La paranoia anticomunista de Flores

ARENA: ¿un bloque sin fisuras?

ARENA es quizá el partido que ha vivido con mayor conmoción interna el período posterior a las elecciones para alcaldes y diputados de marzo pasado. Desde entonces, en lo que se presenta como un proceso de renovación interna, el partido oficial dice vivir intensamente un nuevo proceso democrático. Se contaban no menos de diez aspirantes al cargo de candidatura presidencial para el partido, de los cuales se destacan tres personajes influyentes: Antonio Saca, Carlos Quintanilla y Mauricio Sandoval. Sus anteriores cargos como presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), vicepresidente de la República y director de la Policía Nacional Civil, respectivamente, les dan una proyección nacional que en algún momento lleva a pensar que existe realmente un proceso de competencia democrática sana en el principal partido de derecha.

Consideraciones económicas preelectorales

Los principales partidos políticos que el próximo año participarán en los comicios presidenciales han divulgado, en líneas generales, sus planes económicos. Tanto ARENA como el FMLN, a pesar de no haber elegido todavía su candidato a la presidencia, han expuesto algunos elementos importantes de la política económica que implementarían de ganar el año entrante.

En el partido oficial no se observan diferencias sustanciales en los programas económicos que han presentado los precandidatos a la presidencia. Los tres coinciden en que los anteriores gobiernos de ARENA han descuidado, en cierta manera, la cuestión social. Por ello han prometido que, de ganar las elecciones, atenderían las necesidades más inmediatas de la población salvadoreña mediante un mejor desempeño de ciertas instituciones del Estado. También coinciden en no privatizar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), ya que esto dañaría considerablemente a los ciudadanos.

Soberanía a prueba

El gobierno de Washington ha vuelto a intervenir en los asuntos internos salvadoreños. Días antes de abandonar su despacho en la gran manzana de Santa Elena, la embajadora estadounidense acreditada en el país, Rose Likins, arremetió en contra de uno de los partidos políticos en contienda por la presidencia de la República. Desde la Casa Blanca, muchos funcionarios norteamericanos comparten la sospecha y la preocupación de la diplomática, por la orientación de un eventual gobierno del FMLN. El punto álgido —afirma la funcionaria— es que las inversiones estadounidenses en el país estarían en peligro, de llegar el partido de izquierda al poder.

Sobre la postura de Guatemala en el CAFTA

La postura de Guatemala en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos (conocido como CAFTA, por sus siglas en inglés) aparenta ser producto de la improvisación. Sin embargo, es difícil creer que la delegación gubernamental guatemalteca no hubiera previsto las consecuencias adversas de ofrecer a los EEUU la desgravación del 80% de productos incluidos en las negociaciones.

Con esto, Estados Unidos tendría prácticamente un acceso irrestricto al mercado guatemalteco. Tal parece que los negociadores del país centroamericano no habían pensado que este generoso ofrecimiento pone en peligro tanto su economía interna como a la postura del resto de países del Istmo, hasta que los empresarios guatemaltecos y los delegados centroamericanos se los hicieron ver.

¿“Combate” al crimen organizado? ¡Qué burla!

Desde hace tiempo, la existencia de bandas o grupos delincuenciales que operan en el país —profesional y organizadamente— es algo conocido por la mayoría de la gente. Tras los acuerdos de paz, concretamente durante la etapa de su cumplimiento y la verificación internacional del mismo, el denominado “Grupo Conjunto” indicó que la presencia de estas estructuras respondía a una mutación de los antiguos “escuadrones de la muerte” hacia otras formas de operar, ya no sólo por razones políticas. Pese a tales antecedentes, en los últimos tiempos los más altos funcionarios estatales correspondientes han pretendido abordar el fenómeno del crimen organizado ignorándolos y optando por lo más fácil: atribuir dichas conductas a las “maras” o a “grupos de antisociales”. Los costos más altos por semejante necedad, lógico, son pagados por los sectores más vulnerables.

La existencia de la delincuencia organizada nunca ha sido negada por las autoridades. De recordárnoslo se encargó especialmente el ahora ex director de la Policía Nacional Civil (PNC) y uno de los precandidatos más fuertes a la presidencia de la República por el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). En efecto, Mauricio Sandoval —cuando estuvo al frente de la institución policial— destacó de manera exagerada la captura de numerosas empresas criminales y de sus interminables “remanentes”, en un intento por combatir —sobre todo— los secuestros. Así, mientras la mayoría del país estaba sumida en una espiral de violencia, en la que los delitos de homicidio y violación abrumaban a toda la sociedad por su frecuencia y saña, la PNC de Sandoval apuntó sus principales baterías a la erradicación de secuestro, cuando es sabido que este tipo de hechos afecta sólo a una porción reducida de la población.

La “supuesta” lucha frontal contra este azote criminal, en apariencia rindió frutos; en ese sentido, se resaltó ante la opinión pública el que peligrosas organizaciones de plagiadores fueron llevadas ante los tribunales. Sin embargo, en algunos de estos casos también fue notable que la obtención de “pruebas” y hasta de condenas judiciales, se alcanzó violentando el debido proceso de los imputados y ejerciendo una gran presión publicitaria sobre los jueces.

Entre todos estos vaivenes, la población supo que se había detenido a la “más peligrosa banda de secuestradores del país”; está fue asentada en las noticias como la “Tacoma-Cabrera”. A este grupo le imputaron la comisión, no sólo de secuestros, sino también de asaltos a bancos y homicidios. En los últimos días, los integrantes de este grupo criminal enfrentaban finalmente su enjuiciamiento ante un Tribunal de Sentencia de la capital. Para ello, se preparó un “macrojuicio” en el que figuraban 24 imputados y se disponían a desfilar más de 100 testigos.

En medio de la parafernalia del caso, quedó desenmascarada la forma en que el Estado —a través de sus organismos encargados— le hace frente al crimen organizado: en una espectacular actuación, 14 de los veinticuatro detenidos se fugaron de las bartolinas del Centro Judicial “Isidro Menéndez”; en su huida, iban armados de pistolas y provistos con teléfonos celulares y dinero en efectivo. Eso sólo se ve en países como el nuestro, donde la corrupción se pasea tranquila sobre la alfombra de la impunidad.

La conmoción de la población fue general y lo que hace algunos meses se pavoneaba como un éxito de las autoridades en su “combate frontal” contra la delincuencia organizada, se ha convertido en cenizas pues pese a los esfuerzos realizados para condenar este tipo de actividades ilícitas, los resultados no han sido ni por cerca los esperados: por un lado, los delitos atribuidos a los “Tacoma- Cabrera” se perfilan a quedar —como tantos otros— en la impunidad; por el otro, los secuestros y la criminalidad en general no dan muestras de reducirse sustancialmente.

En el caso que ahora nos ocupa, se comprueba que el crimen organizado de mayor envergadura en el país sigue siendo intocable y que la lucha contra el mismo —de la que tanto se presume oficialmente— no es más que una serie de tímidos amagues faltos de coherencia, sin coordinación y —en el mejor de los casos— con un reducido impacto real sin impacto real. En esta ocasión, se realizaron capturas y se instaló una vista pública; además, la Fiscalía General de la República (FGR) decía contar con pruebas sólidas que le servirían para condenar a los acusados. ¡Todo servido para que se pensara en un juicio exitoso!

Pero se debe recordar que en este país nuestro, mientras los procesos no terminen y no se cumplan las condenas respectivas, no se puede cantar victoria. Esta vez, el sistema falló apenas unos días antes de que se emitiera el veredicto final; en otras ocasiones la institucionalidad ha fallado cuando ni siquiera intenta iniciar las investigaciones, otras a través de un defectuoso procedimiento policial o por yerros a la hora de la audiencia inicial o preliminar. El hecho es que existe una constante: el sistema falla a la hora de “platicar”, de frente y en serio, con las más temibles formas criminales del país en las que están comprometidas las personas que mueven los hilos de la delincuencia organizada.

Para el caso en cuestión, causan especial sorpresa las circunstancias —más que sospechosas— en las que se produjo la espectacular fuga. ¿Cómo llegaron las armas de fuego hasta los reclusos? ¿Cómo llegaron a las manos del cabecilla de la banda mil dólares y un teléfono celular que se le incautaron en su captura posterior? ¿Por qué en las bartolinas del Centro Judicial apenas se encontraban cuatro custodios? ¿Acaso no ameritaba plantearse un operativo de máxima seguridad? ¿Por qué la PNC no dispuso de recursos humanos para auxiliar al Servicio de Traslado de Reos, reforzando la cobertura de los diferentes movimientos de los imputados y sus custodias, durante tanto tiempo? ¿Por qué no se suspendió la realización del juicio por la falta de medidas de seguridad en el traslado y vigilancia de los reos?

Lejos de obtener respuestas, los responsables de este nuevo fracaso judicial se pelean entre sí y no admiten sus culpas; el colmo: el jefe de seguridad de la Corte Suprema de Justicia dice, sin asomo de vergüenza, que “no tiene motivos para renunciar”. Mientras, los funcionarios que deben diseñar el operativo para la recaptura de los fugados —Ricardo Meneses, Director de la PNC, y Belisario Artiga, Fiscal General— no muestran ninguna capacidad de respuesta directa y eficaz; no basta que centren sus esfuerzos en localizar a los fugados —hace unos días trataron de ubicar y capturar a un sexagenario abogado, fracasando de forma rotunda—, sino también en dar protección a los más de cien testigos que junto a los fiscales del caso participaron durante la vista pública y que ahora, obviamente, enfrentan un grave riesgo. Por el momento, su interés más notorio es el de encontrar “chivos expiatorios”.

Lo que de veras urge es asegurar que se establezca —de una vez por todas— una coordinación definitiva entre la Fiscalía, la PNC, el Servicio de Traslado de Reos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Órgano Judicial; una coordinación lo más eficiente posible mediante la cual se garantice que en una investigación de índole penal no existan rendijas, en ninguna de sus fases, que favorezcan el triunfo de la injusticia y de la impunidad.

Hechos de una negligencia tan grave como el analizado hoy, demuestran que la profunda descoordinación existente entre las instituciones responsables de la seguridad pública no contribuye en nada a la vigencia de un verdadero Estado de Derecho. En consecuencia, resurge la pregunta: ¿Hasta qué punto estos sucesos dejan de ser negligencias y se convierten en malicias? Más aún, cuando se destinaron tantos recursos económicos y humanos para ofrecer una imagen de combate al secuestro, que ahora resulta ser falsa y maquillada. Pero, además, incrementan la sensación general de inseguridad, así como la desconfianza en las instituciones responsables de la seguridad pública, en la FGR y en el Órgano Judicial. Y también lanzan otra interrogante: ¿Quiénes están tras bandas como la “Tacoma-Cabrera”?

Estas situaciones muestran que, aunque en algunos casos judiciales se generen expectativas de justicia y que por instantes ofrezcan una luz de esperanza a las víctimas, el sistema de justicia salvadoreño —incluyendo en él a la Fiscalía y la PNC— sigue siendo un instrumento de inestabilidad, vergüenza y corrupción, que nos hace estar alejados —a distancias enormes— de un nuevo El Salvador, justo y en paz. La impunidad continúa a la orden del día en el país y el “combate” oficial al crimen organizado sigue siendo una burla que —si no tuviera consecuencias tan trágicas— nos daría risa.

El salario mínimo y el empleo rural

El aumento del salario mínimo en El Salvador es un hecho consumado. El denominado “Foro de solidaridad por el empleo”, donde convergieron empresarios, trabajadores y gobierno, llegó a un acuerdo formal el 22 de mayo del corriente. Este foro estuvo condenado a una existencia efímera, gracias a la nueva orientación “paternalista” del Ejecutivo, luego de que el presidente Francisco Flores afirmara haber interpretado el “mensaje” que los salvadoreños le transmitieron en las elecciones del 16 de marzo.

La vulnerabilidad de los pobres es aún mayor ante la actitud de los que mandan en el mercado, ciegos a toda consideración que no sea la maximización de las ganancias. Dicha injusticia no se refleja en modo alguno en las mediciones oficiales de pobreza del país, puesto que depende con qué regla se mide un fenómeno tan complejo como la pobreza. Hasta la fecha, las mediciones oficiales de “pobreza extrema” y “relativa” se limitan a medirla a partir de la canasta básica alimentaria actual y excluyen elementos esenciales que se precisan para sobrevivir físicamente en un país que practica el capitalismo neoliberal, marginando de su órbita de preocupaciones factores como la salud, la educación, la vivienda, el vestuario, etc.