ARENA y sus juegos sucios

¿Cómo abordar el caso de Cuba?

Las últimas decisiones del régimen de Fidel Castro en contra de la disidencia política interna han desencadenado —y con mucha razón—, una serie de reacciones de condenas e indignación en la comunidad internacional. Intelectuales de izquierda, otrora conocidos por su simpatía con la revolución cubana, decidieron lavar sus manos ante el horror de la legalización de la barbarie. No hay circunstancias atenuantes para un régimen que justifica su comportamiento autoritario en una pretendida acción preventiva en contra de los considerados mercenarios al servicio del enemigo capitalista. Los activistas de derechos humanos, amigos de la revolución cubana y antiimperialistas, se encuentran ante el dilema de lo reprensible de las acciones de Castro y su simpatía por un régimen que a sus ojos simboliza un desafío al neoliberalismo. A partir de este momento, cabe preguntarse si será posible ser admirador de la revolución cubana y congraciarse con el supuesto de que representa una alternativa al capitalismo reinante y, al mismo tiempo, ser defensor de los derechos humanos. He aquí el dilema de la nueva izquierda mundial. En estas líneas intentamos reflexionar sobre este tema, tomando sin embargo, el contexto amplio de la defensa de los derechos humanos en el mundo actual.

Astucia política y racionalidad económica (II)

Los pasados gobiernos de ARENA han desarrollado una serie de reformas económicas que han cambiado sustancialmente el funcionamiento de la economía nacional. Durante la década de los noventa, se privatizo el sistema de pensiones, se hizo una reforma tributaria con un claro sesgo regresivo y no se adecuaron los salarios, tanto urbanos como rurales, para que las familias salvadoreñas lograran cubrir sus necesidades más importantes. Puede deducirse que muchos de los problemas económicos que ARENA busca solucionar con dichas medidas, han sido generados por las mismas políticas económicas realizadas en períodos anteriores de su gobierno. Pareciera, por tanto, que los gobiernos de ARENA adolecen de una “inconsistencia intertemporal de política económica”, ya que, al momento del implementar tales políticas, antes de considerar los perjuicios que las mismas podían generar para la ciudadanía, primó fundamentalmente la racionalidad económica neoliberal. Esta ultima, vistas ahora sus consecuencias, en vez de desarrollar al país, persigue fundamentalmente crear espacios para el capital financiero, incluso en desmedro de cualquier otro tipo de capital.

¿Continuidad en San Salvador?

El próximo 1° de mayo, un nuevo equipo de gobierno tomará las riendas de la más importante ciudad del país. Hector Silva cederá la vara edilicia a su sucesor, Carlos Rivas Zamora, quien fungiera como síndico municipal —el segundo en la comuna—, durante seis años. En el marco de la campaña electoral, Rivas Zamora, candidato ganador en las pasadas elecciones del 16 de marzo, y los integrantes de su propuesta de concejo municipal, habían asumido como lema la continuidad en los proyectos implementados por la administración de Silva, otrora efemelenista y ahora diputado electo de la Asamblea Legislativa por el Centro Democrático Unido (CDU). Sin embargo, pasadas las elecciones y a las puertas de iniciar una nueva administración edilicia, es pertinente indagar sobre el rumbo que le imprimirá el nuevo equipo municipal, de acuerdo a lo conocido hasta el momento.

nueva ronda del CAFTA

Los gobernantes centroamericanos se preparan esta semana para asistir a la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre las naciones del Istmo y los Estados Unidos (conocido por las siglas inglesas CAFTA). Los recelos de los productores agrícolas del Istmo acompañan las reuniones previas a las negociaciones, que se llevarán a cabo del 12 al 16 de mayo en Guatemala.

Las reuniones preparatorias, que tienen lugar en Honduras del 28 de abril al 2 de mayo, son una oportunidad para que las comisiones negociadoras revisen lo acordado en la última ronda de negociaciones, cuyo punto más relevante fue la propuesta estadounidense para que Centroamérica abra su mercado a las empresas de telefonía de EEUU. También se discutió sobre la posibilidad de que algunas entidades gubernativas estadounidenses y de ciertos estados del país puedan comprar productos centroamericanos.

Oportunidad para la justicia

En junio próximo serán juramentados los nuevos magistrados electos previamente para integrar la Corte Suprema de Justicia; también lo serán quienes, de resultar reelectos, deban continuar ocupando un sillón dentro del máximo tribunal de justicia en el país. Al momento de escribir estas líneas aún no se sabía a ciencia cierta si la legislatura 2000-2003 se reuniría de forma extraordinaria el miércoles 30 de abril; de concretarse el rumor de esa convocatoria, estaría latente la posibilidad de que fuera dicha Asamblea la que nombrara a la tercera parte de la Corte para los próximos nueve años. Si eso ocurriese, se estarían ignorando los requisitos constitucionales y legales —de fondo y forma— que deben prevalecer en situaciones como la presente. De no concretarse lo anterior, ¿quién garantiza que con la nueva Asamblea Legislativa cambien las cosas? Porque en nuestro país, esos nombramientos tan importantes que deberían producirse sobre la base de análisis técnicos, finiquitos morales y opiniones de expertos —como parte de un real y transparente concurso de méritos, en igualdad de condiciones— siempre apuntan a materializarse dentro de un mercado político contra el que mucha gente reniega sin lograr, lamentablemente, su eliminación definitiva.

Ojalá las y los diputados que tomen posesión de sus curules este jueves 1 de mayo, tengan esa oportunidad para comenzar a impulsar el tan anhelado saneamiento del sistema de justicia nacional y, ¡ojalá!, la sepan aprovechar. El IDHUCA estaría entre los primeros en aplaudir su participación decisiva en semejante hecho histórico, que tanto necesita el país para dejar atrás un pasado vergonzoso y avanzar con esperanza hacia la verdadera democracia.

Porque estamos cansados de contemplar a los “supremos” magistrados ocupando, de manera recurrente, las primeras planas de la crítica y la polémica; porque estamos hartos de encontrar en los principales medios de comunicación los destapes crónicos de la corrupción judicial; porque estamos aburridos de repasar en los informes anuales de otras instituciones y otros países las condenas a El Salvador por su insolvencia en esta materia; y porque, sobre todo, acompañamos a miles de víctimas de la impunidad con las que nos hemos comprometido a exigir la superación de ese gran mal que las afecta y que daña a toda la sociedad, tanto en su convivencia actual como en su proyección futura.

Entre las personas que desde este jueves 1º de mayo integrarán el llamado “primer Poder del Estado”, hay algunas que cargan sobre sus espaldas una mayor responsabilidad que otras, pues por sus palabras y obras anteriores aún le despiertan esperanza a ciertos sectores de la población. Tendrán su prueba de fuego inicial, sin lugar a dudas, cuando se discuta la elección de esa tercera parte de la Corte Suprema de Justicia. Y es que en cualquier lugar del mundo, este tipo de coyunturas siempre genera debates que al final —por muy acalorados que sean— se resuelven aceptablemente cuando para ello se respetan dos aspectos fundamentales: el funcionamiento normal de la institucionalidad y el bien común; pero en países como el nuestro —que aparentan estar bien en lo formal, pero cuya esencia es distinta— las cosas se complican bastante.

La elemental separación de poderes que todo Estado de Derecho debe mantener, no tiene cabida en este “terruño” al momento de imponer el “modelo” económico a cualquier precio. Entre los costos más altos pagados se encuentra, precisamente, la supeditación de la justicia a esos poderosos intereses particulares y egoístas. Mario Solano, uno de los magistrados que saldrá dentro de poco de la Corte, confirmó eso en la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el amparo formulado por el despido masivo de empleados públicos; su voto disidente, entre otras cosas, decía lo siguiente: “…ante resoluciones judiciales, sustentadas en disposiciones legales y con las garantías del debido proceso, la actitud de la Sala es favorable a la admisión del amparo; en cambio tratándose de decisiones administrativas, fundadas en decisiones de poder (…) su actitud favorece la improcedencia”.

Tras las elecciones del domingo 16 de marzo del 2003, Francisco Flores dijo que había “escuchado el mensaje del pueblo” y ofreció adoptar ciertas medidas que –desde distintos sectores– han sido calificadas como simples promesas populistas, motivadas por la preocupación “arenera” ante los comicios del 2004; poco tiempo tardó para quitarse la máscara, al hacer declaraciones como las siguientes: “Nuestro proyecto ha demostrado tener capacidad para leer la realidad y mucha habilidad, aquí y en el exterior… Nuestra gestión ha sido más social que la de cualquier gobierno del pasado”.

¿Qué indica lo anterior? Que más allá de los golpes de pecho coyunturales, en el fondo no piensan cambiar. El Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el gran capital se están preparando para profundizar la imposición de su proyecto económico en condiciones de rechazo creciente, distintas a las que les facilitaron las cosas tras el fin de la guerra. Corregirán, quizás, algunos errores en lo político y lo harán pensando en su beneficio; pero no será fácil que permitan una irrupción mayor de nuevos pensamientos y mejores actitudes en la Corte Suprema porque así se atacaría la impunidad, uno de sus principales soportes.

No será fácil, pero tampoco es imposible. Debemos continuar trabajando sin descanso por lograr que en El Salvador se aplique la justicia sin distinción, mediante el buen funcionamiento de las instituciones y teniendo como prioridad el bien común. De no ser así, las víctimas a todo nivel terminarán despreciando a la judicatura y apreciando otros medios para resolver sus conflictos. Quienes dentro de la próxima Asamblea Legislativa estén comprometidos con lo anterior, tienen ante sí un gran reto que deben asumir con dignidad y responsabilidad.

Boletín de prensa
Ante las recientes declaraciones de la Fiscalía General de la República sobre la reactivación de las investigaciones en el caso de la violación y el asesinato de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez, hechos ocurridos el 4 de abril de 1999, el IDHUCA manifiesta lo siguiente:

1. Que es de sobra conocido que el día del crimen, la víctima se encontraba en un terreno de la Playa “Costa del Sol”, Zacatecoluca; estaba rodeada únicamente de su familia paterna que incluía abuelos, tíos y tías, los mozos de su abuelo y su padre, el capitán Edwin Miranda.

2. Que dadas las condiciones de tiempo y lugar, así como el número de personas presentes y las calidades de los familiares paternos de la niña Katya Natalia –que incluían otros militares y un alto jefe policial– no parece posible que personas extrañas a ese grupo se hayan introducido al terreno y raptado a la niña; tampoco es aceptable que la hayan violado y asesinado tan cerca de los miembros de la familia Miranda y los dos empleados, sin que nadie se diera cuenta.

3. Que existe el temor fundado de que las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General NO SEAN REALIZADAS DE MANERA SERIA Y PROFESIONAL, pues se tiene información que en esferas policiales se ha pretendido involucrar como autor del crimen a Rafael Antonio Cuenca (alias “Palo”), avalando así la absurda hipótesis de que el crimen fue cometido por personas ajenas a la familia Miranda. Eso –como ya se señaló– es absolutamente inaceptable, contrario al más elemental sentido común y tendiente a involucrar a personas inocentes en este brutal asesinato, quién sabe con qué fines.

4. Que la única persona que fue procesada por los delitos de Violación Agravada y Homicidio Agravado en perjuicio de Katya Natalia fue su abuelo paterno, el abogado Carlos Miranda; por eso, éste es el único que ya no puede ser procesado por tales delitos. Los demás involucrados en la primera ocasión (padre y mozos) fueron procesados por otros delitos.

En virtud de lo anterior, el IDHUCA acudió este día a la Fiscalía General de la República para exigirle a su titular que por los indicios que se poseen, investigue exhaustivamente como autores o coautores de Violación Agravada, Homicidio Agravado, Fraude Procesal y/o Encubrimiento a las siguientes personas:

EDWIN ANTONIO MIRANDA MÉNDEZ, GODOFREDO ADALBERTO MIRANDA MARTÍNEZ, JORGE ALBERTO MIRANDA MARTÍNEZ, LUIS ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO RAMOS ROSALES, TITO LIVIO RECINOS ESCOBAR, ROSA NATALIA MÉNDEZ DE MIRANDA, ILIAN YANIRA MIRANDA SANTOS DE RECINOS, IRIS REBECA GARCÍA Y DORIS ELIZABETH RÍOS DE MIRANDA.


San Salvador, 30 de abril de 2003.