La ilegítima presencia salvadoreña en Irak

Crímenes de guerra

Las últimas imágenes en torno al tratamiento denigrante que los soldados estadounidenses reservan a sus prisioneros iraquíes han hecho caer el último punto de apoyo de la guerra de Bush en ese país: la defensa de la libertad y la democracia, en contra de la barbarie y la violación sistemática de los derechos humanos. El presidente de los Estados Unidos y sus principales lugartenientes, desde hace algún tiempo, se refugiaban en la pretendida superioridad moral de sus principios para avalar su campaña belicista en Irak. Habiéndose esfumado la coartada de las armas de destrucción masiva, imposible de probar que el ex dictador iraquí mantenía contactos con Al Qaeda, los defensores de la guerra contra Sadam se refugiaban en los altos valores occidentales para tener buena conciencia y justificar su guerra “humanitaria”.

El diagnóstico económico del país como arma para mantener el statu quo

El primer informe trimestral de coyuntura de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) del año refleja una economía en recesión o estancamiento, lo cual se entiende como un “período durante el cual la tasa de crecimiento de las actividades económicas es siempre menor que su tendencia de largo plazo.” En otras palabras, la economía salvadoreña se encuentra en un estadio previo a un “coma económico”, donde todos los sectores económicos del país podrían entrar en un período de crecimiento nulo o, peor aún, de decrecimiento, con el consiguiente aumento del desempleo y de la pobreza de la población.

Municipalidades: primer aniversario y pocos frutos

El pasado primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, los 262 concejos municipales del país cumplían un primer año al frente de sus comunas. Sobra decir que ese año ha sido marcadamente electoral, por lo cual es posible sostener que la actividad municipal desarrollada a lo largo de esos doce meses estuvo condicionada por el desenlace de la campaña que llevó a que los salvadoreños eligieran al presidente y vicepresidente de la República. Es de suponer, en ese sentido, que las estructuras municipales se volcaron a sus comunidades para atrapar el apoyo político para sus respectivos partidos. En el mejor de los casos, intentaron convencer a los pobladores con obras realizadas. En todo caso, un año es poco tiempo como para desarrollar proyectos de desarrollo a largo plazo en los municipios del país.

Se pospone la entrada en vigor del CAFTA

Las negociaciones apresuradas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (conocido como CAFTA, por sus siglas en inglés), demostraron, en su momento, la imprudencia de no detenerse a afinar los puntos sensibles de ese tratado comercial. Ahora, se está a las vísperas del acto en que se firmará el CAFTA, el cual tendrá lugar el próximo 28 de mayo, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la ciudad de Washington. El histórico tratado no será firmado por los mandatarios de las naciones participantes, sino por los ministros de economía de estos. El traspaso de mando en El Salvador, que tendrá lugar el primero de junio próximo y la Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina, a celebrarse en la ciudad mexicana de Guadalajara —en la cual participarán los gobernantes centroamericanos—, fueron las razones por la que los socios del CAFTA optaron por tal decisión.

El inoportuno criterio del Fiscal

Después de meses sin ocupar las primeras páginas de los diarios, el Fiscal General de la República ha vuelto a aparecer. Pero no para anunciar la resolución en las investigaciones de uno de los múltiples casos pendientes que tiene. No. En esta ocasión, trae consigo bajo el brazo el que —según se deduce de sus últimas comparecencias públicas— es su nuevo caso estrella: el del escándalo de corrupción y lavado de dinero en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Por ello, no deja de ser sorprendente este nuevo propósito de Belisario Artiga por intentar resurgir de sus propias cenizas. Este lunes ha querido ofrecernos una nueva cara en su combate al crimen organizado de saco y “cuello blanco”. Cambio que, pese a la expectación que ha suscitado, todavía no ha supuesto ningún avance serio respecto a aquél “guante de seda” que le lanzó a “Perla y compañía” semanas atrás. Es más, su rostro sigue estando igual de duro y los problemas persisten: los fugitivos lo siguen siendo y la Fiscalía continúa sin recabar pruebas concluyentes para sostener una acusación judicial con garantías.

No es necesario recurrir a las hemerotecas para conocer en qué puede acabar toda esta trama publicitaria. Los antecedentes por parte de este funcionario cuando ha querido figurar ante los medios como un implacable “sheriff” han quedado siempre, no ya en el olvido, sino en el más absoluto de los ridículos y la ignominia. Si por algo destaca su gestión es por que la lista de casos asumidos por la institución que dirige es extensa; el número de expedientes resueltos breve y escasos los que han seguido un debido procedimiento.

De ahí que, aunque se proponga —una vez más— “enmendar la plana”, mientras continúe ocupando los mismos métodos que siempre le han caracterizado, seguirá obteniendo resultados que tristemente ya han padecido numerosas víctimas. Gente que, además de sufrir la desgracia de vivir en un país tan violento como el nuestro, le toca enfrentarse —en su búsqueda por conocer qué fue lo que pasó y pedir que se haga justicia— con funcionarios como Artiga: un tipo de empleados seleccionados más que para tomar decisiones independientes, para recibir órdenes y cumplirlas cabalmente.

Como señalábamos al inicio, el caso que ahora parece inquietar a Artiga es el de “las aguas negras” de ANDA. Sin embargo, sus intenciones tan sólo se quedan en una burda imitación del que podría ser un auténtico combate sin cuartel a la corrupción en el país. Pese a esta nueva oportunidad profesional que se le presenta, Belisario tan sólo se ha dedicado a explicar “a todo color” cuál fue la trama financiera diseñada para el presunto robo millonario y quiénes eran los implicados en esta. Es decir, que de presentar avances en la investigación ni hablar, pero de comparecer ante los medios masivos de comunicación para pretender justificar su salario, todo.

De ahí que, cuando parecía que la burbuja publicitaria por el caso había reventado tras las elecciones presidenciales, el lunes compareció públicamente el Fiscal General con una nueva noticia: anunciaba la disposición del “cerebro” del fraude, Mario Orellana, ex gerente de ANDA, a colaborar en la resolución del caso, que no con la justicia. Al momento de hacerse pública esta oferta testimonial, el acuerdo para el imputado ya tenía resultados efectivos: seis de sus familiares implicados han visto suspendidas las órdenes de captura en su contra, siéndoles concedidas medidas sustitutivas a la detención exigida y dos más fueron puestos en libertad.

Este nuevo giro de tuerca al caso se sustenta en la concesión del criterio de oportunidad. Este consiste en premiar la confesión de uno de los presuntos implicados en un delito para acumular cargos contra el resto y asegurar así sus condenas. A cambio, el “criteriado” resulta sobreseído definitivamente de los cargos que se le imputaban. Es decir, que se le absuelve por no haberse conseguido pruebas suficientes como para sostener una acusación penal en su contra.

Las justificaciones, que no los fundamentos, para argumentar tal decisión por parte del responsable de la investigación de los delitos en El Salvador cuelgan de un hilo. Sin embargo, tan incierto es su resultado que bien pudiera “patearlo”. Orellana podría apuntar su dedo hacia arriba “a personas de alto nivel”, asegura Artiga. Para éste esas cabezas son los responsables por todos conocidos y que, incansablemente, aparecen día tras día en los noticieros. De esto se deducen dos conclusiones inmediatas:

La primera, que el anuncio no representa ningún avance, ya que los principales imputados siguen siendo los mismos. En todo caso, la estrategia fiscal ha cobrado nuevo rumbo, optando por la de echar “balones fuera”. El objetivo es cargar con toda la responsabilidad a quienes en este momento no se encuentran en el país, desviando así la atención pública y otras posibles líneas investigativas. Y la segunda, la manipulación del lenguaje ofrecida. De tal forma que se quiere presentar a los ladrones como víctimas, asegurando que Perla fue comprado. Cuando todo el mundo sabe que para que esto suceda es necesario venderse previamente. Junto a esta, el intento de darnos atol con el dedo, presentando como “altas cabezas” a quienes sólo fungen como mandos medios de la administración pública.

En todo caso, la decisión de criteriar a Orellana denota la falta de acusaciones, sospechosos e indicios tras varios meses de estar abierta la investigación. Pese a que el Fiscal General asegure que sus “declaraciones serán pruebas contundentes”, la práctica enseña que quien confiesa con veracidad, por la razón que fuere, introduce elementos falsos para atenuar su responsabilidad. No basta la sola confesión —por muy criteriada que esta sea— para sostener una condena. En todo caso, esto demuestra las graves deficiencias que está presentando la Fiscalía, aún con sus casos estrella. De ser beneficiado por la Jueza Novena de Instrucción que conoce el caso, el gerente de la autónoma se convertirá de acusado en testigo de cargo. Pero con su declaración descargará de la responsabilidad que, según la ley, le corresponde al Ministerio Público en la investigación del delito.

La lista de casos pendientes con la justicia que aglutina este funcionario es tan larga, que hace ya tiempo que sobrepasó los límites de la indignación. En todo caso, lo mejor que puede hacer es retirarse discretamente para no seguir hundiendo —más aún, si es posible— al agónico sistema de justicia salvadoreño.

Si la persecución de los ladrones de ANDA “al parecer” le está ocupando largos meses de trabajo, no ocurre lo mismo con esa otra serie de expedientes que impunemente aguantan el polvo de las gavetas de su escritorio. El “caso Katya” fue el que anunció como su compromiso personal al inicio de su primera gestión. Hoy, pasados ya más de cinco años, continúa sin presentar resultados ni avance alguno en las investigaciones. Hilda María Jiménez, madre de la pequeña Katya, tiene duras palabras en su contra, en la carta que dedica a su hija fallecida por el quinto aniversario de su muerte:

“Él y otros funcionarios siguen sordos y ciegos, sin investigar como es debido, ocultando y callando para terminar siendo cómplices de hechos abominables como tu violación y asesinato, sin importarles el inmenso dolor que desgarra nuestras almas al no poder ver más con vida a nuestras hijas e hijos”.

Como es lógico deducir la credibilidad de este funcionario es más que cuestionable, cuando anuncia a la luz de las cámaras de televisión que está trabajando con rigor. Señor Fiscal General de su gestión queremos hechos, pruebas, diligencia y profesionalismo. Ya nos cansamos de sus desacertadas comparecencias públicas, sus acusaciones basadas únicamente en indicios, su falta de rigor profesional y reiteradas negligencias. Usted es uno de los principales responsables de la crítica situación por la que atraviesa el sistema de justicia en nuestro país. Ante esta situación tiene dos opciones: o reacciona diligentemente tal y como la Constitución y las leyes le ordenan o mejor renuncia de inmediato. El sufrido pueblo salvadoreño se lo agradecerá.