Los compromisos de Saca

¿Cien días de tolerancia?

El día de su toma de posesión, Saca le prometió a la oposición entendimiento. Comprendió que la relación con el FMLN no podía estar peor que como había quedado con su antecesor. El partido de izquierda interpuso una demanda ante la Corte Suprema, con el objetivo de señalar el peligroso mutismo que se autoimpuso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la campaña presidencial. Los efemelenistas no participaron en los actos oficiales de la toma de posesión y juraron no ceder ni un palmo en la discusión del presupuesto que hace seis meses debería aprobarse en la Asamblea Legislativa. Así las cosas, Saca aseguró, entre otras promesas en su primer discurso, que estaba dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas. “Durante la campaña me comprometí a ser un presidente concertador y accesible. Esa promesa la voy a cumplir firmemente desde este mismo momento”, declaró.

Dicho y hecho: al día siguiente de su investidura Saca nombró una comisionada presidencial para la gobernabilidad e invitó a la oposición a dialogar seriamente para sacar las negociaciones presupuestarias del atasco en que se encontraban. El mandatario cedió en algunos temas a las demandas de la oposición. El FMLN le correspondió moderando algunas de sus demandas y accedió a posar para la foto histórica en la que se daba por inaugurada la era de la concertación. Desde entonces, Saca ha navegado con viento en popa. Ha multiplicado sus apariciones públicas para hablar de un gobierno con rostro humano. ¿Qué hay detrás del humanismo anunciado? ¿Saca inaugura una nueva manera de hacer política en el país? ¿Hay una nueva conjunción entre los intereses de la élite económica y los de los salvadoreños menos favorecidos? En las líneas que siguen, se intentará responder a estas preguntas.

Un gobierno que vive de la publicidad
Es un hecho notorio que, en sus primeros cien días, el gobierno de Saca ha vivido de la publicidad excesiva de sus buenas intenciones. Entre anuncios vistosos —como el del Plan Súper Mano Dura, para citar uno— y visitas propagandísticas (el espectacular desfile de miembros del gobierno después del accidente de un autobús en San Miguel), la acción del gobierno de Saca se mide hasta ahora en torno a la presencia de sus miembros en la prensa. No hace falta decir que los medios han desenrollado alfombras rojas para los ministros que quieren dar a conocer sus buenas intenciones. Con una buena dosis de lo que nos tiene acostumbrado la prensa nacional, no se ha observado actitud crítica alguna, ni siquiera cierta capacidad para hacer preguntas relevantes a los propagandistas del “Gobierno con rostro humano”.

El caso del accidente de San Miguel llama mucho la atención porque representa el paradigma de la nueva ofensiva publicitaria. Ésta consiste en aprovecharse de los hechos más cotidianos de la vida de la población para hacer notar la presencia del presidente y su equipo. Saca lo dijo durante el discurso de toma de posesión: “Los salvadoreños me verán constantemente cara a cara, brazo a brazo, a lo largo y ancho del país, no en visitas de ocasión, sino llevando el gobierno a sus comunidades, para que los ciudadanos de todas las condiciones sientan que el Estado existe, que trabaja para ellos y que es capaz de responde a sus demandas más sentidas”.

Esta presencia del gobierno, sin embargo, no va más allá de pura propaganda política. El caso citado anteriormente es una prueba excelente de ello. La publicidad en torno al accidente no sirvió para replantear el tema del transporte público en el país, ni mucho menos para revisar a fondo el funcionamiento del respectivo Viceministerio. Todo se quedó en fotos para los periódicos y declaraciones de solidaridad para las víctimas. La vicepresidenta mostró la cara humana del gobierno —se sigue reforzando la idea que la mujer sirve para mostrar compasión y sensibilidad—, y se encargó de besar a los familiares de las víctimas.

Es curioso que ni siquiera se haya podido aprovechar este tema para enfrentar un problema tan serio como la violencia en las carreteras del país. Es curioso y lamentable, porque precisamente en este tema, el gobierno de Saca pierde una buena oportunidad para marcar con tintas indelebles su cacareado gobierno con sentido humano. Fácilmente se podría embaucar, y de buena manera, a todos los salvadoreños, víctimas y, en muchos casos, victimarios de la jungla en la que se han convertido las carreteras. Se ha perdido una buena oportunidad para enfrentar, con una buena dosis de represión y no menos de educación vial, la cultura de la irresponsabilidad de los conductores de vehículos automotores en el país.

Si ni siquiera en este tema los asesores de Casa Presidencial pudieron prodigar buenos consejos a Saca. Cualquier observador se puede preguntar si hay algo sustancial en las campañas publicitarias del gobierno, el cual se jacta de su cercanía con la población. Si hubieran atacado de manera distinta este problema ganarían mayor credibilidad y sería una muestra palmaria de su capacidad de atacar los problemas que afectan a toda la sociedad, más allá de la preocupación de ganar las siguientes elecciones. O, dicho de otra manera, aun sin olvidar las próximas elecciones, habrían dado un ejemplo de cómo se pueden abordar los temas que involucran a todos los salvadoreños sin distinción de credos políticos.

La opción populista
Por lo que se ha visto en los primeros cien días del nuevo gobierno, la opción populista ha ganado la partida. La derecha siempre ha acusado a sus opositores, los de izquierda, de aprovecharse de la miseria y de las necesidades de los salvadoreños más humildes para hacer propaganda política. Sin embargo, en esta ocasión, quien se está aprovechando del clamor de la población ante la inseguridad reinante, quien demuestra apostar por sacar beneficios políticos a partir de las demandas ciudadanas, ha sido el hijo predilecto de la derecha. La ventaja para Saca en esta circunstancia es doble. Por un lado asume el papel de la izquierda, portaestandarte de los discursos de cercanía y compasión por los pobres en el país. Por otro lado, cuenta con la lealtad de los sectores de poder más influyentes que avalan su discurso social.

En torno a la adhesión de la derecha al discurso social muchos empresarios han recuperado el tema. Se habla de la necesidad de responder a las demandas salvadoreñas y de respetar la legislación en materia de respeto a los derechos de los salvadoreños. Algunos han hablado incluso de la necesidad de mejorar la remuneración del infatigable trabajador salvadoreño por la riqueza producida. En todo caso, más allá de las afirmaciones para la galería, es históricamente demostrado que los empresarios no han entregado beneficios sociales a los trabajadores. Que aquéllos levanten la bandera de la compasión como prueba de su buena voluntad no puede ser una medida de sus compromisos sociales o del gobierno. Los trabajadores y los sectores desfavorecidos son los que deben tomar en mano su destino. Y, a cien días de haber tomado posesión, todo parece indicar que la pretendida ofensiva social del gobierno y los sectores empresariales está encaminado a evitar que los trabajadores presenten sus propias demandas y reivindicaciones.

Por otro lado, la nueva estrategia política de Saca le arrebata a la oposición sus temas predilectos y la hace inaudible en el contexto político. En ese terreno, desde su llegada a Casa Presidencial, Saca se ha dedicado a desactivar todos los posibles temas de conflicto con sus adversarios del FMLN. De esta manera, pudo ocupar completamente la escena política basándose en declaraciones pomposas sobre la concertación y su buena disposición de dialogar con los opositores políticos. Luego de la crispación generada por su antecesor y todos los hechos que rodearon la campaña electoral y su posterior ascensión al poder, no puede negarse que ha sido una estrategia interesante.

Sin embargo, de nueva cuenta, cien días después de haber jurado como presidente del país, no se le ve sustancia al discurso de Saca. Ni mucho menos se puede afirmar que el presidente está dispuesto a romper con la tradición política autoritaria nacional. En todo caso, las principales decisiones políticas del gobierno no permiten hablar de un espíritu concertador, o de un talante que busca tomar en cuenta a todos los actores en las decisiones políticas que atañen a todos los actores de la vida nacional.

Ahí está la elección ilegal de un miembro del PCN como magistrado del Tribunal Supremo Electoral para corroborar la veracidad de la reflexión anterior. En ese tema, los cálculos políticos primaron sobre todas las declaraciones contrarias del gobernante. Saca entendió que necesitaba contentar a los pecenistas para asegurar la capacidad de su partido de aprobar las leyes en la Asamblea y se olvidó de sus declaraciones. Lo mismo puede decirse de su decisión de enviar tropas salvadoreñas a Irak, o la de expandir la base tributaria, castigando a los pequeños comerciantes, en vez de pedir mayor solidaridad a los empresarios, que es la mejor manera de financiar los gastos sociales de un país.

En suma, por todo lo anterior, la oposición no la ha tenido fácil en los primeros cien días de Saca. Más allá de las consideraciones sobre la sustancia de sus anuncios y de sus juegos de comunicación, es un hecho que le ha ganado la primera partida a su principal rival de turno. En definitiva, en política no cuenta tanto el modo sino los resultados efectivos de los protagonistas. En esta línea, Saca se ha movido con soltura y es muy probable que los números que anuncian sus partidarios —se afirma que un ochenta por ciento de los salvadoreños está satisfecho con su gestión— estén bastante cerca de la realidad.

De seguir en esta línea, será difícil para la oposición impedir otro triunfo arrollador de ARENA en las próximas elecciones. Saca está trabajando para ello. De momento, con los pleitos internos que vive el FMLN el cuarto presidente arenero tiene la mesa servida. Sólo le queda a los efemelenistas cruzar los dedos y esperar que la misma dinámica política ponga a la luz la insostenibilidad del juego de imagen de su adversario.

Entre tanto, está lejos de decirse que desde un punto de vista político el país está en el camino de afrontar con solvencias sus sempiternos problemas. La historia ha enseñado que es ingenuo confiarse en la súbita bondad de los empresarios o de los actores políticos que dicen representa los intereses de las mayorías pobres, al mismo tiempo que niegan a éstas las herramientas para defenderse y presentar sus propias agendas en las discusiones públicas. Si mientras se habla de respeto a los actores políticos contrarios y se trata de dividir la organización sindical de los trabajadores, no puede haber garantías de que los intereses de todos serán representados en el debate político.

De momento Saca ha logrado callar a sus adversarios. Su éxito, ya sea gracias a su buena estrategia o a la torpeza de sus oponentes, no pueden augurar buenas nuevas para los más desfavorecidos. Quienes piensan lo contrario deberían acordarse de que las decisiones políticas se construyen a partir de un enfrentamiento permanente entre distintos sectores que luchan por unos mismos recursos sociales escasos.

Reforma fiscal, TLC y bienestar social

Al cumplirse cien días de toma de posesión del Presidente Saca, el rubro económico comienza a perfilarse como la piedra angular de los desafíos de su administración. Son apenas un poco más de tres meses de trabajo, donde ciertamente, en tan corto tiempo, no se pueden evaluar los resultados de la implementación de políticas económicas, pero sí sus directrices. El ejercicio de este comentario es examinar el proceder económico de los inicios de la nueva gestión presidencial y evaluar la factibilidad de alcanzar, a partir de estas estrategias, los retos del próximo quinquenio.

En este sentido, al evaluar la orientación del plan de Gobierno de Saca con las acciones emprendidas hasta la fecha, saltan a la luz tres factores que determinan el talante de la actual administración en materia económica:

1) El gobierno se ve obligado a cumplir lo prometido en materia social. Sin embargo, al llevarlo a cabo con una restricción presupuestaria inflexible por los altos niveles de deuda pública alcanzados hasta la fecha, está dejando muy poco margen de maniobra para cambios sustanciales. La respuesta ante las necesidades sociales crecientes de la población, es una reforma fiscal, que será el principal reto de Saca para el período 2004-2005. La dificultad será aún más fuerte, si se toman en cuenta los intereses del sector empresarial, cuya estratagema es velar por salir siempre ganadores en la aritmética de los impuestos.

2) La política económica del actual gobierno busca prolongar las políticas de liberalización comercial y de apertura de mercados que persiguió la administración anterior, caracterizándose por orientar sus esfuerzos hacia los tratados de libre comercio, concebidos como tablas de salvación en crecimiento, empleo, competitividad, inversión e introducción de nuevas tecnologías.

3) La búsqueda del bienestar social representa la peor contradicción en la política económica. Para tener éxitos sociales, debe lograr políticas económicas en las que los pobres sean los principales beneficiarios. Sin embargo, la reforma tributaria que se está perfilando no contempla impuestos progresivos (cargando al gran capital salvadoreño con mayores gravámenes que las micro y pequeñas empresas, por ejemplo). Tampoco se perfila ninguna reforma agraria ni planes estructurales de generación de empleo digno (diferentes a los obtenidos en los actuales tratados de libre comercio).

Según el documento del Ministerio de Economía, Retos y Oportunidades Productivas y Comerciales 2004-2009, desde el principio, dicha cartera de Estado se ha fijado como ejes de trabajo los siguientes rubros: 1. consolidación de la apertura comercial, 2. aprovechamiento de los tratados comerciales para impulsar la competitividad, 3. fortalecimiento del mercado interno y 4. descentralización de la actividad económica.

Cada uno de estos apartados contiene políticas económicas específicas para lograr alcanzar metas específicas. El problema radica en que llevar a cabo esas metas, junto a la búsqueda del fortalecimiento de los sectores productivos, impone una contradicción con el uso de los recursos limitados del país. Tal y como los países del Sudeste Asiático lo practicaron en su momento, establecer una plataforma de mercado en el extranjero sobre la base de tratados de libre comercio exige de antemano unos excelentes niveles de productividad, tecnología y eficiencia, así como planes estatales de refuerzo a los sectores productivos. En países como Taiwán, Corea del Sur y Japón, se necesitó un consenso entre los sectores productivos y, sobre todo, un Plan de Nación de largo plazo. Por esta razón es que los distintos sectores empresariales de estos países aceptaron la presión fiscal de austeridad, la reforma agraria y otros cambios estructurales necesarios para el desarrollo.

De esta manera, al observar nuestros rubros productivos más importantes, el agro y la industria, no hacen falta muchos análisis para comprender que no existe la preparación adecuada para competir en el extranjero, ya que se necesitan inversiones millonarias en estos sectores para que tengan “calidad y creatividad” suficientes para que las exportaciones sean un éxito, y el Estado no se está concentrando en ello. Lo que le interesa es firmar los tratados de libre comercio, y luego pensar de qué manera podrá aprovecharlos. En este lapso, los que sí pueden aprovecharse de nuestro mercado resultan ser los que destruyen a la micro y pequeña empresa de subsistencia, que no están preparadas para competir en estas circunstancias.

Si para 2003, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el crecimiento osciló entre un 1.8% a un 2% y el PIB por habitante sigue estancado por cuarto año consecutivo y todo esto a pesar de los esfuerzos de las administraciones pasadas por rubricar cada vez más tratados de libre comercio; entonces, ¿por qué la productividad del país no se reanima? El crecimiento del primer trimestre de 2004 fue del 1.6%, es decir, dos puntos porcentuales menos que el alcanzado en el mismo período de 2002, que fue de 1.8%. El sector agropecuario y el sector servicios crecieron en 1.7% y 1.6%, respectivamente, y estos fueron los únicos que tuvieron un repunte con respecto al cuarto trimestre de 2003. La reducción es mucho más marcada si se compara el primer trimestre de 2004 con el mismo período en 2003. El sector construcción después de los terremotos es el que ha venido perdiendo cada vez más en términos de crecimiento, pues si todavía para el primer trimestre de 2003 creció a 6.7%, para el mismo período, en 2004, solamente creció un punto porcentual.

El talón de Aquiles: el problema fiscal
Si reanimar una economía con recursos limitados es difícil, hacerlo utilizando criterios de responsabilidad, equidad y justicia lo es aún más. La viabilidad de 2004 está garantizada con el presupuesto de Estado aprobado hasta este último mes de junio, pero, ¿cuáles son las intenciones de la administración de Saca con respecto al presupuesto de 2005? ¿Cuál es el plan que se seguirá en materia fiscal para responder a los problemas sociales?

En primer lugar, está claro que el déficit en el presupuesto se financiará para 2005 sólo con bonos. El Ministerio de Hacienda ha confirmado que no hay margen para negociar nuevos créditos. Y es que la prudencia fiscal parece ser la filosofía del Ministerio de Hacienda. La política que se busca es la de austeridad y de endeudamiento nulo con los organismos internacionales.

¿Cómo lograr esto? La conclusión de los analistas es que el margen de maniobra financiera es sumamente reducido. Por ejemplo, entre todas las entidades que reciben recursos estatales, sólo cuatro han sido elegidas para recibir un incremento presupuestario en 2005: Salud, Educación, Gobernación y ANDA. Sin embargo, si se comparan los incrementos con “el monto de las promesas” no parece haber demasiada coherencia entre ambos. Según el Ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, el presupuesto de 2005, será mayor que los $2,793 millones aprobados para este año. Aún así, ningún ministerio tiene autorizada la contratación de nuevas plazas ni aumentos salariales, a excepción de la Dirección de Centros Penales, que tendrá margen para la contratación de más personal.

La gran apuesta del Ministerio de Hacienda es que todos estos gastos sean financiados casi exclusivamente a partir de los ingresos tributarios. El problema es que estos han tendido a decrecer con respecto a sus metas, sobre todo en el impuesto al valor agregado (IVA). Las proyecciones del Ministerio de Hacienda se centran en lograr para 2005 una carga tributaria de 12.6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, $15,678.6 millones. En otras palabras, en 2005 se espera recaudar un poco más de $1,958 millones en impuestos, sin aplicar aún la reforma fiscal.

De aprobarse la reforma tributaria que se está planeando en el Ejecutivo, se prevé que el fisco modificaría el presupuesto y recaudaría cerca de $109 millones más, que es la meta de fijada para el primer año de aplicación de la reforma. Empero, mientras se construye esa opción, la alternativa salvadora es conseguir más ingresos por medio del financiamiento de bonos. El Ministerio de Hacienda ha confirmado la planeación de una emisión de bonos que presionarían la deuda pública del país al 40% del PIB. Esta última acción sobrepasaría incluso la emisión de deuda aprobada este año. El Ministerio de Hacienda indica que la deuda alcanza el 37.9% del PIB, es decir, $5,942 millones. Eso, en teoría, deja margen para endeudarse con bonos en cerca de $329 millones para 2005. Con dichos bonos se buscaría atender el tema de las pensiones, que para 2005 tiene presupuestado $370 millones, y los gastos corrientes. La inversión pública se mantendrá para 2005 en una cifra similar a la del presente año ($496 millones).

Hay algunos ejemplos de carteras que no alcanzarán a llenar las expectativas de ingresos e inversiones, pero el que más llama la atención es el del nuevo Ministerio de Turismo. En el presupuesto de 2005, esta cartera espera contar con $7.4 millones para financiar sus actividades. Este monto se reparte entre el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) y el nuevo ministerio, pero según Luis Cardenal, titular del Ministerio, el monto resulta insuficiente para cumplir con el mínimo de los proyectos pactados, tales como las obras de restauración y mantenimiento de los centros turísticos, que podrían fácilmente costar el doble de lo que dicha cartera de Estado percibe en la actualidad.

También llama la atención la posición del gobierno de no aumentar sustantivamente los fondos canalizados al sector agropecuario. Durante los últimos años, el techo presupuestario del Ministerio de Agricultura no ha sobrepasado los $36 millones en promedio y 2005, según parece ser el plan, no será una excepción. Lo que se ha pedido para esta cartera es incrementar el monto destinado en $8 millones. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha permitido elevarlo solamente a $500 mil.

El presidente Saca dijo, al referirse a su perfil de gobierno en materia tributaria: “nosotros hablamos de no aumentar la renta, de no aumentar al IVA y sí a impuestos específicos para el FOSALUD y cerrar los huecos fiscales”. Quizás en esa frase se resume el problema fiscal actual: el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez elaboró un documento con setenta propuestas de reformas. Una de estas reformas establece la obligatoriedad de la declaración de patrimonio para los contribuyentes y el establecimiento de gravámenes en los intereses que ganan los bancos que no están domiciliados en El Salvador. Estas últimas propuestas fueron rechazadas desde un principio por afectar los intereses de la gran empresa privada del país. Sin el apoyo estatal al agro, ni el desempleo ni la pobreza cambiarán significativamente. El desempleo obliga a más de 70 mil salvadoreños a buscar oportunidades en el exterior, mientras la pobreza persiste en una población donde más de la mitad es pobre y el 25% vive en la miseria. Por ello, la política fiscal en teoría debería centrarse en ser expansiva en función de reanimar a los sectores productivos, pero a partir de verdaderas reformas económicas y sociales.

Cien días en política exterior

La política internacional del gobierno de Antonio Saca merece un análisis detenido. Pueden extraerse tres grandes líneas: los EEUU, como un elemento central; la integración centroamericana y la importancia que se le está dando a la emergencia de la República Popular China como potencia económica de primer nivel.

Las relaciones con EEUU
El gobierno de Flores hizo de las buenas relaciones con EEUU el eje central de su política exterior. Puede observarse lo mismo en el caso del presidente Saca. Hay algunas diferencias, pero no son muy sustanciales. Por ejemplo, Flores explotó al máximo su imagen de “amigo personal” del presidente estadounidense George Bush. Saca, cuando menos, no ha incurrido en el error de “personalizar” a ese grado los asuntos entre dos Estados, pero sí le ha dado continuidad a los “puentes” que su predecesor trazó hacia los EEUU. La expresión “puentes” la acuñó Flores para prometer que dialogaría con la oposición. Sin embargo, los puentes que su gobierno tendió fueron hacia ciertos sectores del capital (no a todos) y a los EEUU.
Esos puentes son tres:

—Secundar las posturas internacionales de Washington.
—Fortalecer la política bélica de EEUU en Irak.
—Hacer del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EEUU (CAFTA) un punto prioritario.

El presidente Saca ha fortalecido estos puentes. Tender puentes a Estados Unidos no es algo malo: ¿Quién puede dudar de la importancia del país norteamericano en la economía mundial? El propio presidente brasileño Lula da Silva ha dicho que un proyecto como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que encabezan los EEUU es importante, pero sobre bases de respeto mutuo. Esto es lo que los gobernantes salvadoreños parecen olvidar. En el plano de la guerra contra Irak, el presidente Saca desaprovechó una oportunidad para ser congruente con lo que predica su gobierno: el tomar en cuenta la opinión de los salvadoreños.

Sin embargo, la decisión de participar en la guerra en Irak se tomó de forma inconsulta y ni siquiera se tuvieron en cuenta los señalamientos de la oposición. Más bien, Saca fustigó a aquellos que se opusieron al envío de las tropas, cuestionando la sinceridad de sus ataques al terrorismo. Además, hizo del envío del tercer contingente salvadoreño una cuestión de honor. Las amenazas adjudicadas a un supuesto grupo extremista le sirvieron para justificar su decisión.
De forma muy congruente con la tónica marcada por Bush y por Flores, el actual gobierno ha hecho de la bandera del combate al terrorismo un mecanismo para favorecer sus intereses en la política nacional. Se ha llegado al extremo de aseverar sin mayores pruebas los supuestos vínculos entre los miembros de las maras y la organización terrorista Al Qaeda.

En lo tocante al CAFTA, el presidente Saca lo ha concebido como algo prioritario para la economía del país. En ese sentido, sus declaraciones, y las de sus funcionarios, han ido en la línea de hablar de sus bondades.

Inclusive, hay una lectura sobre su reunión con el presidente Bush, sostenida durante los primeros días de julio: El mandatario salvadoreño habría ofrecido el envío de las tropas a tierras iraquíes, a cambio de la ratificación estadounidense del CAFTA y de la extensión del Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los inmigrantes salvadoreños en EEUU. Las leyes de los Estados Unidos establecen que un tratado comercial como el CAFTA tiene que pasar por la aprobación del Congreso y el Senado antes de cobrar vigencia. Esta aprobación no debe darse por descontado, puesto que el opositor Partido Demócrata tiene observaciones al CAFTA en temas como los derechos laborales. En lo que respecta al TPS, el presidente Bush no le garantizó mayor cosa a Saca. Al parecer, lo único que se obtuvo en esa reunión es el viaje de los soldados salvadoreños al país árabe.

¿Qué es lo que puede esperarse con un cambio de gobierno en los EEUU? Se espera que un gobierno del demócrata John Kerry se aparte de la opción guerrerista en Irak y que revise los términos en que se ha firmado el CAFTA. Si EEUU es el aliado por excelencia del gobierno salvadoreño, habrá que modificar muchas políticas para preservar esa relación privilegiada. Talvez ese cambio no sea radical, sino que sólo involucre ciertos matices, pero de igual manera invita a reconsiderar otras maneras de mantener relaciones de cooperación y de amistad con los EEUU, que no involucren la sumisión total de nuestro gobierno. De ganar Kerry, probablemente se retiren los EEUU de Irak. ¿Cómo quedaría El Salvador? ¿Habría espacio para afirmar que es una cuestión de honor la permanencia del Batallón Cuscatlán en Bagdad? ¿O se tendría que admitir que eso fue un grave error?

Hay países que mantienen excelentes relaciones con EEUU y que no han pagado el precio de la sumisión total. Por ejemplo, los aliados de Washington que se han retirado de Irak no han sido vistos como “enemigos”, ni mucho menos. Tampoco los que han decidido tomar una agenda propia en las negociaciones de comercio internacional, como los del Grupo de los Veintiuno (G-21). Guatemala y México son miembros de este grupo, y lo menos de lo que se les puede acusar es el de enemistarse con los EEUU. Washington mantiene relaciones diplomáticas normales con ambos.

La integración centroamericana
Saca preside, desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de este año, el Sistema de Integración Centroamericana. Es, sin duda, un lugar privilegiado, desde el cual pueden darse importantes pasos para buscar la unión del Istmo.

En total congruencia con la política interna, Saca ha anunciado que será la seguridad el eje central de sus gestiones al frente del organismo regional. Recuérdese que es la seguridad la principal oferta del actual gobierno. El Súper Plan Mano Dura se inscribe dentro de esa lógica. La gran objeción a dicho plan es que se aborda el problema delincuencial bajo una óptica estrictamente policíaca, obviando las raíces socioeconómicas del mismo. Para la región centroamericana, no es viable un enfoque de seguridad entendido únicamente como represión del crimen. Vivir en seguridad es algo más que dejar de preocuparse por la delincuencia. Esa vivencia implica niveles de bienestar social decorosos.

Un tema que se ha discutido en estas primeras semanas de gobierno del presidente Saca es el futuro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), desacreditado por los casos de corrupción que han protagonizado algunos de sus integrantes. Los cuestionamientos llegaron a ser tan graves, que la ex presidenta panameña Mireya Moscoso pidió su abolición. En la inauguración de la XIII Conferencia de Partidos Políticos de Centroamérica y el Caribe, el mandatario salvadoreño declaró que es urgente reformar el Parlamento.

El presidente Saca, junto a los demás mandatarios del Istmo, ha trabajado en un plan de reformas del organismo, el cual será sometido a aprobación en septiembre. Las reformas contemplan medidas de control sobre viáticos y salarios, así como la reducción de escaños. No se ha tocado, sin embargo, el eterno problema del PARLACEN: cómo hacer que sus resoluciones tengan carácter vinculante, pues de lo contrario, éstas no pasan de ser buenas intenciones.

El problema que se arrastra desde hace muchos años es que los gobiernos del Istmo conciben la integración regional como algo de carácter comercial. Parece que no se ha entendido que la integración es un tema político y social. No se puede hablar de integrar el comercio regional si, por ejemplo, no hay una estrategia centroamericana de desarrollo integral, que sea la base de esa integración comercial.

China: ¿amenaza u oportunidad?
Un fenómeno interesante es el surgimiento de la República Popular China como potencia económica de primer nivel. Su capacidad productiva es impresionante y el nivel de sus exportaciones va en crecimiento. Esto último puede crear problemas en los mercados locales, desplazando a los productores nacionales y agravando, con ello, los problemas socioeconómicos existentes.

Además, al incorporarse China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) como miembro con plenos derechos, podrá exportar sus productos a cualquier rincón del planeta. Tal parece que este problema se está soslayando. No se ha discutido —y esto no es tan sólo válido para el gobierno: tal parece que el país entero está adormecido ante el fenómeno— cuál deberá ser el tenor de las relaciones con el país asiático. Dentro de poco, la suya será una presencia insoslayable en Latinoamérica.

Por el contrario, se prioriza en exceso las relaciones diplomáticas con Taiwan, al grado de apoyar sus posturas ante Naciones Unidas. El discurso oficial ha sido el de darle a Taiwan un apoyo incondicional, al grado de negarse a abrir vínculos diplomáticos con la República Popular China, que tiene una importancia política y económica mucho mayor que el de la provincia taiwanesa.

Conclusiones
El Salvador tiene que retomar su agenda propia en lo que toca a las relaciones internacionales. Las decisiones en esta materia tan importante no se pueden tomar en aras de congraciarse con un gobernante determinado —tal fue el caso del ex presidente Flores hacia su homólogo George Bush—, sino de buscar el bienestar del país a largo plazo.

Ha sido precisamente la falta de una visión de país lo que ha predominado en las relaciones internacionales. Eso lleva a ideologizarlas y a cometer serios errores. Los enfoques que buscan sólo beneficios inmediatos o ventajas coyunturales, terminan causando problemas al país.
En otras naciones, la diplomacia consiste una carrera que no está tan supeditada a los vaivenes de la política partidaria. Se forma a los futuros diplomáticos para representar a su país, no a un partido polítio determinado. De esta manera, un cambio de gobierno no supone rupturas traumáticas en las relaciones bilaterales.

Ello demuestra que hace falta un enfoque más realista de la política exterior. Un enfoque que parta de las necesidades del país y no de las aversiones o preferencias ideológicas del gobierno en turno.

La política exterior salvadoreña parece ser un elemento ancilar con respecto a la economía. La diplomacia no se limita a las relaciones comerciales. Por el contrario, es un elemento importante para solucionar grandes problemas, como el de las migraciones. La ayuda a los compatriotas que tienen problemas migratorios parece ser algo que queda a discreción de los cónsules o embajadores, pero no una política institucionalizada.

¿Cien días de “sentido humano”? (I)

Elías Antonio Saca ganó las elecciones por un amplio margen en marzo de 2004. Pese a las duras críticas que se hicieron a los tres sucesivos gobiernos “areneros” que lo precedieron, Saca aseguró el cuarto período presidencial para su partido. Entonces preguntamos: ¿habrá más de lo mismo o se harán cambios sustanciales durante esta gestión? El discurso en la toma de posesión sólo sirvió para conocer los ejes principales de su gobierno. De ese momento protocolar a la fecha han transcurrido cien días, número que por tradición se utiliza para “evaluar” el arranque de un mandato presidencial. Debe decirse, entrada, que tres meses y una semana es un plazo muy corto para analizar con profundidad el rumbo de una gestión. Por ende, entablar ya juicios valorativos con ataques desmesurados al gobierno o ensalzarlo sin medida alguna resultaría irresponsable. No obstante, es costumbre comentar ese arranque cuando se cumplen los primeros cien días; de ahí que intentemos hoy descubrir al menos ciertas pistas que —más allá de la retórica— comiencen a responder la interrogante planteada.

Pero, ¿qué se puede evaluar en este lapso tan limitado de tiempo? Como todo análisis o valoración, lo primero a observar son los datos objetivos, verificables y concretos que están a la vista. De hecho, no se puede ni debe soslayar que en las encuestas de opinión pública el actual mandatario sale muy bien librado, aprobado de forma abrumadora en sus primeros días de gestión; la aceptación que despierta supera el porcentaje de personas que votaron por él.

¿A qué obedece esa situación? Primero, debemos partir de que Saca tiene un “estilo” muy particular de manejar las cosas. No cabe duda que su trayectoria anterior le está sirviendo bastante en su nuevo empleo: ha sido y es un cronista y comunicador. De ahí que no haya ningún acto que pudiera rendirle réditos políticos, que no lo publicite con gran pompa. Así, sus iniciativas “concertadoras” han tenido una inmensa difusión. Quién no sabe que acordó con diversos sectores una reforma penal, llamó a la oposición para dialogar sobre la gobernabilidad, creó una mesa para discutir sobre la educación, le bajó el nivel al conflicto en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, incrementó la cobertura de salud para la niñez y lanzó el “Plan súper mano dura” contra las pandillas. A eso se suma que no aparece como una persona desagradable; trata al público de forma inédita, al punto que abrió las puertas de Casa Presidencial y ha recibido a mucha gente que le solicita audiencia. Eso le ha generado simpatías.

Visto así, es normal que la primera reacción de muchas personas sea sumarse al “efecto Saca” y aprobar su primer trimestre de gestión; sobre todo porque se observa al presidente muy distanciado de la antipatía e intolerancia que caracterizó a su antecesor Francisco Flores. Sin embargo, al hacer un análisis más crítico y profundo encontramos que la imagen proyectada por el nuevo gobierno no es, quizás, lo mejor para evaluarlo.

Desde el 1º de junio —como buen comunicador— el titular del Ejecutivo ha trabajado públicamente por mantener la agenda más “conveniente”, buscando impactar y penetrar sistemáticamente en la opinión de las y los salvadoreños. Esa es su mejor arma: convencer a la mayor cantidad de gente que tiene buena voluntad. Este aspecto es peligroso, si se construye una imagen de cercanía a la gente mientras los logros a favor de ésta no satisfacen sus necesidades más urgentes.

Si nos vamos al terreno práctico, al de los resultados, en la realidad no logra palparse que toda la parafernalia de Saca se esté traduciendo en —al menos— señales de mejoría en la calidad de vida para la mayoría de la población. Su verdadero talón de Aquiles es, entonces, la diferencia que puede haber entre lo que promete y lo que realmente hace; esto es, aquellos cambios sustanciales en la situación integral de los derechos humanos de los y las salvadoreños.

Saca, autoproclamado gobernante concertador, ha propuesto abordar “los puntos críticos de la agenda nacional”. Pero esa voluntad de trabajar con la gente sólo ha operado para algunos problemas; no obstante, le ha servido para fortalecer su credibilidad y neutralizar las criticas de la oposición. Por ejemplo, con las mesas del foro anti pandillas lo que en realidad se hizo fue destruir los planteamientos del presidente anterior para enfrentar el problema de las “maras”. Los diversos sectores que participamos de la discusión doblamos la mano “dura” de Flores y no aprobamos las reformas que Saca propuso en su campaña electoral. De hecho, sólo se hicieron algunas modificaciones serias a un par de delitos y el resto del trabajo “concertado” versó sobre otros temas; verbigracia: el delito de “conducción temeraria”.

Al final, cuando en la práctica el gobierno ha querido impulsar mecanismos de represión desmedida contra las “maras” sólo por el hecho de que sus miembros anden tatuados y tengan otras características especiales, los jueces no han dudado en liberar a los capturados ni en señalar los graves vacíos en la investigación del delito. Esa idea —lanzada antes por Flores y hoy por Saca— de que metiendo a la cárcel a los “mareros” se va a reducir la delincuencia, está lejos de ser cierta; en este punto, su “Plan súper mano dura” es inviable y está destinado al fracaso.

No debemos olvidar que parte del esfuerzo “concertador” en este asunto lo constituyó el “lado humano”, identificado por las autoridades como “lo social”; éste tiene que ver con la prevención, la readaptación y la inclusión de los pandilleros. Sobre las discusiones y propuestas en este ámbito, el gobierno guarda un silencio malicioso. Nada se ha hecho y, así, el aspecto “más humano” de las propuestas va camino al baúl de los recuerdos. La reciente masacre en el Penal de “Mariona” demuestra que no todo lo “concertado” se ha aplicado, aun cuando eso pudiera ayudar a salvar vidas. Por lo visto, lo pactado en las mesas sólo es efectivo si sirve a la imagen del Presidente y a sus intereses partidarios.

En este punto, aún hay más. De ese plan “concertado” preocupa la excesiva concentración en el combate a las y los jóvenes “mareros”, dejando de lado la delincuencia en general. Tal énfasis no considera que la tenencia de armas de fuego por parte de la población salvadoreña ha llenado el campo y las ciudades de violencia. De hecho, más del 75% de los homicidios son realizados con esas herramientas de muerte; no obstante, sin haber discutido y concertado con la sociedad, Saca declaró a los medios que “no comparte la idea de despistolizar a la ciudadanía”. La política oficial tampoco toma en cuenta que, según datos de la misma Policía Nacional Civil, la delincuencia generada por las “maras” no supera el 30% de la criminalidad total.

Un aparente intento por enfrentar otras expresiones de la delincuencia es el despliegue parcial de la policía rural. El lanzamiento de este contingente se produjo en la zona occidental, concretamente en el departamento de Sonsonate por ser éste uno de los más afectados por la violencia. Sin embargo, el impacto de tal medida ha sido escaso o nulo pues el índice de personas asesinadas y lesionadas no se ha reducido; al contrario, la criminalidad va en ascenso y a estas alturas del año son más de 233 homicidios ocurridos en ese territorio. Entonces, en lo que respecta al problema delincuencial no podemos hablar de resultados concretos que pueda anotarse la nueva administración “arenera” y no se advierte que sus planes impactarán positivamente en el mediano o largo plazo.

Reformas penales

Presentamos a continuación parte del paquete de reformas penales presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, el 28 de julio de 2004 y que dieran vida al Plan “Súper Mano dura”
 

La Asamblea Legislativa en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Gobernación

DECRETO Nº 393
REFORMAS AL CODIGO PENAL
Art. 1. Incorpórase como numeral 19) del Art. 30 el siguiente:

“CONCURRENCIA DE AGRUPACIÓN ILÍCITA O DE CRIMEN ORGANIZADO
19) Cuando el delito se ejecutare mediante el concurso de los integrantes de una agrupación ilícita o de crimen organizado”
Art. 2. Reformase el inciso segundo del Art. 112 de la manera siguiente:
“El registro de las sentencias caduca en todos sus efectos al año de extinguida la pena.
Art. 3. En el Libro Segundo, Titulo II, Capítulo II, DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, se incorpora el Art. 147-E de la siguiente manera:

“CONDUCCIÓN TEMERARIA DE VEHÍCULO DE MOTOR”
Art. 147-E. El que mediante la conducción temeraria de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, e inhabilitación al derecho de conducir vehículos por igual tiempo.
Para los efectos del inciso anterior, se considerará conducción temeraria: manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas que limiten la capacidad de conducir; disputar la vía entre vehículos; realizar competencias de velocidad en la vía pública, sin previo permiso de la autoridad competente.
Esta sanción se agravará hasta en una tercera parte del máximo establecido, cuando se realizare mediante la conducción de vehículos de transporte colectivo o de carga pesada.”
Art. 4. Incorporase un inciso segundo al Art. 220 de la siguiente manera:
“Si la conducta descrita en el inciso anterior fuere realizada por dos o más personas, será sancionado con prisión de uno a tres años.”
Art. 5. Reformase el numeral 5) del Art. 222 de la siguiente manera:
“5) Cuando el daño fuere ejecutado por dos o más personas.”
Art. 6. Refórmase el Art. 345 de la siguiente manera:

“AGRUPACIONES ILÍCITAS
Art. 345. El que tomare parte de una agrupación, asociación u organización ilícita, será sancionado con prisión de tres a cinco años. Los organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, serán sancionados con prisión de seis a nueve años.
Serán consideradas ilícitas las agrupaciones, asociaciones u organizaciones temporales o permanentes, de dos o más personas que posean algún grado de organización, cuyo objetivo o uno de ellos sea la comisión de delitos, así como aquéllas que realicen actos o utilicen medios violentos para el ingreso de sus miembros, permanencia o salida de los mismos.
Si el autor o partícipe fuera autoridad pública, agente de autoridad, funcionario o empleado público, la pena se agravará hasta la tercera parte del máximo e inhabilitación absoluta del cargo, por igual tiempo.
Los que promovieren, cooperaren, facilitaren o favorecieren la conformación o permanencia de la agrupación, asociación u organización ilícita, serán sancionados con una pena de uno a tres años de prisión.
La proposición conspiración para cometer este delito, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.”
Art. 7. Adiciónese en el Capítulo II DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PAZ PÚBLICA, el Art. 345-A, de la siguiente manera:

“UTILIZACIÓN U OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES
Art. 345-A. La utilización u ocupación de bienes inmuebles, lugares deshabitados o abandonados, con la finalidad de realizar las conductas descritas en el artículo anterior, serán sancionadas con prisión de uno a tres años.”
Art. 8. Refórmase Art. 348, de la siguiente manera:

“DESÓRDENES PÚBLICOS
Art. 348. Los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública alteraren el orden público, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas o invadieren instalaciones o edificios a fin de provocar desórdenes públicos, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años.”
Art. 9. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil cuatro.

DECRETO Nº 394
REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL
Art. 1. Reformase el Art. 13 de la siguiente manera:

“DERECHOS DE LA VÍCTIMA
Art.13. La víctima tendrá derecho:
1) A intervenir y tener conocimiento de todas las actuaciones ante la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, cualquier tribunal y conocer el resultado de las mismas;
2) A ser informada de sus derechos y a ser asistida por un abogado de la Fiscalía General de la República cuando fuere procedente o por el apoderado especial en su caso;
3) A que se le nombre traductor o intérprete cuando sea necesario;
4) A ser oída previamente ante cualquier solicitud favorable al imputado, salvo los casos en que habiéndose citado no comparezca a la audiencia;
5) A impugnar las resoluciones favorables al acusado aunque no haya intervenido en el procedimiento;
6) A ser escuchada en la fase ejecutiva de la pena antes de conceder permiso de salida de los condenados, libertad condicional o la suspención condicional de la ejecución de la pena;
7) A ser notificada del abandono o desistimiento de la querella o de la acusación;
8) A ofrecer pruebas personalmente en las etapas procesales determinadas para tal fin en este Código, sin perjuicio de las facultades conferidas al fiscal o al querellante;
9) A ser indemnizada por los perjuicios derivados del hecho punible, a que se le reparen los daños ocasionados por el mismo o a que se le restituya el objeto reclamado;
10) A que no se revele su identidad, ni la de sus familiares:
a) Cuando fuere menor de edad;
b) Cuando tal revelación implicare un peligro evidente para la misma; y
c) Cuando la víctima lo solicite.
11) A recibir protección en albergues especiales tanto su persona como su entorno familiar, en los casos que la policía, el fiscal o el juez lo estimen conveniente por la complejidad de las circunstancias o se presuma riesgo para sus personas. Todo de conformidad a la Ley especial;
12) A recibir apoyo psicológico o psiquiátrico, cuando sea necesario;
13) Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de edad:
a) A que se le brinden facilidades para la rendición de su testimonio en ambientes no formales, ni hostiles y que se grabe su testimonio para facilitar su reproducción en la vista pública cuando sea necesario; y,
b) A que se de aviso de inmediato a la Fiscalía General de República;
14. Los demás establecidos en este Código, en Tratados vigentes y en otras leyes.”
Art. 2. Incorpórase un inciso final al Art. 32 de la siguiente manera:
“La conciliación podrá realizarse en sede fiscal, siempre que la víctima, el imputado, sus representantes, el civilmente responsable o cualquier interesado en satisfacer el perjuicio causado, lo soliciten por escrito y los acuerdos sean satisfechos en su totalidad por las partes en el mismo acto de la conciliación, debiendo, en su caso, cesar la detención del imputado por parte de la Fiscalía General de la República.”
Art. 3. Incorporase a continuación del numeral 11) del Art. 241, el siguiente inciso:
“En el caso del numeral 8), cuando no sea posible identificar a una persona sospechosa de la comisión de un delito, porque éste no porta documento de identificación, los agentes de autoridad podrán retener a dicha persona para el solo efecto de identificarla, por un plazo que no exceda de seis horas. En este caso no se podrá esposar al investigado.”
Art. 4. Reformase el Art. 249 de la siguiente manera:

“DESESTIMACIÓN
Art. 249 Si en el hecho investigado no es posible proceder, el fiscal deberá resolver con fundamento el envío al archivo de las actuaciones, debiendo en su caso, cesar la detención del imputado por parte de la Fiscalía General de la República.
La resolución será debidamente notificada a las partes, y en caso de inconformidad de alguna de ellas, el fiscal presentará el requerimiento respectivo solicitando al juez competente la desestimación o el sobreseimiento en su caso.
La solicitud de desestimación no eximirá al fiscal y al juez del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora.
Si el hecho es constitutivo de falta, se estará a lo prescrito en el inciso final del Art. 391 de este Código.”
Art. 5. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.