grave, puede esconderse un propósito perverso: el mantener la hegemonía del país por parte de la gran empresa, a través del control férreo del Órgano Judicial. Este bloque, muy bien representado por el partido ARENA, conoce perfectamente que el camino para la vigencia de su “modelo” económico —único y para unos pocos— pasa por perpetuar la impunidad en favor de ciertos sectores.

Hoy lo que está a la vista, una vez más, es la escasa cultura de diálogo y negociación en la búsqueda del bien común. Eso es lo que ha prevalecido en El Salvador, no obstante ser ejemplo ante el mundo por el mecanismo utilizado para terminar la guerra. El miedo a ceder cuotas de poder está por encima de la urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida de las mayorías. En el caso que nos ocupa, las posiciones bastante cerradas a la concertación que mantienen ambas partes, confirman que dos monólogos no constituyen un diálogo.

En realidad, no se trata de que la Corte se arrodille ante el Consejo o viceversa; ni que de esta disputa salga un ganador. Hay que tener bien claro que es la sociedad salvadoreña la que se encuentra arrodillada ante la violencia y la delincuencia de todo tipo, cuyos promotores —de “cuello blanco” o en “camiseta”— resultan alentados por la impunidad que se deriva del mal funcionamiento del sistema. Esa sociedad no puede ni debe permanecer por más tiempo hincada esperando justicia. Son las víctimas que diariamente sufren las consecuencias de la mala administración judicial, quienes deberían estar interesadas en una transformación real y para bien del sistema; son ellas las que no tienen nada que perder y a las que no se les debe fallar impulsando reformas —sea en uno u otro sentido— que terminen favoreciendo a determinado grupo particular. Al parecer, tan centrados están los dos bandos en sus disputas que se olvidaron de ellas.

Recordemos que un verdadero Estado de Derecho debe establecer límites legales para evitar la acumulación de poder, mediante los llamados “pesos y contrapesos”. Es necesario, entonces, una discusión amplia y seria sobre los controles del Órgano Judicial. Si esa discusión es convocada por el Consejo, quizás no acuda la Corte; si la convoca la Corte, quizás no participe el Consejo. Y si la convoca la Asamblea Legislativa —la actual, que no representa a nadie más que a los particulares intereses de los partidos políticos que la integran y los grupos de poder que los controlan— seguiremos dando pasos de ciego. Por eso, el debate ya iniciado reclama la participación protagónica de los usuarios del sistema, asociaciones profesionales y sobre todo víctimas. Es necesario que se abran estos espacios, para que no se le sigan cerrando las puertas a la justicia y a la paz.