¿Cuál espiral del silencio?

El desarrollo de la campaña

A estas alturas, la campaña electoral para las elecciones presidenciales de marzo próximo presenta varias características que conviene reseñar para contribuir a su comprensión. Se trata de la tercera campaña presidencial desde la firma de los Acuerdos de Paz. Es necesario preguntarse en qué medida los distintos componentes de la sociedad se van impregnando de una cultura de elecciones competitivas, acordes con la aspiración de construir el país democrático soñado en 1992.

La capacidad adquisitiva y la Canasta Básica Alimentaria

Según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), aproximadamente 32 mil hogares que viven en pobreza extrema (es decir, el 14.2% del total) no cuentan con los medios necesarios para consumir lo básico. La cifra es demasiado conservadora, pues no ha estimado el costo real de la canasta básica alimentaria. Aún así, este indicador es el único con el que se cuenta en la actualidad. Por ello, resulta útil preguntar lo siguiente: ¿A qué se hace referencia cuando se señala que dicho número de hogares “no cuenta con los medios necesarios para consumir lo básico”? ¿A qué se refiere con “lo básico”?

El CAFTA continúa su marcha (II)

Diferencias en Costa Rica
Como era de esperarse, la conclusión de las negociaciones bilaterales entre las delegaciones comerciales de Washington y San José, así como la suscripción del TLC fue manejado como un éxito por parte del gobierno costarricense. A primera vista, pareciera que los términos del tratado son, en efecto, favorables para los intereses del país centroamericano. Si comparamos la práctica sumisión con la que la mayoría de suscriptores del CAFTA actuó ante su contraparte estadounidense, es evidente que Costa Rica no salió tan mal librado como salieron otros países

La suprema injusticia de la Corte

Hace unos días se conoció otro funesto fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (CSJ). Esta vez, el yerro versó sobre la masacre en la UCA de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras. Como es sabido, los familiares de las víctimas y las autoridades universitarias han reclamado —desde la fecha de las ejecuciones— que se haga justicia para que este múltiple asesinato no quede en la impunidad. Pero tan legítima exigencia ha encontrado enorme resistencia, en el muro de la “institucionalidad” salvadoreña que se levanta alrededor de los asesinos para protegerlos. No cabe duda que en este caso nos encontramos ante un crimen de Estado, porque están involucrados el ex Presidente Alfredo Cristiani y el Alto Mando militar, encabezado por el general René Emilio Ponce. Se afirma la oficialidad de los homicidios porque, además, fueron soldados del ejército gubernamental quienes dispararon y sus salarios los pagaba el Estado. Pero, más allá de eso, la situación rebasa los límites de cualquier conspiración conocida en el país.

El caso se ha desarrollado de manera compleja. Primero, con el cobarde ingreso de los militares a la UCA y el sacrificio de las indefensas víctimas. Segundo, el desempeño de la justicia. Tras la masacre, se tejió una red de complicidad y encubrimiento en la que participaron individuos de la peor ralea, conectados con los orquestadores del baño de sangre y de quienes, sin duda, recibieron y reciben favores o presiones. Aquéllos no colaboran para que el país cambie en serio. Si bien es cierto que no halaron el gatillo directamente, al avalar la destrucción de las evidencias, decretar leyes de amnistía, estampar sus firmas en resoluciones desapegadas de la ley y consentir la impunidad del poderoso, también han manchado sus manos con sangre inocente.

Así se ha construido este crimen de Estado, en el que han intervenido de manera organizada sus tres órganos principales y la Fiscalía General de la República (FGR). El Ejecutivo literalmente ejecutó a las víctimas, el Legislativo premió a los criminales con una Ley de Amnistía y el Judicial aplaudió a los “cerebros” exonerándolos de los cargos que se les han imputado. ¿Adónde nos llevará todo esto? ¿Por qué se actúa así? Son éstas sólo un par de interrogantes, de una interminable lista que surge en el marco de este complot oficial; si bien el poder de los victimarios las responde en buena medida, eso está muy lejos de ser una justificación.

En su última etapa ante “autoridades” salvadoreñas, el “Caso Jesuitas” fue examinado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en un proceso de Amparo; éste se alega cuando alguien considera que se le ha violentado un derecho constitucional. En el caso comentado, las víctimas alegaron judicialmente un total desamparo en su indiscutible reclamo de justicia; además, que tanto el Fiscal General como los diversos jueces que intervinieron en este proceso las habían abandonado sin tomar en cuenta preceptos constitucionales pues –entre otras cosas– habían omitido pronunciarse sobre puntos importantes o habían recurrido a interpretaciones y explicaciones irracionales y ridículas para favorecer a Cristiani y compañía.

En cambio, los múltiples alegatos en centenares de folios, la abundante evidencia y —sobre todo— la solvencia y la solidez propias de la razón, la verdad y la justicia eran las principales cartas de presentación de los reclamantes. No obstante, cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional decidieron olvidar su juramento de cumplir y hacer cumplir la Carta Magna; atropellaron su misma jurisprudencia, pisotearon la Constitución, abrazaron la bandera de la cobardía, decidieron agacharse ante la impunidad y optaron por agachar la cabeza ante los “señores del poder y del dinero” para entregarles la injusta e inconstitucional resolución que esperaban.

Si hay algo patético es la máxima conducción del “poder” judicial salvadoreño, sin poder ni dignidad. No en vano fue señalado con dureza por la Comisión de la Verdad tras la firma de los acuerdos de paz, al responsabilizarlo de innumerables arbitrariedades cometidas. Por eso se decidió, hace más de una década, fortalecerlo capacitando a sus integrantes y dotándolo de la autoridad necesaria para solventar controversias y conflictos entre las y los habitantes. Todo esto se intentó y de diversas formas. Hubo refuerzos presupuestarios, así como cambios constitucionales y en la legislación secundaria; sin embargo, en el fondo y no en la forma, el resultado final siguió siendo el mismo: el que fue impune ayer, es impune ahora; el que no tuvo poder en el pasado tampoco lo tiene en el presente y el que fue un vendido sigue siendo comprado.

Quizá por todo eso es que el duodécimo aniversario de los acuerdos de paz pasó casi desapercibido. Parece que ya no alcanza la cuerda para seguir celebrando el cese del fuego, porque los compromisos pacificadores iban más allá del respetable logro que representa silenciar los fusiles y suspender los bombardeos. En realidad, constituían la verdadera oportunidad para que se iniciara la construcción de una sociedad democrática que tanto bien le haría a este pueblo. Eran la puerta de entrada para generar y solidificar la verdadera división de poderes, alcanzar el respeto de la Constitución y las leyes, desterrar el autoritarismo y el “compadre hablado” para solventar las diferencias. Se quería, con ellos, producir mejores condiciones de vida para la población salvadoreña y que el débil fuera tratado por igual al momento de someterse a la justicia.

Es triste ver cómo, después de doce años, no se ha logrado construir de verdad una nueva sociedad. Para muestra un botón: cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional “saludaron orgullosos” a la Patria y a su “paz” con una sentencia vendida, sin ningún fundamento jurídico y haciéndose los sordos ante el anhelo de las víctimas por ser respetadas. Salvaron por el momento el pellejo de los asesinos, al menos ante la “justicia” nacional, pero evidenciaron que en muchas cosas este país no ha cambiado. Semejante burla, al menos, permitirá tramitar este y otros hechos ante tribunales internacionales. No obstante, las arbitrariedades deben denunciarse con energía. Que este caso pueda llevarse a otras esferas fuera de nuestras fronteras, no impide seguir pretendiendo que El Salvador cambie. Una señal esperanzadora la lanzó la magistrada Victoria Marina Velásquez de Avilés, quien no se amedrentó ante los victimarios y votó contra los otros magistrados de la Sala.

Estos últimos quisieron notificar la resolución a las cuatro de la tarde del 23 de diciembre del 2003, para minimizar con las vacaciones el impacto de la malograda sentencia; al final, la notificación se hizo en enero. Llegar al extremo de querer manipular hasta el momento de una notificación, da la idea de todo lo que ha pasado en el proceso y de quiénes manosean la justicia en el país. Esos cuatro magistrados que dictaron una sentencia tan absurda e ilegítima, mejor deberían renunciar. La censura de esta injusticia también debe ser un llamado de alerta a la población: cuando sus casos sean juzgados por Agustín García Calderón, Jorge Eduardo Tenorio, Julio Enrique Acosta y Mauricio Alfredo Clará se corre el riesgo de ser vilipendiado, pues éstos han vuelto inconstitucionales sus fallos sobre constitucionalidad y supremamente injustos sus resoluciones sobre justicia.

Desafíos de la educación

Presentamos a continuación un extracto del Capitulo I del documento Educación para todos, “Un sueño posible”, auspiciado por CIDEP, la Unión Europea y Oxfam, publicado en noviembre de 2003.

El desafío más importante es garantizar que la educación se constituya en una política de Estado, a partir de una estrategia nacional concertada, que actualice el compromiso y la visión nacional. Pasar de un plan de educación de gobierno, a un compromiso de Estado. Una oportunidad es cumplir con los objetivos de Educación para Todos y en ese marco iniciar dicho proceso, ya que los gobiernos se comprometieron a la formulación del Plan Nacional y a la creación de un Foro Permanente. Esta visión de nación debería garantizar la institucionalización de la participación ciudadana y el financiamiento adecuado de la política de Estado como principales garantías de la sostenibilidad.

La concepción de este proceso tendría que recuperar los cuatro pilares de la educación propuestos por la UNESCO: aprender a aprender, a hacer, a ser y a convivir; en la visión de una educación permanente, una educación para toda la vida. Donde se construya la esperanza y se trabaje por construir el sueño; con la participación y la construcción de la equidad; con estándares de calidad y un sistema de seguimiento que mejore continuamente la calidad.

El compromiso nacional implica un aumento significativo de la competitividad nacional basada en la acumulación y desarrollo del capital humano. Lograrlo requiere de más del 6 por ciento del PIB y la movilización de recursos adicionales, tanto de fuentes privadas nacionales e internacionales, como de la cooperación internacional. De tal forma, que el incremento de los recursos se midan en el gasto por alumno (a).

Asegurar que cada nivel de la educación disponga de las políticas, los mecanismos de implementación y los recursos necesarios para garantizar la cobertura y la calidad adecuada. En esta perspectiva, es importante corregir los mecanismos institucionales para cumplir la política de atención a la niñez en el área de la educación inicial y parvularia. La modificación del rol del ISPM (hoy ISNA) genera un vacío de cobertura en la educación inicial que debería corregirse.

Aumentar la calidad bajo programas sostenidos que dinamicen la innovación educativa, nuevos modelos educativos, la inversión en la tecnología y los aprendizajes.

Aumentar la capacidad de gestión del sistema educativo desde la escuela. Incrementar la capacidad de gerencia de directores, la capacidad de gestión de los Consejos Directivos Escolares (CDE) y la Asociación de Centros Escolares (ACE). Profundizar la descentralización con la autonomía escolar, los recursos y la capacitación adecuada para cumplir con los nuevos roles.

Modernizar el sistema de formación docente, crear un sistema de postgrados, diplomados, capacitaciones especializadas y estímulos al conocimiento y a la práctica docente.

Profundizar la calidad educativa con enfoques estratégicos integrados, centrados en los aprendizajes, la aplicación de los ejes transversales de género y medio ambiente, los valores, los derechos humanos, el pensamiento crítico y la convivencia democrática.

Mejorar el servicio educativo rural con modelos educativos alternativos para ampliar el acceso —crear y estimular el Sistema de Educación Alternativo—. Asimismo, elevar la capacidad de gestión de la escuela rural; aumentar la inversión y mejorar la calidad de los programas educativos públicos.

El reto del gobierno y de la sociedad es combatir la pobreza, en donde la educación juega un rol importante pero no es el único, por lo tanto, se debe invertir en el entorno