Autoritarismo versus democratización

Victoria pírrica de Saca

El pasado domingo 13 de julio concluyó el proceso interno de selección del candidato presidencial de ARENA. No hubo sorpresas desagradables. Antonio Elías Saca, tal como se esperaba, ha sido escogido para disputar la silla de la presidencia de la República en las elecciones de marzo del próximo año. Los principales “elefantes” areneros se dieron cita en la sede del partido en San Salvador para presentar al ungido. “Unidad” fue la palabra más repetida. Además, se festejó el hecho como la máxima expresión de democracia partidaria que haya conocido El Salvador. En las líneas que siguen, se va reflexionar sobre la situación general en el partido oficial y lo que se podría esperar en la próxima campaña electoral.

Las entrampadas negociaciones del ALCA

Durante estos días, se dieron cita en el país los viceministros de economía de las naciones participantes en la construcción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Como siempre sucede en estas reuniones, se desarrollaron una serie de discusiones sobre temas económicos relacionados con el comercio internacional. Entre las posturas más importantes se encuentra la negativa de EEUU a reducir los subsidios del sector agrícola, lo que provocó la oposición férrea de Brasil contra un convenio de este tipo, debido a las repercusiones negativas que podría tener en la economía suramericana.

Las paradojas del desarrollo

La reciente presentación de dos relevantes informes que ilustran el nivel de desarrollo de diversas naciones del mundo ha suscitado nuevamente en El Salvador un debate acerca de la situación del país en el actual contexto internacional. El primero de los estudios, el Informe de Desarrollo Humano que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta todos los años, señala que el país ha avanzado en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), pero no lo suficiente como para alcanzar las 18 metas trazadas para el año 2015 por los gobernantes del mundo reunidos en la denominada Cumbre del Milenio —realizada en el año 2000. El segundo informe, “Los pobres y el mercado”, de la organización internacional Social Watch, revela, en el apartado dedicado a El Salvador, que los procesos de privatización ensayados en el país desde la administración de Alfredo Cristiani han significado “muchos sinsabores, entre ellos la privatización de la banca y la desnacionalización del patrimonio público”.

El legado de una guerra absurda

El 14 de julio de 1969 se rompieron las hostilidades entre El Salvador y Honduras, en un capítulo trágico que pasó a la historia centroamericana bajo el nombre eufemístico de “la Guerra del Fútbol”. Dos mil personas heridas, muertas, prisioneras y desaparecidas pagaron el precio de esta aventura militar. La infraestructura económica de las dos naciones resultó dañada y se produjo una ruptura de relaciones que se prolongó hasta 1980. Entre esa fecha y el presente, Centroamérica vivió guerras civiles así como agresiones desde un país a otro —tal como lo pone de manifiesto la confesión del terrorista Luis Posada Carriles—. ¿Han aprendido algo las élites gobernantes de Centroamérica?

Las voluntades no se queman

Si no fuera porque al final los pobres pagan siempre los platos rotos, las declaraciones oficiales de la alta dirigencia de este gobierno darían tema para sainetes, comedias y tragedias, donde lo trágico se desarrolla en un ambiente bufo y las bufonadas de algunos se hacen tragedias para muchos. Nos referimos concretamente a lo que apareció en La Prensa Gráfica del 10 de julio del presente año, en su edición electrónica, cuando la canciller María Eugenia Brizuela de Ávila –sin aducir argumentos ni mostrar pruebas– de manera irresponsable “rechaza la reciente acusación contra el Estado salvadoreño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre una presunta falta de colaboración en la búsqueda de dos niñas desaparecidas en el conflicto de la década de los años 80”.

Conviene aclarar, antes de seguir, que la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño para comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es por no haber colaborado ni aportado datos sobre las hermanitas Serrano, sino por haber cometido el horrible crimen de desaparecerlas a esas dos niñas inocentes de 7 y 3 años –o al menos por tolerar que sus agentes lo hicieran– y por no haber aportado información alguna, ni querer realizar la investigación sobre su posible paradero. Con esa actuación estatal, se han violado derechos humanos e incumplido obligaciones adquiridas en diversos tratados internacionales. Además, la acusación no ha llegado a la Corte Interamericana por casualidad, sino porque en todas las audiencias sobre el caso realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –de 1999 en adelante– los representantes del Estado salvadoreño, aunque viajaron a Washington D.C. en primera clase, hicieron un trabajo de tercera al no querer aceptar o reparar su omisión en la investigación en favor de las víctimas.

Se queja, además, la señora Canciller por la acusación sobre “la presunta falta de colaboración”. Y tiene razón para quejarse; la falta de colaboración no fue presunta, sino real. En ningún momento la Asociación Pro Búsqueda ha recibido ayuda oficial del Estado salvadoreño en el tema de la búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado, porque nunca ha existido una voluntad ética de buscar la verdad. Es más: dadas las evidencias existentes, se puede pensar que ha existido y existe un interés por que la verdad no salga a flote, que hay un miedo generalizado a la verdad y que además impera la intención clara de favorecer la impunidad en este crimen de trascendencia internacional.

El aducir –para justificar la falta de colaboración– el argumento de la quema de alcaldías y la destrucción de archivos, es algo que de tan usado se hace monótono y aburrido; la inveterada excusa y justificación de mil causas, la explicación de hechos inexplicables, no es más que la reproducción de la mentira histórica usada cuando no se tiene otra cosa que decir ni argumentos verdaderos, válidos y racionales que presentar. Es la falta de voluntad por esclarecer la verdad solamente comparable a la inoperatividad e ineficiencia de las instituciones que permiten la imposición de intereses políticos, antes que la justicia.

Resulta absurdo, a la vez que cómico y trágico, que nos sostengan que la quema de alcaldías y la destrucción de archivos –lógicamente hechos por la antigua guerrilla– o los daños causadas por los terremotos hayan sido la causa para que el caso se haya estancado y para justificar que el Estado no haya podido presentar pruebas sobre el paradero de las hermanitas Serrano. Señora Canciller, por favor, no creemos que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) fuese a inscribir en las alcaldías los nombres de los niños que secuestraba. La destrucción de las alcaldías y archivos municipales, aunque esté mal como hecho que ocurrió, no tiene nada que ver con la falta de voluntad para colaborar con la información e investigación de los casos. Las voluntades no se queman, aunque a veces –como suele ocurrir en la Asamblea Legislativa– se puedan comprar.

Por otra parte, ellos –los miembros de la FAES que participaron directa e indirectamente en hechos de este tipo– sí tienen conocimiento de lo que ocurrió con aquellas niñas y niños; muchos de ellos, incluso hoy, están en casas de altos oficiales de la institución castrense. Sin embargo, la información nunca llega no porque se hayan destruido las alcaldías o se hayan quemado los archivos, sino porque simplemente no existe voluntad de colaborar en la búsqueda de la verdad, para que actos bárbaros como éstos no se repitan en nuestro país.

La sinergia entre el Ejecutivo, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia –de la que habla la señora Canciller– nunca ha existido a no ser cuando se ha impedido el esclarecimiento de los casos. Los corresponsales de El Faro, periódico digital salvadoreño (www.elfaro.net), le preguntaron el año pasado al Presidente “Don Francisco” Flores si el Estado pensaba colaborar en la solución de los casos como el de las hermanitas Serrano y otros semejantes; éste prometió todo el apoyo necesario. Hasta el momento no se ha visto en qué acciones se ha concretado o pueda concretarse ese apoyo.

Si valoramos el rol de las instituciones encargadas de velar por las víctimas en estos casos, descubrimos lo mal que estamos. La Fiscalía General de la República, que es la institución con la atribución de perseguir de oficio a los responsables de estas desapariciones forzadas, no se ha movido. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, tardó casi seis meses en resolver el habeas corpus presentado por la mamá de las hermanitas Serrano; y al hacerlo, dictaminó que no era el medio para investigar el paradero de personas detenidas ilegalmente, lo que constituye una aberración jurídica puesto que dicho mecanismo es el idóneo para tal fin según el artículo 11 constitucional.

La Comisión Nacional de Búsqueda, cuyo anteproyecto de ley duerme en los archivos de la Asamblea Legislativa, no ha sido aprobada ya que los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el de Conciliación Nacional (PCN) nunca han querido favorecer su creación, pese a que es obligación del Estado la búsqueda de estos niños; han aducido, como razón para faltar a sus deberes, que es la Procuraduría General de la República (PGR) la que debe buscar a las niñas y los niños desaparecidos.

En un primer intento, Pro Búsqueda colaboró durante 11 meses con la PGR tratando de localizar a niñas y niños desaparecidos. Después, la Asociación entregó a la PGR 13 casos documentados para que se le facilitara encontrar a las personas desaparecidas. Ante la falta de resultados en dichas gestiones, la Asociación optó por retirarse de la “Mesa del Procurador” y por sus propios medios –sin la PGR– resolvió dos de los casos. La PGR nunca pudo presentar frutos de su supuesto “trabajo”.

En un segundo intento por darle vida a la citada Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez de la Asamblea Legislativa recomendó colaborar con la PGR; sin embrago, ésta no ha convocado a ninguna reunión para tratar de encontrar evidencias que lleven al establecer el paradero de las niñas y los niños desaparecidos.

No obstante tantas dificultades derivadas de la falta de voluntad y el exceso de incapacidad estatal, Pro Búsqueda sí tiene algo en su haber que nadie le puede quitar: más de 250 casos resueltos y más de 145 reencuentros. En los últimos 7 días, además de dos reencuentros, se ha resuelto el caso de un joven que vive en el extranjero y que ya supo de sus hermanos y familiares vivos y viceversa; esta gente está a la espera del reencuentro.

La sinergia a la que se refiere la señora Canciller probablemente funciona cuando se trata de personas económicamente poderosas. Sin embargo, nada de dicha sinergia se ha conocido para los cientos de hijas e hijos de los campesinos que desaparecieron. En estos casos, además, se sabe quiénes los desaparecieron: en su mayor parte, elementos de la Fuerza Armada de El Salvador. Su búsqueda debiera ser muy fácil si fuésemos buenos patriotas y hubiese voluntad de verdad; ambas cosas se demuestran con hechos y no simplemente del diente al labio. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en su resolución SS-0449-96, dice lo siguiente: “No se ha encontrado ningún informe oficial acerca de ninguna acción que El Estado haya llevado a cabo, a fin de promover la recuperación física y psicológica y la integración social de los niños secuestrados”.

Ojalá dejemos de excusarnos y de buscar subterfugios para justificar posturas que atentan contra la dignidad humana; ojalá trabajemos “desde” y “para” las víctimas, en función de encontrar tantas personas desaparecidas que dejó la violencia política y la guerra. Ojalá el sistema interamericano –ese que quiere “dirigir” el Presidente “Don Francisco”, por decisión y conveniencia de su “amigo” estadounidense– logre que el actual gobierno salvadoreño, que nunca ha querido acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demuestre al final aunque sea un poco de decencia.

ARENA y la economía del “mercado salvaje”

En el actual contexto económico y social, nadie puede negar que en El Salvador, los jóvenes sean el futuro de la nación, basta ver las estadísticas para darse cuenta: según cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), seis de cada diez habitantes en El Salvador tienen menos de 30 años, lo cual equivale a 4 millones 7 mil 113 salvadoreños, de una población total de 6 millones y medio de personas. De ahí que salte a la palestra la pregunta, ¿A qué expectativas de vida puede aspirar este contingente de la población? ¿A qué opciones de inserción productiva en empleos dignos podrán aspirar?