|
Cuatro mitos sobre las pandillas (I)
El Plan “Mano dura”,
fundamentalmente diseñado para combatir las maras o pandillas juveniles en
el país, ha puesto en el tapete de la discusión pública ese complejo
fenómeno sociológico centroamericano. En la actualidad, nadie pone en duda
que el fenómeno de las pandillas juveniles constituye un problema serio en
la vida social cotidiana del país. Más aún, a juzgar por el debate público
que puede verse en los medios de comunicación, una parte de la población
salvadoreña atribuye la problemática de la violencia o la delincuencia a la
existencia y actividad de las pandillas juveniles.
De hecho, una investigación de opinión pública realizada por el IUDOP hace
cinco años encontró que un poco más de la cuarta parte de la población
adulta salvadoreña —mayores de 18 años— considera que el problema de las
“maras” es el más urgente por atender en el combate de la criminalidad del
país.
Buena parte de los salvadoreños considera a las llamadas maras como un
problema fundamental de delincuencia y en tal sentido las soluciones que se
reclaman van en la vía de reprimirla. El gobierno de Francisco Flores, en
una campaña, que bien puede ser calificada como parte de una tendencia al
“populismo punitivo”—muy de moda en Latinoamérica— ha lanzado un esfuerzo de
represión tomando como eje un anteproyecto de ley dirigido a las pandillas
juveniles. Sin embargo, en ninguna parte de ese plan se encuentra un empeño
por atender las causas que generan el problema juvenil. En efecto, la mayor
parte de declaraciones de los encargados de la seguridad pública del país
buscan convencer a la gente de la necesidad de reprimir, eliminar y
encarcelar a cualquier joven del cual se sospecha que pertenece a las maras.
Esto ha provocado que la discusión sobre las causas que están detrás del
fenómeno no se encuentren en el debate público cotidiano y de los medios. En
estas condiciones, traer a cuenta el debate sobre las causas de las
pandillas juveniles en el país, y sobre todo, los mitos que rodean a ese
tipo de organizaciones, resulta importante para reorientar la discusión
pública y plantear una política nacional de seguridad que resulte efectiva
frente al problema. Hay cuatro mitos, entre otros, que se suelen exponer
como causantes del problema de las pandillas y por tanto como justificantes
de muchas disposiciones del plan mano dura, esos son: primero, la raíz del
problema son los deportados; segundo, la falta de valores en la familia es
uno de los causantes de las pandillas; tercero, la motivación original del
joven al integrar una mara es delinquir; y cuarto, el supuesto garantismo de
las leyes penales actuales. Examinemos cada uno de esos mitos.
Los deportados son los responsables de las maras en el país
Uno de los argumentos que se suele oír sobre el origen de las pandillas
tiene que ver con la importación de las mismas del exterior, en concreto del
sur de California, en Estados Unidos. En esta línea se argumenta que el
fenómeno de las pandillas es el resultado de la deportación y del regreso de
miles de compatriotas jóvenes que se convirtieron en pandilleros y que, a su
retorno, trajeron la violencia a las calles salvadoreñas. Como prueba de
ello se ofrece el hecho de que las dos pandillas más grandes y que dominan
la dinámica pandilleril local tienen sus raíces o sus orígenes en las calles
del Este de Los Ángeles y que buena parte de su expresión se basa en la
cultura sincrética de los hispanos en Estados Unidos. Además, se dice que el
fenómeno se instaló en el país después de la firma de los Acuerdos de paz,
en 1992, precisamente cuando se incrementó el número de salvadoreños que
retornaban del exterior.
La verdad es que las investigaciones hechas sobre el tema muestran que el
fenómeno no depende o no debe su génesis a la repatriación de los jóvenes
salvadoreños. Ya en 1991, varios trabajos de investigación académica daban
cuenta de la existencia de las pandillas como un problema serio en el país,
el cual según los mismos data de los años setenta. Según tales trabajos, las
pandillas estaban creciendo con rapidez y por su naturaleza violenta se
estaban volviendo un peligro para los ciudadanos. De acuerdo con lo
registrado hace más de doce años, la problemática de las pandillas estaba
sometida a la dinámica de muchas pandillas juveniles, cuyo tamaño no iba más
allá de los 50 jóvenes por agrupación y cuyo radio de acción de limitaba a
ciertas zonas de la capital, como el centro y los barrios más pobres.
Pandillas como la Mara Chancleta, Mara AC/DC, Mara Nosedice, Mara Gallo,
Morazán, etcétera, eran las más populares entre las discusiones sobre el
fenómeno, el cual mostraba desde entonces las características de violencia y
solidaridad interna que caracteriza en la actualidad a ese tipo de
agrupaciones.
En otras palabras, las pandillas o maras ya existían desde antes del retorno
masivo de los compatriotas. Eso pone en evidencia, de paso, el hecho de que
el problema de las pandillas juveniles no es reciente ni es sorpresivo. La
magnitud que ha alcanzado el problema en la actualidad es en buena medida,
producto de la negligencia de los anteriores gobiernos, tanto como del
actual, en atender integralmente el problema. El hecho de que el gobierno se
decida a combatir semejante problema a sólo siete meses de dejar el poder,
levanta sospechas sobre sus propósitos electorales.
Pero volviendo al tema de la deportación, de acuerdo con los sondeos entre
pandilleros realizados por el IUDOP, sólo aproximadamente el 11 por ciento
de los jóvenes mareros que habitan en el Área Metropolitana de San Salvador,
se incorporó en los Estados Unidos; más aún, el porcentaje de jóvenes
integrados a pandillas que ha viajado a los Estados Unidos no supera al 17
por ciento. De tal forma que es muy poco probable que porque las pandillas
que operan en El Salvador llevan el mismo nombre que aquéllas que se
generaron en Los Ángeles, se pueda atribuir la génesis del fenómeno a la
importación de los mareros. En lo que sí ha habido un impacto significativo
de esa repatriación es en la importación de los estilos pandilleros.
El retorno de jóvenes que habían estado en pandillas en el exterior les
otorgó un estatus de liderazgo frente a los pandilleros locales, quienes
rápidamente adoptaron los usos y modas de los foráneos a su vida cotidiana.
Es así que estos jóvenes, que fueron reconocidos como líderes, establecieron
un derrotero que los demás comenzaron a seguir, abandonando sus pandillas
antiguas para integrar las reputadas del extranjero. Esto explica el hecho
de que la mayor parte de las pandillas o maras que existían al principio de
la década (AC/DC, Gallo, etc.), no existan más sin que ello signifique la
desaparición del fenómeno.
Sin embargo y a pesar de los cambios en las formas, en los nombres y en el
tamaño de las pandillas, la dinámica básica de las mismas, caracterizada por
la vinculación territorial, la solidaridad grupal, las actividades violentas
y el consumo de drogas, no sufrió alteraciones fundamentales. Lo que sí
sucedió es que con la reducción del número de pandillas a dos (MS y 18), se
crearon las condiciones para una polarización en las interacciones entre las
pandillas; al importar la identidad de tales pandillas, se importaron
también los conflictos y los odios entre las mismas, y produjo la escalada
de violencia y la guerra sin cuartel en las calles de San Salvador.
En tal sentido, el fenómeno de las pandillas ya existía en el país antes del
suceso de la repatriación; de no ser por ésta, es probable que las
expresiones de las maras se siguiesen desarrollando con el mismo semblante
que presentaban en los ochenta e inicios de los noventa. Los “mareros”
deportados y retornados lo que hicieron fue darle la expresión
contemporánea, pero no son los responsables de originar el fenómeno en el
país.
La falta de valores y la desintegración familiar
Muchas veces se suele atribuir el fenómeno de las maras a la influencia de
la desintegración familiar sobre sus miembros más jóvenes. Esta tesis,
frecuentemente sostenida en los espacios de opinión de la prensa escrita y
electrónica, no sólo se asocia a la existencia de las pandillas sino también
a la llamada “pérdida de valores” de la sociedad contemporánea. Al hacerlo,
se vincula el surgimiento de las pandillas con la incapacidad de las
familias desintegradas para transmitir los valores “adecuados” o “correctos”
a los jóvenes. Se asume muchas veces que las madres solteras no son capaces
de transmitir valores adecuados a sus hijos o que la ausencia del padre es,
de suyo, un mal valor, sin importar la calidad del trato familiar.
Es posible que, dentro de los procesos de desintegración familiar, existan
factores que puedan eventualmente conducir a unos jóvenes a integrarse a las
pandillas. Sin embargo, los estudios realizados hasta ahora no ofrecen
evidencia de que madre sola que cría a sus hijos transmite valores
“erróneos”. Más bien, las investigaciones subrayan la importancia de las
interacciones personales al interior del hogar, no tanto la presencia de
todos los miembros de la familia ideal. En otras palabras, lo importante no
es en lo fundamental contar con la familia ideal sino que los padres o
encargados de los jóvenes mantengan una relación constante y saludable con
sus jóvenes, aparte de un monitoreo constante de sus actividades.
Una familia debidamente integrada, pero cuyos padres ejercen niveles
extremos de violencia en contra de sus hijos suele ser un predictor mucho
más frecuente de jóvenes pandilleros que una madre o un padre solos que
proveen afecto y comprensión dentro del hogar. Una investigación realizada
también por el IUDOP encontró que los jóvenes cuyos padres suelen ser
negligentes, esto es, que usualmente no saben dónde están sus hijos, qué
están haciendo y con quién están, suelen tener un comportamiento más
violento en el entorno escolar y fuera de él, que aquellos jóvenes que están
siendo monitoreados por padres. En el caso de las pandillas, la dinámica
parece ser muy parecida.
Una investigación realizada por la periodista canadiense sobre las pandillas
salvadoreñas en Los Ángeles, señala que la necesidad de subsistencia entre
los migrantes lleva a los responsables familiares a mantener dos o más
trabajos simultáneamente, lo cual conlleva al virtual abandono del monitoreo
parental sobre sus hijos y/o al control basado en métodos de violencia y de
represión dentro del hogar; así, los jóvenes son dejados al libre albedrío y
encuentran en la calle y en la pandilla, la familia que no suelen advertir
en sus propios hogares, al tiempo que huyen de la violencia ejercida por
aquellos mismos encargados de protegerlos.
Así, lo que cuenta es la calidad del tiempo que los tutores dedican a los
jóvenes, esto es, la calidad de las interacciones personales entre las
personas que forman una familia, tenga ésta la estructura que tenga. Lo
anterior explica porqué no todos los jóvenes que sólo viven sólo con un
responsable parental se vuelven pandilleros y por qué más de la cuarta parte
de los pandilleros viven efectivamente con ambos padres, sin que la
presencia de ambos haya evitado la integración pandilleril.
La desintegración familiar, la ausencia de un miembro importante de la
familia, no parece ser el origen más preciso de la integración a las
pandillas. Muchos pandilleros se integran a las pandillas porque en su
familia no encuentran la atención, el afecto y el respeto que merecen como
hijos en una etapa importante del desarrollo emocional de las personas; al
no tenerlo en esos entornos, los jóvenes se ven más tentados a buscarlos en
otros lados, especialmente en la calle con sus pares, a pesar del costo que
ello tenga.
Eso no quiere decir que cierto tipo de consecuencias de la desintegración
familiar, como el recargo de responsabilidades en una sola persona, no
tengan un impacto en las condiciones que provocan la integración de los
jóvenes a las pandillas. De hecho y como lo afirma un estudio llevado a cabo
por UNICEF, la ausencia repentina y desde siempre, de un miembro de la
familia como el padre, puede recargar las tareas parentales sobre la madre,
quien debe encargarse de forma solitaria de todos los aspectos del
sostenimiento del hogar; esto puede implicar el sacrificio del tiempo
dedicado a las interacciones con los jóvenes —sobre todo en términos de
calidad—, dejando a éstos fuera del monitoreo parental.
Al final, más importante que la constitución de una familia ideal, lo que
pesa más en las condiciones que estimulan el ingreso a las pandillas es la
ausencia de una interacción responsable y saludable entre los miembros de la
familia, especialmente de cara a los jóvenes. En su lugar, muchos jóvenes —y
esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres pandilleras— deben
enfrentar ambientes extremadamente violentos en su propio hogar que les
impulsan a buscar protección en la misma calle.
Mano dura con resultados blandos
Cuando la primera fase del Plan para combatir la delincuencia de las “maras”
se encuentra a mitad de su implementación, ya observamos cuáles son las
verdaderas intenciones gubernamentales que se esconden detrás del mismo y
cuáles están siendo los resultados obtenidos. ¿El objetivo?: Si a comienzos
de año el ex Director de la PNC, Mauricio Sandoval, intentó “limpiar”
Soyapango de pandillas —obedeciendo las órdenes de su Partido ARENA—, con
motivo de las elecciones para alcaldes y diputados; ahora, ante la posible
alternancia política el año próximo en el sillón presidencial, los
desesperados miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) quieren
utilizar la misma “fórmula”, pero teniendo como campo de pruebas el “Gran
San Salvador”
Por el momento —y en cuanto a los resultados se refiere— las cifras de las
capturas parecen alcanzar el objetivo deseado, con la detención —hasta la
fecha— de más de ochocientos sesenta y ocho pandilleros. La cifra “soñada”
por Francisco Flores de las mil detenciones parece estar cerca alcanzarse,
para poder transmitir a la población la imagen de que las labores policiales
están causando un efecto inmediato. La complejidad del “combate a las maras”
que se quiere enfrentar es más profunda de lo que a simple vista puede
esperarse. Por irónico que parezca, el único éxito presentado hasta el
momento —tras un descomunal operativo que ha movilizado a buena parte de los
efectivos de la PNC, el ejército y de la Fiscalía General de la República—
es el de haber podido alcanzar en algún municipio veinte días seguidos sin
homicidio alguno.
Es decir, que quieren hacernos creer que el publicitado Plan ”Anti-Maras”
está dando eficaces resultados. Algo que, a la luz de los datos objetivos,
está alejado de la realidad. El esfuerzo de la PNC y la Fuerza Armada, por
dar cobertura a las comunidades y municipios asediados por la criminalidad,
se ve frustrado por tratarse este de un plan político alejado de la cruda
realidad y de las leyes. Por ello, cuando los capturados han pasado de las
bartolinas a las manos de la justicia, los jueces no han tenido más opción
que absolverlos por la falta de pruebas y dejarlos libres.
Peor aún, la mayoría de los arrestados han sido detenidos ilegalmente, ya
que lo han sido sólo por el simple hecho de “parecer sospechosos” a los ojos
de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento las cifras resultan
alarmantes: de cada diez “mareros” detenidos por haber cometido
“presuntamente” algún delito, siete tienen que ser puestos en libertad. Esto
no da más que una muestra de la ineficiente labor policial, en la que abunda
más el voluntarismo político de sus altos dirigentes que la de querer
realizar una verdadera labor profesional, exigente y respetuosa con la
Constitución y las leyes.
Sobre el combate a la delincuencia de las maras
Ante el reciente impulso del plan “Mano dura”, el Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
expresa lo siguiente:
- Que la violencia e impunidad que ahogan a la sociedad salvadoreña,
constituyen un fenómeno grave que desborda los límites de la tolerancia y
coloca a sus víctimas en una situación de impotencia y frustración.
- Que la batalla real contra la delincuencia en todas sus manifestaciones
requiere de un conjunto integral de medidas que incluye la represión del
delito —con toda el peso de la ley— y el correcto funcionamiento
institucional, pero también la prevención y la rehabilitación. Ese es el
verdadero y único camino para superar la impunidad que desde hace años
favorece todo tipo de violencia en nuestro país.
- Que para ello, la legislación nacional vigente —incluida la que
específicamente protege los derechos humanos— brinda las herramientas
necesarias; por tanto, no se necesita crear otras leyes especiales y
temporales.
- Que para volver más ágil y efectiva la persecución del delito, se deben
considerar medidas inmediatas como la revisión del funcionamiento
institucional para sus necesarias correcciones, la protección de testigos y
la reparación para las víctimas; hasta se pueden discutir ciertas reformas a
la normativa penal o procesal penal, incluso en lo relativo a las penas,
siempre y cuando estén técnicamente fundamentadas y sean parte de una
estrategia más amplia e integral.
- Que el “ataque frontal a las maras” impulsado por el Órgano Ejecutivo,
trata de esconder las notables deficiencias del plan gubernamental iniciado
hace casi cuatro años: la llamada “Alianza por la Seguridad” cuyos
promotores, durante ese largo período, no quisieron o no pudieron enfrentar
en serio los actos delincuenciales cometidos por integrantes de esos grupos.
- Que el plan “Mano dura” no es una solución real del problema; es más bien,
una salida populista coyuntural para hacerle creer a la población —mediante
una costosa campaña publicitaria y la realización de redadas espectaculares—
que la aprobación y aplicación de la ley de marras propuesta por el Órgano
Ejecutivo asegurará la tranquilidad en las comunidades. Es pues un engaño,
similar a otros anteriores, que más adelante descubrirán en toda su
dimensión las mismas comunidades victimizadas. El verdadero objetivo que
persigue dicho plan se menciona en un documento secreto del Partido ARENA,
conocido por un error de sus autores, y que textualmente dice: “El gran
respaldo por esta iniciativa permitirá al partido llegar en las mejores
condiciones a los votantes de todos los partidos”. LA META: Posicionar a
ARENA frente a la opinión pública nacional, como el Partido más duro contra
la delincuencia”.
- Que en la normativa especial y temporal propuesta —llamada “Ley Anti Maras”—
se incluyen como delitos algunas conductas ya contempladas en el Código
Penal, tales como el robo y la extorsión; sólo que el Órgano Ejecutivo las
llaman de otra manera y las sancionan con menos años de prisión. Eso
desmiente la “dureza” de dicha ley.
- Que de manera irresponsable, el gobierno omite mencionar que los altos
niveles de violencia y criminalidad en el país no se deben sólo a la
existencia de pandillas. En buena medida, esa situación tiene que ver con su
falta de voluntad para atacar esos males desde su raíz; es decir:
combatiendo en serio la impunidad y la corrupción, mediante el correcto
funcionamiento de las instituciones en el marco de un verdadero Estado de
Derecho que trabaja por el bien común.
- Que en la iniciativa del Presidente del Órgano Ejecutivo, Francisco
Flores, queda claro que no se pretende atacar al crimen organizado de
“cuello blanco” o “ensangrentado”: el generado por los que violaron derechos
humanos hasta hace unos años y por los que después de la guerra han cometido
tantos y tan graves delitos, entre los cuales destacan las ejecuciones de
Ramón Mauricio García Prieto, Lorena Saravia y los hermanos Carías, o las
muertes producidas por jóvenes criminales con recursos económicos en sus
“carreras de carros” y los robos millonarios al pueblo salvadoreño,
realizados por funcionarios como Carlos Perla. A los delincuentes pobres se
les golpea con “mano dura” y a los delincuentes con poder se les trata con
“guante de seda”.
- Que la impunidad no fue superada con el fin de la guerra. Al contrario, se
vio fortalecida con la Ley de Amnistía a la cual se refirió Francisco Flores
como la “piedra angular de la paz”. Muchas conductas delictivas en la
actualidad, tienen que ver con el alto nivel de tolerancia gubernamental
hacia los criminales de guerra en nuestro pasado reciente. Esto último fue
señalado hace unos días por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas; según el Comité, la Ley de Amnistía “impide que se investigue y se
sancione a todos los responsables de violaciones de derechos humanos, y que
se proporcione reparación a las víctimas”.
- Que para hacer viable el país es necesario, de una vez por todas,
enfrentar el problema de la impunidad con seriedad y firmeza: atacando
decididamente las causas del delito, reprimiendo fuertemente sus efectos y
aplicando la ley con toda su fuerza y sin importar la procedencia de los
delincuentes, a quienes el Estado debe —por obligación constitucional—
respetar sus derechos y propiciar su rehabilitación.
- Que el IDHUCA, al expresar sus observaciones sobre el plan “Mano dura” y
proponer acciones más serias y responsables para enfrentar el fenómeno de la
delincuencia cometida por integrantes de pandillas, no está contra el
beneficio de la población salvadoreña. Por el contrario, de esa forma está
confirmando su compromiso con tantas víctimas salvadoreñas que —además de
sufrir por la violencia en el pasado y en el presente— han sido castigadas
también con la mentira. Esa ha sido la trayectoria del IDHUCA desde que fue
fundado hace dieciocho años por otra víctima, el Padre Segundo Montes: ser
fiel a la verdad y trabajar en favor de la justicia plena y sin distinción.
San Salvador, 12 de agosto de 2003.
|
