Envíenos sus comentarios y sugerencias
Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación(CIDAI)
E-mail: cidai@cidai.uca.edu.sv
Universidad Centroamericana (UCA)
Apdo. Postal 01-168 Boulevard Los Próceres
San Salvador, El Salvador, Centro América
Tel: +(503) 210-6600 ext. 407
Fax: +(503) 210-6655
El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
Los interesados en suscribirse a este boletín pueden dirigirse a la Oficina de Distribución de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo será muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicación se puede consultar parcialmente en la página electrónica de la UCA: http://www.uca.edu.sv
Año 25
número 1120
Noviembre 3, 2004
ISSN 0259-9864
Editorial: Es mejor que paguen impuesto
Política: Saca y la cúpula empresarial
Economía: ¿Reforma fiscal o reforma legal?
Sociedad: Corrupción en Costa Rica y El Salvador: dos realidades distintas
Regional: La izquierda gana en Uruguay
Derechos Humanos: Campaña mitológica
Es mejor que paguen impuesto
CUno de los argumentos más repetidos por las gremiales de la gran empresa privada para resistir el mayor control que el gobierno se dispone a ejercer sobre ellas a fin de evitar que evadan impuestos, es que perjudicará la inversión y estancará la economía. En lugar de incentivar la inversión, la ahuyentará, y la economía se paralizará aún más, lo cual pondría en grave peligro el crecimiento económico del país. Este es un viejo argumento que usaron hace quince años para justificar la liberalización de los controles estatales sobre sus actividades. En ese entonces alegaron que entre menos impuestos pagasen y menos controladas estuvieran sus actividades, invertirían más en el país y éste alcanzaría el crecimiento económico ideal del 6 por ciento anual. Quince años después, ese crecimiento económico apenas roza el 2 por ciento, y la inversión es muy escasa.
En estos momentos de revisión de procedimientos tributarios podría ser oportuno
hacer un balance de esta política de ARENA. Habría que comparar lo que el Estado
ha dejado de percibir en estos años para estimular la inversión de las gremiales
del sector privado al reducir los impuestos y relajar los controles con el monto
total de sus inversiones. De antemano se puede asegurar que la diferencia es
abismal, es decir, el dinero que el Estado ha dejado de percibir es mucho más
que lo que el sector privado ha invertido en la economía nacional. Esto no
significa que el capital haya dejado de multiplicarse y de acumularse. Al
contrario, los grandes capitales han crecido a un ritmo desconocido, pero no por
eso se invierte en el país, tal como se esperaba. Si esta hipótesis fuera
comprobada, el gobierno de Saca debiera sacar la conclusión obvia: dado que con
pocos impuestos y controles, el gran capital no invierte, si se le cobra
conforme a la renta que percibe y al patrimonio que posee, al menos pagará
impuestos. Es más equitativo que pague los impuestos que, en justicia, le
corresponden, puesto que de todas maneras no invierte y el crecimiento económico
permanece estancado. Así, al menos, contribuirá a financiar los servicios
públicos, lo cual puede redundar en un mayor bienestar para la población que, en
la actualidad, se ve privada de ellos.
La gran empresa privada se opone a que el gobierno controle de forma efectiva
sus operaciones, tal como pretende la reforma tributaria presentada por el
gobierno de Saca, porque le va a ser más difícil evadir, aparte de que, de hecho,
ya paga muy poco. Un estudio especializado muestra que más de la mitad de la
empresa privada paga los impuestos que en la actualidad le corresponden, que los
que menos pagan son los sectores de la construcción, el comercio y el transporte.
La contribución impositiva por renta de la empresa privada apenas representa el
0.01 por ciento de su renta bruta; eso para no hablar de su mora con el Seguro
Social, la cual es millonaria y nadie se atreve a cobrársela. Es escandaloso que
apenas haya un poco más de mil tributarios que declaren una renta superior a los
cuatro mil dólares. A las gremiales de la gran empresa privada no les preocupa
que las medidas tributarias disminuyan el ritmo del crecimiento económico, ni
que la inversión no satisfaga las expectativas, ni que la economía nacional se
estanque, sino la amenaza que esas medidas suponen para sus prácticas ilegales y
para sus privilegios.
Por eso, la transparencia es indispensable en la gestión de la reforma
tributaria ya aprobada, tal como lo pide la gremial de la gran empresa privada,
en una reacción que no pude ocultar su malestar por cuatro medidas que no son de
su agrado. Pero la transparencia debiera abarcar también el gasto nacional, pues
éste no es desglosado en detalle, al cual muy pocos tienen acceso. La mayoría
sólo maneja rubros generales y grandes cantidades. Asimismo, debieran eliminarse,
en virtud del mismo principio, las partidas secretas como la de Casa
Presidencial y la manera cómo se ejecuta cierto gasto. La transparencia evitaría
ciertos subsidios difíciles de explicar y permitiría un mayor control del
gobierno por parte de la ciudadanía sobre una cuestión que compete a todos y no
sólo del gobierno, ni al sector privado. Hay, pues, que facilitar el control
social del fisco, para lo cual es indispensable proporcionar la información
pertinente. Este control no es una atribución de la gremial de la gran empresa,
la cual se arroga una representación universal que no posee, a partir de que es
el único sector nacional cuyas posturas sobre política tributaria son escuchadas.
El malestar de la gremial de la gran empresa privada con el gobierno por no
haber aceptado todas sus demandas de modificación tiene una razón de ser muy
particular. Bastantes de sus integrantes, al menos los más importantes, en
términos de capital, contribuyen con cantidades apreciables al financiamiento de
ARENA. Este aporte es tan importante que el partido maneja una lista de donantes,
ordenados según el monto de su contribución. Los que ocupan los primeros lugares
tienen una palabra que decir en las decisiones más importantes; a los demás los
recompensa con cargos públicos, de acuerdo a su donativo. En las discusiones
privadas sobre las medidas tributarias se llegó a proponer cortar esta
contribución para pagar los impuestos que el gobierno reclama. Otra forma de
recompensar a los donantes más generosos de ARENA es el subsidio estatal. En el
presupuesto general hay partidas destinadas a financiar sus fundaciones e
incluso sus instituciones de educación superior. A veces, el subsidio es más
elevado que el aporte del empresario donante. De esta manera, el gobierno de
ARENA, con el dinero de la ciudadanía, contribuye a financiar una parte de las
mal llamadas responsabilidades sociales de la empresa privada, por la cual,
además, ésta recibe publicidad gratuita.
No hay tales que en ARENA no existen vanguardias, ni líderes inefables, tal como
aseguró el presidente Saca, en alusión directa a la dirigencia del FMLN. Tal vez
sus vanguardias y sus líderes no son iluminados como las de este último partido,
porque el criterio es su contribución al financiamiento de ARENA. La
transparencia suprimiría esta clase de privilegios y fortalecería la
gobernabilidad, que tanto reclaman las gremiales del sector privado. Por
consiguiente, es mejor que paguen sus impuestos como cualquier contribuyente,
sin privilegios de ninguna clase —y que financien las actividades de su partido
con su renta y su patrimonio. Sería más equitativo, no sólo para los que no
gozamos de tales privilegios, sino que también para los partidos políticos. Para
la gobernabilidad también es mejor que paguen impuestos, pues ésta no comprende
sólo a los partidos, sino que también incluye la desigualdad escandalosa en el
ingreso. Finalmente, es mejor que paguen para la inversión y el crecimiento
económico nacional.
Saca y la cúpula empresarial
La reforma tributaria, que todos los sectores han venido reclamando desde hace mucho tiempo, comenzó a implementarse desde la semana recién pasada. Todas las fracciones legislativas, excepto el FMLN, aprobaron un primer conjunto de reformas, cuyo último objetivo, al decir de sus defensores, es cerrar las llaves de la evasión fiscal. Sin embargo, un tema en el que se muestran unánimes los distintos analistas de dicha reforma destaca su insuficiencia para resolver los ingentes problemas fiscales del país. Unos y otros han reconocido que para enfrentar los problemas sociales y el desequilibrio creciente de las cuentas públicas, hace falta más que unas pomposas declaraciones de buenas intenciones.
La reforma planteada no contempla el aumento de impuestos ni mucho menos ha
tocado el problema del carácter regresivo, tantas veces denunciado, del sistema
fiscal salvadoreño. El presidente Saca y su ministro de Hacienda se han
encargado de dejarlo claro. Han reiterado que no pretenden aumentar las cargas
fiscales de los empresarios. Aun así, algunos empresarios influyentes —agrupados
en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)— no aprecian algunas
decisiones del Ejecutivo. Otros se atreven a comparar a Saca con un gobernante
que impone sus puntos de vista sin consultar a sus súbditos. En este comentario
se intenta analizar este tema. Se tratará de responder a la pregunta de si
Antonio Elías Saca estará dispuesto a dejar de lado los intereses de los grandes
empresarios, para anteponer los de la mayor parte de salvadoreños.
¿Reforma fiscal o reforma legal?
La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la política fiscal. Con ellas, el Estado persigue erradicar la evasión de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y sobre la Renta. Para salir adelante, se crearon nuevas leyes y se revisaron las vigentes, a fin de sancionar fuertemente a todas las personas y empresas que tengan cuentas pendientes con el fisco. También se sancionará a los que se dediquen al contrabando de mercancías.
Corrupción en Costa Rica y El Salvador: dos realidades distintas
Desde el mes de octubre hasta la actualidad, los centroamericanos, y en general los latinoamericanos, han sido testigos de un escándalo sin precedentes en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA): el primer centroamericano en ascender al cargo de secretario general de ese organismo, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido acusado por actos de corrupción en Costa Rica, donde fungió como presidente de la República entre 1998 y 2003. Rodríguez se vio forzado a renunciar a su investidura para enfrentar la justicia de su país ante los cargos que pesan sobre él.
La izquierda gana en Uruguay
El médico Tabaré Vázquez, candidato de la coalición de izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FM-NM), ganó las elecciones presidenciales en Uruguay. Fue en un fin de semana donde se celebraron simultáneamente elecciones en distintos países sudamericanos, como Venezuela, Brasil y Chile.
Algunos comentaristas, como el escritor Eduardo Galeano, califican este
resultado histórico como el triunfo de la esperanza sobre el miedo. Vázquez, al
igual que ocurrió con el FMLN en El Salvador— enfrentó una campaña difamatoria
por parte de la derecha. Las amenazas, como lo anota el propio Galeano, fueron
las mismas —notorios personajes como el ex presidente Julio María Sanguinetti
afirmaron que si Vázquez ganaba, todos los uruguayos andarían uniformados como
en la China maoísta—.
Campaña mitológica
CEl acontecer diario nacional, los constantes sucesos y la superación de unos por otros, cuando creemos asistir a lo insuperable, pueden hacernos perder la perspectiva respecto a dónde nos encontramos y hacía dónde vamos. Es por esta razón que determinados incidentes pueden pasar rápidamente al olvido, mientras que algunos, que nacieron sin intenciones estridentes se queden entre nosotros por largo tiempo.
El interés demostrado por los dos periódicos matutinos más importantes de
dedicarse a rescatar la controvertida figura de Roberto D’Aubuisson y el
polémico golpe de Estado de octubre de 1979, en una serie de artículos de fondo
presentados como suplementos especiales tiene algo de lo que indicamos. Por un
lado, el de la inmediata polémica, especialmente por el intento que supone
querer “limpiar el expediente” a uno de los participantes directos de la llamada
guerra “sucia”. La que, para defender los más altos intereses de la patria,
combatió con medios y fines ilícitos durante el periodo más sangriento de
nuestra reciente historia.
Y por el otro, porque este hecho es preciso incluirlo dentro de una serie de
acontecimientos que se han ido sumando a la trayectoria dibujada desde la firma
de los acuerdos de paz. Nos referimos a la llamada transición democrática
salvadoreña. Un peregrinaje en el que nos quedan todavía muchas etapas por
recorrer y en el que, pese a los doce años transcurridos, todavía nos
encontramos en sus inicios.
De esta forma, con el interés mostrado por el instituto político Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA) a través de la prensa escrita, asistimos a un
punto de inflexión respecto a la tradicional confrontación, que desde este
partido, se ha tenido con la historia contemporánea nacional: el olvido. Por
tanto, la novedad no radica únicamente en el lanzamiento de una versión sesgada
de la biografía de uno de los principales actores políticos de los setentas y
ochentas. En todo caso, el avance se encuentra en la voluntad expresa por querer
ofrecer su versión de la historia, más allá de las justificaciones
gubernamentales por “pasar la página”.
Por otra parte, sorprende que en esta ocasión el aporte realizado no se haya
querido revestir de la suficiente calidad técnica. La encomienda de la “crónica”
a profesionales de la comunicación, en vez de a historiadores cualificados, ha
provocado la proliferación de los errores narrativos y descriptivos. Además, la
intención de revisar el perfil del líder de extrema derecha desde una concepción
mitómana aleja de todo rigor histórico el aporte que para el cultivo de la
memoria se pudiera ofrecer. Asimismo, no deja de ser útil preguntarnos —siempre
desde la perspectiva de los derechos humanos— por los motivos que han llevado a
lanzar en este momento los coleccionables mencionados.
Dos de los cuatro grandes objetivos contenidos en el conocido como Acuerdo de
Ginebra, celebrado en abril de 1990, fueron los de impulsar la democratización y
el de reunificar a la sociedad salvadoreña. Sin embargo, pese a la rúbrica de
estos compromisos la realidad a lo largo de estos años ha demostrado que el
interés gubernamental porque se cumplan tales no ha existido. De ahí que pueda
afirmarse que existen razones suficientes para demostrar que la inclusión de
estos dos objetivos obedecieran más a un anhelo que a un deseo manifiesto a
cumplir con prontitud y diligencia por ambas partes.
En primer lugar, porque la opción escogida por los representantes del gobierno y
de la insurgencia para la transición de la guerra hacia la democracia fue la del
olvido. De las posibles opciones políticas para enfrentar los turbulentos años
de cambios, entre las que destacan las depuraciones, comisiones, juicios o
amnistías, se optó por esta última. Esto significa, en segundo lugar, que entre
los dos tipos de justicia que se pudieron haber aplicado en estos casos por los
graves crímenes cometidos durante el conflicto, la punitiva (que busca castigar
a los culpables) y la correctiva (compensadora con las víctimas), la opción en
nuestro país fue la de obviar ambas.
No obstante, como hemos reiterado desde este y otros espacios, tales acuerdos no
fueron fruto de un consenso nacional, sino de un acuerdo entre las cúpulas. Más
aún, ni antes ni ahora ha existido por parte de los tres Órganos del Estado
interés alguno por demostrar la voluntad de construcción de un nuevo El Salvador
más justo, a partir del 16 de enero de 1992.
En todo caso, los acuerdos entre los representantes gubernamentales y los de la
insurgencia, los realizados “arriba” y “afuera”, se decantaron por considerar a
partir de entonces como innombrable todo lo que hiciera referencia a los doce
años de conflicto civil y los tres previos de cruenta represión. Pero el error
en que cayeron ambas partes firmantes fue el de considerar que junto al olvido
judicial caminaría la amnesia social. Pese a que la Asamblea Legislativa decretó
el olvido para —supuestamente— consolidar la paz, tal decisión no generó la
desmemoria ciudadana.
Del mismo modo, la despreocupación oficial por estas, aunque no puedan algunas
de ellas ya recibir compensación confirma el desinterés gubernamental de
reparación y la apuesta por un futuro distinto. Solamente cabe hacer un inciso a
este respecto: La solidaridad ciudadana que con su aporte económico particular
hizo claras sus demandas por la necesidad de una reparación a estas víctimas,
especialmente, al inaugurar el 6 de diciembre del pasado año su propio memorial.
Esto demuestra que en nuestro país, agotadas las vías de la búsqueda de la
verdad y la justicia (el caso jesuitas, el de las hermanitas Serrano y el de
Romero son buena prueba de ello) la población, ante el silencio, la omisión y el
desprecio por parte de las autoridades ha optado por ser ella misma la que
ofrezca una “reparación popular”. Además, supone una de las expresiones más
gráficas que confirman la distancia entre los intereses partidistas y el sentir
ciudadano.
Pero, además —y como señalábamos al comienzo de este comentario— la novedad de
estas publicaciones la encontramos en el salto cualitativo que, respecto a la
versión histórica de los hechos inmediatamente anteriores al inicio del
conflicto, tenía hasta ahora el partido de la derecha salvadoreña. Sin salirse,
obviamente, de su línea argumentativa y política conocida, ARENA ha pasado del
olvido a la construcción de la verdad oficial, dejando con ello a un lado
verdades sociales interiorizadas a lo largo de los años, gracias a la existencia
de irrefutables documentos como es el informe de la Comisión de la Verdad.
En todo caso, el objetivo buscado con las publicaciones que comentamos ha sido
el de contratar una historia por encargo, que poco tiene que ver con la realidad
histórica de los acontecimientos. Generar el culto a la memoria de un líder
visionario en perjuicio de la cultura de la memoria, aquella que a través del
estudio de los principales acontecimientos busca establecer una bases históricas
comunes para la construcción democrática, por encima de las versiones que de la
misma se puedan posteriormente realizar.
La consecuencia de estos “pactos de silencio” las han padecido hasta ahora los
familiares de las víctimas de uno y otro bando y la sociedad civil organizada al
ver rechazadas en reiteradas ocasiones las propuestas de reparación,
reconciliación y democratización de El Salvador. De ahí que, sea necesario
preguntarse por la necesidad de ARENA de mitificar a uno de sus dirigentes
fundacionales. La coyuntura mediática ofrecida por los medios de prensa para que
salga a la luz la revisión biográfica lo hace cuando los primeros casos que no
han encontrado respuesta alguna en los tribunales nacionales lo vaya a hacer
próximamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso, la
verdad quedaría al desnudo y la reprobación por la realización de tales
prácticas la efectuaría un organismo internacional.
Además, sería del conocimiento público una parte de la historia que precisamente
está siendo ahora revisada. ¿Quién tendría en sus manos la verdad oficial: los
diarios matutinos o los mencionados tribunales regionales? De la experiencia
obtenida en la más reciente campaña electoral presidencial se deduce claramente
que la dirigencia de ARENA tiene claro que un rumor reiterado a través de los
medios puede ser llegar considerado como verdad. O en todo caso, generará dudas
bastantes respecto a la credibilidad que la sociedad realice hacia la nueva
versión surgida.
En todo caso es claro que lo que no se ha hecho por convicción democrática se
hará por obligación. ¿Serán entonces esas unas bases sólidas y definitivas para
consolidar la necesaria transición salvadoreña hacia la democracia?
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655 |
El Salvador personal correo Centro América y Panamá Norte y Sur América Europa Otras regiones |
¢75.00 |