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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1123
Noviembre 24, 2004
ISSN 0259-9864
Editorial: La prepotencia de siempre
Política: La reelección de Bush
Economía: ¿Dólares o colones?
Sociedad: ¿Tiene sentido hoy hablar de diálogo?
Regional: Una Cumbre Iberoamericana de bajo perfil
Derechos Humanos: Perdón oficial y reparación popular
La prepotencia de siempre
No deja de ser una manifestación de prepotencia que las grandes gremiales de la empresa privada se atrevan a indicarle al Estado, representado por los presidentes de sus tres poderes, lo que debe hacer, por quinto año consecutivo. Tampoco deja ser una manifestación de debilidad ante el poder económico que los representantes de esos poderes acudan con fidelidad a la cita para recibir las directrices de lo que cada uno de ellos debe hacer, en el próximo año. El gobierno debe dialogar y concertar con el sector privado y sus gremiales, pero, asimismo, debiera prestar la misma atención a los otros sectores sociales, lo cual no sucede. Además de exponer sus demandas de manera exclusiva y privilegiada, las gremiales esperan con ansias más incentivos por parte del gobierno. El presidente Saca no las defraudó y les prometió nuevos estímulos. Sin oponerse a ello, ya es hora de pedirles cuenta de los incentivos recibidos desde hace quince años. El criterio debiera ser el mismo con el cual se justificaron: la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo nacional. Dados los nuevos criterios anunciados por el presidente Saca, al cabo de un año, debieran rendir cuenta de cuánta tecnología han transferido, de cuánta producción nueva han desarrollado y de cuántos nuevos empleos han creado. Y, por cierto sentido de la vergüenza, debieran indicar qué ofrecen a cambio de estos privilegios, los cuales, en definitiva, provienen del esfuerzo de la ciudadanía que paga impuestos.
También es una manifestación de prepotencia que las grandes gremiales se atrevan
ahora a quejarse porque el país carece de una visión y de un plan estratégico de
mediano y largo plazo. Los buscan, pero no los encuentran. Ya se les olvidó que
ellas mismas aplaudieron entusiasmadas su supresión, por el segundo gobierno de
ARENA. En ese entonces, decidieron, de manera errada, que la planificación
estratégica era comunismo y la suprimieron de un plumazo. Esta fue una decisión
inconsistente con sus propias prácticas, puesto que sus empresas planifican e
incluso, en algunas de ellas, la planificación es centralizada. Ante el
resultado negativo de esa decisión errada, ahora demandan al gobierno de Saca
establecer un rumbo y una meta estratégicas. Estas son necesarias, pero debieran
mostrar un poco de humildad y reconocer que se equivocaron. Su queja no tiene
razón de ser, porque la falta de la planificación no es responsabilidad
exclusiva del gobierno de ARENA, un gobierno, que, por otro lado, es de las
grandes gremiales y casi sólo para ellas.
Para corregir su falta de visión estratégica, ahora las grandes gremiales
proponen la creación de un consejo económico social, que planifique el rumbo del
país, en los próximos veinte años. Según su discurso, en ese consejo tendrán
cabida todos los sectores, incluso los sindicatos, pero no los políticos. Su
instrumento sería el diálogo. En la práctica, esas gremiales son las que van a
controlar el consejo, así como controlan el que decide la subida del salario
mínimo. Con ello, pretenden arrogarse el papel de intermediarias entre el
gobierno y los actores sociales, un papel que corresponde, por su naturaleza, al
Estado. Es necesario que el país tenga un plan estratégico de mediano y largo
plazo, pero su elaboración y dirección corresponden al gobierno y no a las
grandes gremiales de la empresa privada. Esta es una actitud prepotente, porque
estas gremiales pretenden que sobre ellas recae toda la responsabilidad del
desarrollo y del crecimiento. Presuponen demasiado rápido que los actores
sociales independientes se avendrán a participar en un consejo controlado por
ellas. Si ya hay desconfianzas ante las mesas organizadas por el gobierno de
Saca, mucha más suspicacia suscitan ellas entre las otras fuerzas sociales del
país.
La tarea de este nuevo consejo consistirá en darle realidad al nuevo sueño de
los grandes empresarios. Estos sueñan con un país que, dentro de veinte años, no
tendrá pobreza extrema, sus índices de desnutrición se habrán reducido así como
también la mortalidad infantil, su sistema de salud será universal, su
desarrollo territorial equilibrado, no habrá analfabetismo, la mano de obra
estará cualificada, los índices de la inversión pública y privada se habrán
duplicado, el gobierno tendrá ahorro interno y el país, solvencia internacional.
En sí mismas, estas metas son buenas; pero mientras quienes las proponen no se
comprometan a financiarlas con sus ganancias, a través de una reforma fiscal que
redistribuya la enorme riqueza que acumulan cada año, no son más que sueños
irrealizables.
No hay razones para pensar que, en esta ocasión, los grandes empresarios
actuarán de una forma distinta de como lo han hecho hasta ahora. Muchos de los
males que se proponen superar, existen porque, en el pasado reciente, ellos
mismos se han negado aprobar las políticas necesarias. Aparte de quejarse de la
ausencia de un plan de gobierno, también se quejaron de la dependencia del
petróleo para generar electricidad, cuando ellos mismos son responsables de un
contrato oneroso de millones de dólares con una de las nuevas empresas
generadoras, vendieron las térmicas que ahora han vuelto a comprar, y
renunciaron a promover la generación de energía con fuentes renovables al
aprobar la nueva ley del ramo. No han aprendido de Costa Rica, donde casi toda
la electricidad es generada con fuentes renovables. Lo mismo puede decirse de su
dependencia casi exclusiva de una mano de obra poco calificada y muy mal pagada.
Hace diez años decidieron dedicarse a la maquila, a partir de esos dos supuestos.
Esta opción ahora se tambalea y no tienen alternativa. Ante la amenaza inminente
de China, se ven atrapados y retrasados. La calificación de la mano de obra no
se improvisa, sino que tiene que ver con la educación, una empresa de mediano y
largo plazo. Competir con tecnología es algo a lo que se han negado durante años.
Son ajenos o indiferentes a la ciencia y a la investigación. Lo mismo hay que
decir de su propósito de producir en armonía con el medio ambiente, cuando le
han dado la espalda. Las empresas urbanizadoras son el mejor ejemplo de su
desinterés. Tampoco se han esforzado por cumplir con sus obligaciones con el
consumidor. Basta observar el servicio de las empresas privatizadas, de las
cuales ellos son accionistas.
De nuevo pretenden emprender la carrera del desarrollo, pero en quince años
todavía no han abandonado el punto de salida. Ante ello, no queda más que
consolarse con el presidente Saca, quien les recordó que El Salvador vale la
pena, porque es grande.
La reelección de Bush
El comportamiento de los electores estadounidenses en las elecciones presidenciales del pasado martes 2 de noviembre ha levantado indignación y sorpresa en muchos países del mundo. La reelección de George W. Bush es vista como una concesión demasiado generosa a un presidente que se destacó por su arrogancia y su lectura equivocada de la realidad mundial. En definitiva, para los demás ciudadanos del mundo, Bush no hizo méritos para ganarse el premio de la reelección.
¿Dólares o colones?
En las últimas semanas, ARENA y el FMLN han debatido sobre la conveniencia de introducir de nuevo los colones en la economía. Para el partido oficial, volver a poner en circulación la moneda nacional podría generar efectos perversos, pues atentaría contra la “estabilidad macroeconómica”, que, según el gobierno, posee el país. Desde la postura oficial, la introducción del dólar estadounidense ha sido uno de los logros más sobresalientes para la búsqueda del desarrollo. En este sentido, toda medida política que persiga revertir dicho proceso estaría atentando contra los supuestos beneficios obtenidos en virtud del cambio de moneda.
¿Tiene sentido hoy hablar de diálogo?
A más de dos décadas de que iniciara el conflicto armado en El Salvador y a casi trece años de que se firmaran los acuerdos de paz, el diálogo nacional sigue siendo una necesidad impostergable. Los escenarios —políticos, sociales y económicos— han cambiado a lo largo de estos años. Los interlocutores y el contenido también, pero ese cambio exige niveles de entendimiento entre los actores nacionales, sin los cuales el país difícilmente alcanzará los niveles de desarrollo que exige la actual situación nacional e internacional.
Una Cumbre Iberoamericana de bajo perfil
La XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada el pasado fin de semana en San José de Costa Rica, tuvo un perfil bajo. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se estrenó en este tipo de cónclaves con un discurso en el cual aseguró la voluntad de su gobierno por estrechar aún más los lazos de España con América Latina. Lamentablemente, muchos de los mandatarios estuvieron ausentes y enviaron a funcionarios subalternos en su representación.
Perdón oficial y reparación popular
Como si de un efecto dominó se tratase, la cadena de perdones oficiales y reparaciones para las víctimas está aconteciendo en América, incluida su parte central. En nuestra región, primero fue el Estado guatemalteco con varios casos; en ese marco, destaca la ceremonia pública celebrada el pasado 22 de abril, cuando el Presidente Óscar Berger asumió la responsabilidad oficial y pidió perdón por la ejecución de Myrna Mack. Más reciente, le tocó el turno a Honduras. Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el pasado 5 de noviembre —también en acto público en Casa Presidencial— en su calidad de Jefe de Estado, Ricardo Maduro pidió perdón a las familias de Juan Humberto Sánchez y Dixie Miguel Urbina. Ambos fueron asesinados por agentes estatales, lo que se denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sus familiares cercanos, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el CEJIL.
El perdón oficial pedido a los familiares de Sánchez obedece a la sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Honduras, emitida el 4 de
julio de 2003. Sánchez era ciudadano hondureño, pero trabajó como operador en
“Radio Venceremos” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
en El Salvador. Luego de la amnistía decretada durante el gobierno de Rafael
Callejas regresó a su país, donde fue detenido ilegalmente por militares el 11
de julio de 1992. Su cuerpo fue encontrado el 22 de julio del mismo año en las
riberas del Río Negro, frontera natural entre Honduras y El Salvador, con un
disparo en la frente y evidentes señales de tortura. Este reconocimiento
presidencial es el segundo paso en el cumplimiento de la sentencia emitida por
el máximo órgano de justicia interamericano; el primero se realizó el pasado 25
de agosto del presente año, cuando el Estado exhumó los restos de Sánchez.
El joven Dixie Miguel Urbina fue detenido por agentes policiales el 22 de
octubre de 1995; terminó desaparecido pese a la inmediata denuncia de su captura
y de los recursos institucionales internos activados por sus familiares para
encontrarlo. Ante la falta de investigación, COFADEH y CEJIL apoyaron a las
víctimas presentando la denuncia ante la CIDH en Washington avanzando hasta
lograr una solución amistosa entre el gobierno y la parte denunciante, siendo
uno de los compromisos del Estado el pedir perdón público.
En el mencionado acto, el Presidente Maduro dijo que éste era “quizá una de las
más penosas de mi gestión como Presidente de la República: reconocer que en
administraciones anteriores de mi país se cometieron abusos y graves violaciones
a los derechos de las personas”. En su discurso también afirmó que “la
construcción de una democracia puede exigir grandes sacrificios, pero ésta nunca
debe hacerse violentando las libertades e infringiendo nuestros derechos”.
Ricardo Maduro es el primer mandatario en Honduras que realiza un acto de esta
naturaleza.
En el caso de Sánchez, queda pendiente que el Estado cuente con un registro de
detenidos para evitar arbitrariedades que degeneren en la desaparición forzada
de personas, que investigue y enjuicie a los autores intelectuales y materiales
del asesinato, y que entregue una reparación económica a sus familiares.
Respecto al caso del joven Dixie Miguel Urbina, el Estado debe publicar el
acuerdo de solución amistosa en un diario hondureño, reparar económicamente a
sus familiares y construir una obra con el nombre del joven para mantener viva
su memoria. El acto de disculpas públicas realizado por el Presidente Maduro es
apenas el primero en el marco de la solución amistosa del caso. En El Salvador,
¿cuándo hizo eso Francisco Flores? ¿Lo hará Antonio Saca? ¡Y así quieren que
ARENA ocupe la Secretaría General de la OEA!
Acá la historia, por el momento, es muy diferente a las dos anteriores. Tengamos
presente que los acuerdos entre gobierno e insurgencia, “arriba” y “afuera”, se
decantaron por considerar como intocable todo lo referente a los doce años de
conflicto civil y los previos de cruenta violencia política. Pero el error en
que cayeron ambas partes firmantes fue el de considerar que junto al olvido
judicial caminaría la amnesia social. Pese a que la Asamblea Legislativa decretó
esa ingrata amnesia —es decir, la amnistía para los criminales— en el supuesto
de que eso ayudaría a consolidar la paz, tal decisión no generó la desmemoria
ciudadana. Prueba de ello es que la mayor parte de la sociedad y muchos
ciudadanos en particular no hicieron suyos los acuerdos entre las élites de la
guerra; también lo son las incesantes demandas por conocer la verdad y la
movilización popular para construir un monumento a las víctimas civiles del
conflicto.
Del mismo modo, la despreocupación oficial por éstas confirma la resistencia
oficial a repararles el daño y su claro desinterés por un futuro distinto. No
obstante, a más de trece años después de finalizado el conflicto —en concreto,
el 6 de diciembre de 2003— las propias víctimas civiles de la guerra inauguraron
su memorial. Se construyó sin financiamiento público ni apoyo institucional por
parte de la antigua insurgencia, ahora transformada en partido político; mucho
menos del gobierno “arenero” de quince años. Fue la solidaridad ciudadana,
nacional e internacional, la aportó dinero e ilusiones para dejar clara la
necesidad y el deber de una reparación a estas víctimas.
Esto demuestra que en nuestro país, agotadas las vías institucionales para
buscar verdad y justicia —los casos jesuitas, hermanitas Serrano y Romero son
prueba de ello— y ante el silencio, la omisión y el desprecio por parte de las
autoridades, la población digna de El Salvador y otros países ha optado por ser
ella misma la que ofrezca una “reparación popular”. Que sigan los indignos
recreándose en su perversidad. Esta es una de las expresiones más gráficas que
confirman la distancia entre los intereses partidistas y el sentir ciudadano.
¿Qué efectos han tenido estas políticas erradas hacia el pasado, sobre la
presunta democracia salvadoreña? El escaso interés por revisar los hechos
anteriores para poder construir un futuro más sólido, se refleja en tres sucesos
ocurridos en el 2003. Iniciando éste se dieron por cumplidos, de manera oficial,
los compromisos establecidos en el Acuerdo de Chapultepec; eso se logró, al fin,
tras once años de haberse rubricado el documento. Ese mismo año, en el caso
jesuitas se agotaron todas las instancias judiciales nacionales sin obtener
respuesta justa. También ese año se inauguró el monumento a las víctimas civiles
del conflicto, al que ya hemos hecho referencia.
De eso, ¿cuál es la conclusión que se saca? Que, en todo caso, existen dos
claros niveles respecto a la forma de enfrentar la etapa más oscura de nuestra
historia nacional. Si bien la sociedad salvadoreña da muestras de madurez
democrática al intentar encarar la situación usando los mecanismos propios de un
Estado de Derecho, como debe de ser, los poderes —el económico, el político, el
mediático y el militar— siguen anclados gozando de beneficios y privilegios tras
negociar el fin de la guerra para garantizar la continuidad de éstos, haciendo
del Estado uno de “deshecho”.
No hay que olvidar el protagonismo de los órganos judiciales en las transiciones
políticas. Pero en El Salvador, la búsqueda de la verdad y la condena de los
criminales ha topado con un sistema de injusticia; la impunidad vigente logró
que la población no confíe en los recursos internos y acuda a los sistemas
universal y regional de protección a los derechos humanos. Pese al reiterado
desprecio oficial hacia las recomendaciones de organismos como la CIDH, queda
por ver si continuará esa misma actitud gubernamental cuando las resoluciones
emitidas sean de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño, como las
de la Corte Interamericana.
Lo más preocupante a estas alturas —tras trece años del fin de la guerra— no son
tanto las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas, incluidas las
cometidas por la insurgencia. Son intolerables, sí, y hay que seguir
denunciándolas mientras no se conozca la verdad, se haga justicia y se repare el
daño a las víctimas. Pero lo más aberrante es, precisamente, eso: la impunidad
prevaleciente sobre la base de un pacto interno para ocultar la verdad y ocultar
el dolor. La credibilidad del FMLN es cuestionada al no pronunciarse con fuerza
ante aquélla. “El que calla, otorga”, dicen. Si realmente desea la
transformación del país en su esencia, debe asumir su responsabilidad en la
materia y pedir cuentas a sus antiguos contrincantes en el campo de batalla. En
todo caso, lo que no han hecho unos y otros por convicción democrática lo
tendrán que hacer por obligación. Sólo así tendremos bases sólidas y definitivas
para vivir en paz.
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