Sorpresas políticas

¿Un FMLN moderado?

Desde que se conocieron los resultados definitivos de las últimas elecciones para alcaldes y diputados en el país, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha iniciado un proceso un tanto inusual. No sólo siguió afirmando su deseo de encabezar una gran alianza que logre sacar a ARENA del poder ejecutivo en las próximas elecciones, sino que también, en la Asamblea Legislativa, ha realizado un pacto con el Partido de Conciliación Nacional (PCN) que ha dejado desconcertados a propios y extraños.

La situación de la mujer en el mercado laboral

Durante los últimos años, el acceso al empleo y las condiciones del mismo se han deteriorado considerablemente. Una buena parte de la población percibe que sus condiciones de vida ha experimentando un continuo deterioro comparado con otros años. Diariamente se escuchan las impresiones de muchos ciudadanos que muestran su malestar por el alto costo de la vida los elevados precios, la dificultad de acceso a los créditos y la disminución de sus salarios reales. Para la mujer salvadoreña, los aspectos anteriormente mencionados son una realidad cotidiana. Sin embargo, poseen una dimensión especial. Además de las precarias condiciones económicas que atraviesan, se debe tomar en cuenta la evidente discriminación laboral a favor de los hombres.

El Estado, el mercado y el desarrollo

Cuando el Estado y el mercado no cumplen con su función de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, se cierran las alternativas de supervivencia bajo el modelo económico imperante y la población no tiene más salida que buscar nuevas estrategias para asegurar su futuro. Esta búsqueda es dinámica y responde al instinto creativo del ser humano de dar respuesta a problemas que aparentemente no tienen solución, como lo sería la crisis económica que viven las mayorías pobres y desposeídas del país.

Justicia en deuda

La pronta y equitativa aplicación de la justicia en El Salvador es una imperiosa tarea que sigue siendo evadida, después de haber transcurrido más de diez años desde la firma de la paz. Una sociedad que aún no ha aprendido a dirimir sus conflictos por los cauces legales, dado que las instituciones instaladas para tales efectos no responden con la suficiente solvencia a las demandas más básicas de la población, no puede ser llamada justa ni democrática, como pretenden hacerlo algunos discursos demagógicos al uso. Sin ambages, es posible afirmar que, pese a los avances obtenidos en los últimos años, el Órgano Judicial salvadoreño aún adolece de los males de la corrupción, la ineficiencia y la injerencia política, lo cual se traduce en impunidad y mayor desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones pertinentes. Tal afirmación no parece ser gratuita, si se pasa revista a los últimos sucesos relacionados con la administración de la justicia en el país y a la interrelación de las instituciones que componen el sector.

La confidencialidad en venta

El Ministerio Público de Guatemala allanó y clausuró el pasado lunes el local de la empresa Infor.net, dedicada a la venta de información de personas y de empresas. En su página de Internet (www.infor.net), se ofrecía a las empresas “información fidedigna, completa y actualizada, de cómodo acceso y fácil interpretación, a bajo costo y alto valor que aumente oportunidades y reduzca el riesgo en sus operaciones”. A cambio de unos dólares, Infor.net ofrecía la posibilidad de tener acceso a fichas con datos de cualquier persona.

Tragedia migratoria

El pasado jueves 15 de mayo, tanto la prensa nacional como la internacional dieron cuenta del hallazgo —por parte de autoridades estadounidenses— de un contenedor en Victoria, condado perteneciente al Estado de Texas, en el cual habían sido transportadas entre noventa y cien personas, aproximadamente. En el interior del mismo yacían los cadáveres de dieciocho de ellas, incluidos menores de edad. Todos ellos tenían una circunstancia en común: eran migrantes centroamericanos. Los sobrevivientes en estado más grave pudieron recibir atención médica, pero la mayoría de los ocupantes del contenedor de la muerte huyeron despavoridos del lugar. Según las noticias, el vehículo fue encontrado en horas de la madrugada tras haber sido abandonado en el lugar por los propios “coyotes” responsables de su traslado. Hasta el momento, solamente se ha podido detener a uno de los responsables directos de esta nueva tragedia migratoria.

Semejante hecho, escalofriante y condenable, revela las inhumanas condiciones a las que decenas de miles de mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos de Latinoamérica se someten –acaso de manera consciente— con tal de ingresar a la “tierra de las oportunidades” para vivir el “sueño americano”. Bien podríamos detenernos y hablar de la inhumanidad del conductor que llevaba a las decenas de personas sin ventilación alguna, expuestas a una deshidratación aguda y a una asfixia terminal; o podríamos juzgar a los padres que dejaron a sus hijos partir, exponiéndolos a tales condiciones de viaje; también podríamos elogiar a las autoridades por el hallazgo o detenernos a censurar la actuación de los cónsules salvadoreños, por su ausencia o por su falta de colaboración.

De cualquier manera, el lamentable hecho y sus consecuencias deben ser objeto de una evaluación, pero de manera aislada porque lo ocurrido tiene múltiples dimensiones. ¿Qué vamos a hacer para evitar que sucesos como el que ahora nos ocupa, se repitan en el futuro? Porque, si por desgracia una sola cosa hay clara en el tema migratorio, es que desgracias como ésta pueden volver a ocurrir. Sobre todo si seguimos pensando que la migración es exclusivamente un problema de los que se van a ir, de los que ya se fueron y de sus familiares.
Paradójicamente, la triste noticia coincidió con la de una reunión en Guatemala entre los negociadores de los países de la región centroamericana y de los Estados Unidos de América, alrededor de tratados de —¿libre?— comercio en Guatemala. Mientras las conversaciones avanzan y se estancan, vuelven a avanzar y se vuelven a estancar, lo único en lo que parece que ningún representante gubernamental quiere entrar a debatir con detenimiento son las graves consecuencias que la suscripción de tales tratados tendrán. Entre otras razones porque se está dejando fuera —intencionadamente, por supuesto— el tema migratorio sin querer aceptar que, si de por sí en la actualidad las migraciones son diarias y masivas, como consecuencia de la firma del tratado las personas sin documentos pero desesperadas por instalarse en aquél país del norte, se van a incrementar.

Pero, ¿por qué continúa emigrando tanta gente de nuestro país? La realidad de la migración salvadoreña —pese al discurso oficial que pregona las maravillas de nuestra sociedad y grita a los cuatro vientos que “aquí no pasa nada”— tiene lugar por la confluencia de un amplio grupo de inseguridades: inseguridad alimentaria, inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica, inseguridad laboral, inseguridad social, inseguridad en el funcionamiento adecuado de la institucionalidad del país, inseguridad en la protección de las autoridades ante la violación o el irrespeto de los derechos de la población y también —desde luego— inseguridad económica. Y por extraño que parezca, la suma de estas inseguridades constituye la tan publicitada “seguridad” macroeconómica que sin reparos y hasta con orgullo pregona el Presidente de la República, Francisco Flores.
Para colmo de males, la situación actual en cuanto al manejo de fronteras y aduanas se ha visto agravada —para la gente que emigra— por un hecho cercano de sobra conocido. A partir de los siempre condenables atentados del 11 de septiembre, el fenómeno migratorio pasó a formar parte de la agenda de seguridad nacional no sólo para el país que resultó ser el principal afectado –los Estados Unidos de América– sino también por los de esta región centroamericana. Por ello, cuando los gobiernos del área mezclaron los términos seguridad y migración, terminaron por adoptar un concepto de “seguridad” que esencialmente se centró en que las exigencias y las consecuencias, tanto para las migraciones legales como para las ilegales, serían hasta la fecha mucho más restringidas.

En el marco de una actitud que sólo puede calificarse como hipócrita, llama la atención los múltiples esfuerzos y el consenso logrado entre diversos Estados —incluido el nuestro— para emitir una severa condena por el delito de tráfico de personas. Nada es casualidad, sobre todo si descubrimos que detrás de esas “vestiduras rasgadas” lo que en realidad se encuentra es una novedosa opción para que los gobiernos de los países empobrecidos —por la voracidad de algunos poderosos— puedan acceder a fuertes donaciones.

¿Se hará una gestión adecuada de esos fondos? El caso salvadoreño nos lleva a imaginar que éstos se invertirán en campañas publicitarias, para demostrar la “sensibilidad” gubernamental y para hacernos creer que de verdad se está siendo solidario con las víctimas de los traficantes. Otro gallo nos cantaría si las autoridades dejaran de centrar sus esfuerzos y su presupuesto, en enmascarar su responsabilidad en la adopción de medidas que exponen a las trabajadoras y trabajadores a la explotación y el comercio. Otra realidad se plantearía para gente más vulnerables si “nuestros” representantes, que están dispuestos a proveer donaciones para la atención de las víctimas del tráfico, sustituyeran esta ayuda para presionar por una vigilancia fronteriza seria que —de una vez por todas— haga frente a las inseguridades que provocan la permanente expulsión de personas que ponen su vida en alto riesgo e incrementan el lucro inhumano de inescrupulosos “coyotes”.

Hace apenas unos meses, el 19 de febrero pasado, el Estado de El Salvador ratificó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. En ella se reconoce la situación de vulnerabilidad y las dificultades a las que frecuentemente se enfrenta las y los trabajadores migratorios, así como sus parientes en los estados de empleo; la desintegración de familias por causa de las migraciones; y también se plantea el problema de la migración irregular, así como la adopción de medidas adecuadas con el fin de eliminar estos movimientos, asegurando para ello la protección de derechos fundamentales. Que nuestro gobierno adopte instrumentos internacionales es siempre una novedad, sobre todo si los que firma y ratifica son en materia laboral.

Pero las contradicciones surgen al instante, y no hay que permitir el engaño ¿De qué nos sirve adoptar una convención como ésta si nuestro país, en la práctica, es de los que ofrece una de las peores protecciones jurídicas a las y los trabajadores? La hipocresía gubernamental nos ha llevado a ser, en la actualidad, el país centroamericano que menos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ha ratificado. ¿Qué sentido tiene entonces reconocer sólo la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, si los permanentes carecen también de sus derechos laborales más fundamentales?.