Nuevo estilo para lo mismo

 Educación, mujeres y mercado laboral

Las condiciones socioeconómicas de las familias salvadoreñas son difíciles en la actualidad. El funcionamiento de la economía del país se caracteriza por una ralentización de su actividad, un alto nivel de desempleo y un sector informal en constante crecimiento. En este contexto, se encuentran otros elementos particulares que empeoran la condición de las familias, especialmente de aquellas que tienen a mujeres como jefes de hogar. En El Salvador existen aproximadamente 510,358 hogares con jefatura femenina. Esta cifra corresponde al 33.5% del total de hogares. En razón de lo anterior, resulta importante conocer cómo se encuentra el nivel de ingreso de las mujeres, ya que ello puede dar nuevos elementos sobre la condición económica de una familia con jefatura femenina y, además, revelar el sesgo de género en el funcionamiento de la economía.

 Mitos y realidades sobre las Micro y Pequeñas Empresas de El Salvador

“—¿Cómo calificaría la gestión gubernamental de Francisco Flores con respecto a la micro y pequeña empresa?
—Fue desastrosa. Al hacer un balance de cuál fue la cobertura, de cuáles fueron los instrumentos y los segmentos empresariales que fueron beneficiados, le puedo asegurar que no fue la micro y pequeña empresa”.

Entrevista a la directora del programa Entorno de FUNDAPYME y catedrática del Departamento de Economía de la UCA, Julia Evelyn Martínez, en el programa radial “Hablando de Economía”, transmitido por radio YSUCA, el día 7 de junio de 2004.
La crónica económica del último lustro (1999-2004) sobre la gestión gubernamental a favor de las micro y pequeñas empresas (MYPES) salvadoreñas ha sido una historia escrita y leída desde ángulos muy diferentes.

 Pacto por el empleo o el monólogo de la derecha

El presidente Elías Antonio Saca se sentó con los empresarios para discutir la manera de incrementar los empleos en El Salvador. Sus interlocutores son viejos conocidos: los grandes empresarios aglutinados en ANEP y el centro de pensamiento que éstos financian, FUSADES. A la cita también acudieron el director de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Gustavo Belismelis, miembros del gabinete de gobierno y otros prominentes empresarios e industriales salvadoreños. Pero, lejos de la expectativa mediática que el cónclave ha generado, no hay visos que permitan asegurar un cambio de rumbo en la conducción de la política laboral de los últimos años. El supuesto diálogo de los empresarios con el presidente no pasa de ser un conversatorio entre las personalidades más prominentes del bloque hegemónico de la derecha, la amalgama de intelectuales, funcionarios públicos, empresarios, banqueros e industriales que han trazado los destinos del país desde los últimos quince años.

 Justicia incierta

El proceso judicial que se sigue en la actualidad en contra del ex presidente Alfonso Portillo sólo puede despertar calificativos elogiosos. Resulta ejemplar que se le pidan cuentas a un ex gobernante por sus acciones corruptas. Es un buen paso para combatir la impunidad, un mal inveterado en la sociedad guatemalteca.

Ese mal se puso de manifiesto durante el gobierno de Portillo. Sobre su gobierno estalló un escándalo de malversación de fondos públicos y de lavado de dinero en cuentas bancarias de Panamá y las Islas Caimán. Los principales involucrados fueron el entonces presidente Portillo, algunos de sus familiares y otros altos funcionarios de su gabinete.

Sin embargo, hay varios elementos que hacen prever que el proceso no tendrá los resultados que se desean. Véanse los hechos.

Poco después que el Ministerio Público asumiera la tarea de investigar a fondo los actos de corrupción del ex gobernante, se comenzaron a dar pasos importantes. El once de junio se anunció la congelación de las cuentas bancarias de Portillo. La semana pasada, un juez civil ordenó el embargo de algunos inmuebles y cuentas bancarias propiedad del ex presidente.

El Fiscal General guatemalteco, Juan Luis Florido, declaró a la prensa que, aunque no es posible solicitar la extradición de Portillo, quien se encuentra en México, se está intercambiando información con Panamá y Estados Unidos, países en los que se investiga al ex presidente por lavado de dinero. Además, según anunció Florido, se ha creado una unidad especial, dentro del Ministerio Público, para desalojar los inmuebles embargados a Portillo.

Sin embargo, la pieza clave en este juicio, esto es, el propio Portillo, sigue fuera de Guatemala y, por lo tanto, fuera del alcance de la justicia. La información que podría recabarse en el extranjero no es suficiente, según el Fiscal, para pedir la extradición del acusado. “Entiendo que la Fiscalía contra la Corrupción investiga las sociedades que se mencionaron en las demandas civiles que se presentaron para obtener información adicional dentro de las investigaciones. Pero, por ahora, no estamos en ninguna fase que nos permita solicitar medidas contra el ex presidente”, declaró el funcionario del Ministerio Público.

Por muy esperanzador que parezca el hecho de que se estén tomando acciones, el camino hacia la justicia está lejos. No hay elementos que garanticen la extradición de Portillo. Durante las primeras semanas del gobierno del actual presidente Óscar Berger, Portillo huyó al saber que se investigarían sus acciones. Declaraciones como las del fiscal Florido son poco alentadoras: “Desde el momento en que [el ex presidente Alfonso Portillo] solicitó una prórroga a su visa de permanencia en México, las autoridades tendrán conocimiento de su paradero. Más no podemos, porque no existe una denuncia específica contra él. El trabajo lo estamos haciendo, pero no va a arrojar resultados en el corto plazo.”

Mientras no exista una orden de extradición contra Portillo, no habrá nada que lo detenga en México. Puede, incluso, trasladarse a otro país que no tenga convenio de extradición con Guatemala, en caso de que la investigación se profundice. Por de pronto, el intercambio de información con los investigadores en los EEUU es todavía muy incipiente.

La banca guatemalteca, gran perjudicada
Algunos bancos guatemaltecos resultaron afectados con las corruptelas en las que estuvo involucrado Portillo. Los desfalcos de Portillo y los suyos estuvieron a punto de crear “una crisis sistémica en el campo financiero”, según palabras del presidente del Banco de Guatemala, Lizardo Sosa.
Un banquero llamado Francisco José Alvarado Macdonald, espera pedirle cuentas al ex mandatario para resarcir las pérdidas, que ascienden a más de 15 millones de quetzales. Alvarado Macdonald, que guarda prisión en la actualidad, pues no pudo huir de la justicia guatemalteca, como el otrora gobernante, no podrá, sin embargo, disfrutar de ese dinero, pues tendrá que reponerlo a los bancos desfalcados. Este personaje fungió, ni más ni menos, como cómplice de Portillo, ayudándole a hacer préstamos fraudulentos que hundieron a varios bancos.

Reos de lujo
El banquero fue capturado el 12 de junio. Guarda prisión en un sector especial del Centro Preventivo de la Zona 18 de la ciudad de Guatemala. Dicho sector, conocido como “cinco estrellas” por sus comodidades, es donde también guardan prisión once reos por casos de desfalco. Parece que la corrupción de altos vuelos merece un trato privilegiado en el sistema penal centroamericano. Si no, recuérdese que otro ex mandatario acusado de corrupción, el nicaragüense Arnoldo Alemán, guarda prisión en su lujosa casa de campo de Los Chiles.

Los once compañeros de celda de Alvarado Macdonald compartieron vínculos políticos con el ex presidente. Algunos de ellos desempeñaron cargos durante su gobierno. Eso basta, según el ministro de Gobernación, Arturo Soto, para dispensarles ese trato especial, aunque, extrañamente, el funcionario desmiente lo que salta a la vista. “No son presos con privilegios, sino que no podemos mezclar a ex ministros con reclusos comunes, por seguridad”, ha declarado el ministro a la prensa. ¿Cuántas veces en Centroamérica se han mezclado a acusados sin sentencia con reos peligrosos y nadie se ha preocupado por su seguridad?

Estos reos desempeñaron funciones en el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), una institución que fue saqueada por el clan cercano a Portillo, desde sus puestos de dirección. También tienen el honor de compartir celda con Alvarado Macdonald, el ex contralor de la República y los dos ex funcionarios máximos de la cartera de Gobernación, Óscar Dubón Palma, Byron Barrientos y Luis Dávila, respectivamente. Eduardo Weymann, ex ministro de Finanzas, se presentó voluntariamente a las autoridades judiciales, y es el único de los doce reos “de lujo” que no tiene una cama propia. Los doce están junto a un capo del narcotráfico y junto al sacerdote Mario Orantes, a quien se le imputa la muerte de Monseñor Girardi.

Con todo, Alvarado Macdonald tiene esperanzas de que su estancia en el reclusorio sea corta. Un juez resolvió el pago de una fianza como sanción para el reo. Como se ve, hay una justicia pronta y cumplida para los delincuentes de cuello blanco. Ello crea un mal precedente en este caso.

Tómese en cuenta que el 16 de junio se abrió el proceso judicial en el caso del desfalco del IGSS. El desfalco se dio a través de la creación de un fideicomiso fraudulento. Uno de los responsables, Marco Tulio Acosta, compareció en audiencia pública y ya se han programado las comparecencias de otros imputados para el 12 de julio próximo. Si las autoridades judiciales correspondientes dictaminan que todo se resuelve mediante el pago de una fianza, la intrincada red de corrupción quedará intacta, y esta prueba de fuego del sistema de justicia guatemalteco distará de ser ejemplar.

La banca tiene pocas esperanzas de resarcirse
Con todo y el poder económico de la banca guatemalteca, esta no tiene grandes esperanzas de recuperar el dinero desfalcado. El desastre bancario era inminente, cuando estalló el escándalo de los bancos defraudados. El Banco de Guatemala, que funciona como el Banco Central de Reserva, tuvo que intervenir los bancos para evitar el colapso, esa “crisis sistémica” a la que alude Sosa.

Obviamente, si fue el Banco de Guatemala el que intervino los bancos para evitar mayores desastres, esto quiere decir que se usaron fondos nacionales para solventar la situación. Aunque en su momento Sosa se encargó de aclarar que la medida no afectaría la política monetaria, cabe reparar en que fue el dinero estatal, valga decir, de los contribuyentes, el que se utilizó para evitar la quiebra de bancos privados y del sistema bancario en general.

Cuando menos, los bancos afectados tienen en Alvarado Macdonald un acreedor fijo al cual pedir cuentas. ¿A quién tendrán que pedirle cuentas los contribuyentes guatemaltecos por todo el dinero que Portillo desfalcó? ¿Quién es el garante de que se le devuelva a Guatemala ese dinero, quetzal sobre quetzal?

¿Es imposible superar las secuelas del saqueo?
El editorialista del matutino Prensa Libre se interrogaba si era posible que el actual gobierno cumpliera sus promesas en el área social, tomando en cuenta que Portillo descapitalizó considerablemente las arcas nacionales. La preocupación del editorialista es legítima y toca el tema crucial de las promesas de bienestar social con las que los políticos alegran los ánimos del electorado: ¿con qué fondos se financiarán las políticas sociales? La administración de Berger puede tener las mejores intenciones del mundo, en el sentido de buscar un estilo de gobernar descentralizado —a la usanza de los “gobiernos móviles” de ciertos regímenes populistas—, que conozca de primera mano las urgencias de la población. Pero si no hay un respaldo económico para esas buenas intenciones, no se está hablando de nada.

Obviamente, si Portillo y sus cómplices no devuelven el dinero saqueado —dinero que podría emplearse para enfrentar problemas sociales graves y no para disfrute de un grupo de corruptos—, esos fondos no reaparecerán por arte de magia en las arcas nacionales guatemaltecas.

En síntesis, la corrupción gubernamental es un mal que afecta a la sociedad en su conjunto, al grado que puede llegar a poner en peligro su estabilidad económica. Si bien todos son afectados por igual, es evidente que hay sectores que pueden salir mejor librados que otros. No hubo ninguna intervención estatal que protegiera los intereses de los contribuyentes guatemaltecos, como si la hubo en el caso de los bancos. Estos, al menos, pueden resarcirse de sus pérdidas en parte, mediante el embargo de bienes inmuebles propiedad de los estafadores, tal como se está procediendo en este momento.

 Mesa… ¿por el empleo?

Mientras la gran convocatoria oficial a propósito de la “Ley Antimaras” ya va por su segunda semana de discusiones, negociaciones y acuerdos, el recién estrenado presidente de la República se ha lanzado a la creación de cuantas más “mesas” le sean posibles. A los hechos nos remitimos. Antonio Saca sí está haciendo lo que su predecesor, Francisco Flores, prometió y nunca cumplió o lo realizó pero para mal: “una nueva forma de hacer política”. Aunque no lo diga, desde su mismo discurso inaugural se distanció diametralmente de la actuación de aquél y —a todas luces— con las señales que está lanzando en estos primeros días se profundiza ese alejamiento. Y como la práctica es la mejor forma de revelar las verdaderas intenciones de cualquier palabra, habrá que ver más adelante cómo se van desarrollando los acontecimientos.

El caso es que el actual titular del Ejecutivo plantea frente a los obstáculos para la gobernabilidad en el país, ¡mesa!; si hay problemas con la energía y el petróleo, ¡mesa!; si —como ya se dijo— había que retomar el tema de las “maras”, ¡mesa! La receta parece no agotarse por el momento y, también, alcanza para encarar los graves problemas que se padecen en lo relativo al empleo. De ahí que los principales empresarios del país —esos que forman el llamado “bloque hegemónico empresarial”— y el presidente Saca, hayan decidido tomar cartas en el asunto. En tal sentido, esta semana se realizaron algunas reuniones con el objeto –dicen– de encontrar medidas adecuadas que ataquen frontalmente la falta de empleo en El Salvador.

De entrada, con esto se podría comenzar a bosquejar dos conclusiones. Que las cifras del desempleo formal y del empleo informal son tan altas que han obligado a una intervención gubernamental inmediata, es la primera. De esa forma, quedan demostrados los pésimos resultados obtenidos por Flores en materia laboral y lo falso de sus discursos en Naciones Unidas o la Cumbre de las Américas, por ejemplo. Sin embargo, pese a los notables esfuerzos realizados por Saca para difundir de forma masiva su estilo, no dejan de sorprender las medidas concretas tomadas en esta apuesta por el empleo.

Entre otras razones porque —y esa es la segunda conclusión— esta novedosa costumbre gubernamental de querer enfrentar los problemas del país con una manera abierta y publicitadamente conciliadora y pluralista, podría empezar a mostrarse por lo menos como algo incierto. El ejemplo más gráfico para sostener esto último, nos remite a este asunto del problema del empleo al que hacemos referencia. Como anfitrión que es en esta otra “mesa de concertación”, Antonio Saca únicamente ha invitado a quienes ha estimado conveniente. Para el caso de la “Ley Antimaras” era obvio que tenía que celebrar un gran convite social; pero cuando de hacer dinero se trata, en principio la “mesa” sólo está puesta para los grandes empresarios del país. Quién sabe si más adelante las cosas cambien, pero este comienzo no es alentador.

Se ha presentado esta vez el llamado “pacto por el empleo”, que tiene como prioridad la generación de nuevas fuentes de trabajo. A la reunión inicial acudieron —por invitación presidencial expresa— las principales gremiales empresariales del país incluyendo a banqueros, transportistas y acaudalados empleadores particulares. Todos aseguran que acuden con la intención clara de mejorar las cifras que en materia de empleo arrojó el quinquenio anterior.

Como señalábamos, sorprende que en otras “mesas” propuestas por el presidente la calidad de los invitados fuera más variada que la de ésta. Entre otras razones porque, si se quiere hablar de un aumento en la cantidad del empleo, es necesario contar con la participación de una representación auténtica de las y los trabajadores. Eso puede ser un anuncio que nos remite al conocido refrán: “No todo lo que brilla es oro”. Porque, sin obviar el notorio cambio de estilo presidencial en otras cosas, cuando de política laboral se trata parece que serán los empresarios los que seguirán marcándole la agenda al Ejecutivo.

Por si no fuera bastante con esto, aparentemente se está pretendiendo iniciar algo sin que se haya realizado el más mínimo diagnóstico acerca del panorama laboral actual. De ahí que nadie, incluido el mismo presidente de la República, quiera comprometerse en detalle respecto a las cifras de nuevos empleos que podrían crearse ni qué sectores serían los más beneficiados. Por el momento, sí parecen comprometerse —ojalá no sea “del diente al labio”— a respetar las condiciones salariales y a brindar una protección total de los derechos del sector trabajador.

También se ha apuntado como una necesidad la de recurrir a la investigación, creatividad y aprendizaje para generar inversión interna, fortaleciendo —entre otros organismos— al Ministerio de Trabajo. Si está tan clara la fórmula, ¿por qué a estas reuniones no se ha convocado tampoco a ciertas universidades, cuando son éstas protagonistas fundamentales en materia investigativa para el desarrollo?

Poco, o más bien nada, es lo que se ha hablado sobre las pésimas condiciones laborales que prevalecen en el país; mucho menos del estado en que se encuentran los controles existentes para el cumplimiento de la legislación nacional e internacional, ni de su fortalecimiento. En este ámbito, las debilidades acumuladas por el Ministerio de Trabajo son de extrema gravedad. Uno de los recientes informes de la organización internacional Human Rights Watch, así lo expone. Su título: “Indiferencia intencionada. Inacción del Gobierno de El Salvador en la protección de los derechos humanos laborales”. Entre las violaciones más comunes que a diario se cometen, se encuentran los despidos de sindicalistas y la elaboración de “listas negras” que incluyen a las y los trabajadores con actividad sindical probada, las cuales se ocupan para discriminarlos cuando quieran o necesiten acceder a un nuevo empleo.

Junto a las mencionadas violaciones se encuentran otras más habituales, como el retraso en el pago de salarios o la negativa a pagar aguinaldos u horas extras. Entre las que ocasionan perjuicios indirectos, la más destacada es la no remisión de las deducciones de los salarios para pagar las cuotas correspondientes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y a las llamadas “AFP”. Con ello se niega, entre otras cosas, la posibilidad de utilizar los escasos y deficientes servicios de salud pública que todavía existen.

La causa de lo anterior radica, como señala el citado documento, en la inadecuada aplicación de las leyes laborales. Pese a que la falta de recursos es un obstáculo grave, la ausencia de voluntad política manifiesta para hacer cumplirlas supone la principal razón. Un ejemplo que visibiliza el estado de esta cartera estatal es que, en la actualidad, existen tan sólo treinta y seis inspectores para controlar el cumplimiento de las condiciones en que trabajan más de dos millones y medio de personas.

Se ha prometido generar más empleos, pero nada se dice hasta ahora sobre su calidad. ¿Se tratará eso más adelante en la “mesa” aludida? Quién sabe, mientras no participe en ese “pacto por el empleo” una verdadera representación —no hablamos de “comparsas”— de las y los trabajadores. De no ser así, se corre el riesgo de que tanto el gobierno como los empleadores allí reunidos den como válido que no existen violaciones graves. Y es que esa ha sido la costumbre que, para algunos, podría cambiar con la administración Saca.

Es necesario y urgente generar empleo, pero también se requiere que éste sea ofrecido en condiciones dignas. Eso quiere decir: sin discriminación y respetando todos los demás derechos laborales reconocidos tanto en la Constitución de la República como en la normativa interna e internacional. Mientras no exista este compromiso y el mismo no se materialice en hechos concretos, en este “río revuelto” del trabajo precario, los únicos que seguirán ganando serán los grandes empresarios. No obstante, en medio de la actual “luna de miel”, el mandatario tiene la oportunidad de sentar las bases para que —pasado el encanto inicial— se garantice un cambio de rumbo real en esta materia y en serio se beneficie a la clase trabajadora salvadoreña.