Un nombre para la historia de la infamia

¿Precedente para próximas campañas electorales?

Las campañas electorales en El Salvador después de los Acuerdos de Paz suelen ser aprovechadas por la derecha para dejar constancia ante la sociedad de su odio en contra de la izquierda. El desprestigio de los líderes políticos de esta última ha sido el elemento más fuerte de su estrategia de propaganda. Cuando no se desentierran buzones de armas, escondidas supuestamente para volver a la lucha armada, se suele ligar a la izquierda con la violencia y secuestros que vive la sociedad salvadoreña en estos días.

La nueva reforma fiscal

Desde hace semanas se viene anunciando una reforma fiscal. Después de varios años, el gobierno ha reconocido que necesita obtener más recursos para hacer frente a las grandes necesidades de la población. La reforma en cuestión persigue aumentar la recaudación de impuestos como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). De esta manera, el gobierno busca cumplir la promesa electoral de darle la debida importancia a las políticas sociales.

Dueños del municipio

No resulta difícil hallar referencias sobre la mayor organización salvadoreña de vendedores del sector informal, ANTRAVEPECOS, ni sobre su máximo dirigente, Vicente Ramírez, en sitios de Internet —de habla inglesa, francesa, española o alemana—. Tampoco cuesta encontrar muestras de apoyo y solidaridad en otros países de América Latina, como Cuba o Venezuela. La razón fundamental: los comerciantes informales apostados en las calles y avenidas de los principales centros urbanos de El Salvador —una de cuyas organizaciones con mayor incidencia es precisamente ANTRAVEPECOS— no sólo gozan de gran eco internacional, sino que se han constituido durante los últimos años como un importante sector social salvadoreño.

La democracia costarricense y el combate contra la corrupción: lecciones para El Salvador

El ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez podría apodarse “El Breve”, por las escasas semanas en que estuvo al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Un espectáculo inusitado lo dio el propio Rodríguez, quien reapareció en Costa Rica descendiendo la escalinata de un avión. Tratándose de un ex Secretario General de la OEA, lo menos que podía esperarse era un recibimiento con alfombra roja y los honores del caso. En lugar de eso, el ex presidente bajaba con las manos esposadas a la espalda. Volvía a Costa Rica para responder a las acusaciones de haber recibido un soborno por parte de la compañía telefónica Alcatel, mientras fungía como presidente de la República.

PNC en crisis, otra vez

La ola criminal que azota nuestro país sigue imparable. No falta quien diga que ha crecido, pero tal y como estamos, lo preocupante no es que se haya incrementado o no. Lo que realmente inquieta, al menos a quienes de verdad estamos comprometidos en serio con la vida digna de las personas, es que pese al anuncio ostentoso y la ejecución de las ya conocidos maniobras electoreras conocidas como “mano dura” y “súper dura”, dizque para garantizar nuestra seguridad, la Policía Nacional Civil (PNC) sigue sin encontrar la fórmula que le permita frenar o reducir la alta mortalidad violenta que padecemos. Porque, hasta la fecha, la ejecución esos planes solamente ha conseguido desacelerar la criminalidad durante las primeras semanas de su puesta en marcha.

Aunque la situación crítica es generalizada, hay dos municipios en el país que son el ejemplo actual de la ineficacia de las políticas diseñadas en el Ministerio de Gobernación y ejecutadas por la PNC. El primero es Sonsonate. Recordemos que en éste hace sólo unos meses se procedió a una depuración al interior de su delegación policial. No obstante, pocos han sido los resultados que hasta la fecha pueden ofrecer los nuevos agentes allí destacados. Tampoco en Soyapango, que es el otro, disminuyeron siquiera unas semanas las muertes violentas que diariamente acontecen. No hay que olvidar que este último municipio fue escogido por el anterior director general de la PNC, Mauricio Sandoval, como “campo experimental” para poner a funcionar la institución que según él acababa de “reestructurar”. Y, parafraseando a Les Luthiers, fracasó con todo éxito.

En ambos municipios, a pesar de toda la palabrería oficial, es alarmante la cantidad de muertes violentas que allí ocurren. Los dos aparecen en los reportes policiales con los más altos índices de homicidios este año en todo el país. De ahí que, para frenar esa continua escalada criminal, hayan tenido que anunciar de nuevo otras medidas urgentes. A finales de septiembre, las máximas autoridades policiales advirtieron a las jefaturas de las respectivas delegaciones que serían relevadas si no lograban disminuir los niveles de violencia en sus respectivos lugares.

El plazo fijado ya terminó y la violencia no parece tener límite. Ya le cortaron la cabeza al mando de Sonsonate -bueno, en realidad lo trasladaron- y el de Soyapango permanece en el cargo. En Sonsonate se aumentó el número de agentes; sin embargo, los crímenes continuaron. Al momento se reportan 289 homicidios en todo el departamento, pero la mayoría ha ocurrido en la cabecera departamental. Habrá que ver cómo le va al subcomisionado Juan Mauricio Amaya Alfaro, sustituto del trasladado, y tomar en cuenta después lo que hoy dicen de él su jefe, el comisionado Pablo Escobar Baños: “El subcomisionado Amaya ha venido desempeñando adecuadamente las responsabilidades que él ha tenido. Ha logrado reducir algunos índices delincuenciales cuando estuvo en el Puerto de La Libertad, lo mismo hizo en Zacatecoluca y también en la delegación de Cuscatlán. Nosotros consideramos que él puede desempeñar un buen trabajo en la delegación de Sonsonate”

Sobre el de Soyapango, el subdirector de Seguridad Pública de la PNC aseguró que no lo trasladarán. “Nosotros consideramos —declaró el mismo comisionado Escobar Baños— que se le puede dar todavía más tiempo y los esfuerzos que él está haciendo son importantes para poder reducir los delitos. Es una delegación muy complicada que requiere de mucho esfuerzo, y es de las delegaciones a las que la Policía les va a dar el apoyo que necesitan para que pueda salir adelante”.

En todo caso, frente a la situación crítica en la que permanecen que estas dos localidades y el país en general Ricardo Meneses —actual jefe máximo dentro de la PNC— se rinde ante la evidencia: los homicidios aumentan, pese a que también se han incrementado las capturas realizadas por la institución que él mismo dirige. Es decir que sigue sin encontrar soluciones inmediatas y mediatas para enfrentar con garantías de victoria este grave problema social. Entre otras razones por no tener la competencia ni los arrestos suficientes para hacerlo.

No obstante, cuando de responsabilizarse se trata prefiere comenzar a tirar las pelotas afuera de su cancha. Para él la culpa está en el libre tránsito del que gozan las armas de fuego en nuestro país y las mínimas sanciones que existen para los portadores ilegales. Tampoco podían faltar entre sus quejas y su vano intento por descargarse de responsabilidades los pandilleros; por el incremento de homicidios, también hay que echarle la culpa a éstos. Si bien el análisis que realiza el director es acertado, no por ello deja de ser escaso. Mientras esperamos que la Asamblea Legislativa endurezca los requisitos para la portación y tenencia de armas de fuego, las fallas no se pueden echar siempre a los demás sin asumir la cuota de responsabilidad que a cada uno le corresponde. Y en el caso de la PNC son varias, empezando por los fuegos internos que debe sofocar.

Tan sólo basta que en esta ocasión nos centremos en uno de ellos: la política laboral de esa institución. Según la información que trasciende a la luz pública, la medida que mayor aceptación cuenta entre los altos mandos es la de amenazar a sus subordinados con el traslado a otras delegaciones departamentales de la PNC en el caso que los índices de asesinatos no disminuyan en un plazo determinado. Eso fue lo que se hizo hace unos días con el subcomisionado Juan Carlos Martínez Marín, que pasó de Sonsonate al extremo oriente del país: a La Unión.

¿Qué consecuencias tienen este tipo de órdenes en el día a día? La realidad se encarga de mostrárnoslo. La mayoría de los policías que acuden a la escena de un crimen están pensando más en terminar cuanto antes su trabajo y reportarla a la respectiva delegación como actividad realizada, que en proceder en ese momento profesionalmente velando por la seguridad pública y porque la respectiva investigación criminal sea ejecutada a cabalidad.

¿Qué resultados se generan entonces? Como vemos, las posteriores investigaciones resultan afectadas directamente por las continuas negligencias; pero también se perjudica una posterior labor preventiva y de seguridad pública: si no investigan bien ¿cómo van a saber a quién o quiénes se enfrentan? Y, cómo no, todo esto puede terminar provocando que numerosos crímenes queden en la impunidad por la falta de investigación o porque la misma se haya realizado defectuosamente.

Por tanto, es evidente que la política de seguridad pública que dice asegurar que a mayor presencia policial más seguridad para la población no está dando los resultados esperados, ni en Sonsonate ni en Soyapango. Entre otras razones, por esa amenaza interna de realizar traslados como castigo en caso de incumplir con los números esperados en la tarea policial.

Es evidente que las soluciones pasan por tener un cuerpo de policía de calidad. Formado y diseñado para hacer frente a los más graves problemas que afectan cotidianamente a la mayoría de la población. Sin embargo, ni la formación que reciben los agentes es la adecuada ni la estructura policial da respuesta a uno de los problemas más graves hoy día, como es el de la violencia social. Los esfuerzos que hasta la fecha se han realizado no son suficientes para enfrentar con garantías un escenario tan complicado y grave. Es necesario entonces revisar conjuntamente la eficacia de las actuales políticas de seguridad pública para enfrentar esta clase de delitos tan numerosos. De las medidas que se adopten depende en mucho la calidad de vida en El Salvador.