¿Cuál gobernabilidad democrática?

ENADE 2003: miedos disimulados

“El sector empresarial se complace en realizar el Cuarto encuentro Nacional de la Empresa Privada, ENADE 2003, bajo el lema Gobernabilidad en democracia: El compromiso de todos, en el esfuerzo por discernir y aportar sobre un tema del cual depende el futuro del país para alcanzar una nueva etapa”. Con estas palabras, termina la introducción del documento de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), presentado al país al término de la reunión del sector empresarial salvadoreño en un hotel capitalino. El ENADE de este año contó con una importante novedad: los empresarios invitaron a los candidatos a la presidencia de la República para que presentaran su visión sobre las problemáticas nacionales y sus propuestas para hacerles frente.

Es de suma importancia el hecho de que los grandes empresarios hayan decidido no sólo compartir con los demás salvadoreños su visión de la realidad nacional y los posibles caminos de solución a sus problemas más sentidos, sino que también es loable que hayan invitado a actores políticos de diversos horizontes (los distintos partidos en competencia para las próximas elecciones) para que expusieran sus análisis sobre el país. Asimismo, es de esperar que este ejercicio no haya sido un acto para la galería (como podría indicar el hecho de que el documento publicado se ciñe exclusivamente a argumentos muy conocidos, bastante en sintonía con el pensamiento de la derecha), sino que los empresarios estén dispuestos a que se revisen sus propuestas. De ahí, entonces, la necesidad de reflexionar sobre algunos planteamientos contenidos en el texto de la ANEP y evaluar la reacción de la clase política a los mismos.

Una lectura sesgada de la realidad
El primer motivo de reflexión sobre el contenido del diagnóstico de la situación del país elaborado por los empresarios es su coincidencia con la visión de ARENA sobre la realidad nacional. En esta línea, los empresarios no sólo elogian a los gobiernos areneros, sino que no se inmutan en hacerse cargo de las principales tesis de Francisco Flores. “El desarrollo político, económico y social de El Salvador en los últimos tres lustros —se lee en el documento Gobernabilidad en democracia— ha sido significativo, lo cual ha recibido reconocimientos por parte de la comunidad internacional y gobiernos amigos, que han visto en el caso salvadoreño un ejemplo de logros que a otros países les ha llevado más de una generación alcanzar”.

Sobre esta última frase, sin negar los avances que ha conocido el país desde el fin del conflicto armado, no deja de llamar la atención su coincidencia exacta con una tesis que viene defendiendo el presidente Francisco Flores en cuanto foro internacional ha participado. Si bien el documento citado reconoce ciertos problemas sociales, los atribuye a causas ajenas a los gobiernos de ARENA. Los terremotos y los huracanes son los chivos expiatorios sobre los que recaen los males del país. También tienen responsabilidad los diputados que transfieren ingresos directos a otras instituciones del Estado. Por estas razones, la primera sensación que deja la lectura del texto de la ANEP es su estrecha relación con los discursos en boga actualmente en los sectores gubernamentales. Al recordar que Elías Saca, antes de su nombramiento como candidato a la presidencia de la República, había dirigido la organización cuyos planteamientos se difunden en el último ENADE, es irremediable que las coincidencias den lugar a serias sospechas sobre su futuro desempeño, de resultar electo presidente de la República.

Sobre la base de lo anterior, se puede hablar de una lectura sesgada de la realidad en el ENADE 2003. En efecto, en todo el texto de la empresa privada, se transpira una voluntad de defender la actuación de los tres gobiernos de ARENA. Por otro lado, cuando finalmente los empresarios se resignan a reconocer algunas disfunciones del sistema político, se las achacan a los partidos y a los diputados, los eternos mal evaluados por los salvadoreños. Se critica la forma de distribución de los escaños a la Asamblea Legislativa —además, con cierta ligereza— para concluir que no es suficientemente representativa. El financiamiento de los partidos también es puesto en duda. “Pareciera —dice el documento— que en la Asamblea Legislativa se impone el interés partidario y el reparto de cuotas de poder sobre la necesidad del fortalecimiento técnico, legal, administrativo y ético de un conjunto importante de instituciones llamadas a jugar un papel de primer orden en la gobernabilidad del país y consecuentemente, en la consolidación de la democracia”.

El blanco fue elegido sabiamente. No sólo es un lugar común criticar a los diputados, sino que también hay que observar que en las próximas justas electorales no está en juego el control de la Asamblea Legislativa. Sólo si se toman en cuenta estos hechos se puede entender la retórica hueca de las críticas al funcionamiento legislativo. De nueva cuenta, no se trata de negar los serios problemas que enfrenta este Órgano del Estado; se trata tan sólo de recordar que los intereses que, según los empresarios, defienden los partidos y los diputados están en perfecta armonía con los de ciertos grupos sociales que detentan el poder económico en el país. Así, la idea de vender a unos partidos y diputados como entes independientes que formarían una clase aparte con sus propios intereses no es más que una farsa. Además, al orientar la crítica en esta línea, se evita plantear la discusión en torno a la pregunta de a quiénes representan los distintos partidos. Basta con poner algunos ejemplos para ilustrar lo anterior: los empresarios deberían recordar que el cambio en el sistema de distribución de los escaños legislativos, la aprobación inconsulta de la dolarización, o la falta de apoyo al sector agropecuario se han debido a decisiones bastante meditadas de ARENA, motivadas por la defensa de algunos intereses específicos vinculados con su sector empresarial más influyente.

Maniatar a los disidentes
Después de las consideraciones anteriores, no es exagerado afirmar que este ENADE 2003 tenía objetivos diferentes a los anunciados oficialmente. Sus enunciados parecen más un discurso de advertencias a los opositores que una defensa de la gobernabilidad democrática. En fin, los consejos de los empresarios sobre la virtud de la gobernabilidad democrática, son tan sólo una reacción de presión ante la incertidumbre en torno a los posibles resultados electorales de marzo próximo.

Las consideraciones sobre la “necesaria gobernabilidad democrática” —más allá de la inexactitud de algunas aseveraciones que, por ejemplo, hablan de la separación de poderes como algo privativo de los regímenes presidencialistas o, la disertación equivocada sobre una gobernabilidad democrática casi idílica, cuyo rasgo principal, al parecer, sería la ausencia de conflictos sociales—, son un guiño a una oposición que amenaza con relevar al partido ARENA en el poder.

Pero, para prevenir cualquier viraje brusco —tan sólo propiciar, por si acaso, un cambio sin cambio—, los empresarios se toman la molestia de recordar a los disidentes las reglas de la “sana gestión económica, política y social” de la cosa pública. “En todo caso, hay que reconocer que hoy en día —dicen los empresarios— el sector público enfrenta restricciones originadas en la atención de compromisos tales como el servicio de la deuda, las transferencias que por ley deben hacerse a ciertas entidades del sector público como el Órgano Judicial y las municipalidades, y el pago de las pensiones del antiguo sistema. Por tales motivos, las condiciones sociales hay que administrarlas de manera prudente y con visión. Lo peor que le podría pasar al país es que la problemática social sea utilizada como bandera política, con un enfoque populista que no resuelve los problemas esenciales, sino que más bien los complica”.

En este último texto reside la principal preocupación de los empresarios. Temen que unos “políticos irresponsables” —para decirlo en una terminología en boga en estos días—, usen los problemas sociales como bandera política. Un argumento absurdo, pero que pone de relieve el estado de nerviosismo de estos grandes empresarios. Resulta que denunciar la situación social precaria de la mayoría de los salvadoreños, denunciar la falta de opciones económicas de los tres gobiernos areneros es usar los problemas sociales como bandera política. Sólo les faltó decir que no es conveniente discutir los problemas socioeconómicos del país y evitar cualquier discusión sobre la orientación política de la derecha, porque ello supondría oponerse a la gobernabilidad democrática.

Los actores políticos bailaron al ritmo de la ANEP
La presencia de los candidatos a la presidencia en el encuentro de la ANEP es una muestra palpable del poder que detenta este grupo de presión en el ámbito político nacional. Así, cada uno de los participantes se mostró lo suficientemente fino para no herir la susceptibilidad de los empresarios. Elías Saca juró que se ceñirá al programa antipopulista. Dijo que las inversiones prometidas en temas sociales no se harán en desmedro de las finanzas públicas. Por ello —según el candidato arenero— se actuará “con creatividad, eficiencia y voluntad”. Ofreció a los empresarios “más oportunidades de expandir sus mercados, acompañándolos como socios verdaderos de progreso”. Y pidió, al mismo tiempo, que éstos le acompañen en la tarea de terminar la reconstrucción del país. En fin, el candidato arenero no sólo retomó las principales tesis de los empresarios, sino que les reconfortó en su valoración de la necesidad de evitar cualquier cambio que afecte sus intereses.

El candidato del CDU-PDC, Héctor Silva, por su lado, destacó la necesidad de concertación para una reforma fiscal. Propuso empezar concertando “entre todos las necesidades y una vez que estemos de acuerdo en qué es lo que queremos, qué necesitamos, de dónde lo vamos a sacar y cómo lo podemos conseguir, se puede lograr una reforma fiscal exitosa”. Sin embargo, el candidato de la coalición no dijo cuánto tiempo le va a tomar concertar con los empresarios y quiénes van a poner los límites. Algo similar sucedió con el candidato del PCN que se dedicó a cortejar a la administración pública y al sector agrícola, entre otros. Rafael Machuca afirma que no hará más grande al Estado, sino que lo hará más eficiente y más efectivo.

En su presentación ante la ANEP, el candidato del FMLN, hizo un llamado moralista a los empresarios. “Mi llamado a los grandes empresarios —dijo Handal— es que vale la pena hacer [ciertos] sacrificios, que no los volverán pobres, pero sí le darán ventura a la patria y satisfactoria tranquilidad y prestigio a sus familias y descendientes”. Si bien los empresarios no asumieron de buena gana el discurso que exige que paguen impuestos en la proporción que les corresponde, Schafik Handal les dijo que ello sería algo sencillo y accesible para sus bolsillos.

La tónica general de los discursos de los candidatos ante la ANEP pone de relieve un tema crucial para la gobernabilidad democrática que dicen defender los empresarios: su relación con los actores políticos. Por la tónica de los discursos se puede concluir que los candidatos llegaron a pedir permiso a los empresarios. Obviamente, no se trata de volver a un autoritarismo trasnochado y obviar la importancia del sector empresarial para la economía del país. Tan sólo se trata de recordar una regla básica de la gobernabilidad democrática: los particulares, sectores, grupos organizados, en fin, todos los ciudadanos, están obligados a respetar las decisiones que tomen las autoridades elegidas, según las reglas establecidas. En este sentido, si bien hay que tomar en cuenta los intereses de toda la colectividad salvadoreña, hay que recordar que en la misma hay intereses enfrentados de distintos sectores que compiten por los mismos (y escasos) recursos.

Hasta la fecha, los grandes empresarios se las han arreglado para ser los principales beneficiados en la repartición de los pocos recursos nacionales. Gobernabilidad democrática parece significar ponerse de acuerdo con ellos para determinar qué están dispuestos a tolerar. Al contrario, habría que retomar la idea de un Estado autónomo, que impone su autoridad (no en el sentido de un autoritarismo) para exigir a todos los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones. Los candidatos que llegaron a suplicar a los empresarios su comprensión para afrontar los problemas sociales del país (incluso el FMLN que fue, sin embargo, el más agresivo en sus planteamientos), tienen que entender que concertación y diálogo no equivalen a una evasión de las responsabilidades de las autoridades políticas.

Las distintas publicaciones sobre redistribución de las riquezas producidas por el país, señalan que El Salvador es uno de los países con mayores desigualdades en el hemisferio. Se ha demostrado que la riqueza producida por el conjunto de la sociedad queda concentrada en pocas manos. Ninguno de los candidatos, mucho menos Elías Saca, recordó a la ANEP que la inversión social deberá ser financiada, en buena medida, por los empresarios. Es decir, se trata de apretar más a los más ricos, porque son los que contribuyen menos. La sociedad no es más gobernable sólo porque las autoridades piden permiso a los grupos más poderosos antes de tomar sus decisiones. Aunque lo anterior no obvia que deban explicar con metodología la razón de las decisiones, el objetivo que se persigue con ellas y ofrecer transparencia en su uso.

Así, la repentina preocupación de los empresarios por la “gobernabilidad democrática” consistió más en un ejercicio desesperado que buscaba neutralizar a los posibles políticos disidentes. No se habló antes de este tema porque con ARENA en el poder tenían garantizada la defensa de los intereses de sus principales miembros. Pero no cabe duda que la ANEP tiene un concepto bastante peculiar de la gobernabilidad democrática. No sólo reduce a los representantes elegidos a simples marionetas en manos de los grupos de presión más influyentes, sino que, con su idea de una sociedad de armonía idílica, prepara el camino para protestar en contra de cualquier proyecto socioeconómico que no beneficie a sus miembros más poderosos e influyentes. Una sociedad gobernada en consenso permanente no incluye necesariamente los intereses de los trabajadores o de los sectores mayoritarios, que los periódicos oficiales suelen calificar —cuando exigen sus derechos— como profesionales de la agitación y terroristas ingratos que no saben apreciar las bondades del neoliberalismo.

El modelo económico en cuestión: de tal diagnóstico, tal receta

De acuerdo a las premisas expuestas en el documento base del IV Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE 2003), el plano económico y el político son dos caras de una misma moneda. Así, bajo esta visión, si se quiere aspirar a una gobernabilidad democrática, se debe contar necesariamente con un entorno favorable para el desarrollo económico.

Sin embargo, el análisis sobre la naturaleza de las políticas económicas necesarias para generar ese desarrollo económico, es un asunto delicado. Dependiendo del diagnóstico que se haga de la situación de la economía, así se harán las recetas correspondientes en materia de política fiscal, monetaria, tecnológica, de competitividad, etc. Pero, a su vez, el diagnóstico que se haga, también depende de los intereses de los sectores que participan en la elaboración del mismo, para que las políticas que aplique el gobierno se reviertan en su beneficio, incidiendo positivamente en un determinado sector con mayor fuerza.

El problema fundamental del esfuerzo de ENADE 2003 en el aspecto económico, radica precisamente en estos dos determinantes: 1) el diagnóstico de lo que anda mal en la precaria economía salvadoreña no aborda sus raíces estructurales; y 2) los intereses económicos de la empresa privada en alianza con el gobierno restan capacidad de autocrítica sobre el modo de actuar empresarial y sobre el modelo económico de ARENA.

Un aserto categórico en el documento es el reconocimiento tácito de que se ha seguido un modelo económico bien definido, donde las acciones de política económica se han enfocado en la desregulación, la apertura frente al exterior, la reprivatización de la banca comercial y del comercio exterior, la privatización de las pensiones, de las telecomunicaciones, de la distribución de la energía eléctrica, entre otras medidas. No hay discusión en que esta tendencia provino del seguimiento, por parte del gobierno, del Consenso de Washington, el cual engloba todas estas medidas como planteamientos teóricos y recomendaciones explícitas sobre política económica, adoptadas dogmáticamente por el gobierno en los últimos catorce años.

En otras palabras, el modelo económico seguido no ha nacido de un diagnóstico interno, sobre cuáles son las verdaderas necesidades económicas de la población y cómo asegurar su salud, educación, vivienda, empleo digno tanto en el campo como en la ciudad. Lo que se ha hecho es calcar el Consenso de Washington, a través de los Programas de Ajuste Estructural y las condiciones de crédito impuestas por los organismos financieros internacionales.

Ahora bien, esta corriente económica externa que se ha seguido construye en la práctica un modelo interno definido, un estadio más agresivo y anárquico del capitalismo: el modelo económico neoliberal. Sin embargo, en ENADE 2003 no se reconoce en ningún sentido que lo que se ha construido ha sido un neoliberalismo a ultranza.

Para los empresarios, ese conglomerado de políticas económicas antes enunciadas corresponden a una “economía social de mercado”. Pero esto es una falacia, pues una verdadera economía social de mercado, como su propio nombre lo dice, mantiene en las políticas públicas una preocupación estructural por insertar, dentro de una economía que funciona con mercados, el enfoque social. Esto implica regular y rectificar las deficiencias del mercado, evitando la formación de oligopolios y monopolios, estimulando los sectores productivos de manera articulada, dedicando una parte creciente del Producto Interno Bruto (PIB) en gasto social educativo, de salud, infraestructura social, etc. En este sentido, al Estado le corresponde un papel activo en la reducción de las desigualdades y de la pobreza estructural.

En las propias palabras de ENADE 2003, en una economía social de mercado, un principio básico es que en ella exista la “soberanía del consumidor”, dado que hay un Estado regulador, con mayor poder que el mercado, para hacer prevalecer el “Estado de derecho” en el ámbito económico. Empero, esto es exactamente lo opuesto a lo ocurrido en El Salvador. Ni hay soberanía del consumidor, ni hay un Estado fuerte. Por el contrario, la supuesta modernización del Estado sólo ha implicado un empequeñecimiento de su rango de acción e incidencia, al tiempo que el gobierno se ha opuesto sistemáticamente a otorgarle un impulso a la descentralización al vetar el aumento al presupuesto otorgado a las alcaldías.
Por otro lado, bajo esta premisa, es normal que en una economía social de mercado se priorice la aplicación de una estricta ley de libre competencia, que exista una institucionalidad económica fuerte y que el Estado no tenga niveles de corrupción que tergiversen su efectividad y buen funcionamiento. Sin embargo, en El Salvador experimentamos la situación contraria. Después de más de una década de vigencia de la supuesta “economía social de mercado”, no hay todavía una ley de libre competencia. El caso de corrupción en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es apenas la punta del témpano de la corrupción en el gobierno. La institucionalidad, según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), es débil.

A pesar de todo esto, en el documento de los empresarios se hace la siguiente recomendación: “las políticas públicas de apoyo deben apuntar a la conformación de una estrategia de desarrollo coherente e integral, con información ágil y oportuna, donde el gobierno facilite y potencie el proceso productivo privado, con normas claras, predecibles y sin interferencia en las decisiones empresariales, pero consciente de su función indelegable de velar por la seguridad jurídica y por las necesidades de los grupos más vulnerables.” Lo anterior significa que todavía la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) aspira a un “dejar hacer, dejar pasar” del mercado, relegando al Estado a un plano secundario.

Uno de los temas abordados en ENADE 2003 fue la gestión de la política fiscal y su relación con la gobernabilidad. Se parte del hecho que debe existir un manejo racional del gasto público que busque como objetivo el desarrollo del país, sin alterar el equilibrio fiscal en el largo plazo. Para ello, según la ANEP, el control de las finanzas del Estado debe estar controlado bajo los criterios de eficiencia y eficacia, al margen de “enfoques populistas” que logran desbordar el gasto en actividades que, a la larga, desestabilizan el sistema económico.

En ENADE 2003, se reconoce que las finanzas del Estado se encuentran en un estado delicado y es necesario hacer esfuerzos por aumentar la recaudación impositiva en vistas a obtener mayor cantidad de fondos para el país. En esta situación delicada, según la ANEP, juega un papel importante la rigidez del presupuesto de la nación en la asignación de un 13% al Órgano Judicial y las municipalidades. Pero se debe tomar muy en cuenta que esta rigidez en el gasto público se explica por el papel que juegan el aparato judicial y las alcaldías en el entramado institucional del país.
Desde un punto de vista económico, parece ser que la “Ley de Responsabilidad Fiscal” que proponen los empresarios de la ANEP se encuentra reñida, en cierta medida, con un principio fundamental en materia de política económica: la autodeterminación gubernamental. En otras palabras, las prioridades en materia fiscal y la gestión del gasto del Estado se encuentran determinadas por el programa del gobierno vigente, y no sobre los criterios de un grupo social. Con ello, no se quiere expresar, que algunos de los criterios para controlar el movimiento de las finanzas del país no resulten interesantes. Sin embargo, deben ser resultado de una muy detenida consideración por todos los agentes sociales relacionados directamente con la gestión fiscal.

En referencia a la política de desarrollo local, en ENADE 2003 se concluyó que es necesario que se realice en el país una reforma del Estado a través del proceso de desconcentración y descentralización. En esta dirección, es importante que las municipalidades, además de recibir parte de los fondos del Estado, también puedan recibir más responsabilidades. Según la ANEP, para que este proceso sea exitoso se debe tener en cuenta que los ingresos de las municipalidades deben provenir principalmente de impuestos y tasas locales.

La propuesta de la ANEP encuentra una limitante significativa. En el país existen muchos municipios abandonados por las políticas del actual gobierno; en estos municipios viven muchas familias de escasos recursos y que tienen acuciantes problemas sociales. De acá se desprende una pregunta importante: ¿cómo se pretende que estos municipios obtengan la mayor cantidad de sus fondos a través de impuestos y tasas locales? Es bastante obvio que esto no es posible y que la mayor parte de los gastos de estas municipalidades debe necesariamente ser financiados de los fondos públicos, a través de una asignación en el presupuesto general de la nación.

Es necesario que exista una rendición de cuentas por parte de las municipalidades sobre el manejo de los fondos asignados, pero también es necesario reconocer que hay necesidades en muchos municipios que no pueden autofinanciarse con tasas e impuestos locales. No se puede decir que el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) posee incentivos perversos únicamente por que los alcaldes gastan sobre unos ingresos provenientes de impuestos que no se han esforzado en recaudar. Se debe reconocer que los criterios para la asignación del FODES entre las municipalidades están sujetos a una lógica que persigue hacer más eficiente y eficaz el gasto de esos recursos: los municipios con mayor índice de pobreza reciben una mayor parte del 20.0% de dicho fondo; un 25% del FODES se divide en partes iguales entre todos los municipios del país; un 5 % se divide entre la extensión territorial del país y el resultado se multiplica por lo que mide cada municipio. Finalmente, existe un 50% del fondo para las municipalidades que se distribuye basándose en el número de habitantes y el ingreso per cápita de cada municipio.

En el encuentro empresarial, también se hizo referencia a la necesidad de que exista una Ley de Libre Competencia. Dicha ley debe prevenir y sancionar las prácticas desleales. Esto contribuiría a la protección de los derechos de los consumidores.

Esta iniciativa de ley parece ser bastante acertada, sin embargo, no se debe dejar de lado que el éxito en el funcionamiento de una ley de esta naturaleza depende en gran medida de abolir una serie de privilegios que muchos grupos empresariales han ostentado en este país. Algunos de esos grupos, basándose en su fuerza económica en el mercado, no han permitido la existencia o la entrada de nuevas empresas que puedan hacer peligrar su obtención de beneficios.

Estos son unos de tantos aspectos mencionados en el documento de ENADE 2003 que se encuentran relacionados con la dinámica económica del país. Algunos de ellos resultan, en cierta manera, dignos de atención, pero aún así hay elementos que necesitan una profunda consideración por parte de los diferentes sectores sociales.

Una lectura del discurso del ENADE: responsabilidad social en cuestión

Uno de los conceptos preferidos por los empresarios salvadoreños es el de responsabilidad social empresarial. Con el mismo quieren dar a entender que su actividad desborda lo puramente acumulativo y se abre a lo que tradicionalmente se ha llamado bien común. Con ello, además, pretenden tranquilizar a una sociedad que reclama el lado humano del sistema económico de libertades —otro concepto gustosamente invocado por los empresarios— y mandarle un mensaje lo suficientemente claro a los ciudadanos críticos: su actividad empresarial no está orientada exclusivamente a la acumulación de capital —regla de oro de todo capitalista—, sino a generar un entorno social favorable que beneficie no sólo a quienes estén dentro del círculo empresarial.

En esa línea se entienden las grandes y ruidosas campañas montadas en los medios de comunicación —coto exclusivo del gran empresariado salvadoreño— para dar publicidad al apoyo de los empresarios a causas como la recaudación de fondos para minusválidos, campañas de alfabetización, atención a la niñez y toda suerte de causas nobles. Desde esta perspectiva puede leerse también el apartado sobre las políticas de combate a la pobreza que incluye el documento propuesto en el IV Encuentro Nacional de la Empresa Privada, ENADE 2003, actividad que se desarrolló recientemente y que contó con una vasta cobertura de los medios informativos.

La sensibilidad de los grandes empresarios ante el rezago social de El Salvador no es más que aparente. La historia ha mostrado que aquéllos, con el consentimiento de los gobiernos de turno, han acaparado la riqueza nacional y han contribuido directamente al crecimiento de la brecha que separa a los salvadoreños, en lo que a la distribución del ingreso se refiere. La voracidad, más que en otros países, ha sido una de las características más representativas de los empresarios cuzcatlecos.

Los grandes empresarios del país se sentaron a discutir su proyecto de nación por cuarto año consecutivo, sólo que esta vez con un marcado tinte político: no sólo reunieron a los presidentes de los tres Órganos del Estado, sino que convocaron a los cuatro candidatos presidenciales en liza para que estos últimos disertaran sobre el papel del empresariado nacional en sus ofertas programáticas. Por si fuera poco, el eslogan que guió el encuentro contenía un vital aspecto de la política nacional: la gobernabilidad democrática.

La novedad con respecto a las anteriores ediciones la introduce, pues, el clima electoral que atraviesa el país, y que pone en sintonía el discurso de los empresarios con el proyecto de derecha representado por el candidato presidencial de ARENA, Elías Antonio Saca. En efecto, pese al fingido carácter imparcial de los empresarios, las simpatías hacia el candidato oficial fueron más que evidentes.

Aquéllos sostienen una peculiar concepción en torno a la gobernabilidad democrática. La abordan desde la perspectiva del sistema económico de libertades, mismo que defienden a ultranza. Ello implica que la gobernabilidad —y toda la actividad de la sociedad— se supedita a las reglas del mercado. En otras palabras: el país será gobernable en la medida que el Estado mantenga su rol policial sobre los ciudadanos y haga respetar las reglas del mercado. En consecuencia —sostienen los defensores de la libertad—, cualquier proyecto político que amenace ese sistema conducirá inexorablemente a una crisis de gobernabilidad. De ahí los resquemores que causa el proyecto efemelenista. Pero, más allá de la política, ¿cuál es el estatuto de las áreas sociales en el marco de la propuesta empresarial?

El tercer capítulo del documento aludido está dedicado a evaluar los avances y plantear los desafíos en las áreas de educación, salud, vivienda de interés social, infraestructura de caminos rurales, infraestructura básica de agua y soberanía y protección al consumidor. Visto entrelíneas, el discurso del empresariado nacional coincide con la versión oficial sobre la situación del país. “En El Salvador —se lee en el documento de la ANEP—, los indicadores sociales mostraron una tendencia positiva desde inicios de la década de los noventa, producto de esfuerzos focalizados principalmente en los sectores de educación y salud, cuyos recursos aumentaron a una tasa promedio anual del 11% durante los últimos trece años, para alcanzar el 3.3% y 1.6% del PIB, respectivamente”.

El asentimiento a las políticas implementadas por los últimos tres gobiernos es una constante a lo largo de las líneas del discurso empresarial. Los avances son resaltados frente a los retrocesos o estancamientos. En algunos momentos, parecen lanzar sentencias contrarias a sus principios, como cuando sostienen que “el Estado, cumpliendo con su rol subsidiario debe proveer educación y salud de calidad, una vivienda digna, seguridad, acceso a servicios públicos adecuados y contribuir a la reducción de la pobreza”. A los empresarios quizás se les olvida que ellos se llevaron la mejor parte de la reestructuración del Estado que tuvo lugar desde la década de los noventa y que acabó con el debilitamiento del mismo y el enriquecimiento de las empresas que participaron en los procesos de privatización. La capacidad financiera del Estado se ha debilitado aceleradamente, por ejemplo, al enfrentar la pesada deuda del nuevo sistema de pensiones y la baja recaudación fiscal.

El discurso empresarial roza la hipocresía cuando se refiere a que “la política [de vivienda] debe incluir la estructuración de un plan de desarrollo territorial, que respetando el medio ambiente y los recursos renovables como el agua, contribuya a solucionar el déficit estructural que presenta el sector”. Tal vez se les olvida que ellos son los mayores contaminantes de los pocos recursos renovables con los que cuenta El Salvador y que inventan toda clase de argucias cuando cualquier entidad se atreve a desafiarlos en beneficio del medio ambiente .

Con todo, una lectura del discurso empresarial plasmado en el ENADE 2003 permite plantearse algunos elementos que deben orientar la política social de El Salvador, si se pretende que sus habitantes alcancen una vida digna en el mediano plazo. En primer lugar, es necesario articular e integrar las tantas iniciativas de desarrollo social existentes, en el marco de una política social de Estado, diferenciando las competencias y dotando de capacidad administrativa a los entes del gobierno central y de las municipalidades.

En segundo lugar, crear una entidad estatal o comisión de alto nivel coordinadora de las políticas sociales, para lo cual se necesita la participación de personas capaces y de buena reputación. No obstante, la sola mención de un Ministerio de Planificación causa malestar en los conductores de la política y de la economía nacional.

En tercer lugar, se debe mejorar significativamente la asignación presupuestaria a los sectores sociales por la vía del Presupuesto General del Estado, para lo cual es necesario redefinir las prioridades. No es del todo cierto que el Ejecutivo destina la mayor parte del gasto público a los sectores sociales.

Lo anterior no sería posible si no se dota de mayor capacidad institucional al Estado para ejecutar eficazmente el presupuesto. El círculo se cierra si se potencia la transparencia presupuestaria en los rubros sociales, lo cual presupone avances en la rendición de cuentas y el control ciudadano. La despartidización de la Corte de Cuentas de la República es, en este sentido, una condición necesaria sin la cual no se podrán realizar los objetivos propuestos.

En definitiva, el ENADE ha servido a los empresarios para seguir manteniendo su ambiguo discurso y ponerlo en sintonía con el discurso oficial. Reclaman responsabilidad social, pero históricamente han practicado lo contrario. En el fondo, el interés por la gobernabilidad democrática responde a su temor ante la amenaza que se cierne sobre su artificial sistema económico de libertades.

El ENADE y la integración regional: nada nuevo bajo el sol

El tercer capítulo del documento surgido del IV ENADE –Gobernabilidad en democracia—, cuyo título reza “Políticas de integración, apertura externa y gobernabilidad” provoca cierto desencanto, en el sentido de que se repiten los mismos lugares comunes acerca de la integración regional. Desencanto, porque cabría esperar una evolución en su planteamiento, tomando en cuenta los cambios que el país ha experimentado en los últimos años y tomando en cuenta, también, el hecho de que la actual apuesta de los gobiernos centroamericanos, centrada en la firma de un TLC con EEUU, está haciendo aguas, por mucho que Zoellick y compañía estén empeñados en llevarla a su fin.

Apreciaciones tales como “la simple apertura de los mercados ha incidido con fuerza en las formas de comportamiento tradicionales de los agentes económicos y los actores sociales”, dan en qué pensar. El determinismo del mercado parece ser un componente teórico que tiene demasiado peso en el análisis de los empresarios. Desde sus primeras líneas, este apartado del documento del ENADE 2003 promete pocas variaciones en el discurso que ha caracterizado a la cúpula empresarial salvadoreña durante años.

La única concesión a “lo social” contenida en el capítulo que se reseña en estas líneas, se expresa tímidamente de este modo: “así como cerrar la economía resulta dañino para el crecimiento cuando se están borrando las fronteras comerciales y se internacionalizan los flujos de capital, igualmente negativo resulta para la estabilidad social y la gobernabilidad democrática la ausencia de un equilibrio entre la apertura y la atención de las necesidades sociales”. Las “necesidades sociales” palidecen ante lo que, a ojos de los empresarios, es lo más relevante para ellos. De hecho, en el listado de componentes de la agenda de integración centroamericana que propone el IV ENADE, los “sectores sociales y ambientales” son los últimos en mencionarse.

Al hacer un balance sobre los proyectos de integración regional desde el fracasado Mercado Común Centroamericano (MCCA), el documento del ENADE critica, como cabría esperar, el proteccionismo que caracterizó a este último. Como ya es de común aceptación en los círculos empresariales, la apertura de los mercados resulta ser el motor de la historia. Al referirse al surgimiento del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), en 1990, proyecto que difiere de los enfoques distintos al proteccionismo del MCCA, ocurre, a ojos de los empresarios, que “la acelerada apertura comercial y el contexto internacional presionan por un nuevo modelo de integración económica, cimentado en nuevas políticas e instrumentos que deben adoptar los países y las regiones para insertarse de manera eficiente en el mercado global”.

Es así como hablan de un “regionalismo abierto”, en virtud del cual el Istmo se insertaría dentro del mundo globalizado. La apertura a la cual aluden no es otra que la apertura hacia otras economías, en especial, la de los EEUU. En la práctica, este “regionalismo abierto” ha sido más abierto que regionalismo. En el seno de la región, las disputas comerciales, limítrofes y de cualquier otro tipo han aflorado, mientras que, hacia afuera, Centroamérica —algunos países más que otros— tratan de lucir su mejor cara para seducir a los EE.UU.

De nuevo, el esbozo de soluciones a las dificultades para la integración regional, que plantea el documento de ENADE, tiene un tono acusadamente economicista. No podía ser de otra forma: si el diagnóstico parte de un enfoque de esta naturaleza, es congruente que el planteo de soluciones sea de igual tenor. Se afirma lo siguiente: “hoy más que nunca se torna indispensable intentar una convergencia en la política económica, por lo menos en aquellos aspectos directamente relacionados con la política fiscal, cambiaria, comercial, los macroprecios y los esquemas para estimular la producción y el empleo”.

Para el ENADE, las diferencias que existen entre los países del Istmo —diferencias de niveles de desarrollo y de enfoques sobre la integración regional— deben superarse en aras de un objetivo supremo: “la concreción de tratados comerciales con otros países”.

No todo es negativo en el análisis de la situación de la integración regional. Es importante el hecho de que los autores del documento destaquen la necesidad de “coordinación y armonización de la política económica” y de ampliar la integración a Belice y Panamá, naciones tradicionalmente marginadas de este tipo de vinculación regional. Sin embargo, el lastre economicista siempre está presente: al referirse al Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá que elaboró el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) correspondiente a este año, los empresarios no mencionan los serios rezagos que la región enfrenta en términos de salubridad, educación, exclusión social, transparencia en la administración pública, entre otros. Se limitan a decir que el documento “señala las grandes divergencias en indicadores de corto plazo, como tasa de interés, déficit fiscal e inflación”.

Resulta interesante que el documento encomie la dolarización practicada en El Salvador y hasta insinúe que podría ser una contribución a “los esfuerzos que realizaron los bancos centrales de Centroamérica desde la década de los sesenta para establecer una zona monetaria que facilite y potencie el intercambio comercial”. Es evidente que la dolarización es un hecho que debería analizarse con más espíritu crítico antes de proponerla a otros países.

La parte propositiva del capítulo reseñado se titula “Componentes de la agenda de integración de mediano plazo”. Tiene seis apartados: Integración y comercio multilateral; Integración y comercio continental; La nueva institucionalidad de la integración; Integración y unión aduanera centroamericana; Integración e infraestructura y Sectores sociales y ambientales e integración. Los dos primeros acápites tienen un denominador común: la agenda de la Organización Mundial del comercio y el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En opinión de los autores del documento empresarial, el “bilateralismo implícito en las negociaciones” se traduce en rémoras al proceso de liberalización del comercio. Sin embargo, olvidan que ese “bilateralismo”, lo ha practicado el gobierno salvadoreño en las negociaciones del TLC con EEUU. El presidente ha sido partidario de las negociaciones rápidas, al gusto de Washington. Y el caso extremo, ha sido el de Guatemala, país que propuso, sin consultarlo a sus pares centroamericanos, ofrecerle a EEUU apertura comercial total. “Bilateralismo” ha habido: pero no entre los países centroamericanos para construir consensos, sino de cada uno de éstos hacia los EEUU.

Sobre la nueva institucionalidad regional, el documento destaca la creación de instancias de integración de carácter económico: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), entre otras, y señala la necesidad de elevar el rango del Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia.

Los restantes acápites conservan el mismo tenor. El último, “Sectores sociales y ambientales e integración” apenas menciona el “bienestar de la persona humana y la facilitación de las condiciones para su desarrollo” como objetivo de la integración regional, aún cuando el énfasis de todo el capítulo ha sido abiertamente economicista y pro empresarial. En suma, y al menos en lo que a integración regional se refiere, los empresarios no parecen tener nada nuevo que añadir a la que ha sido, por décadas, su verdad firme e inamovible: la primacía del mercado por sobre todo lo demás.

Violencia contra la mujer

Según un reciente estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo acerca de la violencia urbana en América Latina, se sitúa a nuestro país como el que registra el más alto índice de homicidios en la región. Pero, además, respecto al porcentaje de hechos delictivos cometidos al interior de los hogares, ocupamos un triste segundo lugar, tan sólo por detrás de nuestra vecina Guatemala.

¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que en la práctica, las raíces de la violencia en El Salvador son mucho más profundas y mucho más complejas, como para que el presidente de la República y el partido oficial pretendan achacar únicamente a las “maras” o pandillas la responsabilidad del alza en los crímenes. Nada más alejado de la realidad. Tal como lo han comprobado los estudios serios, que han centrado sus esfuerzos en comprender las causas de una problemática tan grave y que tanto nos afectan a todas y todos, se requiere de planes de acción que no sólo repriman los delitos. El compromiso para alcanzar la reparación de las víctimas y la rehabilitación de los victimarios, así como el impulso de programas de educación y sensibilización, para prevenir la comisión de más hechos de sangre deben contemplarse también. De lo contrario, los avances que se realicen seguirán siendo aislados y esporádicos.

Por tanto, si la delincuencia juvenil organizada no es la única responsable de los altos índices de violencia es necesario hacerse dos preguntas: ¿Dónde es que se cometen el resto de hechos violentos? y ¿quiénes son las víctimas de éstos? En respuesta a la primera pregunta, es necesario precisar que al interior de los hogares acontecen una parte importante de las acciones violentas que padece nuestro país. Pero, además —y en respuesta a la segunda—, son las mujeres y las niñas quienes las sufren mayoritariamente. Es por esta razón que las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres están centrando sus esfuerzos en hacer visible esta realidad, que en un primer momento puede pasar desapercibida.

Esa es una de las causas por las que el pasado 25 de noviembre se celebró el día internacional de la no violencia hacia las mujeres. Esta conmemoración no sólo quiere poner en evidencia que son ellas las principales perjudicadas por estos actos, sino también pretende hacer un serio llamado de atención a todos los hombres, ya que la responsabilidad de la comisión de estos delitos recae la mayoría de veces en ellos. En lo que va del año, más de sesenta y cinco mujeres han muerto, fruto de verdaderos actos de “terrorismo doméstico”. Semejantes cifras indignan todavía más, cuando se conoce que desde la Secretaría Nacional de la Familia se promueven campañas de sensibilización, en las que un interés por la familia mal encauzado, se sitúa por encima de los derechos de la mujer ante este tipo de situaciones.

Así como en el derecho internacional humanitario está reconocida la injerencia en los asuntos internos de los países por la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, nuestra legislación interna y las instituciones de gobierno deberían de tener claro que, frente a actos tan aberrantes como ultrajar a mujeres y niñas, debe primar siempre y en todo lugar la protección de las víctimas, a pesar que ello implique en casos extremos, disgregar a uno de los miembros del grupo familiar.

Sin embargo, es necesario precisar que si bien buena parte de los actos violentos se cometen al interior de los hogares, no todos los que se cometen en perjuicio de las mujeres y niñas suceden allí. Esta es una circunstancia que se sigue sin querer entender. El pasado 25 de noviembre los grandes medios de difusión se rasgaban las vestiduras ofreciendo espacio y tiempo de sus preciadas publicaciones para dejar constancia de la grave situación por la que pasan muchas mujeres al interior de sus hogares. Es decir, que según estos, las víctimas mencionadas únicamente sufren por estos hechos ocurridos allí. Afirmar esto supone un desconocimiento, no ya de la problemática, sino de lo que está sucediendo en la realidad cotidiana.

La violencia masculina se da tanto en la vida doméstica, como en la laboral, desde lugares privilegiados o en la calle. No dejaremos de indignarnos por las incesantes noticias publicadas de mujeres decapitadas, acosadas sexualmente en sus trabajos o las violadas y brutalmente golpeadas por individuos que “dicen” ser sus padrastros. El calvario que padecen no termina con la comisión de actos tan despreciables como estos. La revictimización que padecen al animarse a denunciarlos les provoca, además, el aislamiento y el reproche social cuando finalmente se habían decidido a decir “basta ya”. Los problemas no terminan ahí, puesto que en numerosas ocasiones suelen encontrarse con los prejuicios o sesgos sexistas de funcionarios públicos que en nada ayudan a la víctima y a su posibilidad de ser reivindicada por la justicia. A esta falta de sensibilidad se le junta la escasa formación técnica en la materia para afrontar con profesionalismo situaciones tan dramáticas como las que ocurren con este tipo de violencia.

Pero por si no bastara con esto, se sigue cometiendo también otro error —bastante habitual, por cierto— que tira por tierra los esfuerzos que se están realizando para dar eco de la terrible situación vivida al interior de muchos hogares. La situación se da cuando se quiere reportar datos estadísticos acerca de la violencia intrafamiliar, en donde, como es evidente la peor parte se la llevan las mujeres. En un primer momento parece obvio que con la publicación de noticias como las mencionadas, se quiere hacer un llamado de atención sobre la gravedad de la problemática. Pero por negligencia o malicia, al ubicar junto a los datos de las mujeres muertas a manos de sus “compañeros” de vida aquellos de los hombres que han sufrido violencia familiar y no decir si estos ataques han sucedido en actos de legítima defensa de la víctima, el efecto conseguido es el contrario. Al parecer algunos periodistas siguen confundiendo la diferencia que existe entre igualdad y equidad en el tratamiento de la información.

No obstante la gravedad de la situación, nuestro país sigue careciendo de estudios que diagnostiquen con precisión cuál es la dura realidad por la que pasan muchísimas mujeres. Quienes sí parecen estar sensibilizados, aunque sea temporalmente, son los partidos políticos. Para hacerse eco y ganar votos de cara a la campaña electoral presidencial han adoptado dos medidas recientemente: la primera es que dos de ellos participarán en la contienda electoral de marzo próximo postulando a una mujer como candidatas a la vicepresidencia de la República. Por desgracia, la medida no deja de ser un efecto óptico, por cuanto al interior de los órganos de decisión y control de estos partidos son los hombres quienes tienen el poder tomado.

La segunda es la aprobación el 24 de noviembre de una serie de reformas legislativas con el objetivo de endurecer las penas para los delitos de agresiones sexuales, violación, acoso, violencia intrafamiliar y maltrato a menores de edad, entre otras. El objetivo era ganar las primeras planas de los noticieros y prensa escrita al día siguiente, es decir, el de la no violencia contra la mujer. No obstante, hay que animar para que se sigan tomando este tipo de decisiones al interior de la Asamblea Legislativa el resto del año. Entre otras razones, porque el ejercicio de este tipo de acciones positivas a favor de los derechos de la mujer, tiene una buena época con la campaña electoral.

Si bien el endurecimiento de las penas es uno de los caminos para persuadir a este tipo de delincuentes, no basta con ello. El funcionamiento de las instituciones públicas responsables, desde el Instituto de la Mujer, hasta la Fiscalía y la Procuraduría General de la República, no se acerca a ofrecer las mínimas garantías de seguridad y protección para las víctimas. Por si esto no fuera suficiente, queda aún un largo camino por recorrer para que los miembros del Órgano Judicial se sensibilicen con esta problemática tan seria y apliquen medidas contundentes y ejemplarizantes para quienes cometen este tipo de delitos. Por el momento, las mujeres siguen siendo maltratadas y todos y todas debemos alzar la voz para que esta situación no siga más.