El problema de las clases medias en El Salvador

Requisitos sociales para la democracia en El Salvador

Recientemente, se ha publicado el resultado de una investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), relativa a la situación de la democracia en América Latina. A grandes rasgos, se dice que la región se encuentra, generalmente, en una situación democrática estable y que El Salvador supera el promedio de los países latinoamericanos. En las líneas que siguen, se hará una reflexión en torno a algunos datos arrojados por este informe, desde el punto de la teoría de los requisitos sociales para la democracia.

El informe del PNUD parte de un criterio crucial y que da una relevancia mayor a su investigación en torno a la situación de la democracia en la región. Entiende la democracia de manera amplia. En efecto, hay una tendencia difundida entre los politólogos, que concibe la democracia estrictamente en términos de régimen político, sin detenerse en criterios sociales y económicos que podrían afectar o no su vigencia. La premisa que sostiene la investigación del organismo de las Naciones Unidas plantea que la democracia es más que un régimen político. En consecuencia, surge la necesidad de examinar los vínculos entre la democracia y el desarrollo humano. Hace suya una pregunta clave del Informe sobre desarrollo humano de 1993, necesaria para dilucidar la calidad democrática de cualquier régimen: ¿hasta qué punto satisface las auténticas necesidades de la población?

La responsabilidad del Banco Mundial en el rumbo económico de El Salvador

La responsabilidad del Banco Mundial en la orientación y la naturaleza de las políticas económicas de los países en desarrollo en el mundo no es noticia. Los Programas de Ajuste Estructural y de Estabilización implementados por los gobiernos de América Latina en los años ochenta son una muestra del grado de injerencia en el destino económico de la región que ha tenido el oligopolio del poder global: el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la política económica de Estados Unidos y, últimamente con mayor presencia, la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Dentro de este “campo del poder”, han tenido que marcar el sendero de su propia política económica, los países de América Latina, pero su campo de acción ha sido limitado, convirtiéndose en simples comparsas del modelo económico que favorece a los intereses del gran capital internacional y nacional. En un contexto así, la democracia se vuelve frágil y engañosa y los procesos políticos internos parecen superfluos, puesto que los lineamientos del “qué hacer”, el “cómo” y “para quién” proceder no los dicta el pueblo sino el capital financiero. ¿Para qué votar, si el poder no lo tienen los gobiernos sino el mencionado “oligopolio del poder? ¿Cómo soñar alternativas económicas independientes que no sean cooptadas por los intereses del gran capital? ¿Qué oportunidades tiene el gobierno electo de actuar en función de las grandes mayorías, si su programa económico no es más que una prolongación del modelo neoliberal, por su propia naturaleza excluyente y sesgado para favorecer a la élite económica?

Nuevo informe del Banco Mundial: ¿nuevas recetas?

Recientemente, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) acompañó la presentación del informe El Salvador. Creciendo en el nuevo milenio, elaborado por el Banco Mundial para evaluar la aplicación de las medidas sugeridas por ese organismo durante la década de los noventa y recomendar nuevas líneas de acción en los sectores que aún muestran déficits, pese a la reforma económica ensayada desde ese decenio.

Oficialmente firmado en diciembre de 2003, llama la atención que el documento, con un contundente llamado a consolidar una verdadera política social, no fuera presentado ante la sociedad salvadoreña sino hasta concluida la coyuntura electoral. Asunto sobre el cual no estaría de más especular, en tanto que coincide, al menos en lo de la necesidad de una política social, con el énfasis de las plataformas de gobierno de la izquierda. Pero, más allá de esa nimia apreciación, resulta interesante observar que las recomendaciones de ese organismo internacional, contrario a lo que parecieran dar a entender los medios informativos, no constituyen novedad alguna. Es decir, las recetas más sonadas —realizar esfuerzos coordinados en salud, educación e infraestructura; incentivar la inversión y el comercio internacional e invertir en tecnología— ya han sido propuestas por entidades nacionales —entre ellos el mismo FUSADES— que, por falta de voluntad de quienes llevan las riendas del país, por incapacidad o por desinterés, no han sido tomadas en cuenta.

La toma de Catedral: una exhortación al diálogo

La mañana del 28 de abril, un grupo de sindicalistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) tomó las instalaciones de la Catedral Metropolitana, así como las calles adyacentes a la misma. A mediodía, un pelotón de antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) procedió a desalojar a los sindicalistas que estaban en las calles, con lo cual comenzó un enfrentamiento que culminó en la captura de varios trabajadores del ISSS, entre ellos, el dirigente sindical Ricardo Monge.

Los incidentes no culminaron ahí, sino que se extendieron por varias calles del centro de San Salvador. La policía utilizó gases lacrimógenos y vapuleó a los sindicalistas que tuvo a su alcance. Algunos grupos de manifestantes quemaron cabinas telefónicas, incendiaron un vehículo de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), saquearon algunos negocios y agredieron a periodistas de medios escritos y radiales. Los agentes policiales desalojaron las calles por la fuerza.

Panamá, elecciones sin novedades

En las próximas elecciones presidenciales de Panamá compite una figura emblemática, sobre todo por su apellido: Martín Torrijos. El heredero del legendario general Omar Torrijos, artífice de la devolución de la zona del Canal a la soberanía panameña, competirá contra otra figura emblemática: el ex presidente Guillermo Endara.

Este último se puso a la cabeza del país después de la invasión estadounidense de 1989. El ejército norteamericano incursionó en tierra panameña para derrocar al general Manuel Antonio Noriega, sucesor político de Omar Torrijos. Endara milita en el gobernante Partido Arnulfista; Torrijos, en el Partido de la Alianza Popular, coalición que agrupa a los partidos Revolucionario Democrático, Alianza Popular y Patria Nueva. Por cierto, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue fundado por Torrijos y en él se cobijó el sucesor de éste, Manuel Antonio Noriega.

Guatemala reconoce responsabilidad en asesinato político

El Presidente de Guatemala Óscar Berger dio un paso importante al reconocer, el pasado 22 de abril —en una ceremonia en Ciudad de Guatemala— la participación oficial del ejército en el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang en 1990. En dicho evento se hizo acompañar de la cúpula militar guatemalteca. Las palabras del mandatario fueron: “En nombre del Estado pido perdón a la familia Mack Chang y al pueblo de Guatemala por el asesinato de la joven antropóloga Myrna Mack”.

Si bien las frases del Presidente fueron breves, éstas llevaban implícitas el reconocimiento de la existencia de operaciones ilegales de la inteligencia militar de dicho país, así como de la participación de estructuras del Estado en crímenes políticos, que implicaron el uso de recursos materiales y humanos del ejército para la ejecución de dichos asesinatos. El gobernante, además, se comprometió en nombre del Estado a que estos hechos no vuelvan a repetirse, asegurando que el camino pasa por “fortalecer la Corte Suprema de Justicia” guatemalteca.

Junto a él, el presidente del más alto órgano judicial del país vecino, Alfonso Carrillo, aceptó la inoperancia del sistema de justicia y aplaudió la entereza de Helen Mack Chang, hermana de la fallecida, en su lucha contra la impunidad.

El motivo por el que los militares guatemaltecos decidieron matar a Myrna Mack, fue el interés de ella por la problemática de los campesinos desplazados a raíz del conflicto armado que padeció el país vecino, y por haber hecho investigaciones sobre esas dificultades de los desposeídos. Sus estudios representaron la expresión y difusión de la verdad, especialmente sobre las campañas de represión del ejército en los sectores rurales. Ese interés lo pagó con su vida.

En la plena elaboración de ese estudio se encontraba cuando fue atacada frente a su oficina en Ciudad de Guatemala, el 11 de septiembre de 1990. Murió desangrada en la calle después de haber sido apuñalada 27 veces. La policía informó inicialmente a la familia Mack Chang que había muerto en un accidente de tráfico, en un claro intento por desviar las investigaciones, como suele ocurrir en estos casos. Posteriormente, las autoridades suprimieron un informe de 60 páginas elaborado por sus propios investigadores, en el que se concluía que todo había sido un asesinato político y que el ejército estaba involucrado. El caso no avanzó, sino hasta que intervino Helen Mack, la hermana de Myrna, comenzando una lucha tenaz.

En 1993, un tribunal guatemalteco sentenció al sargento del ejército Noel Beteta a 25 años de prisión por la autoría material del asesinato. En 2002, otro tribunal guatemalteco condenó a 30 años de prisión al Coronel Juan Valencia Osorio por su participación en la planificación del crimen. Posteriormente, un tribunal de apelaciones revocó esta condena, la cual fue confirmada el año pasado por la Corte Suprema. Un investigador de la policía que reunió inicialmente las pruebas acusatorias fue asesinado en 1991. Otros dos investigadores y tres testigos fueron amenazados y huyeron del país. En 2002, un abogado representante de la Fundación Myrna Mack informó que había recibido amenazas de muerte.

El Coronel Valencia Osorio es el único oficial superior que ha sido condenado por las violaciones de los derechos humanos cometidas dentro de la guerra civil de 36 años, que cobró las vidas de unas 200.000 personas, la mayoría de ellas civiles asesinados por las fuerzas gubernamentales. Sin embargo, desde que su sentencia fue reinstaurada por la Corte Suprema el año pasado, ha logrado eludir la custodia policial y sigue sin conocerse actualmente su paradero.

Hacer el resumen de catorce años de lucha judicial puede llegar a ser una tarea sencilla, pero en realidad este proceso ha sido difícil y tortuoso, y ha demostrado cómo los poderes fácticos de Guatemala lograron acomodar la justicia a sus intereses. Han pasado catorce años, un solo criminal está tras las rejas y otro ha huido. ¿Eso es justicia? No, y por eso Helen, la hermana de la víctima, llevó el caso de denegación de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En esa Corte, el Estado de Guatemala fue condenado el 25 de noviembre de 2003 y la declaración presidencial del pasado jueves cumplió con parte del fallo de la sentencia emitida por el tribunal regional. Entre las medidas que tendrán que adoptar las autoridades guatemaltecas destacan las siguientes: “Remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen en la impunidad el presente caso, otorgar las garantías de seguridad suficientes (…) y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso; debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con los hechos de este caso y de desagravio a la memoria de Myrna Mack Chang y a sus familiares, en presencia de las más altas autoridades del Estado.

El Estado debe incluir, dentro de los cursos de formación de los miembros de las fuerza armadas y de la policía, y de organismos de seguridad, capacitación en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario; debe establecer una beca de estudios, con el nombre de Myrna Mack Chang; debe darle el nombre (de la víctima) a una calle o plaza reconocida en la Ciudad de Guatemala y colocar en el lugar donde falleció, o en sus inmediaciones, una placa destacada en su memoria que haga alusión a las actividades que realizaba.”

Con el gesto público del pasado 22 de abril, el presidente guatemalteco ha dado una muestra alentadora hacia las víctimas, al comprometerse con la exigencia de la rendición de cuentas, por los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. Ahora deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que los responsables de este asesinato —y de otras miles de ejecuciones extrajudiciales en Guatemala— sean llevados ante la justicia.

Ante la magnitud del citado acto y la trascendencia que éste tiene para garantizar la continuidad del proceso de paz guatemalteco, el IDHUCA quiere expresar públicamente su felicitación al pueblo y gobierno de Guatemala por tan importante paso en la reconciliación de ese país, al mismo tiempo que muestra su total indignación ante la ocultación de esta noticia a la población salvadoreña, por parte de los medios masivos de difusión locales, y por la notoria indiferencia mostrada por las autoridades, incluido el todavía presidente de la República, por la realización de ese evento.

Este encubrimiento muestra el largo camino que le queda por recorrer al proceso de paz salvadoreño. Sólo a través de acciones tendientes a la reconciliación nacional, que otorguen un papel protagónico a las víctimas, es como podrá culminarse esta transición inacabada.

Aunque la ceremonia del pasado 22 de abril sea recordada como un acontecimiento público y político importante, actos como este no sustituyen el quehacer de la justicia. El caso de Myrna es sólo el de una de tantas miles de víctimas inocentes, cuyas vidas fueron cegadas por las políticas represivas en Centroamérica. No obstante, la resolución de la Corte Interamericana deja al desnudo hasta dónde pueden llegar los victimarios en su obstinación por evadir lo inevitable.

Por lo tanto, ante futuras reclamaciones que el gobierno de nuestro país reciba ante instancias internacionales quedan algunas preguntas pendientes: ¿Cumplirá el Estado salvadoreño en el caso que la Corte le imponga medidas semejantes a las del Estado guatemalteco? ¿Estarán dispuestas las cúpulas militares que participaron directamente durante el conflicto civil que padecimos a comparecer en un acto público similar? ¿Reconocerá el presidente de la Corte Suprema de Justicia que la ineficiencia y la corrupción al interior del citado organismo contribuyen —aún hoy— a perpetuar la impunidad de los victimarios?

El reconocimiento público de la responsabilidad política del Estado de Guatemala por el asesinato de Myrna Mack Chang es un llamado a la esperanza. No es tiempo de cantar victoria por la plena vigencia de los derechos humanos en Centroamérica, pero tampoco es tiempo para la desesperanza.