El lado humano de la guerra

Lecciones varias de las elecciones

Al parecer, ya hay resultados firmes de las elecciones del 16 de marzo. Contrario a lo que se pensaba la semana pasada —sobre la base de más del 85 por ciento de los resultados presentados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)—, los partidos mayoritarios han ganado nuevos votos y creció un poco el número de salvadoreños que participaron en los comicios. Las elecciones y los resultados que arrojaron para los distintos partidos merecen varios comentarios.

El efecto rebalse: ¿Una falacia económica?

Durante las últimas tres décadas, la economía salvadoreña ha experimentado cambios sustanciales en su funcionamiento. El Salvador ha pasado de un modelo económico que dependía fundamentalmente de la agroexportación de productos primarios, a otro que se cimenta en la ampliación y el desarrollo de una economía de servicios, donde el sector financiero ha tenido un considerable crecimiento en los últimos veinte años. Este proceso de transformación económica es importante, debido a que, junto a ella, en el país también se han dado una gama de transformaciones sociales importantes.

Los retos de las municipalidades

Al parecer, el Tribunal Supremo Electoral ya escrutó la totalidad de votos emitidos en las pasadas elecciones del 16 de marzo. En el ámbito legislativo, los resultados de los comicios apuntan a una correlación de fuerzas similar a la que hay en la actual legislatura; es decir, un leve predominio de las bancadas de derecha. En lo que a los gobiernos municipales se refiere, lo que salta a primera vista es la continuidad del poder en las principales alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador y una repartición de las principales cabeceras departamentales entre las fuerzas políticas más grandes, con un notable repunte del FMLN. Este último partido ejercerá el control municipal de las cabeceras de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, algunas de la región paracentral y Usulután, en el oriente. Por su parte, ARENA habría asegurado el gobierno de las ciudades de Ahuachapán y Sonsonate, en el occidente, y de las orientales comunas de San Miguel y La Unión, las más pujantes de la otra ribera del Lempa.

¿Es la guerra en Irak un drama lejano?

Tiempos insolidarios
La guerra estadounidense contra Irak ha provocado la indignación mundial. También algo más: ha surgido un amplio movimiento antibélico, que logra movilizar a miles de personas en las más importantes ciudades del mundo. Contrario a lo que podía esperarse, las movilizaciones pacifistas en Centroamérica han sido escasas. Es conveniente analizar este fenómeno: ¿por qué una región tan castigada por la guerra, que sabe por experiencia propia que los bombardeos no son un espectáculo más de la televisión, que conoce el drama de la población desplazada, no parece inmutarse mayormente ante la guerra contra Irak?

Encuentro mesoamericano: verdad, justicia y paz

Una de las prioridades del IDHUCA, debido a su doble carácter —académico y de proyección social— es la de promover la discusión sobre las temáticas fundamentales que giran alrededor de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Fruto del esfuerzo de la institución y después de varios años de acompañamiento a las víctimas en su lucha titánica, se ha detectado la prioridad de realizar encuentros de discusión y análisis. Así es que nace la iniciativa del “Encuentro Mesoamericano: Verdad, justicia y paz”, el cual se realizó del 26 al 28 de marzo en las instalaciones de la UCA. Entre los objetivos de este evento estaban la realización de un diagnóstico de la realidad regional y el planteamiento de retos concretos surgidos para la plena vigencia de la verdad, la justicia y la paz, según la situación que se observa en los diferentes procesos de “transición” hacia la democracia en los países mesoamericanos.

Para ello basta recordar los hechos del pasado, cuando las injusticias sociales, las desigualdades económicas y la intolerancia política fueron las notas comunes que a lo largo del pasado siglo distinguieron a la mayor parte de Mesoamérica. Con el poder institucional al servicio de unos pocos, se alcanzaron las formas más viles de represión y de violación sistemática de los derechos humanos, convirtiendo al istmo en tierra de barbarie. Esta conflictividad regional derivó en cruentas guerras durante las décadas de los sesentas y ochentas, convirtiendo a esa época en una de las más oscuras de la historia del continente. En tal escenario, no hubo que esperar mucho para que la sociedad reaccionara de diversas formas; una de ella fue la aparición de grupos insurgentes en algunos países. Mientras que la vía militar y represiva, utilizada por el poder real en la región no fue la idónea para alcanzar los resultados que esperaban; por el contrario, sólo consiguieron exacerbar la violencia. Esta postura oficial de contrainsurgencia y su práctica, atravesó las fronteras particulares dentro de la región, rompiendo con los límites de la racionalidad y el respeto a la condición humana.

Posteriormente, y cuando la tendencia menos belicista se hizo presente en el istmo, las élites políticas y económicas de los diferentes estados, hablaron en nombre de las víctimas y de los países, proclamando el éxito de los acuerdos de paz alcanzados entre las Partes que hicieron la guerra y anunciando al mundo la supuesta reconciliación de sus sociedades. Desde el principio, ese discurso resultó falso e injusto, precisamente porque las mayorías afectadas por la violencia no fueron consultadas nunca. Peor aún: se les colocó ante una injusta disyuntiva entre la justicia y la paz, debido a que se quisieron mantener en la impunidad los atroces crímenes de guerra que atentaron en contra del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos; En ese marco, las personas afectadas durante los conflictos, que posteriormente reclamaban sus derechos de justicia, fueron acusadas en forma abierta o velada por lo diversos gobiernos, de echarle “sal a las heridas”, victimizándolas aún más con estas posturas. Desde la institucionalidad se rechazó saldar de forma civilizada, conforme a las normativas internas e internacionales, las cuentas del pasado.

Esa inaceptable situación de desamparo ante la justicia para una inmensa cantidad de gente en la región, pesa mucho de forma negativa e impide que la democracia y la paz se instalen en Mesoamérica con posibilidades de perdurar. A lo anterior se suman la violencia social posconflictos, la baja participación ciudadana, la corrupción, el crimen organizado y la falta de una institucionalidad estatal creíble y confiable. Es necesario reflexionar y actuar a favor de una verdera paz para nuestros pueblos. Y eso pasa por exigir el conocimiento de la verdad y la realización de la justicia en sus dimensiones más amplias: de cara a lo que ocurrió en el pasado, a lo que está ocurriendo en el presente y a lo que puede ocurrir en el futuro si no trabajamos con la imaginación, la inteligencia, la creatividad y la ternura de las víctimas que —aun maltratadas— siguen siendo capaces de amar a sus seres queridos y luchar por devolverles su dignidad.

La verdad en una sociedad o en una comunidad tiene diferentes funciones, que explicaban su necesidad. Al conocerse, funciona como medida preventiva —un verdadero “nunca más”— para que no se repitan hechos semejantes, sentando un precedente importante y llegando a desarticular las estructuras y valores que podrían reproducirlos. Pero, además, la verdad es reparadora para las víctimas. Sirve para devolver la dignidad que les fue arrancada; por eso es que debe mutar la “verdad” de pregunta a respuesta, de reproche a reconciliación.

No obstante, la premisa para gozar de un verdadero Estado de Derecho es la renovación de nuestros sistemas de justicia, garantizando sobre todo su función como protector de derechos. De nada sirve hacer modificaciones a las leyes, o ratificar tratados y convenciones, si esos cambios no se concretan en la actividad judicial. El análisis de la justicia pasa por reconocer, en primer lugar, que el conflicto vivido en el pasado no justifica las violaciones que dentro del mismo se cometieron; sobre todo si éstas, además de ser fruto de actos individuales, también son consecuencia del ejercicio de una política sistemática represiva atribuida a los Estados. ¿Acaso no pueden las víctimas acudir a los tribunales para pedir se concrete este derecho por actos realizados en el pasado? Las leyes de amnistía y las figuras de prescripción, contradicen los Convenios de Ginebra y la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque obstaculizan el derecho que tienen las personas que tienen las personas para acceder a la justicia.

Pese a ello, en torno a estos procesos se ha manejado un discurso que disfraza la realización de la democracia y la construcción de verdaderos Estados de Derecho. El cambio de un régimen autoritario no implica en sí mismo que se haya transitado a la democracia. No hay garantía de llegar a ella, aun cuando se haya creado una nueva institucionalidad para cumplir con las exigencias más elementales y cuidar las formalidades de aquélla. Estas instituciones, en el caso de nuestros países tras la época reciente de violencia política y guerras, no han producido los resultados esperados.
Hace más de una década parecía estar claro que debían superarse con urgencia, aunque fuese progresivamente, las situaciones que no nos permitían vivir racionalmente y en paz. Al valorar lo que ocurre hoy en cada uno de nuestros países, nos damos cuenta que sólo se avanzó con éxito en el cese al fuego, en los países donde se desarrollaron conflictos armados internos. Por eso, aunque se crearon nuevas instituciones o se reformaron las antiguas, no alcanzó el esfuerzo para superar la permanencia decisiva de la impunidad y la violencia, en detrimento de la calidad de vida para nuestros pueblos. En cuanto al sistema político, la incorporación de “nuevos” actores —léase la desarmada insurgencia— no fue suficiente elemento para motivar la participación individual u organizada de la población en cualquiera de los espacios “abiertos”; las “clases políticas” se han encargado de desencantar a la gente, sobre todo por su resistencia a la fiscalización de ésta.

El último de los aspectos ni siquiera forma parte de las agendas reales entre el liderazgo político y gubernamental; mientras, las condiciones de vida de las mayorías han empeorado. Por ello, sigue siendo válido recordar a Ignacio Ellacuría en su empeño por evaluar una situación determinada de derechos humanos desde la perspectiva de esas mayorías, para descubrir “desde quién” y “para quién” se proclaman aquéllos. Así, en estas líneas hemos intentado reflexionar sobre las exigencias mínimas mencionadas y su materialización en esta realidad. Sin duda, afirmamos en las dimensiones tiempo y espacio que no podemos cuantificar ni verificar su goce por las mayorías pobres y víctimas de nuestros países. En síntesis, los derechos humanos sólo son realidad para unos pocos en Mesoamérica.

Entonces, acá y ahora, hablar de paz sin la existencia de justicia y verdad es llamar a engaño; ello sólo denota que las lecciones de nuestra historia reciente no fueron aprendidas. La construcción de la paz supone eliminar las causas de los conflictos mediante una firme posición de respeto profundo a la verdad y una vocación decidida por la justicia en todas sus manifestaciones. Pero, no obstante las dificultades, con la utopía de la dignidad humana están comprometidas muchas personas y organizaciones sociales, funcionarios honestos y víctimas deseosas de vencer la impunidad. Toda esa gente sigue alimentando la esperanza.

A favor de las víctimas

El mundo está presenciando una nueva escalada militar en la zona del Golfo Pérsico. Los Estados Unidos están decididos a acabar de una vez por todas con el régimen de Saddam Husein. El país más poderoso del planeta no está solo en su cruzada: el gobierno británico y, más tibiamente, el gobierno español, aun en contra de la voluntad de una inmensa mayoría de sus ciudadanos, han manifestado su apoyo a George W. Bush. Otros gobiernos de menor peso internacional, pero incondicionales a los dictados norteamericanos como el salvadoreño, no han titubeado en apoyar la decisión de Estados Unidos de someter por la fuerza al pueblo y gobierno de Irak. Los grandes medios de comunicación occidentales —CNN y BBC, por ejemplo— se han convertido en voceros de sus respectivos gobiernos, lo cual los ha llevado no sólo a ocultar información al público —sobre todo, aquella que se refiere a la devastación de ciudades y al impacto de los bombardeos sobre la población civil—, sino a manipular hechos e imágenes con la finalidad de robustecer la alianza militar anglonorteamericana.