Abajo la institucionalidad

Primeras jugadas políticas de Saca

Al final del mandato presidencial de Francisco Flores, hubo cierta unanimidad entre los distintos analistas, fueran de derecha o de izquierda, sobre el legado político de sus cinco años en Casa Presidencial. En buena medida, se consideró que durante el gobierno de Flores, independientemente de las realidades políticas y naturales con las que tuvo que lidiar el mandatario, se agudizó el enfrentamiento entre la oposición y los sectores afines al partido ARENA. En otras palabras, puede decirse que aumentó la polarización del sistema político. Este enfrentamiento, no sólo se dio en el marco de las clásicas disputas entre la izquierda y la derecha, sino que también sectores de la derecha experimentaron el desprecio del mandatario cuando manifestaron alguna disconformidad con sus decisiones políticas.

La ley en contra del bioterrorismo

El pasado doce de agosto finalizó la prórroga que Estados Unidos había otorgado a los exportadores internacionales para que enviaran su mercadería a ese país, de acuerdo a lo establecido en la Ley en Contra del Bioterrorismo (LCB). Esta ley tiene como objetivo establecer medidas para prevenir ataques terroristas a través de las cadenas de abasto de alimentos, agua y fármacos. Eso implica que a partir de la fecha mencionada, los exportadores enfrentarán más trámites a la hora de enviar sus mercancías al mercado estadounidense. Entre los requisitos que deberán cumplir se encuentran: primero, elaborar un registro de establecimientos, detallando los datos del empresario que envía el pedido. También se deberá realizar un aviso previo de exportación, es decir, se tendrá que notificar a la Oficina Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), por mensajería electrónica, la llegada a ese país de cualquier producto alimenticio con veinticuatro horas de antelación. En caso de que los productos exportados se identifiquen como dañinos a la salud, serán confiscados en el puerto estadounidense. El cuarto requisito tiene que ver con el mantenimiento de registros o archivos, con el fin de conocer sus fuentes inmediatas. El incumplimiento de cualquiera de estas reglamentaciones contempladas en la LCB, implicará la devolución de los productos al país de origen, la imposibilidad de realizar cualquier exportación a futuro y, en el caso más grave, acusaciones criminales contra el exportador.

Resucitando a la OMC: acuerdo-marco de Ginebra

Mientras ocurrían las vacaciones agostinas en El Salvador y los medios periodísticos locales cubrían sus páginas de noticias sobre la violencia delincuencial, muertes por accidentes de tránsito, la fiebre consumista en las ferias y centros comerciales y los negocios del sector comercial y financiero, en el ámbito del comercio mundial se produjo un punto de inflexión que pasó intencionalmente desapercibida por los principales medios de comunicación salvadoreños. Se trata de un nuevo acuerdo rubricado por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra, Suiza, que reconfigura y da nueva vida a las gestiones realizadas por dicho organismo en pro de la liberalización del comercio mundial. La prensa internacional exaltó el hecho como un “acuerdo histórico”, ya que por primera vez en una serie de fracasos sonados de la OMC, se aprobaron un conjunto de acuerdos-marco para abrir camino a la liberalización del comercio global, siendo los textos ratificados oficialmente por los ministros de los 147 países miembros, el sábado 31 de julio, luego de haberlos negociado día y noche durante dos semanas y finiquitados en una sesión ininterrumpida de 24 horas el último día.

Situación de la juventud en la coyuntura actual (I)

El Salvador es un país con una población mayoritariamente joven. De acuerdo a la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, el 63.0% de su población, o sea, 4,181,142 de salvadoreños son menores de 30 años. Obviando a los menores de 15 años, se obtiene un total aproximado de 1,859,228 salvadoreños ubicados entre los 15 y los 29 años de edad. Además, de acuerdo a la misma fuente, 1,002,320 de personas, cerca de la mitad del total de los ocupados, se ubica entre los 10 y los 30 años de edad. La importancia en términos demográficos y la potencialidad socioeconómica que ello implica son, pues, indiscutibles. Pero eso no es todo. En términos políticos, la población juvenil —sobre todo los mayores de 18 años— se ha convertido en un sector “destino” de las ofertas electorales de los partidos políticos y sus candidatos en tiempos de elecciones, tal como quedó evidenciado en la recién terminada campaña electoral.

Acá, la vida (de los pobres) no vale nada (I)

La situación histórica y generalizada de violencia en nuestro país —sea política o “social”— y la permanente sensación de inseguridad que aflige a la población nos exige, recurrentemente, dirigir la mirada hacia sus causas para señalarlas y tratar de eliminarlas. En ese escenario, los hechos más graves tienen que ver con la afectación del derecho a la vida. Más allá de las muertes que día a día conocemos a través de los medios masivos de difusión y que tristemente parecen asumirse como “normales”, durante los últimos días destacan las cuarenta y un víctimas en el accidente ocurrido el sábado 14 de agosto; las treinta y una en el Centro Penal “La Esperanza”, durante la “carnicería” que tuvo lugar el miércoles 18; las seis que fallecieron el lunes 9 en Texas, Estados Unidos de América, sin lograr alcanzar el “sueño americano”; y la que fue asesinada dentro de la Parroquia San Francisco de Asís, en la ciudad de Usulután, el domingo 15. Todas estas víctimas —hombres, mujeres, niñas y niños— poco o nada fueron favorecidas por un modelo político, económico y social imperante cuyos impulsores presumen de ser “exitoso”; sí, exitoso para reducidos sectores privilegiados pero nefasto para la mayoría de las y los salvadoreños.

La seguridad de las personas y sus bienes demanda, de la organización estatal, la prohibición de conductas que lesionen derechos ajenos; éstos se convierten en bienes jurídicos dentro del ámbito penal, donde también se sancionan los ataques más graves contra los mismos. Otras infracciones importantes pero menos graves, se regulan mediante leyes administrativas. Examinemos eso en nuestro país a partir de los hechos mencionados en el párrafo anterior y concluyamos a la luz de lo que —allá en Ginebra, el 4 de abril de 1990— se acordó como uno de los grandes objetivos del proceso de paz salvadoreño: el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Comencemos apuntando, según el orden planteado, que los “accidentes” de tránsito en el país constituyen la segunda causa de muerte. Así tenemos que en lo que va del 2004, se registraron 719 hechos de este tipo provocados por personas que conducen sus vehículos en estado de ebriedad; el resultado es el siguiente: 38 personas muertas y 465 lesionadas. Pero no sólo los conductores borrachos son responsables del deplorable estado de cosas en esta materia. También se deben considerar los accidentes provocados por motoristas que manejan a excesiva velocidad o que circulan en automotores con fallas mecánicas; el saldo de la imprudencia e irresponsabilidad de éstos suma, en lo que va del año, 250 muertes y 900 personas lesionadas.

De igual forma ha contribuido a esta trágica situación, con creces, el sistema del transporte colectivo; a causa de sus deficiencias, también han perecido muchas personas. El ejemplo más escandaloso e indignante de los últimos días lo mencionamos al inicio de esta reflexión: cuarenta y un vidas lanzadas al fondo de un barranco. La Policía Nacional Civil (PNC) reporta que en los accidentes vehiculares, el 42% de las víctimas son pasajeros y el 52% son peatones.

Cabe mencionar que cada año la Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebra en marzo el Día Internacional de la Salud; en el 2004 lo dedicó a la seguridad vial, pues a raíz de algunas investigaciones realizadas concluyó que la falta de la misma es una causa importante de muertes en el mundo, que existen ciertos grupos más proclives a su victimización —especialmente la tercera edad y la niñez— y que con estos hechos se afecta considerablemente al presupuesto de salud en los llamados “países en desarrollo”. Acerca de esto último, se precisa que el costo de los accidentes en estos países —dentro de los cuales se incluye el nuestro— es de cien millones de dólares estadounidenses, cifra que dobla lo que reciben sus como ayuda internacional para el desarrollo. El año pasado en El Salvador, el gasto fue de $ 379,562.

La OPS está especialmente preocupada porque en el territorio nacional, hasta abril del 2004, se registraron setenta accidentes de tránsito diarios; eso ubica a nuestro país como el segundo con el mayor índice de muertes por esta causa en América Latina: de cada 100,000 habitantes, diecinueve personas fallecen de esta forma como promedio. La cifra es, simplemente, alarmante. Coincidiendo con lo que ocurre acá, el referido informe determina que la mayor cantidad de víctimas son peatones —el 80%— y que dentro de ese grupo son más las niñas, los niños y las personas de la tercera edad quienes mueren; le siguen los acompañantes de los conductores y por último estos mismos.

La población salvadoreña ha vivido y sufrido este flagelo, frente al cual empieza a surgir un clamor que parece incrementarse sobre todo después de conocer tragedias impactantes por el número de fallecidos y observar el desprecio cotidiano de las leyes por parte de los conductores, la indiferencia institucional e incluso la complicidad de algunos políticos. Ni el Viceministerio de Transporte ni la Dirección General de Tránsito han podido encarar el problema; más bien, se han quedado cortos a la hora de adoptar medidas eficaces que disminuyan estos altos índices de muerte. Esa misma carencia inaudita de capacidad e imaginación, puso en el tapete de discusión algunas propuestas para paliar el problema.

Así, en las mesas de trabajo que instaló el nuevo gobierno de ARENA —a través del Ministerio de Gobernación— para tratar lo relativo a las pandillas juveniles o “maras”, algunos participantes consideraron necesario desviarse un poco del tema convocante y aprovechar la oportunidad para introducir reformas al Código Penal. De esa manera, organismos de derechos humanos y asociaciones de abogados, jueces, fiscales y policías trabajaron en un proyecto de reforma que concluyó proponiendo tipificar el delito de “conducción temeraria”.

La iniciativa fue aceptada por los personeros del Ministerio de Gobernación y la Asamblea Legislativa, creándose el artículo 147A, que sanciona a quien conduciendo de manera temeraria ponga en peligro concreto la vida o la integridad física de otras personas. La disposición circunscribe la conducción temeraria penal a tres supuestos: manejar en estado de ebriedad, disputar la vía en sentido contrario y participar en competencias de velocidad de vehículos no autorizadas. La pena prevista es de uno a tres años de prisión. Otras formas de conducción temeraria quedaron para las leyes administrativas.

Lo anterior ha causado cierto revuelo entre la población y diferencias en cuanto a la aplicación de esta norma por parte de algunas instituciones. El IDHUCA participó activamente en la discusión y redacción de esta disposición; en ese marco, quedó claro que la figura delictiva básica consiste en “poner en peligro la vida de alguien” a través de la conducción temeraria penal antes indicada.

Se espera que con esta reforma, las personas tendrán más cuidado de no conducir en estado de ebriedad y eso es bueno; pero no se debe olvidar que una buena parte de los accidentes de tránsito se produce por imprudencias, excesos de velocidad o mal estado de los automotores. Eso fue lo que ocurrió en la gran desgracia del fin de semana pasado, a la cual se hizo referencia al inicio: la del bus que se precipitó a un barranco en el cantón Rosa Nacaspilo, del municipio de Carolina ubicado en San Miguel. Ahí, las autoridades de tránsito y transporte están ante un gran reto que nada tiene que ver con el derecho penal, pero sí con una aplicación drástica de la ley a quienes no respetan las normas viales vigentes en la rama administrativa. ¿O no cuentan esas cuarenta y un vidas truncadas, por ser las víctimas campesinas y pobres?