Flores se ilusiona de nuevo

Riesgos de abandonar el diálogo

Puede haber distintos motivos para explicar la decisión del FMLN de retirarse de la Mesa Permanente de Gobernabilidad, impulsada por Saca desde su llegada a la presidencia. El análisis sobre las razones que explican la salida intempestiva del partido de izquierda de este esfuerzo, llamado "de concertación", puede seguir diversos caminos, según los intereses y objetivos de los distintos analistas.

Unos pueden elegir reforzar el argumento del partido oficial según el cual "las actuaciones del FMLN responden a la dinámica misma del conflicto interno que actualmente vive ese partido [y] que con la decisión de abandonar la Mesa Permanente de Gobernabilidad [esa organización] da la espalda a las aspiraciones ciudadanas de que los políticos [pongan] el interés público por encima de intereses políticos electorales".

Flexibilizar el mercado de trabajo: un dilema laboral

Con el propósito de hacer más atractivo el país a los inversionistas y disminuir el desempleo, el tema de flexibilizar el mercado laboral entra en discusión para los gremios y el gobierno. Pero, ¿qué implica dicha flexibilización? Llevar a cabo esta política implica contar con salarios diferenciados, contrataciones por hora, medios turnos, contratación de jóvenes aprendices, entre otros.

Remesas e inversión en El Salvador

En los últimos años, el impulso de las remesas en la actividad económica ha sido muy importante. Desde 1997, año que presentó una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) muy por debajo que la de años anteriores, el papel de los ingresos provenientes del extranjero se ha constituido como uno de los garantes, en cierta medida, de la estabilidad económica y política del país. Económica, ya que buena parte del consumo de los salvadoreños en los años de estancamiento económico se ha financiado en una proporción no menospreciable a través del ingreso de remesas al país. Estabilidad política, por que, dado lo anterior, las exigencias de la población salvadoreña al Estado han disminuido mediante los ingresos de estos recursos al país. Sin ellos, la situación podría ser más tensa de lo que es en la actualidad, ya que el gasto de las remesas se destina al consumo de bienes de primera necesidad entre las familias más pobres.

Paternidad irresponsable en El Salvador

La paternidad responsable supone el compromiso de los padres para cumplir con la obligación de proteger, brindar educación, salud y alimentación a sus hijos e hijas durante la fase de la vida en la que estos no pueden garantizar su vida ni sus derechos por sí mismos. En sentido inverso, la paternidad irresponsable es la renuncia a ese compromiso, con lo cual no sólo se atenta contra la seguridad de los hijos y las hijas menores de edad, sino que se violenta el precepto constitucional que garantiza su derecho a la seguridad familiar.

Problemas en la OEA

La gestión del costarricense Miguel Ángel Rodríguez como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) puede pasar a la historia por ser una de las más breves. Ni bien se instaló Rodríguez en el cargo, el pasado 23 de septiembre, afloraron las acusaciones de corrupción en su contra. Los actos de corrupción ocurrieron durante el tiempo en que fue presidente de Costa Rica.

Octubre 1979

“Quien diga querer traspasar los privilegios de las minorías a los derechos de las mayorías

 tiene que atacar aquellas estructuras que posibilitan esos privilegios”
(Editorial Revista ECA, 14 /11/1979, N° 372-373)

Uno de los hechos más relevantes en la historia nacional durante el siglo pasado, fue el golpe de Estado ocurrido en octubre de 1979. Antes de este, por la Presidencia de la República desfilaron despóticos militares que llegaron al poder gracias a los fraudes electorales y sucesivos alzamientos. Esta casta gobernante administró el país para cuidar los intereses de una minoría oligárquica, contra el bienestar de las mayorías populares que se encontraban —al igual que hoy— en situación grave de pobreza. El gobierno del general Carlos Humberto Romero inició su mandato en julio de 1977 bajo una amplia protesta por el robo de las elecciones; durante su gestión reprimió cruelmente a sus opositores políticos que reclamaban por la violación sistemática de los derechos humanos más elementales, así como por la crisis económica que había deteriorado las condiciones de vida de la población.

El descontento incrementó el accionar y la consolidación de varias organizaciones populares que estaban decididas a luchar por lograr cambios importantes en el país. Los constantes abusos oficiales provocaron también que la Iglesia Católica se sumara a las constantes denuncias, sobre todo a través del IV Arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero.

El escenario internacional de la época tampoco favoreció al régimen, sobre todo cuando la Casa Blanca comenzó a preocuparse por el respeto de los derechos humanos en la región. En Nicaragua la victoria sandinista por la vía armada alertó a los gobiernos vecinos, que incrementaron la represión contra sus opositores políticos con la firme convicción de que así evitarían una situación similar a la nicaragüense. Tales prácticas fueron impulsadas con mayor dedicación en El Salvador y Guatemala.

En este ambiente se gestó y realizó el último golpe de Estado en suelo salvadoreño, hasta la fecha; la “juventud militar”, integrada por oficiales progresistas que ocupaban mandos medios en la institución armada, lo concretó. Su proclama, entre otras cosas, decía que habían decidido “deponer al gobierno del general Carlos Humberto Romero e integrar próximamente una Junta Revolucionaria de Gobierno.. con el fin de crear las condiciones” para que todas y todos pudiéramos “tener paz y vivir acorde a la dignidad del ser humano”. Y añadían lo siguiente: “Se hace un llamado especial a los sectores populares y al capital privado con proyección social, para que contribuyan a iniciar una nueva época para El Salvador enmarcada en los principios de paz y respeto efectivo de los derechos humanos de toda la ciudadanía”.

La nueva Junta de Gobierno quedó integrada por dos militares y tres civiles: el coronel Adolfo Majano, quien representaba a los oficiales jóvenes; el coronel Jaime Abdúl Gutiérrez, quien se logró colar en representación de la oficialidad tradicional, luego de una hábil maniobra política; el capital privado se hizo presente con el empresario Mario Andino; de la oposición política participó Guillermo Manuel Ungo; y por los intelectuales Román Mayorga Quiroz, quien era rector de la UCA.

Una de las primeras decisiones oficiales fue desarticular las tenebrosas organizaciones paramilitares que perseguían y asesinaban a opositores, sobre todo en el campo. Según reciente entrevista realizada por un periódico digital a Mario Andino, era clara la intención de encausar al país hacia la democracia, combatir la corrupción, y velar por los intereses de populares. Se constituyó también una comisión especial para investigar los casos de desaparecidos, torturados y asesinados a raíz de la violencia política, así como para deducir las responsabilidades penales correspondientes. Pero las esperanzas se fueron desvaneciendo más temprano que tarde, en la medida que la casta militar no estaba dispuesta a sacrificar a sus miembros y encarar la justicia. Por ejemplo, la comisión constituida para esclarecer las violaciones de derechos humanos no pudo hacer nada, las personas desaparecidas no fueron localizadas, la represión se incrementó y ningún hecho se investigó; esto último, de seguro porque los mismos militares nombrados por la Junta estaban involucrados en los abusos.

Tampoco el gran capital estuvo de acuerdo en sacrificarse realizando cambios sustanciales en la economía, para mejorar la situación de los grupos sociales desfavorecidos. Sus integrantes no estaban dispuestos a ceder nada. Así, la crisis se agudizó sin que las promesas proclamadas se concretaban en lo más mínimo. Los líderes sociales, intelectuales y políticos exigían a la Junta el cumplimiento de los cambios ofrecidos Lógicamente, los miembros de la junta más progresistas terminaron abandonándola; eso le restó legitimidad y credibilidad al gobierno golpista.

De todo ello pasaron ya veinticinco años, con guerra civil incluida y la firma de un pacto político para acabarla. Pero un cuarto de siglo después, ¿qué país tenemos?. Entre El Salvador de 1979 y El Salvador de hoy lo que hay es tiempo, liberación y reacumulación de injusticias, especialmente desde la perspectiva de las víctimas y las mayorías populares cuyas demandas siguen igual: sin satisfacerse. La rueda de la historia nacional se ha movido durante estos cinco lustros, pero en el mismo sitio: el de la exclusión, la violencia, la corrupción y la impunidad. Si una de las razones del golpe en octubre de 1979 fue frenar la sistemática violación de los derechos humanos, investigar a los responsables de los mismos y sancionarlos, podemos asegurar con toda certeza que sólo se consiguió detener la barbarie pero nada se ha hizo por establecer la verdad, dar con los culpables ni repararle el daño a las víctimas de antes y después del levantamiento de la “juventud militar”. La máxima expresión de una impunidad triunfante en el país es la Ley de Amnistía vigente desde 1993.

Afortunadamente, estos ciclos históricos terminan sin que se burlen los victimarios. Argentina y Chile son ejemplo de ello y no cabe duda que tarde o temprano El Salvador transitará por el camino de la justicia. Porque cuenta con la fortaleza de las víctimas que, pese a su dolor, siguen luchando para que llegue “el turno del ofendido”; no para venganzas, sino para reivindicar su dignidad y la de sus familiares. Por eso hace poco más de un año, en los Estados Unidos de América un tribunal condenó a los otrora poderosos coroneles Guillermo García y Eugenio Vides Casanova por violaciones a los derechos humanos. Igual ocurrió con otro oficial en el caso de monseñor Romero y el Estado salvadoreño también fue sentado hace unas semanas en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otra motivación de aquella insurrección militar fue mejorar la calidad de vida de la población; de hecho, los golpistas proclamaron que crearían “las condiciones para que en nuestro país podamos todos los salvadoreños tener paz y vivir acorde a la dignidad del ser humano”. La situación era apremiante pues existía una fuerte presión para aliviar el problema económico y social agravado por la subida de los precios del petróleo, cosa que no se logró. También se intentó de forma tardía una reforma agraria, más como parte de una estrategia contrainsurgente que en función de los sectores campesinos desposeídos. En fin, el egoísmo del gran capital se impuso y aquella presión desembocó en el conflicto armado.

¿No son acaso esas las mismas demandas que hoy reivindican las víctimas de la violencia, la impunidad y la injusticia producida por un modelo económico excluyente? Si “los mismos caminos llevan a los mismos destinos”, debemos considerar que aunque no se trate de situaciones exactamente similares lo que ahora está ocurriendo no es para cantar victoria en nada. Existe una agenda pendiente sin cumplirse en el país desde aquel 15 de octubre de 1979; la deuda histórica asumida por los jóvenes oficiales de entonces, continua sin ser honrada. La situación de las llamadas “mayorías populares”, con algunas variaciones de forma, no ha cambiado sustancialmente en el fondo; el pobre de antes es el padre del pobre de ahora, independientemente que se encuentre acá o en territorio estadounidense. Al respecto, monseñor Romero, cuyas palabras parecen no perder vigencia en nuestra realidad, advirtió: “... (La paciencia) está agotándose y tememos que la expectativa creada por la insurreción militar puede resolverse en peligrosa impaciencia o degenerar en nuevas violencias”. ¡Cuidado entonces! No vayan a volver aquellos vientos de octubre.