Las mismas promesas otra vez

¿Víctimas de la censura?

En los últimos días, se ha desatado una viva polémica sobre la independencia de los periodistas y la censura de la que algunos dicen ser víctimas. Dos sucesos de primera importancia motivaron estas discusiones. Por un lado, una polémica que enfrenta a un periodista con los responsables del medio donde labora. El primero acusa a éstos de censurar su trabajo, debido a supuestas presiones políticas provenientes de parte de un partido político. En una carta pública a la Procuradora para la defensa de los derechos humanos, Carlos Hermann Bruch manifestó su consternación por lo que califica de una burda censura impuesta supuestamente por el director de información del canal 33. Tal decisión tendría a la base fuertes presiones políticas del FMLN.

La crisis económica y social del café

Uno de los mayores problemas que aqueja a la economía salvadoreña es la crisis del sector cafetalero. Este sector atraviesa una etapa difícil. En un primer momento, el mismo comenzó a experimentar graves dificultades debido al incremento en la oferta de café a escala mundial, lo que deterioró el precio del grano en los mercados internacionales. Más recientemente, el sector ha tenido que encarar serias dificultades, debido al impacto de varios fenómenos naturales. Estos aspectos se han conjugado para presentar un panorama bastante sombrío sobre el futuro de los caficultores salvadoreños.

El FODES y la descentralización

La Asamblea Legislativa y el Ejecutivo han entrado en pugna una vez más. La causa de dicha desavenencia ha sido la ratificación del incremento del 6 al 8% del presupuesto del gobierno destinado a las alcaldías, mediante una reforma a la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) el presente mes de julio del corriente. Esta iniciativa fue, a su vez, vetada por el presidente de la República, lo cual ha generado un amplio debate sobre la factibilidad económica de realizar dicho aumento.

Obstáculos a la descentralización

Descentralizar el Estado debería ser una herramienta fundamental para el desarrollo nacional; no obstante, en El Salvador hay grandes trabas a este ejercicio que, más que una concesión de poder, es una necesidad misma que surge de la construcción de la democracia. Por un lado, sobre todo en las estructuras tradicionales de poder, hay una gran reticencia a descentralizar, lo cual podría ser agrupado en la suerte de obstáculos subjetivos. Por otro, no parecen haber las condiciones objetivas necesarias (estructura institucional, recursos financieros, capacidades administrativas, entre otros) para llegar a puerto seguro en este esfuerzo. Así, pese a la renovada toma de conciencia en torno a la necesidad de descentralizar el Estado salvadoreño, los obstáculos subjetivos y objetivos limitan los resultados satisfactorios en el esfuerzo de descentralización.

¿Quién teme a Ríos Montt?

El suceso que está sacudiendo a Guatemala en estos momentos es el estira y encoge en torno a la postulación del ex dictador Efraín Ríos Montt. Al parecer, el militar en retiro se había apuntado una victoria cuando la Corte de Constitucionalidad acordó dejar sin efecto la prohibición de que éste, convicto de llegar al poder después de un golpe de estado y acusado de varios crímenes de lesa humanidad, participe en elecciones. Tras el fallo de la Corte de Constitucionalidad, Ríos Montt había comenzado a hacer los trámites para inscribir su candidatura para los comicios presidenciales de fin de año.

Otra “función” de Flores

Las cifras alarmantes de los casos de violencia en el país fueron la carta de presentación que utilizó el Presidente de la República para justificar el operativo denominado “Mano Dura”, con el cual supuestamente logrará desarticular a las pandillas que amenazan la seguridad de la población. Además, desde la perspectiva de Francisco Flores su iniciativa brindará la tranquilidad tan ansiada por aquellos sectores entre los cuales se ha identificado que el accionar de dichos grupos representa –de forma objetiva– un alto índice delincuencial; el cometido concreto del operativo al corto plazo es capturar a por lo menos mil miembros de pandillas en San Salvador.

Con “grafitis” propias de las pandillas más violentas del país como fondo y con la misma chaqueta o “chumpa” que vistió el día 13 de enero del 2001, cuando descendió en su helicóptero sobre las viviendas y personas sepultadas en Las Colinas, Flores pronunció su sorpresivo discurso que, en la práctica, representa una abierta declaración de guerra contra un enorme sector de jóvenes en el país que trasciende a los integrantes de las llamadas “maras” Salvatrucha”, “18” y “Mao Mao”. Dicho discurso fue transmitido en cadena de radio y televisión a toda la Nación. Para hacer más “elocuente” el impacto de imagen, como es su costumbre, escogió un escenario especial: el anuncio lo hizo desde la muy conflictiva colonia Dina, en San Salvador. Sólo para desempolvar la memoria histórica, no es malo recordar cuando en junio de 1999 montó otra gala similar y anunció en la colonia Zacamil, también de la ciudad capital, para “entusiasmar” al país con su –ahora evidentemente fracasada– “Alianza para la Seguridad”.

Durante años, diversos sectores del país nos hemos pronunciado por un análisis serio sobre el problema de la criminalidad, para que de una vez por todas se implementen los programas y acciones necesarias que beneficien a la ciudadanía. De hecho, el fenómeno de las “maras” es uno de los que más afectan a nuestro país y su tratamiento viene siendo urgente desde hace mucho tiempo. El dilema siempre ha sido en el cómo debe desarrollarse una iniciativa de este tipo. Para empezar, el alto nivel de criminalidad no se debe sólo a la existencia de pandillas –aunque también a eso— sino a una institucionalidad que no funciona, que propicia impunidad y que es incapaz de solventar con éxito su careo con el crimen organizado, así como a la inexistencia de una auténtica política criminal.

La batalla con la delincuencia entonces, requiere de un conjunto integral de medidas, que pasan por la prevención y que necesita con urgencia el que se destierre a la impunidad, pues no sólo es delincuente el pandillero que pide “impuesto de tránsito”, sino también el funcionario que se adueña de los dineros públicos o el que basado en sus influencias manda a matar a otras personas. Esos que se escudan en su poder son quizás más peligrosos que los mismos “mareros”.

Por esas cosas es que este “nuevo” plan anti delincuencial genera tantas dudas, ya que con la experiencia que se tiene con anteriores eventos de la misma índole, parece ser que de nuevo el presidente montó otra función para divulgar una serie de medidas que —a casi diez meses del fin de su período— pretende impulsar para combatir la violencia generada por los grupos antes citados. Así, se hizo público que el Ejecutivo solicitará a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley que castigue como delito la simple pertenencia a las “maras”; sin embargo, desde el día del anuncio y sin mediar ley alguna que legitime sus acciones, la Policía Nacional Civil (PNC) ya había detenido a por lo menos 82 “presuntos pandilleros”, en un operativo efectuado en varios sitios de San Salvador; entre ellos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Soyapango, así como en la misma colonia Dina.

Estas detenciones, que formaron parte del fuego artificial con que lanzó el nuevo plan gubernamental, no tienen ningún fundamento legal; muy por el contrario, violentan tanto la Constitución como el Código Procesal Penal y diversos tratados internacionales ratificados por El Salvador: En esa medida, constituyen actos que vulneran derechos fundamentales, atentan contra la libertad individual y generan zozobra jurídica entre las y los salvadoreños.

Uno de los pretextos del Presidente Flores para proceder de esa manera arbitraria es que –según su percepción– “existen más ‘mareros’ que policías y efectivos militares juntos”. Ese dato, por su notable vaguedad y falta de fundamento, no puede ni debe ser el punto de partida para llegar incluso a amenazar la constitucionalidad del país. Es más, arremeter contra sujetos y proceder a capturarlos sin que a éstos se les pueda atribuir la comisión previa de algún delito, generará tarde o temprano, que los mismos sean puestos en libertad por parte de los jueces que conozcan de sus procesos; máxime, si en el operativo hubo participación activa e injustificada de elementos militares, en claro incumplimiento de las atribuciones que, según la propia Constitución, le corresponden a la Fuerza Armada de El Salvador.

Esa consecuencia inevitable no podrá ser valorada como falta de dureza en las leyes o como una actuación judicial débil; más bien, será el fruto de un arrebato presidencial y del incumplimiento expreso de las normativas penales con las que contamos. Por estos aspectos es que, de entrada, son cuestionables las intenciones de Flores y todo parece indicar que, lejos de quererse atacar la delincuencia, se quiere montar un espectáculo con fines electoreros.

Por otra parte, también este supuesto ataque frontal a las “maras”, que ahora pretende orquestar el señor presidente, y para el cual se ha incluido la participación de unos 700 efectivos militares, escribe entre líneas las deficiencias de un plan de seguridad ineficiente y mal estructurado que ha realizado el gobierno en más de cuatro años de gestión, y lejos de generar alguna esperanza, sólo está poniendo en evidencia la cadena de errores cometidos uno tras otro en la desatinada “Alianza por la Seguridad” que impulsó la actual administración desde junio de 1999.

Por ejemplo, en su primera semana de gobierno hace casi un lustro, la entonces nueva administración prometió reducir al mínimo los índices de la delincuencia, comprometiéndose el entonces Ministro de Seguridad Pública y ahora asesor jurídico de la presidencia, Francisco Bertrand Galindo a renunciar a su cargo, si en dos años no lograban el impacto deseado en el tratamiento del problema delincuencial. En iguales términos se expresó el licenciado Mauricio Sandoval cuando fue nombrado por el presidente como Director de la Policía Nacional Civil. Debe recordarse que ninguno de estos dos funcionarios pudieron, mientras ejercieron la dirección de la seguridad pública, darle respuesta efectiva a la población, la cual cada vez en mayor medida se vio azotada por los ataques delictivos. A pesar de lo anterior y de que ambos burócratas salieron por la puerta trasera de los cargos que ostentaban, no cumplieron su promesa de renunciar ante su evidente fracaso.

Esta batalla perdida por el gobierno de Flores, lo llevan —casi al final de su mandato— a dar rienda suelta a esta acción desesperada que se ha anunciado recientemente, en un afán de tomar el protagonismo que nunca tuvo en materia de seguridad pública y de aparentar que quiere tomar en serio el flagelo de la criminalidad. Sin embargo, las medidas que ahora impulsa, por su misma inidoneidad, no parecen ser las que vayan a lograr aliviar la carga, que a raíz de tanto delito sufrido, tiene nuestra gente.

Pero, si es verdadero y no propagandístico el interés por enfrentar la criminalidad ¿Por qué no se anuncian planes que sirvan para prevenir el delito? ¿Adónde están los programas de reinserción social que eviten en buena medida la generación de delincuentes? ¿Qué se hará para combatir la impunidad? ¿Cómo se atacará al crimen organizado? ¿Se capturará y condenará a Carlos Perla? ¿Se escuchará a Mauricio García Prieto y su esposa, quienes desde hace años piden se investigue al general Mauricio Ernesto Vargas por el asesinato de su hijo? ¿Se ordenará la investigación del mayor Edwin Miranda por la violación y muerte de Katya Miranda? ¿Cuándo serán investigados y encarcelados Cristiani y los militares acusados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas? O piensa el presidente que con el número circense que montó en la colonia Dina, creeremos en su genuina voluntad por combatir la impunidad. La travesía por convertir a nuestro país en uno seguro y sin violencia está lejos de ser realidad a través de las medidas que el gobierno ha anunciado.

Estamos de acuerdo en que se persiga con dureza a las “maras”, pero no compartimos la opinión que, para hacerlo, se tengan que violentar los derechos humanos, y menos, que se deje completamente de lado la prevención del delito, el tratamiento del crimen organizado y el funcionamiento de las instituciones encargadas de hacer funcionar el sector justicia.

De hecho, con estos antecedentes al menos cuatro cosas quedan bastante claras con lo publicitado por Flores: la primera, el gran fracaso del actual gobierno para enfrentar el problema de la delincuencia que lo llevan a tomar medidas de última hora; en segundo término, que se carecen de ideas serias para enfrentar el fenómeno delincuencial y que la violación a los derechos humanos sigue siendo el método preferido para combatir el crimen; tercero, que el presidente de la república no va a batallar contra el crimen organizado, ese que está engendrado en maras y pandillas de cuello blanco y que se pasea en automóviles nuevos haciendo alardes de cargos y rangos a lo largo y ancho del país, mucho menos se piensa en dedicar esfuerzos profilácticos para evitar el auge de la criminalidad; por último, es evidente que, más que un plan “antimaras”, el anuncio del todavía presidente, es el inicio real de la campaña electoral para las presidenciales del 2004.