La trayectoria de ARENA

¿Opositores incapaces?

Desde que Antonio Elías Saca se lanzó al ruedo electoral, diversas encuestas de opinión afirman que ganará con facilidad las próximas elecciones. En estas líneas, no se trata de apoyar o refutar tales proyecciones. Por un lado, seis meses —el tiempo que falta para que se celebren los comicios presidenciales—, es un lapso demasiado largo como para suponer que no pueden producirse tendencias contrarias a las registradas en el contexto político actual. Por otro, algunas de las empresas de sondeo público que han consultado a los salvadoreños sobre el tema electoral han cosechado más desaciertos que aciertos. De lo que se trata, en fin, es de examinar las causas de este supuesto repunte arenero en las intenciones de votos. No hay que olvidar que hasta hace muy poco se consideraba a este partido como un perdedor seguro de los próximos comicios.
 

La economía en la pre-campaña electoral

De cara a las elecciones del próximo año, el candidato a la presidencia por ARENA, Antonio Saca, ha aparecido continuamente en los medios de comunicación, tratando de mostrar una buena imagen a la ciudadanía. Por otro lado, el FMLN trata de persuadir a la población sobre la necesidad de cambio de rumbo en la vida política nacional. En términos generales, esta ha sido la tónica que caracteriza el escenario político previo a la campaña electoral. No obstante, lo que hace falta es un enfoque serio sobre los grandes problemas del país. El incipiente debate electoral parece soslayar dichos problemas y enfocarse en temas que rayan en lo anodino.

La pandemia del VIH/SIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que, para el año 2002, un total de 42 millones de personas vivían en el mundo portando el VIH/SIDA: 38,6 millones de adultos, 19,2 millones de mujeres y 3,2 millones de menores de 15 años. Unas 5 millones de personas se infectaron en ese año (entre ellos, 2 millones de mujeres y 800,000 menores de 15 años); y, finalmente, un total de 3,1 millones de adultos falleció a causa del mortal virus, entre ellos, 1,2 millones de mujeres y 610,000 menores de 15 años. Hasta ese mismo año, 5,793 salvadoreños portadores del SIDA eran reportados por el Ministerio de Salud desde 1984, la mayoría entre los 25 y los 34 años de edad y provenientes de las zonas urbanas, especialmente del departamento de San Salvador. Sólo en año 2002, el virus mató a 251 salvadoreños.

¿Está Centroamérica preparada para los desastres?

El 8 de octubre se celebra el día internacional para la reducción de desastres, a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este año, el énfasis de la conmemoración tiene que ver con los desastres relacionados con el agua. Lo explica el propio Secretario General, Kofi Annan: “Actualmente, más del 90 por ciento de todos los desastres que ocurren en el mundo se relacionan con el agua —ya sea muy poca, como en el caso de las sequías, o demasiada, como sucede con las inundaciones, los deslizamientos de tierra, los ciclones, los huracanes y los tifones. Año tras año, muchas comunidades sufren al producirse estos desastres de forma reiterada”.

Más retardación de justicia

En el trámite de Amparo seguido para el caso de la masacre de los Jesuitas se ha observado, al menos, una considerable “parsimonia” por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así tenemos que, luego de presentada la demanda en noviembre del 2000, no fue sino hasta el 13 de febrero del 2002 que la referida Sala resolvió hacer prevenciones a nuestra demanda. Eso sí, la UCA dio una pronta respuesta a sus exigencias, pues en tan sólo tres días se contestaron todas las interrogantes de ese Tribunal. Pero, pese a esta reacción inmediata y ajustada al plazo establecido, la denuncia fue admitida hasta octubre del 2002; es decir, casi siete meses después de dar contestación a las prevenciones y a once meses de la presentación de la demanda. Después, se siguieron los trámites que establece la ley hasta llegar al alegato final que fue presentado por la UCA el 10 de marzo del año en curso.

Desde esa fecha, han transcurrido cinco meses sin que se pronuncie la sentencia definitiva. Debido a la mora judicial, el catorce de julio de este año la UCA presentó otro escrito ante la misma Sala de lo Constitucional solicitando que se emitiera la sentencia definitiva “a la mayor brevedad posible”. A la fecha de hoy se sigue sin obtener respuesta. Debido a ello, seguimos sin comprender cuáles son los motivos del retraso, pues a pesar de que el caso presenta alguna complejidad, la misma no es tan abrumadora como para que los honorables jueces todavía mediten su resolución. Creemos que el tiempo transcurrido es más que suficiente como para haber analizado los escritos, alegatos y pruebas presentadas por las partes.

Sobre lo anterior debe decirse, que si bien es cierto, la Ley de Procedimientos Constitucionales no establece un plazo específico para que la Sala de lo Constitucional dicte una sentencia definitiva sobre un Amparo, ello no ello no significa que los ciudadanos que acudimos a la misma debamos esperar más allá de un tiempo razonable para que nuestra litis sea sentenciada. Para tales efectos se debe recordar que el artículo 2 del Código Procesal Civil, determina que “los juicios no penden del arbitrio de los jueces”.

En este caso, procede entonces alegar que el plazo razonable es efectivamente el tiempo máximo que —en los límites racionales— tiene un tribunal para sentenciar definitivamente una causa. Este concepto abstracto es el que debe aplicarse, cuando la ley no señala expresamente un período determinado en el que los jueces deban resolver una controversia jurisdiccional. Con ello se evita la incertidumbre y la inseguridad jurídica de los ciudadanos que esperan un pronunciamiento concreto de un tribunal, aun en los procedimientos que no obligan al juzgador a emitir su valoración en determinado espacio temporal.

De esa forma se tiene que, aunque una ley procesal no establezca que un Juez deba pronunciar sentencia en un tiempo preciso, éste se encontrará obligado a dictarla en un plazo razonable. El sustento legal de esta apreciación se encuentra en el artículo 2 de la Constitución, que otorga el derecho a la seguridad jurídica, y en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al respecto, se puede delimitar aún más la idea sobre el plazo razonable, tomando en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales”

Con esos antecedentes, al estudiar el trámite del Amparo al que hacemos referencia se tiene que: La complejidad jurídica del caso no es extraordinaria. Que como demandante, la UCA siempre ha estado atenta y pronta a solventar en legal tiempo y forma todos los trámites judiciales pertinentes; incluso, en vista del silencio del tribunal en cuestión, solicitó hace tres meses que se pronunciara la sentencia definitiva. Y que, desde el inicio de la tramitación del Amparo, se ha evidenciado una excesiva tardanza por parte de la Sala de lo Constitucional para depurar el caso.

Visto lo anterior, no cabe duda de que —al haber transcurrido veintidós meses desde la interposición de la demanda en cuestión, sin que a la fecha no haya sentencia definitiva sobre el asunto— la Sala de lo Constitucional ha violentado el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recogido en el derecho a la seguridad jurídica que establece la Constitución de la República; de igual forma, ha transgredido el principio de pronta y cumplida justicia, aun cuando no existe un plazo determinado para pronunciar sentencia definitiva en Amparo dentro de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Evidenciándose una vez más, que los trámites judiciales en El Salvador no son ágiles y que, sólo en los casos que políticamente convienen a ciertos sectores, la justicia se apresura a tomar decisiones.

En consecuencia, en virtud del artículo 2 de la Constitución, relacionado con el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tomando en cuenta el antecedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hemos citado, la Sala de lo Constitucional sí tiene un plazo fijado por la ley para pronunciar sentencia definitiva en el Amparo que hemos explicado; éste es el de un PLAZO RAZONABLE, el cual se ha incumplido en el trámite del amparo que hemos citado.

Hechos como los descritos son considerados por nuestra ley procesal como “retardación de justicia”, a la cual se refieren los artículos 1104 y 1111 del Código Procesal Civil.; por ello es que la UCA, ha presentado recientemente un recurso de Queja por Retardación de Justicia en perjuicio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Dicho recurso será evaluado por la totalidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de los que integran la Sala cuestionada, quienes, luego de verificar la tardanza, deberán despachar una “carta acordada” a los denunciados para que administren prontamente justicia y provean la sentencia definitiva que han retrasado tanto. Al final de este trámite, se espera que los miembros de la Sala de lo Constitucional pronuncien el fallo definitivo apegado a derecho.

Finalmente, es de señalar que la mora judicial es uno de los males crónicos que afectan a la mayor parte de los tribunales de nuestro país. Irónicamente, la Corte Suprema de Justicia ni siquiera cumple dando el ejemplo requerido a los demás juzgadores. El retraso en la tramitación y resolución de los casos es escandalosa, ya que hablamos del tribunal nacional que cuenta con mejores recursos económicos, técnicos y humanos. La media habitual para la resolución de procedimientos y juicios en las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia —civil, constitucional, penal y contencioso administrativo— se encuentra entre los dieciocho y veinticuatro meses; es decir, que para que en un solo caso se consiga una sentencia definitiva han de pasar aproximadamente dos años. Es inexplicable entonces, que contando con los medios necesarios, nuestras máximas autoridades de justicia no tengan la voluntad por alcanzar óptimos resultados.

Todavía hay quienes justifican, que la mora judicial también es habitual en los altos tribunales de los países más avanzados, lo cual es una manera desafortunada de abordar esta problemática, ya que el “mal de muchos es el consuelo de los tontos”. Esconderse tras semejantes argumentos nos es más que querer justificar lo injustificable. Con ello no estamos diciendo que la balanza de la justicia tenga que inclinarse a un lado o a otro caprichosamente, sino que el Órgano Judicial cumpla cabalmente con sus principios más básicos, entre ellos el de ofrecer una pronta y cumplida justicia.