Sin cambio es imposible hablar

ARENA y la violencia electoral en el nororiente de Chalatenango

Con titulares tan sensacionalistas como irreales amanecieron los periódicos del pasado viernes 28 de noviembre sobre los incidentes que ocurrieron, principalmente, en San José Las Flores, Guarjila y Arcatao, en el nororiente del departamento de Chalatenango. Algunos, incluso, interpretaron los hechos en términos de un ataque preparado por el FMLN a la caravana de Elías Antonio Saca. René Figueroa, el vicepresidente de Ideología de ARENA, se mostró extrañado ante el hecho. No sólo rechazó la violencia efemelenista, sino que llamó a las autoridades electorales y policiales a poner fin a las agresiones. En su opinión, “el partido ARENA ha sido tolerante y respetuoso y ha manejado una campaña de altura; [mientras que] el FMLN ha sido intolerante, ha agredido a nuestra gente. Suponemos que es ante el descalabro que están enfrentando en las encuestas que vemos a un FMLN desesperado”.

Una lectura del Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003

Cuando en las portadas de los principales periódicos del país se leen titulares como los siguientes: “El Salvador ha reducido la pobreza en un 22%”, o “Informe del PNUD destaca avance logrado en una década”, se envía un mensaje claro a la población salvadoreña: la situación en términos de desarrollo humano en el país, aunque no lo parezca, ha mejorado sustancialmente. Al menos esto es lo que parece plantear el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003 (IDHES 2003).

Un vistazo centroamericano a los planes gubernamentales para la represión de las pandillas (II)

Nicaragua y Costa Rica presentan patrones distintos a los de Guatemala, Honduras y El Salvador. En primer lugar, porque nos encontramos ante países que no acarrean la tradición de autoritarismo como los mencionados. Costa Rica, por ejemplo, ha sido tradicionalmente una sociedad donde la institucionalidad democrática se ha consolidado cuando menos desde mediados del siglo XX. En lo que toca a Nicaragua, hay que decir que el derrocamiento del somocismo, primero, y la alternabilidad política pacífica que facilitó el sandinismo, después, han posibilitado un marcado protagonismo de la sociedad civil en la vida pública, con todo y las dificultades socio-económicas y políticas que enfrenta el país.

Carta abierta sobre la Ley Antimaras

Según se observa el desarrollo de la campaña electoral, todo indica que mientras las encuestas de opinión sigan ofreciendo como resultado el gane del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en primera vuelta, los operativos policiales de limpieza social se mantendrán constantes y publicitados. Tal parece, que la estrategia proselitista arenera está diseñada, como en ocasiones anteriores, para seguir lanzando cuantas cortinas de humo sean necesarias, en caso de que el principal partido de oposición cobre un inesperado protagonismo. Así, en actos muy vinculados al proselitismo arenero, el todavía presidente de la república, Francisco Flores, sigue promoviendo nuevas medidas y reformas para combatir a la delincuencia juvenil organizada.

Así es como se han manejado siempre los hilos del poder oscuro en nuestro país: si el capital agarra gripe, ARENA y el Ejecutivo guardan cama. El más reciente espectáculo lo tuvimos apenas dos semanas atrás cuando Flores intentó imponer su criterio sobre las decisiones de los miembros de la judicatura. El bochornoso “show” que ofreció, ha tenido eco incluso fuera de nuestras fronteras. La prestigiosa organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, ha publicado una “Carta abierta sobre la Ley Antimaras” en la que manifiesta su profunda preocupación por estas medidas impulsadas por el binomio ANEP-ARENA. Les ofrecemos los extractos más destacados de ésta, así como también los que se contienen en las conclusiones finales del informe especial presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el que se evalúa a la Policía Nacional Civil hacia el respeto que esta tiene a los derechos humanos.

“En esta carta abierta queremos exponer nuestras preocupaciones respecto a esta ley y otros temas relacionados. Amnistía Internacional considera que la Ley Anti Maras (en adelante LAM) contraviene tanto la Constitución de la República, como también instrumentos y tratados internacionales de los cuales El Salvador es Estado Parte. Nos preocupa asimismo que se esté socavando la independencia del Poder Judicial y se esté atacando a jueces por sus decisiones con relación a esta ley.

Son también de profunda preocupación para Amnistía Internacional los ataques que altos funcionarios de gobierno han lanzado contra el Poder Judicial. Ninguna autoridad debe pretender influir las decisiones de los jueces. El artículo 185 de la Carta Magna, señala que ‘corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos contraria a los preceptos constitucionales’. En consecuencia, no solo es una atribución sino una clarísima obligación de los jueces salvadoreños el no aplicar la LAM en todo lo que advierten que ella se opone o es contraria a las normas constitucionales.

Las críticas y ataques que viene haciendo aquella importante autoridad desde el Poder Ejecutivo a los miembros del Poder Judicial por sus decisiones relacionadas con la LAM, claramente violan lo establecido en esa norma constitucional. Aún más, declaraciones atribuidas al presidente de la República, tales como ‘Los jueces, que dicen que no pueden aplicar la ley, al final se colocan del lado del criminal’. ‘Vamos a luchar hasta superar todos los obstáculos que nos ponen los políticos y los jueces que protegen a estos criminales’ son inapropiadas e indisponen a los funcionarios judiciales con el público en general. Peor aún, los pueden colocar en una posición vulnerable al hacerlos aparecer como amparando el delito, amenazando incluso la seguridad personal de juezas y jueces. Hacemos un llamado para que cesen tales declaraciones y se guarde el respeto debido a los miembros del Poder Judicial.

Amnistía Internacional considera que esta situación no se habría presentado si la legislación que ahora se cuestiona, de haberse considerado necesaria, hubiera sido adecuadamente elaborada y sometida a un estudio cuidadoso tomando en cuenta las obligaciones de respeto a la Constitución y los tratados internacionales pertinentes. Todo indica que no ha sido así, lo cual podría dar crédito a crecientes opiniones acerca de que el interés prioritario para el dictado de la LAM, y la instauración del denominado Plan Mano dura, ha sido político y en especial ‘eleccionario’

Sin embargo, sin profundizar en este tipo de interpretaciones, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades pertinentes, y en especial a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a que se pronuncie a la brevedad posible y de manera definitiva sobre la cuestión de la “constitucionalidad” de la Ley Antimaras a fin de que se eviten las serias consecuencias que puede conllevar la aplicación de una ley que viola la Constitución y las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos; así como la reiteración de los ataques en contra de jueces y juezas para obligarlas a aplicar una ley que, conforme a derecho, resulta insostenible.

Amnistía Internacional está ampliamente consciente de la situación de alta criminalidad que afecta a El Salvador desde hace varios años. Sin embargo, consideramos que la problemática delincuencial juvenil no se puede enfrentar restringiendo el tratamiento solamente a lo penal o punitivo sin tomar en cuenta la situación general en la que ocurre. Claramente, cualquier esfuerzo para solucionar el tema de la violencia de las maras debe comenzar por el análisis de las razones de fondo que la generan incluyendo los problemas económicos, sociales, educativos, la falta de oportunidades y la disponibilidad de armas. A partir de allí entonces se debe desarrollar e implementar estrategias que les den solución. Mientras no se enfrenten estos temas fundamentales las iniciativas como el Plan Mano Dura y legislación puramente represiva como la Ley Antimaras, no harán más que desperdiciar recursos, aumentar la población de las prisiones —que ya están superpobladas— y es muy probable que el problema no se solucionará.

Amnistía Internacional insta a las autoridades salvadoreñas a analizar y atender las razones básicas que han generado el alto nivel de actividad criminal, incluyendo el problema delincuencial entre los jóvenes y que a partir de ahí diseñen y pongan en práctica normas y políticas que lleven a soluciones reales y de largo plazo y no menoscaben el estado de derecho”

A continuación les ofrecemos las conclusiones del informe especial presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el pasado 3 de diciembre, que “La Policía Nacional Civil y el respeto a los Derechos Humanos en El Salvador”, que mucho tiene de relación con el Plan Mano Dura, como se refleja en este.

“A estas alturas, en el año 2003, preocupantes sucesos evidencian que se ha perdido el rumbo original de la policía que signaron los Acuerdos de Paz y el ideal de la reforma constitucional de ellos emanada. Es triste para El Salvador reconocerlo, pero debe hacerse, para que esta situación sea corregida en el futuro con el compromiso de las diversas instituciones que conservan su vocación democrática y de los diferentes sectores de la vida nacional. El Órgano Ejecutivo ha promovido, desde el mes de julio de 2003, operativos policiales que consisten en la práctica de detenciones arbitrarias, masivas y sistemáticas, tras haber declarado una ‘guerra’ en contra de las pandillas o ‘maras’, militarizando las grandes ciudades del país, pues ha incorporado a la Fuerza Armada en tales operativos. Tal iniciativa presidencial ha sido legalizada con posterioridad a su inicio, mediante una ley de emergencia denominada ‘Ley Antimaras’, plagada de evidentes vicios de inconstitucionalidad.

Estas iniciativas han fracasado abrumadoramente, en tanto ni siquiera en el 2% de los centenares de casos remitidos a los tribunales, los jueces ordenan la instrucción en contra de los detenidos, sobre todo a causa de los problemas de inconstitucionalidad de que adolecen las detenciones, o debido a los vicios graves en los procedimientos policiales. Como se ha señalado, esta Procuraduría constató que, con antelación a la aplicación de estas políticas que el Gobierno ha denominado ‘Mano dura’, ya la PNC desarrollaba prácticas de detenciones ilegales sistemáticas, bajo la imputación falsa del delito de ‘resistencia’, sin que tales prácticas violatorias a los derechos humanos hayan demostrado ser eficientes en verdad en la disminución de la delincuencia.

Tanto las políticas de detenciones sistemáticas como la ley de emergencia, parecen estar orientadas a producir apoyo político de una población altamente victimizada por el fenómeno delincuencial y ansiosa de soluciones, pero también orientada a ocultar las graves disfunciones del sistema policial penal que facilita la impunidad de los delitos, como tan reiteradamente esta Procuraduría ha señalado. La irrupción de la tortura y la generalización de los malos tratos o los tratos crueles, inhumanos o degradantes, se encuentran en el actual escenario de las actuaciones policiales, lo que supone un grave retroceso a prácticas que fueron propias de los extintos cuerpos de seguridad. Parecen abiertas las puertas para que la esperanzadora Policía Nacional Civil tienda, cada vez más, a convertirse en un aparato de control poblacional, caracterizado por el autoritarismo y un modelo militarizado. En nada abona esta nueva realidad a la consolidación de la democracia y la paz en El Salvador”

Respeto y apoyo para la PDDH

Presentamos a continuación un comunicado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) —con fecha del 3 de diciembre de 2003— a través del cual la institución universitaria hace manifiesto su apoyo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Respeto y apoyo para la PDDH

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), a la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional EXPRESA lo siguiente:

1. La institucionalidad estatal nacida o reformada mediante la negociación y los compromisos adquiridos por el gobierno y las fuerzas insurgentes, entre abril de 1990 y enero de 1992, fue concebida como herramienta fundamental para el cabal cumplimiento del Acuerdo de Ginebra que planteó —además del fin de la guerra— tres objetivos: el respeto irrestricto de los derechos humanos, la democratización del país y la reunificación de la sociedad salvadoreña.

2. No obstante, durante casi 12 años el Órgano Ejecutivo ha intentado desnaturalizar o limitar el adecuado funcionamiento de algunos de sus componentes esenciales. El progresivo alejamiento de su concepción original en el caso de la Policía Nacional Civil, el permanente desprecio a la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las campañas de desprestigio contra la legislación o la aplicación de justicia, cuando no favorecen determinados intereses, son algunos ejemplos. En conjunto, de forma ilegítima y falsa, se ha tratado de hacer creer que la defensa de los derechos humanos es la principal causa de la intolerable situación de violencia, delincuencia e inseguridad que afecta a casi todos los sectores sociales.

3. Inquietan, sobre todo, actuaciones y declaraciones recientes de funcionarios públicos que han arremetido contra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como parte de una campaña tendiente a neutralizarla en la antesala de las elecciones presidenciales. De esa manera intentan evitar que se difunda la verdad sobre la situación de los derechos humanos, para evitar costos políticos en marzo del 2004.

4. De forma especial, preocupa la intervención directa del Fiscal General de la República en dicha campaña. Entre otros señalamientos, éste inculpó a la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por los lamentables hechos ocurridos en el Centro Penal La Esperanza, en diciembre del 2002; pese a que las mismas investigaciones fiscales demostraron que no existía tal responsabilidad, el Fiscal Belisario Artiga la amenazó públicamente con un antejuicio.

5. Son inadmisibles los esfuerzos del Órgano Ejecutivo por legitimar acciones al margen de la Constitución, como el Plan “Mano Dura” y la Ley “Anti Maras”, acusando sin fundamento a la Procuradora de defender sólo a “mareros” y delincuentes. La posición de ésta frente a las citadas medidas —verdaderas “cortinas de humo” para ocultar las graves deficiencias del sistema policial y fiscal en la investigación del delito— explica dichas acusaciones temerarias. Declaraciones en el mismo sentido por parte del Fiscal General de la República, pretenden cubrir deficiencias propias y su responsabilidad en materia de impunidad.

6. Las amenazas contra la Procuradora y otros hechos que en días recientes —coincidiendo con la referida campaña— han afectado su seguridad y la de otras personas cercanas en lo familiar y laboral, se producen de forma grave y creciente en la medida que aquélla ejerce sus facultades constitucionales dentro de las cuales destacan las siguientes: velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, emitir opiniones sobre proyectos de ley que afecten el ejercicio de los derechos humanos, y formular conclusiones y recomendaciones públicas o privadas.

Todo lo anterior ha sido señalado, en diversos informes sobre la situación real del país, por el Secretario General de las Naciones Unidas. También dentro de la misma organización internacional, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobó –el martes 30 de julio del presente año– sus observaciones finales sobre El Salvador; el numeral 13 de este documento, dice literalmente:

El Comité expresa su preocupación ante distintos informes relativos a amenazas recibidas por la Procuradora en el ejercicio de sus funciones. En relación con el artículo 2 del Pacto, el Comité insta al Estado parte a que apoye a la Procuraduría, le otorgue todo su respaldo institucional para velar por su independencia, y le proporcione los recursos materiales y humanos necesarios para que pueda ser plenamente operativa. Igualmente, recomienda que el Estado parte adopte las medidas adicionales para garantizar la seguridad de todos los funcionarios de la Procuraduría en el ejercicio de su labor.

Por lo antes expuesto, el IDHUCA:

I. Exige al Estado salvadoreño, en especial al Órgano Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, respeto y apoyo a la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

II. Llama a las organizaciones sociales a cerrar filas en torno a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ser ésta pilar fundamental de la verdadera democratización del país.

III. Exhorta a la sociedad salvadoreña a defender la institucionalidad, fruto del sacrificio de innumerables vidas, en el marco de una campaña electoral que inició mucho antes del período establecido por la Constitución y que ya lanzó peligrosas señales de confrontación violenta.


San Salvador, El Salvador,
miércoles 3 de diciembre de 2003.