Desfase entre tradición y realidad

Independencia mistificada

El pasado 15 de septiembre se celebró un año más de la gesta independentista centroamericana. Estuvo acompañada de coloridos desfiles, con pomposos discursos oficiales y declaraciones grandilocuentes sobre el significado de la libertad conquistada hace 182 años. La celebración de este año no se quedó atrás con sus desfiles militares y las muestras de carácter belicista que se asocian comúnmente al tema de la conmemoración de la independencia.

Las PYME frente al TLC con Estados Unidos

En las últimas semanas se han visto muestras de compromiso por parte del Estado y de entidades privadas por fortalecer el sector de las pequeñas y medianas empresas del país (PYME). El interés estriba en preparar mejor a estas unidades productivas, ante los serios desafíos que plantea el establecimiento de un TLC con EEUU. Una serie de encuentros empresariales, llevados a cabo durante las últimas semanas, persiguen que las PYME implementen mecanismo de asociatividad que les permitan una reducción en sus costos de operación. En las reuniones, algunas entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cooperación Española, a través de los diferentes gobiernos centroamericanos, se encuentran otorgando una serie de microcréditos para el mejor desarrollo de las actividades de la aquéllas.

El Salvador ante el fracaso de la OMC

La posición de El Salvador ante el reciente fracaso de la V Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha sido poco menos que reveladora. El gobierno salvadoreño ha puesto en entredicho su compromiso con la defensa de los sectores productivos nacionales —por ejemplo, el sector agrícola y el industrial—, al no apoyar la posición de los países en desarrollo aglutinados en el G-21, cuya postura era exigir justicia comercial y equidad de condiciones en las negociaciones de libre mercado. El grupo gestionaba una mayor apertura a los mercados de los países desarrollados, pero, sobre todo, la eliminación de los millonarios subsidios y protecciones que aquéllos otorgan a sus sectores productivos. Como muestra, las subvenciones que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destinan a la agricultura ascienden a 330 mil millones de dólares al año.

¿Menos vulnerables?

La Tormenta Isabel avanza por el Atlántico, poniendo en situación de riesgo a los habitantes de la costa este de Estados Unidos. Según los especialistas, podría tocar tierra el 17 de septiembre. México padece los estragos de otro fenómeno atmosférico que ya ha causado el desplazamiento de cientos de personas hacia otras localidades. En Centroamérica, aunque en menor intensidad, la situación es similar: derrumbes e inundaciones en Costa Rica y evacuados en Guatemala y Honduras. La temporada de huracanes y tormentas se encuentra en su etapa más álgida, hasta octubre próximo.

El unilateralismo económico impugnado en Cancún

La reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada la semana anterior en el balneario mexicano de Cancún, fue el escenario de la impugnación del unilateralismo económico de los países ricos. También, como se verá más adelante, fue un momento de definiciones en un contexto internacional donde, en el ámbito de las relaciones económicas, los países pobres tienden a unirse para cambiar las reglas del juego de la economía mundial.

El caso “Zamora-Flores”

En una ocasión, Monseñor Romero comparó el estado de la justicia en nuestro país con una serpiente que únicamente mordía al descalzo. Todavía hoy, la impunidad, la corrupción y la ineficiencia que recorren los tribunales salvadoreños, mantienen vigente la figura utilizada hace más de dos décadas por nuestro Arzobispo mártir. Las instituciones responsables de lograr que aquélla brille, siguen —casi siempre— agachando la cabeza ante los grandes poderes económicos y políticos. Sin embargo, en el esfuerzo por lograr que la justicia alcance a todas y todos sin distinción nos encontramos –en ocasiones– con hechos estimulantes que sin duda nos indican que vale la pena dar la batalla, junto a quienes la buscan y se las niegan; es decir, junto a la gente que en su mayoría no posee mayores recursos económicos. Eso nos confirma que vamos por buen camino.
De esos acontecimientos positivos, traemos a cuenta uno reciente: la inédita condena al Estado salvadoreño, en un juicio civil tramitado dentro del país. Esto —algo normal en otros lugares, pero insólito por acá— ocurrió tras el despido injustificado de José Zamora Flores, empleado público a quien le violaron sus derechos cuando lo separaron de su plaza sin haber sido oído y vencido en un juicio, conforme a lo que manda la Constitución y la legislación secundaria. Cometido el atropello, el trabajador acudió al IDHUCA y —con ese apoyo técnico— presentó la demanda correspondiente. Hoy la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador ha reconocido ya, a favor del denunciante, que la situación de la que fue víctima le produjo daños y perjuicios económicos al quedar sin su principal sustento material; es decir, sin su salario. Su historia la resumimos a continuación.

José Zamora Flores trabajó desde 1990 como agente penitenciario en la Dirección General de Centros Penales, entonces dependencia del desaparecido Ministerio del Interior; pero el 8 de abril de 1997 le notificaron por telegrama que quedaba “destituido de su cargo”, sin explicarle los motivos que llevaron a tal decisión. Debe apuntarse que por ser empleado público, el despido debió haberse realizado respetando los procedimientos específicos que las leyes señalan para estos casos. Pero las violaciones al debido proceso administrativo, son práctica habitual de los altos funcionarios gubernamentales para imponer arbitrariamente sus decisiones. En el caso concreto que nos ocupa, José Zamora Flores no fue escuchado y mucho menos tuvo la oportunidad de rebatir semejante determinación.

Fue por eso que decidió demandar al Ministro respectivo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por la violación de sus derechos a la estabilidad laboral y de audiencia. La mencionada Sala no sólo las reconoció como tales, sino que además determinó que era necesaria una reparación por el daño causado. En la resolución se estableció que la obligación de resarcir económicamente no recae en la persona que ejecutó el acto contra José Zamora Flores sino en el Estado, ya que la Dirección General de Centros Penales pasó a la competencia del Ministerio de Gobernación.

Usualmente, tras obtener una sentencia favorable en un Amparo ante la Sala de lo Constitucional, la persona interesada debía iniciar otro juicio en el que tenía que “partir de cero”. En este proceso, había que probar por un lado la existencia del daño emergente; es decir, el valor de la pérdida sufrida a consecuencia del daño causado. Por el otro, tenía que demostrar el lucro cesante; o sea, el monto de los ingresos que dejó de percibir a consecuencia del perjuicio. Para determinar esta segunda cantidad se debía establecer qué situación se habría presentado, en caso de no haber ocurrido el hecho dañoso. En las ocasiones anteriores, este procedimiento había sino inútil al momento de reclamar los daños.

En la presente experiencia, exitosa por la lucha de la víctima, los perjuicios económicos sufridos eran muchos. Para mencionar sólo uno, cabe señalar que José Zamora Flores se encontraba pagando —mediante cuotas— un préstamo que obtuvo para adquirir dos lotes de vivienda. Al quedarse sin empleo, tuvo que dejar de cancelarlo con el riesgo de perder las propiedades si no obtenía en lo inmediato un empleo para hacerle frente a esa deuda.

Lo alcanzado hoy por esta persona constituye un aporte novedoso y muy valioso en materia civil, al demostrar ante el tribunal correspondiente la cantidad exacta a la que ascendían los daños y perjuicios. No se optó por iniciar un juicio en el que tuviera que demostrarse, otra vez, el daño sufrido y lo dejado de ganar la víctima. En lugar de eso, cuando la Corte Suprema de Justicia reconoció en el Amparo el daño ocasionado y el derecho a obtener la correspondiente indemnización, se decidió probar la otra vía. Con dicha estrategia se logró avanzar hasta lograr que un tribunal de justicia reconociera a alguien, por primera vez en nuestro país, que el Estado le había causado un perjuicio económico al despedirlo sin respetar el debido proceso administrativo. Eso quiere decir que por fin en un caso donde se perjudicó a un empleado público, se logró establecer —centavo por centavo— todo el dinero que no recibió al ser despedido injustamente y todo el dinero que dejó de ganar por lo mismo.

La Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en su análisis y conclusiones finales sobre el caso reconoce que “resulta evidente que a consecuencia de un despido injustificado, se cometieron violaciones a derechos constitucionales del señor José Zamora Flores, pues éste fue despedido sin haber sido oído y vencido en juicio conforme a las leyes. Es de apreciar que una situación como la que se trata en autos, sin duda alguna ha producido daños y perjuicios económicos, agraviando al demandante; en suma, es inobjetable que: a) existe efectivamente el agravio reclamado; y b) que este es atribuible a la actuación del Ministerio del Interior —hoy Ministerio de Gobernación—, que violó derechos constitucionales y cuya responsabilidad, según interpretó la Sala de lo Constitucional, se desplazó al Estado. En tal sentido es procedente condenar al Estado al pago de indemnización por daños y perjuicios”.

Por tanto, en lo que resulta un hecho sin precedentes en nuestro país, la citada Cámara consideró procedente condenar al Estado al pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor del trabajador afectado. Esta vez podemos asegurar que la justicia ha sido cumplida, pero —eso sí— continúa sin ser pronta ya que la lucha por alcanzarla inició hace más de cuatro años.

Los magistrados que conocieron el caso, le han puesto límites a algunas de las arbitrariedades cometidas por los sucesivos gobiernos del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en su obstinación por imponer —sin importar el costo— el proyecto económico de los grupos privilegiados de poder que han representado durante casi quince años. Con la solución favorable a la víctima en este caso, queda abierto el camino para que miles de empleados públicos despedidos de manera arbitraria puedan exigir la correspondiente indemnización por tales decisiones, luego de que se establezca en los tribunales la violación de sus derechos constitucionales.

Hoy sí se le ha puesto un precio al autoritarismo de aquellos que dicen gobernar para la gente y que le piden a ésta que hable con libertad, cuando en la práctica —más allá de las campañas electorales— no la toman en cuenta ni se preocupan por su bienestar. En tal escenario, surge una interrogante: ¿Qué pasará cuando el actual gobierno tenga que enfrentar, quiéralo o no, la magnitud de su error y el enorme costo económico que supondrá indemnizar a todas aquellas personas a quienes se les violaron sus derechos fundamentales? A ver qué dice ahora el aspirante a Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Flores, cuando por primera vez ha sido condenado a indemnizar a un trabajador despedido injustamente.

Bien les advierte Hubert Lanssiers a los “Padres de la Patria”: “cuando el pueblo pierde la ilusión de poder cambiar las cosas a largo plazo, tiene la tentación de cambiarlas de inmediato”. Casos como el ahora relatado, mantienen viva la esperanza afirmándonos que vale la pena seguir luchando por ese cambio y evitar, así, caer en una tentación cuyas consecuencias serían desastrosas. Si ocurre lo primero, el mérito es de la gente; si pasa los segundo —ojalá que no— la responsabilidad será de Flores, de sus jefes y de sus “amigos”.