Los salvadoreños y la televisión

¿Riesgos políticos calculados?

Mientras Saca adormece a la población con discursos bonitos acerca de sus buenas intenciones y su buen talante, la dinámica de la interacción entre los partidos políticos no se ha movido ni un ápice de su crispación anterior. En su carrera hacia los escaños legislativos y los gobiernos municipales en las próximas elecciones, los areneros, comenzando con el presidente Saca, están dispuestos a olvidar la tregua en el enfrentamiento político con el principal partido de oposición. Quieren terminar de hundir en el fango al adversario, aprovechando la delicada coyuntura interna que actualmente vive.

El Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación

La semana pasada, el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, llegó a la Asamblea Legislativa para presentar el Anteproyecto de Ley de Presupuesto General de la República para 2005. Según el documento, el gasto del Estado para el próximo año ascenderá a 2,992 millones de dólares, incluyendo un incremento de $198.1 millones con respecto al presupuesto de 2004. Uno de los aspectos más relevantes del documento se refiere a la emisión de bonos de deuda pública para el financiamiento de las actividades del Estado. A través de dicha emisión se espera obtener un poco menos de 542 millones de dólares. A este monto se debe agregar un desembolso de 200 millones de dólares para pagar los préstamos contraídos en períodos pasados. En su totalidad, los gastos debidos a la deuda pública estarían por encima de los 700 millones de dólares, lo cual se acercaría al 25% del Presupuesto General de la Nación.

¿Están listos los empresarios para el TLC?

A la espera de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), una vieja interrogante sale a la luz: ¿realmente están las empresas salvadoreñas listas para participar en dicho acuerdo? Con el propósito de encontrar una respuesta, se han realizado sondeos con diferentes entidades, las opiniones son diversas.

Violencia, politización e incapacidad institucional

El ordenamiento de los espacios públicos urbanos y el tratamiento eficiente de los desechos sólidos de los salvadoreños nuevamente se han topado con dos de sus peores enemigos: la politización y la incapacidad institucional. Ciudades limpias y ordenadas son indicadores inequívocos de la cultura y la convivencia de los habitantes de un país. En El Salvador, sobra decirlo, hay grandes déficits respecto de estos indicadores. En dicho atraso influyen, además de las carencias institucionales y las manipulaciones políticas, actitudes, comportamientos y normas cuyo cambio es indispensable para alcanzar los niveles de desarrollo que insistentemente prometen los sucesivos gobiernos.

Las opiniones sobre el debate presidencial estadounidense

Uno de los rituales por el que pasan las elecciones presidenciales en los EEUU es la serie de debates entre los candidatos en disputa. Se dice que aquel que sale mejor librado en ese pugilato televisivo logra el favor del electorado y tiene mayores posibilidades de agenciarse el triunfo. Esto último está por verse, porque, según lo demostraron las elecciones presidenciales anteriores, el debate presidencial no fue tan importante, como sí lo fueron las irregularidades denunciadas en el estado de la Florida —un estado al que se considera crucial en los resultados electorales—. El debate presidencial, que podría ser una ocasión en la que se discutan las propuestas de los candidatos, es también parte de la estrategia de mercadeo electoral de los dos grandes partidos políticos de los EEUU.

Reinstalos en la PNC

Definitivamente las cuentas no le salen muy bien al actual director de la Policía Nacional Civil (PNC), Ricardo Meneses. A la corrupción interna, los reclamos de su personal por los bajos salarios, los abusos de autoridad, las pandillas y el aumento de víctimas de la violencia social se suma hoy un nuevo problema: cargar con los errores de su antecesor en el puesto. Esta semana supimos que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, la institución que conduce debe reincorporar a sus filas una treintena de elementos expulsados de las mismas. Estos empleados fueron removidos de sus cargos durante la administración anterior de Mauricio Sandoval, quien impulsó un proceso de “auto depuración” interno cargado de irregularidades; dicho proceso ya fue revisado por el máximo tribunal del país. Veamos los antecedentes que han dado lugar a este resultado.

Con la llegada de Sandoval a la dirección de la PNC en julio de 1999, la institución fue sometida a múltiples modificaciones con el pretexto de modernizarla y adecuarla a un nuevo modelo de seguridad pública. Es cierto que necesitaba de cambios profundos y urgentes, entre otras razones porque era patente que atravesaba por una severa crisis producto de sus limitaciones y, en consecuencia, por la elevada criminalidad padecida que enfrentaba con escaso éxito. Sin embargo, pese a que de los propósitos iniciales se esperaban transformaciones sustanciales, la reforma no estuvo a la altura de esas expectativas. Ya lo dice el refrán: “De buenas intenciones está empedrado el infierno”.

Tanto tiempo estuvo Sandoval al frente de diversos organismos oficiales, en comunicaciones e inteligencia, que terminó confundiendo la PNC con su casa y hasta creyó que sería el próximo Presidente de la República. Así las cosas, fueron muchas las arbitrariedades que cometió y de ellas destaca una: que los cambios estructurales internos los realizó sin una base legal que lo permitiera. Pero luego, la Asamblea Legislativa celebró esos cambios aprobando el 6 de diciembre del 2001 una nueva Ley Orgánica de la PNC que comenzaba diciendo en su primer artículo: “Créase la Policía Nacional Civil de El Salvador...” Bueno, y la anterior, ¿no existía o desapareció?

En todo caso, con dicha reforma se consumó la desnaturalización de aquella institución nacida con los acuerdos de paz. Con las medidas impulsadas por Sandoval no se quiso resolver los problemas retomando el rumbo de Chapultepec; más bien se sometió a la PNC a una operación quirúrgica para incorporarle nuevos órganos y el trasplante no resultó tan exitoso como se anunció. La formación recibida por Sandoval en Taiwán, más que mejorar la salud de la PNC, provocó su recaída definitiva y la dejó peor que antes.

El secretismo con que se realizaron estos cambios fue acompañado por la precipitación y la falta de participación. Se trataba de una de las instituciones nacidas tras el fin del conflicto a la que estaban revisando, sin control alguno, de los pies a la cabeza. Por abajo, expulsando elementos que discreparan con su superior inmediato correspondiente o con las políticas del director; por arriba, concentrando éste el máximo poder posible. Así, mecanismos independientes de control institucional, como su Inspectoría General, pasaron a depender de Sandoval. A esto se sumó el hecho que a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, el director contaría con fondos secretos disponibles en cualquier momento.

Como señalábamos, en lo que toca a los mecanismos disciplinarios se llevaron a cabo procesos de depuración al interior de la institución, durante el 2000 y parte del 2001. En diciembre de este último año, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto 101 por medio del cual se oficializó la expulsión de decenas de “malos elementos”, como aseguraba el entonces director Mauricio Sandoval. Es decir, se dejó abierta de forma permanente la posibilidad de depurar a los miembros de la PNC mediante la figura de la remoción, con o sin indemnización. Es esta reforma la que ahora la justicia ha declarado ilegal; entre otros motivos, porque la mayoría de expulsados lo fueron sin que se probaran los hechos graves y sin permitirles revertir los señalamientos. Por eso ahora se ordena su reincorporación.

Según la decisión de la Corte, la dirección policial no cumplirá sólo regresándolos a sus antiguos empleos. No. Además, deberá destinar más de seiscientos mil dólares para pagar los salarios que estos policías dejaron de percibir mientras esperaban el mencionado fallo judicial. Entre los reincorporados hay subcomisionados, subinspectores, cabos, sargentos y agentes que enfrentaron procesos en un tribunal disciplinario creado por Sandoval. Allí fueron acusados de cometer faltas o delitos graves. No contentos con la decisión, algunos de ellos la rebatieron en los tribunales de justicia. El motivo de acudir a éstos fue porque las depuraciones se realizaron de manera arbitraria, sin respetar las reglas mínimas para un procedimiento de este tipo y sin permitir que los inculpados pudieran alegar nada en su defensa.

De ahí que Meneses no tenga más alternativa que acatar la decisión de las autoridades judiciales. En buen castellano, la Sala de lo Contencioso Administrativo le ha dicho que un funcionario, aunque sea director de la PNC, no puede hacer lo que le dé la gana. Si quiere hacer cambios que los haga, pero respetando la legalidad y la Constitución. Por eso Meneses está cosechando los frutos amargos que sembró su antecesor.
Para los altos mandos de la corporación anterior y su jefe Francisco Flores, la depuración fue todo un éxito por su rapidez y eficacia. El problema se encuentra en que ahora, con el fallo judicial, surge un gasto que no estaba contemplado en el presupuesto policial. ¿Está la PNC preparada para reubicarlos? Más grave aún: se trata únicamente de los primeros treinta miembros reinstalados, pero son muchos más los que esperan una resolución similar.

Sin embargo, no deja de sorprendernos el delfín de Sandoval. Tras conocer la decisión de la Corte, Meneses expresó públicamente su inconformidad con la misma. Aseguró que el dinero para las indemnizaciones se obtendrá posiblemente de lo presupuestado para la compra de uniformes, combustibles, pago de locales y servicios básicos. Esa es su estrategia: no cumplir la sentencia; y su táctica para ello: presionar airadamente en público, diciendo que las tareas diarias de la seguridad pública se verán afectadas por falta de dinero. Y todo por las ilegalidades cometidas por su “maestro”.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia supondrá que los policías que fueron depurados ilegalmente volverán a laborar en funciones de acuerdo al rango que tenían. Pero Meneses, que dice respetar las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, asegura no estar de acuerdo con emplear de nuevo a los policías en varios casos. Los asesores legales del actual director le deberán explicar —con paciencia y claridad— que ante un fallo judicial no queda más que cumplirlo, se esté o no de acuerdo. Ese es uno de los fundamentos del Estado de Derecho que él mismo debe hacer respetar.

Como dijimos antes, el problema para la PNC apenas comienza pues en la Corte hay muchos policías más esperando un fallo favorable para regresar a sus puestos de trabajo. Sin perjuicio de estos ajustes, la polémica no se puede trasladar ahora al hecho de si estos agentes eran buenos o malos. Lo preocupante radica en que la institución haya realizado un mal procedimiento para sacarlos y que ahora que deben regresar por orden judicial —¿quién sabe si entre ellos retorne más de alguno verdaderamente “malo”— la institución encargada de la seguridad, el orden y el respeto de la ley se niegue a cumplir lo que es debido. Sólo que esta vez tendrá que pagar caro por ello. La lección que deja esta desatinada experiencia es que para contar con una policía garante de la democracia, la seguridad y los derechos humanos se debe partir de la preparación técnica de sus miembros; no como ocurrió con Sandoval: con cambios cosméticos y arbitrarios.