PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 24
número 1107
Julio 21, 2004
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: Dificultades para cumplir

Política: ¿Caben las maras en la democracia salvadoreña?

Economía: ¿Crisis en las negociaciones de libre comercio?

Economía: Adiós a las armas

Sociedad: Acceso (restringido) a la información

Regional: Los desafíos de la multiculturalidad (I)

Derechos Humanos: Aniversario antimaras

Indicadores Sociales:

 
 
Editorial


Dificultades para cumplir

 

El gobierno de Saca prometió ejecutar catorce medidas con las cuales pretende corregir las fallas de los tres gobiernos que lo precedieron; sin embargo, no está claro de dónde saldrán los fondos para financiarlas. Entre los diversos sectores del país, excepto en el gobierno, existe consenso sobre la delicada situación fiscal y la necesidad de una reforma tributaria profunda. Pero es un consenso superficial, pues así como todos hablan de la necesidad de aumentar la carga tributaria, no hay acuerdo sobre cómo hacerlo.


El gobierno, para evitar subir los impuestos, insiste en unas proyecciones que mostrarían cómo el ingreso tributario aumentará su volumen de forma gradual, a largo plazo. Sin embargo, el fundamento de esas proyecciones no es sólido. Lo cierto es que aunque no acepte la existencia de un problema fiscal, sí admite la necesidad de una política de austeridad, que incluye congelar plazas y recortar el gasto corriente.


De hecho, estas medidas ya fueron adoptadas por el gobierno anterior. No es claro, sin embargo, cómo el gobierno de Saca podrá financiar sus catorce medidas. Al parecer, tiene tres posibilidades. En primer lugar, podría recurrir a la cooperación externa, pero para eso las prioridades de los cooperantes deben coincidir con las suyas. Como segunda posibilidad, el gobierno podría emitir o contratar más deuda, ya sea con bonos o con préstamos nuevos, lo cual empeoraría la ya delicada situación fiscal. Finalmente, se podría pedir ayuda a la sociedad, tal como lo sugiere la red de bienestar social, lo cual significa trasladar su función y responsabilidad a manos privadas, así como sucede en el caso de las remesas colectivas, las cuales proveen a las comunidades, sobre todo rurales, de unos bienes y servicios que debieran ser proporcionados por el gobierno. Ninguna de las tres alternativas parece aceptable ni viable para poder realizar lo prometido en esas catorce medidas.


La estructura presupuestaria actual no deja margen para apoyar programas sociales, puesto que alrededor del 80 por ciento del gasto corriente del gobierno está destinado a salarios. Por eso, al hablar de reforma fiscal habría que incluir no sólo la política del ingreso, sino también la del gasto, un tema menos discutido, razón por la cual tampoco existe consenso sobre el mismo. El último informe de desarrollo humano advertía que era necesario un financiamiento adicional del 4.4 por ciento del producto interno bruto para este año 2004, el cual debía elevarse hasta el 7.5 por ciento en el año 2015, si es que se querían mejorar los indicadores sociales de educación, salud y vivienda. Para alcanzar esa meta, habría que llevar la carga tributaria del 11.2 por ciento del producto interno bruto al 19 por ciento. Pero en lugar de avanzar en esta dirección, al menos en este año, se está retrocediendo. Las autoridades económicas han advertido ya un crecimiento de la economía nacional menor al proyectado y, asimismo, anunciaron una disminución en los ingresos tributarios respecto a la recaudación del año pasado. Es decir, el gobierno no está recaudando más, sino menos, con lo cual disminuye sus posibilidades para desarrollar sus programas y proyectos sociales. Si esta tendencia se consolida, el gobierno de Saca no podrá ejecutar las catorce medidas prometidas.


Un elemento clave de la agenda social del nuevo gobierno es la ampliación del empleo y también mejorar su calidad, a través de la cobertura de la seguridad social, la cual incluye vejez, invalidez y muerte por riesgos comunes y profesionales y cubre tanto la pensión como la atención médica necesaria. A diferencia de los otros elementos de la agenda social, la educación, la salud y la vivienda, que el gobierno asume como tareas propias, la creación de empleo es una tarea que asigna a la empresa privada. Es decir, el gobierno se desentiende de ella y él mismo, por razones de austeridad, cierra plazas. Sin embargo, todavía se desconoce cómo la empresa privada creará los empleos necesarios, puesto que la inversión nacional y extranjera ha sido históricamente baja. Además, el gobierno se olvida que más de la mitad del empleo generado se da en el llamado sector informal, en la micro y pequeña empresa, las cuales operan en condiciones precarias de subsistencia. Es decir, son empresas que no tienen posibilidad para crear empleo de calidad, tal como el que se necesita. Dicho de otra manera, el gobierno de Saca ha hecho un planteamiento inadecuado de la cuestión del empleo y, por lo tanto, su fracaso está anunciado de antemano.


Más de alguno objetará que la competitividad atraerá a las empresas que crearán empleo. Pero, de nuevo, quienes así argumentan olvidan varios presupuestos fundamentales: La competitividad es una cuestión compleja que incluye desde la estabilidad macroeconómica hasta la vigencia del Estado de derecho y la calidad de las instituciones, pasando por la calidad de la mano de obra y la capacidad empresarial, sólo para mencionar algunas. A su vez, la calidad de la mano de obra está relacionada con el nivel educativo de la población, a mayor nivel educativo, mayor calidad, mayor productividad y mayor salario. Pero este no es el caso del país, donde el promedio de escolaridad es muy bajo: apenas llega a los cinco grados y medio. La escolaridad es menor en el área rural que en la urbana y es mayor en el área metropolitana de San Salvador, donde supera los siete grados. Esto quiere decir que no es posible aspirar a mejorar la competitividad con la calidad de la mano de obra, en el corto plazo. Elevar la calidad de la mano de obra requiere de mucha inversión estatal y sus resultados son de mediano plazo, en cuanto a la cobertura, pero de largo plazo, en cuanto se trata de la calidad. Es decir, el país ha perdido un tiempo precioso en la década de los noventa, obsesionado por la estabilidad macroeconómica.


Es muy difícil que la empresa privada del país o la extranjera sea capaz de crear, en el corto plazo, empleo de calidad como el que se necesita. Hasta ahora, la inversión extranjera más dinámica es la maquila textil. Es un error pensar que esta inversión y esta clase de empleo sean lo que el país necesita para hacer de lo social la base del desarrollo económico. Pero generar empleo no es suficiente en sí mismo, dado que en el subempleo trabaja casi el 40 por ciento de la población urbana empleada. Son personas que trabajan más de cuarenta horas semanales, pero cuyo salario es menor que el mínimo vigente. Mejorar la calidad del empleo actual debiera ser, pues, una prioridad tan alta o más alta que crear más empleo, en condiciones similares a las actuales, si es que la prioridad de lo social es igual o mayor que la prioridad de lo económico.

G

 

Política


¿Caben las maras en la democracia salvadoreña?

 

Hay dos tipos de respuestas posibles a la interrogante que encabeza este comentario. Desde el punto de vista de la gran mayoría de los salvadoreños, los políticos de derecha y los sectores más influyentes de los empresarios, se puede contestar, rotundamente y sin titubeos, de forma negativa. En la óptica de estos sectores, cabe celebrar la idea de una Ley Antimaras, lanzada hace un año, por el entonces presidente Francisco Flores. En su tiempo, el ex mandatario juró devolver la tranquilidad a los salvadoreños honestos, acosados a diario por unos pandilleros desalmados. Prometió recuperar la autoridad sobre decenas de barrios y comunidades ocupadas por ellos. Por eso, decidió mandar a las calles a policías y militares para hacer frente al cáncer incontrolable de las pandillas

G

 

Economía


¿Crisis en las negociaciones de libre comercio?

 

Recientemente el director de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Supachai Panitchpakdi, dijo que “todos seríamos más pobres” si existe un fracaso en el intento de última hora por salvar la actual ronda de negociaciones del organismo. Ante esta petición, los enviados por cada país se reunieron para dar una primera respuesta a un acuerdo preliminar esbozado por Supachai junto con otros de los principales mediadores. El embajador de Japón, Shotaro Oshima, está de acuerdo con la petición de Panitchpakdi, al afirmar que los Estados miembros deben hacer todos los esfuerzos posibles para lograr un pacto.

G

 

Adiós a las armas

 

Adiós a las armas fue el título de la obra que el reconocido escritor estadounidense Ernest Hemingway publicó en 1929, en las postrimerías de una de las crisis económicas globales más fuertes de la historia, la Gran Depresión, y entre los dos conflictos bélicos más desastrosos del mundo, las dos guerras mundiales del siglo pasado. En 2004, luego de 75 años que saliera a luz dicha publicación, la simple referencia a este título en un país como El Salvador resulta altamente significativa para razonar la problemática actual de violencia, criminalidad y zozobra que afecta directa o indirectamente la calidad de vida de los salvadoreños; sobre todo, enfocarse en el rol que actualmente juegan las armas de fuego en la configuración económica y social de la población salvadoreña. Y no es para menos, en El Salvador se estima, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que en El Salvador circulan más de 450,000 armas de fuego, la mayoría ilegales. Solo en tres años, entre 1997 y 2000, el Ministerio de Hacienda reportó la importación de más de 8 millones de municiones al país.

G

 

Sociedad


Acceso (restringido) a la información

 


Los últimos escándalos de corrupción gubernamental, la nebulosa negociación legislativa del presupuesto general de la nación, el papel de los medios de comunicación en la reciente campaña electoral y la escasa incidencia de iniciativas ciudadanas en El Salvador sitúan nuevamente el acceso a la información como tema de primer orden. De hecho, siempre será un asunto de capital importancia para los salvadoreños en tanto que no se puede hablar de ello sin referirse al desarrollo democrático del país, concretado en el respeto por los derechos civiles y políticos fundamentales, el ejercicio del poder político y económico, el control social, la participación política y el papel de los medios de comunicación en la construcción de la democracia.

G

 

Regional


Los desafíos de la multiculturalidad (I)

 

Un informe presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) vincula el desarrollo humano con la libertad cultural. Esto muestra un avance hacia una concepción más integral de desarrollo humano, concepto que estaba circunscrito a indicadores socioeconómicos únicamente. El desarrollo humano tiene que abarcar los distintos aspectos que distinguen al ser humano. La humanidad no puede resumirse en la suma de sus estructuras económicas y sociales. El documento se presentó bajo el título La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, y su aplicación a la realidad centroamericana será el objeto de análisis de las siguientes líneas.

G

 

Derechos Humanos


Aniversario antimaras

 

Las constantes noticias y eventos que diariamente transcurren pueden hacernos perder la perspectiva de saber hacia dónde vamos. Por eso este espacio lo dedicamos a la crítica y a la reflexión. Hoy nos detendremos en un suceso que cambió por completo la realidad nacional. Para cuando este comentario sea publicado el “Plan Mano Dura” habrá cumplido su primer aniversario. De ahí que queramos fijar nuestra atención en tan significativo acontecimiento. No vamos a hacer una revisión de todo lo acontecido desde aquella inesperada aparición de Francisco Flores en la colonia Dina. No. Los incesantes hechos nos llevan esta vez a fijar nuestra atención en aquellos que están encaminando a este Plan hacia su consolidación definitiva. Nos referimos a las mesas organizadas por el Ministerio de Gobernación, en relación al combate a la delincuencia generada por jóvenes organizados en pandillas, conocidas popularmente como “maras”.


Pero, previamente, hagamos un breve recorrido para recordar cuáles fueron las causas que nos llevaron hasta donde estamos: El “Mano Dura” se implementó para sacar de la crisis al por entonces presidente, Francisco Flores. El hundimiento en el que se encontraba al frente de su “desgobierno” ofrecía, además, un panorama bastante negro para los oficialistas en la recta final de su mandato. A esta coyuntura se sumaba la ventaja que el principal Partido de oposición estaba ganando en los espacios públicos, en un año electoral. De ahí que hubiera que limpiar con urgencia las manchas del sillón presidencial y las del instituto político oficial.


Fue por este motivo que miembros de la dirigencia “dorada” de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) tuvieron que tomar cartas en el asunto. Así fue como surgió la idea. Desde entonces, el combate irrestricto a la delincuencia de pandillas o “maras” no ha dejado de rendir frutos. Tanto es así, que además de levantar la imagen de Flores, permitió a su actual sucesor, Antonio Elías Saca, obtener una abrumadora mayoría en los todavía recientes comicios presidenciales.


Sin embargo, el nuevo mandatario se encontró con un obstáculo de inicio: el treinta de junio expiraba la vigencia de la ley temporal especial “Antimaras”. Si bien este acontecimiento era previsible, tres días después de su toma de posesión surgió otro inesperado: Naciones Unidas, a través de su Comité sobre los Derechos del Niño, instaba a derogar de inmediato dicha ley y a aplicar la del Menor Infractor “como el único instrumento lícito en el área de justicia al menor”. El problema era entonces más que evidente. Hasta ese momento, las medidas que se habían diseñado para este exitoso plan se habían encontrado al margen de la Constitución y de los tratados internacionales. ¿Sería entonces capaz Saca de acabar con la gallina de los huevos de oro de ARENA? Los hechos nos han demostrado después que, tanto él como su gabinete, han sabido cambiar de táctica sin modificar su estrategia.


Para tal fin fue que desde el Ministerio de Gobernación se convocó a representantes de los diferentes sectores implicados en la propuesta oficial: La de un combate legal para este tipo de delincuencia. Para la realización de esta obra de “ingeniería” jurídica se integraron tres mesas de discusión: una de justicia penal, otra de justicia penal juvenil y la tercera y más trascendental la de prevención, rehabilitación y reinserción. La apertura del Ejecutivo a la concertación era evidente. Por tanto, no era este el momento de caer en confrontaciones estériles —habituales durante la “administración Flores”— como tampoco lo era de dejar pasar la oportunidad para comprometer políticamente a la actual jefatura del Estado. Pero lo que no esperaban los anfitriones fue la numerosa aceptación, ni el grado de compromiso mostrado por los participantes y su visión crítica de la problemática. Un dato curioso: Conforme transcurrieron las reuniones, los representantes del Ministerio pasaron de convocantes a ser gobernados por la disciplina de los reunidos.


Sin perjuicio de que en ediciones posteriores analicemos en detalle las propuestas ofrecidas por las diferentes mesas es necesario comentar las más destacadas. Entre las novedades se encuentran el otorgamiento de derechos a las víctimas. Medidas de las que carece nuestra legislación. Si no se producen cambios a las reformas acordadas durante su paso por la Asamblea Legislativa, estas serán notificadas sobre los cambios de medidas a los menores ya condenados. Asimismo, podrán impugnar las resoluciones favorables al imputado, aunque no hayan intervenido en los procedimientos, y también podrán ofrecer pruebas personalmente. Como vemos, se trata de reformas que en la práctica son sustanciales para lograr un equilibrio procesal. El garantismo de la legislación penal juvenil había terminado por sobreponerse a los derechos de las víctimas.
No obstante, tras el ruido ocasionado por la clausura de las negociaciones quedan ciertas dudas y preguntas por responder: ¿Se ha querido combatir realmente la delincuencia y la violencia que azota al país o únicamente se estaban buscando las reformas necesarias que habilitaran la implementación del “Plan Súpermano Dura”? La experiencia nos ha demostrado sobradamente que nada de lo que sucede en nuestro país es fruto de la casualidad. De ahí que también haya que poner atención a lo acontecido este martes pasado:


Uno. La condena de cinco años de prisión para Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias el “viejo Lin”, por posesión de armas de guerra. Al líder de una de las principales pandillas del país, la “mara 18”, le incautaron junto a otros tres compañeros casi una veintena de granadas de la Fuerza Armada. Su persecución y condena ha sido una de las más ansiadas por el ejecutivo. No obstante su responsabilidad siguen sin depurarse responsabilidades al interior del ejército por haber proporcionado material bélico a civiles. Dos. La clausura del mencionado “foro antimaras”, con una plenaria especial que fue todo un “show”. Y tres. La ratificación, ese mismo día, de este como presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA. Manteniendo unificado el control del ejecutivo y del partido oficial. Como dice un conocido refrán popular: El vivo a señas y el tonto a palos.


Finalmente, es preciso reiterar la necesidad de cumplir con las leyes. Pero las reformas propuestas desde las mesas no se han planteado sólo con el objetivo de reprimir. Es preciso que se acompañen de grandes planes de prevención y educación. Todo el mundo sabe que, cuando de enfrentar un problema estructural se trata, las deficiencias institucionales no se corrigen sólo con reformas legales. Además, toda política ha de partir de un diagnóstico. Sobre todo porque en algunas áreas lo que procede no es tanto el cambio de legislación sino el fortalecimiento de los sectores directamente implicados con el problema en debate. Hacen falta reformas legales, pero también dinero para ejecutarlas, así como las capacitaciones y depuraciones que sean pertinentes.


En esta ocasión el paquete de medidas que se pretenden adoptar es el más abundante. Hay que alegrarse por el esfuerzo y la concertación realizadas, pese a que todavía quede pendiente el examen final de lo acordado en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, tampoco podemos embriagarnos por un premeditado y anticipado éxito, queriendo equiparar estos acuerdos con los de Chapultepec, como ha asegurado el Ministro de Gobernación, René Figueroa.


Es necesario recordar que desde que se reformaron el Código Penal y el Código Procesal Penal en 1998, han sido más de cien las reformas legislativas realizadas en esta área. Esto nos lleva a una conclusión muy evidente: que para cada problema consideramos que es necesario crear una ley o reformarla. De ahí que, pese a nuestra implicación directa en el proceso, ciertas dudas permanezcan con las promesas ofrecidas por este aniversario y por las propuestas de las mesas de Gobernación. Es que no todo se puede solucionar con leyes.


Según la situación en la que nos encontramos, actualmente cualquier reforma que se implemente va a causar un impacto favorable, por mínimo que sea. Por eso fue sencillo que nos aseguraran que lo mejor estaba por venir. Pero no por esto podemos hacer tantas concesiones. Tenemos, también, que pensar en las víctimas y en quienes sufren las consecuencias de las malas prácticas que se siguen manteniendo. Los planes “mano dura”, “puño de hierro” o la “súpermano” pueden ser beneficiosos para la sociedad o parte de ella. Sin embargo también hay que combatir con el mismo esfuerzo crímenes que demuestran que en el fondo son pocas las cosas que han cambiado. Las reuniones ya se hicieron, las propuestas se discutieron y aprobaron. A partir de ahora veremos cuál es el verdadero rostro de este gobierno.

G

 


 


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