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Víctimas del delito y la (in)justicia
Como están las cosas en nuestro
país, mucha gente teme convertirse en una víctima más en medio de la
inseguridad pública en que vivimos, dados los altos índices delincuenciales
de la actualidad. Aunque el presidente Elías Antonio Saca haga alarde del
combate a la delincuencia en la víspera de aplicar el Plan “Súper mano dura”,
ofrecido y tan publicitado durante la campaña electoral, no es cierto que
las propuestas legales emanadas de las mesas para analizar la violencia de
las pandillas juveniles sean la solución del problema, ni tampoco legitiman
las acciones que pretende impulsar Saca. El espacio generado por el
Ministerio de Gobernación fue aprovechado por universidades, organizaciones
sociales, instituciones estatales y más, como una forma de construir o
reforzar las herramientas lícitas en la difícil tarea de enfrentar la
situación. El IDHUCA participó con el afán de contribuir a solucionar una
parte del problema y evitar que mediante normas descabelladas —como la
maltrecha “ley antimaras”— se continuara violando la Constitución, los
tratados internacionales y el Estado de Derecho. Pero más allá de las
reformas normartivas, la esencia de este esfuerzo radica precisamente en la
importancia que se le dé a los objetivos y cómo se impulsen las líneas de
acción surgidas de la mesa donde se abordó la prevención, la rehabilitación
y la inclusión; es decir, la llamada “Mesa social”.
Porque de lo que se trata es de contar con una política criminal integrada.
En ese marco, la responsabilidad principal recae en el Órgano Ejecutivo más
que en el Legislativo. Y ahí es donde hay vacíos que deben ser encarados
para poder entrarle al fenómeno delincuencial de manera completa y exitosa.
Sobre estos aspectos, no se puede dejar de lado el entorno social y
económico nacional durante los últimos años, caracterizado por ser
desfavorable y excluyente para las mayorías populares. Ese escenario,
combinado con otros factores, ha generado condiciones para el funcionamiento
de una economía sumergida o un mercado laboral “paralelo” ejercido por
bandas delincuenciales y crimen organizado, como el narcotráfico. Para
fortalecer sus estructuras, estos “actores” se aprovechan de una situación
del país en la cual —según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)— “la mitad de la población continúa percibiendo ingresos inferiores
al costo de la canasta básica de consumo”.
Dicho de otra forma, al momento de pensar en prevenir el delito no se puede
ni debe obviar —como lo señaló Segundo Montes hace años— el problema eterno
de injusticia estructural que está a la base de muchas de las expresiones de
violencia en nuestra historia. Por eso, aunque se hayan aprobado reformas a
las leyes penales en las mesas mencionadas, si aquéllas no son correctamente
aplicadas y si además no se atienden los aspectos relativos a la prevención
e inclusión social de los imputados, seguiremos padeciendo a causa de la
inseguridad. Es clave, por tanto, el papel que puedan desempeñar las
instituciones encargadas de ejecutar la nueva normativa y que las mismas
sean descontaminadas de corrupción, negligencia, prepotencia y cualquier
otro tipo de malas prácticas. Si esto último no ocurre, el flagelo de la
impunidad crecerá.
Lamentablemente, la realidad nos confirma a cada rato que la frágil
institucionalidad salvadoreña es la plataforma para que muchos casos no se
resuelvan. Las personas —tanto víctimas como testigos— se sienten inseguras
ante los funcionarios que investigan los delitos y tramitan los juicios,
debido a que no se les garantiza que tras su colaboración en las
indagaciones —sobre todo aquellas donde deben enfrentar imputados peligrosos—
no serán objeto de venganzas violentas.
Con toda razón se cuestiona a las instituciones llamadas, de acuerdo a su
función, a tomar un papel protagónico en este ámbito. Si no se han
desempeñado medianamente bien en la resolución de casos, ¿cómo lograrán
funcionar bien para proteger a esas personas en riesgo? ¿Cómo lograrán hacer
realidad los derechos de las víctimas? Hasta ahora, con los casos frustrados
maliciosamente por fallas institucionales, insensibilidad o negligencia de
los funcionarios ante la situación de las víctimas e intimidación hacia
testigos y ofendidos, lo que se ha generado es mayor impunidad.
Analizando casos concretos, se confirman las afirmaciones anteriores.
Resulta estremecedor comentar lo vivido por una niña de seis años en
Ahuachapán. Además de la tragedia que la golpeó en octubre del 2003, acaba
de volver a ser víctima; sólo que en esta ocasión, del sistema de justicia.
Se trata de la violación y el intento de homicidio de “Brenda”, quien luego
de ser abusada con saña por dos sujetos recibió varios machetazos en la
cabeza; herida de gravedad fue atendida en el Hospital “Benjamín Bloom”,
donde permaneció en coma durante quince días.
Recuperada, a pesar de las secuelas físicas y emocionales, “Brenda” relató a
sus padres lo sucedido e identificó a los responsables de su tormento: dos
tipos que, al parecer, viven cerca de la casa donde habita la pequeña
víctima. Sus padres trasladaron toda la información a la Fiscalía General de
la República y así detuvieron a los dos sospechosos, para llevarlos ante la
justicia. Hace unos días, en plena vista pública, “Brenda” enfrentó con
valentía a sus agresores; los reconoció y señaló. Pero, para sorpresa
general, dos de los tres jueces que conocían el caso no quisieron darle
valor probatorio al testimonio de la niña. La seguridad que ésta mostró al
declarar, para esos “jueces” sólo podía ser producto de una manipulación;
así, ante la “duda impune” decidieron liberar a los agresores.
Pereciera que en la dinámica de las instituciones estatales sin alma, las
víctimas de un delito son arrastradas hacia una espiral de sufrimiento que
en un primer momento se inicia con el hecho delincuencial, la inseguridad y
el machismo, en este caso en su peor expresión; en un segundo momento,
cuando las autoridades tramitan los casos, las víctimas son violentadas a
causa de su maltrato, negligencia e incomprensión. El sistema de (in)justicia
salvadoreño —con o sin intención— combina el binomio “impunidad-nulidad”
para sostener el núcleo duro de la infamia, al permitirse errores y
omisiones en las investigaciones que se suman a la ausencia total de una
efectiva protección de víctimas y testigos —pocos por cierto— dispuestos a
cooperar en la solución de los casos.
En el que hoy comentamos, esos “jueces” aplicaron graves criterios
discriminatorios y los colocaron por encima de la propia ofendida. De hecho,
el testimonio de esta valiente niña era suficiente para condenar a los
violadores. Pero no, de forma ilógica y carente de ética, el carácter de la
víctima hizo que para que esos “señores” alegaran la supuesta falta de
“valor probatorio” de su declaración. Y el calvario de la pequeña continúa.
Ahora que los agresores están libres, amenazan a la madre de “Brenda”; todo
por haber tenido el coraje de haber denunciado los hechos. Así, se vuelve al
mismo punto de partida; es decir, a la posibilidad cierta de volver a ser
víctima pero hoy por obra y gracia del mismo Órgano Judicial.
En este caso como en otros tantos, la conclusión es la misma: más allá del
Plan “Super mano dura” de Saca, la verdadera protección de las personas
exige —además de reformas legales— contar con verdaderos programas
preventivos del delito e instituciones eficientes en la investigación y la
aplicación en las leyes; asimismo, requiere darle el lugar que corresponde a
las víctimas. ¿Qué es lo que “Brenda” nos ha demostrado? Que la falsedad, la
arbitrariedad y el desajuste que caracteriza a funcionarios e instituciones
encargadas de proteger a las personas sólo se superarán en la medida que —de
una vez por todas— reconozcan en las víctimas el camino para llegar a la
verdad y la justicia. Vaya este reconocimiento a “Brenda”, quien pese a su
corta edad tuvo más valor, temple y firmeza que esos dos “jueces” que
resultan ser, en definitiva, la personificación de un sistema de (in)justicia
nacional vergonzoso.
A continuación, presentamos el documento final del Quinto Foro Mesoamericano,
celebrado en San Salvador por un grupo de organizaciones sociales y
populares de la región, entre el 19 y el 21 de julio recién pasados.
Declaración del
V Foro Mesoamericano
Los pueblos y organizaciones que integramos el movimiento social y popular
de resistencia mesoamericano reunidos en San Salvador, El Salvador del 19 al
21 de julio de 2004, en el V Foro Mesoamericano, ratificamos nuestra
convicción y compromiso de continuar la lucha en toda la región por la
defensa de los derechos de nuestros pueblos. Por ello es nuestra voluntad
avanzar en la construcción del poder popular como condición para garantizar
la autodeterminación de los pueblos de la región.
Durante estos tres días de debates en distintas mesas de discusión, hemos
constatado la férrea oposición popular que crece en toda Mesoamérica frente
a las políticas neoliberales y sus instrumentos —el Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), los Tratados de Libre Comercio (TLC), el Plan
Puebla-Panamá (PPP) y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
(OMC)—. Estas políticas han generado devastadores impactos sobre los pueblos
y los recursos naturales de la región, supeditando nuestras vidas a la
lógica de la ganancia y a los intereses de las empresas transnacionales.
Es evidente que la imposición de estas políticas por parte de los gobiernos
corruptos del área, responde directamente a los intereses de las
corporaciones transnacionales y de unas cuantas empresas nacionales, en
complicidad con los organismos financieros internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y el Banco Mundial (BM).
Con una visión propositiva, en el V Foro Mesoamericano afirmamos la
necesidad de construir un sujeto y sujeta política mesoamericano, que deberá
ser multicultural e incluyente y con la responsabilidad de impulsar nuestras
alternativas para el bien común de los pueblos, basadas en principios de
ética, justicia, equidad y sostenibilidad; en contraposición al proyecto de
muerte del capitalismo neoliberal y sus prácticas de corrupción, falta de
transparencia y exclusión.
Este V Foro Mesoamericano, los Foros Temáticos y Foros Sectoriales
celebrados durante el mes de julio en El Salvador, demuestran que el
movimiento social y popular mesoamericano se encuentra en pie de lucha. Cada
vez se fortalecen más las organizaciones de mujeres, de jóvenes, indígenas,
campesinas, de trabajadores y trabajadoras y se consolida esta alianza
mesoamericana por la defensa y autodeterminación de nuestros pueblos.
Por ello, ACORDAMOS:
— Impedir la ratificación del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos/Centroamérica
y la aprobación del proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas,
incrementando nuestra presión a los gobiernos, las Asambleas Legislativas y
Congresos de la región.
— Mantener e incrementar la movilización de los pueblos de la región para
frenar la imposición del Plan Puebla Panamá.
— Rechazar las intenciones de los gobiernos del área de negociar un TLC
entre Centroamérica y la Unión Europea.
— Impulsar una reforma agraria integral orientada a garantizar la soberanía
alimentaria; decirle NO a la privatización de los servicios públicos,
principalmente del agua; así como defender nuestra biodiversidad y
patrimonios natural y cultural.
— Defender nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,
con énfasis en los derechos laborales seriamente violentados por el modelo
maquilador, especialmente a las mujeres trabajadoras.
— Movilizarnos en contra de la violencia institucionalizada expresada en los
feminicidios, etnocididos, genocidios y la violencia contra la juventud; por
lo que declaramos a la región mesoamericana “área de desastre humanitario”.
— Luchar por la desmilitarización y contra las prácticas de terrorismo del
gobierno de los Estados Unidos y sus aliados.
— Empujar nuestros proyectos nacionales y regionales de desarrollo,
estimulando la integración desde los pueblos basada en principios de
participación democrática, sostenibilidad, reducción de las brechas de
desigualdad —genérica, etárea, étnica, geográfica y social— y la afirmación
de nuestra identidad cultural mesoamericana.
— Nos solidarizamos con el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana,
con el pueblo cubano, el pueblo iraquí y el pueblo palestino; así como con
las luchas de los pueblos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia.
Finalmente, hacemos un llamado a mantener vivo el 12 de octubre como la
fecha simbólica de resistencia y propuesta alternativa de la región.
NO AL TLC, NO AL ALCA, NO AL PPP
POR LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS
OTRA MESOAMÉRICA ES POSIBLE
San Salvador, 21 de julio de 2004.
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