La oferta de ARENA

Fantasmas y realidades en el contexto preelectoral

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones de marzo, la inquietud principal de los partidos en contienda es mejorar su credibilidad frente al electorado. La lectura que han hecho unos y otros del veredicto de las urnas es que las elecciones presidenciales del 21 de marzo del próximo año pueden deparar más de una sorpresa. Los dirigentes de ARENA, del FMLN, o de los partidos llamados “de centro” afinan sus estrategias de campaña con miras a esta cita. Por eso, la sensación predominante en la observación del comportamiento de los actores políticos es un nerviosismo desenfrenado que se traduce en medidas controversiales que muchos consideran de corte populista.

La injusta mora previsional

La Superintendencia del Sistema de Pensiones ha afirmado recientemente que una buena cantidad de empresas del sector privado se encuentra en un estado de mora previsional. Ello significa que dichas empresas no han trasladado el dinero descontado a sus trabajadores a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo cual es grave, ya que se está poniendo en riesgo la futura jubilación de estos empleados.

Las iglesias y Flores

El viejo precepto liberal, que establece la separación entre el poder eclesial y el poder civil, ha encontrado un terreno fértil en el país durante los últimos años. Incluso la iglesia católica, que desde el último tercio del siglo XX jugó un papel fundamental en la conformación de las organizaciones sociales que reivindicaron los derechos civiles y políticos negados por décadas en el país, comienza a distanciarse de las cuestiones políticas desde el final del conflicto armado. Más recientemente, coincidiendo con el actual gobierno de ARENA, la participación de las iglesias cristianas en la dinámica nacional —al menos la de sus voceros oficiales— es reducida a su mínima expresión: “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

Centroamérica dividida por el CAFTA

Las últimas estrategias de negociación implementadas en la Cuarta Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés) que se realizó en Guatemala del 12 al 16 de mayo recién pasado, adquirieron, desde esa fecha, un tinte de subasta. Centroamérica se ha fragmentado en posiciones unilaterales, mostrando mostrando divergencias entre aquellos países que ofrecen abrir más su mercado a los EEUU —Guatemala es el mejor ejemplo de esto— y entre aquellos que están preocupados por la protección de algunos sectores de su economía nacional. Esta forma de proceder afecta a toda la región centroamericana, pues deja en manos de Estados Unidos la capacidad de negociar cada vez más espacios de apertura.

Explotación sexual de niñas, niños y adolescente

Cuando la gente piensa que ya vio todo en el país, la trágica realidad cotidiana siempre se encarga evidenciar al menos tres cosas: por un lado, continuamente nos ofrece sucesos de un impacto que supera con creces lo ocurrido antes; por el otro, el que unidos a esos hechos nuevos aparecen otros más que sólo esperaban el momento para su destape; y, por último, que esos escándalos –objeto de una eficaz explotación mediática– distraen la atención ciudadana de situaciones inconvenientes para los grupos de poder. Eso pasó hace unos días: cuando todo parecía que los grandes medios nacionales de difusión centrarían su atención en la crisis interna del partido ARENA, así como en el millonario caso de corrupción dentro de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), los reflectores se enfocaron hacia un caso de pornografía y presunta explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes dentro del cual apareció directamente involucrado un reconocido abogado del país que en ese momento era, además, fuerte candidato formar parte de la Corte Suprema de Justicia.

Por desgracia, sucesos como el ahora conocido caso “Nelson García” no constituyen hechos aislados en El Salvador. La violencia sexual es una práctica reiterada, sistemática y antigua, cuya extensión y profundidad obedece a la falta de actuación decidida y contundente por parte de las autoridades. Con el destape del caso arriba mencionado, lo único que se ha conseguido es aumentar la alarma social y poner en evidencia la precaria atención que se le brinda al fenómeno, además de revelar aún más que el Estado no asume como una responsabilidad propia e ineludible la situación de la inmensa mayoría de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

En esta oportunidad, la situación se complicó más con el inadecuado manejo de la información por parte esas empresas que dicen llamarse “medios de comunicación”: la presentaron ante la sociedad de manera negligente –si se trata de no ser mal pensados– o con todo el dolo posible para “abortar” la investigación y una futura condena contra todos los responsables. Al trabajar los casos de esta forma, más que facilitar la labor institucional encaminada a que se haga justicia, se termina provocando mayores daños a las víctimas; éstas pueden quedar afectadas de por vida si no reciben una asistencia rápida, efectiva y profesional. Esas afecciones personales cuyas repercusiones son de una gravedad incalculable, tanto física como psicológicamente, se producen por la actuación de quienes proceden sin importarles las consecuencias.

Y eso es lo que ocurrió en este caso. En primer lugar, se destapó la noticia en noticieros televisivos y prensa escrita al publicar —sin rubor alguno– las imágenes tomadas directamente de las filmaciones que mantenía en su casa de habitación el principal sospechoso. Con un irresponsable sensacionalismo al que nunca nos acostumbraremos, estos “medios” manejaron la información publicando imágenes de jóvenes cuya identidad podía ser reconocida públicamente. A este respecto al resolución de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos sobre el caso reconoce que “el respeto de la libertad de prensa debe complementarse con la limitación de la difusión de imágenes y datos que lleven a la identificación de niños, niñas y jóvenes víctimas, dadas las consecuencias negativas que esto pueda tener en su proceso de superación del trauma causado por el abuso y en general, en sus relaciones en la familia, la escuela y la comunidad, sobre todo en sociedades como las nuestras en las que lamentablemente prevalecen prácticas y enfoques machistas para abordar estos problemas.”

Por si fuera poco, fue la propia Policía Nacional Civil (PNC) la que —al realizar el allanamiento del sitio— dispuso y organizó una inaceptable exhibición videográfica que terminó siendo un burdo “show”. Asimismo, la sospechosa falta de coordinación entre le cuerpo policial y la Fiscalía General de la República al momento de irrumpir en el domicilio del imputado, sin que se tramitara a tiempo una orden de captura en su contra, ha permitido que éste todavía permanezca prófugo de la justicia. Por último, no cabe duda que nos encontramos ante un hecho que no es accidental o casual; la considerable cantidad de material incautado en la casa allanada, es la evidencia de un largo historial delictivo.

¿Cómo es posible que se hayan cometido tantos “errores” y que, debido a éstos, el principal sospechoso no haya sido capturado? ¿Cómo es posible que éste, no obstante su avanzada edad, sea capaz de poner en jaque a buena parte de la PNC y de la Fiscalía? ¿Cómo es posible que haya sido precisamente en medio del proceso de elección de nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuando se destapara el escándalo? ¿Cómo es posible que pese a todo lo que revela el material requisado, las investigaciones únicamente se estén centrando en una persona? ¿Cómo es posible que los “medios de comunicación” publiquen este tipo de material, sin importarles la dignidad y la integridad de las víctimas y sus familiares?

El escándalo en el caso “Nelson García”, vuelve a colocar en la mesa de discusión una serie de cuestiones vitales para nuestra sociedad. Descubre obligaciones estatales que la actual administración elude, al no aplicar políticas idóneas y efectivas de desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Revela las lagunas del ordenamiento jurídico nacional, pues pese a que nuestro país ratificó en 1992 la Convención sobre los Derechos del Niño su aplicación en la práctica con la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros instrumentos, sigue estando en el aire pasados once años.

Prueba, una vez más, que la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de investigar los delitos y sancionar a sus responsables no hacen más que perpetuar la impunidad; en especial, cuando los indicios apunta hacia personas con influencia o poder político, social y económico. Constata las precarias condiciones y los escasos recursos con los que cuentan los organismos estatales responsables de dar protección a los más sectores de la población más vulnerables. Demuestra que los procedimientos de selección de funcionarios públicos basados en afinidades políticas –más que en aptitudes profesionales– no garantizan la idoneidad, la moralidad y la ética de los mismos. Revela, por último, la insuficiencia de algunos esfuerzos realizados hasta ahora por construir en nuestro país un verdadero Estado de Derecho.

Anulan juicio en el caso del cadete Peña Carmona
En una resolución sin precedentes, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró nula la vista pública y el veredicto del jurado en el caso del homicidio del cadete Erick Mauricio Peña Carmona, mediante el cual fue declarado culpable el cadete Carlos Mauricio Melara e inocente su compañero César Humberto Dorat Álvarez.

En el recurso de casación que presentó el IDHUCA ante la mencionada instancia judicial, a solicitud de la familia de la víctima, se alegaron irregularidades en el vista pública celebrada a inicios del año pasado; entre ellas, que el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador había cambiado indebidamente la calificación jurídica del delito de Homicidio Agravado a Homicidio Culposo.

La Sala de lo Penal consideró acertado el argumento del IDHUCA y determinó que con el cambio de calificación jurídica del delito, efectuado por el Juzgado de Sentencia, se violaron normas del debido proceso legal. Por tanto, deberá realizarse una nueva vista pública por el delito de Homicidio Agravado, siempre contra los imputados arriba señalados.

Esta resolución de la Sala de lo Penal representa una victoria parcial para las víctimas y un avance importante en este caso, ya que se abren las puertas para que el mismo no quede en la impunidad con apariencia de justicia. Además, constituye una muestra palpable del valor de las víctimas que, con su lucha por la justicia y el respeto de sus derechos humanos, terminarán consiguiendo lo que –hasta la fecha– no han logrado ni los políticos nacionales ni sus “padrinos” externos: el montaje de un país distinto, con instituciones sensibles y eficientes.

Los tropiezos de Ríos Montt

El otrora dictador de Guatemala, el general Efraín Ríos Montt, se mostraba confiado en el éxito de su retorno a la política. Creía que el camino que le abrió su partido, el gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que le facilitó postularse para diputado y luego para ser el presidente del Congreso, iba a ser suficiente para iniciar su carrera por la presidencia de la república en las actuales elecciones. Y sus razones tenía: no cabe duda que el general, quien tuvo que mantenerse un tiempo retirado de la política por sus violaciones a los derechos humanos, goza del apoyo de aquellos que quieren que Guatemala vuelva a los tiempos de las dictaduras militares, los cuales tienen mucho poder todavía y son los que mantienen corrompida buena parte de la cosa pública. Parecía lógico que si el FRG recuperó la presidencia de la república después del mandato de Álvaro Arzú, el otrora “hombre fuerte” de Guatemala iba a reinstalarse en la primera magistratura de la nación centroamericana.