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Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1123
Diciembre 1, 2004
ISSN 0259-9864
Editorial: La lección ética de Chile
Política: La política exterior de El Salvador
Economía: La propuesta del Banco Mundial para combatir la pobreza
Regional: Desmanes para elegir a Flores
Derechos Humanos: Algunos cambios
Documento: Informe de la Comisión de la Verdad de Chile
La lección ética de Chile
Chile ha sido, en muchos sentidos, un modelo para El Salvador. En su momento, los militares salvadoreños no dudaron en copiar los métodos represivos y de inteligencia del régimen de Augusto Pinochet. También los gestores del neoliberalismo salvadoreño se inspiraron en el modelo económico chileno, sin importarles que el mismo —en tiempos de Pinochet— hubiese sido construido sobre un montón de cadáveres. En estos momentos, Chile ofrece a El Salvador otra oportunidad para emularlo, esta vez, no en términos de violencia política ni de recetas económicas, como en el pasado reciente, sino en términos de dignificación de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos fundamentales.
En efecto, recién se acaba de hacer público el Informe de la Comisión Nacional
sobre Prisión Política y Tortura en el que se aborda, con minuciosidad y rigor,
el tema de la violencia política que sacudió a Chile desde septiembre de 1973
hasta marzo de 1990. El Informe se centra en las víctimas de esa violencia,
concretada en detenciones y torturas. Aborda el contexto de estas últimas,
examina los distintos periodos de represión, describe los métodos de tortura
utilizados, identifica los lugares de detención, hace una perfil de las víctimas,
determina las consecuencias para éstas y sus familiares, y presenta propuestas
de reparación. En fin, se trata de una revisión completa de uno de los periodos
más oscuros de la historia chilena.
Con todo, más allá de los datos y de las evidencias recabadas, el Informe tiene
unas implicaciones de gran significado en los planos humano, histórico,
ético-político y jurídico que no pueden dejarse de lado. El presidente Ricardo
Lagos —bajo cuyo mandato se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura— destacó, en su prólogo al Informe, esas implicaciones. Ante todo, el
presidente Lagos se hace cargo del dolor y sufrimiento de las víctimas. “Me han
conmovido —escribe— los relatos de las víctimas. Se trata de experiencias
estremecedoras... he sentido muy de cerca la magnitud del sufrimiento, la
sinrazón de la crueldad extrema, la inmensidad del dolor... Nadie que lea este
informe podrá permanecer indiferente”.
Siendo el dolor y sufrimiento de las víctimas el punto de partida de sus
reflexiones en torno al Informe, el presidente chileno da un paso más: rescata
su significado para la recuperación de la memoria histórica. “En su casi
bicentenaria historia —dice—, Chile ha tenido pocos quiebres tan profundos y
dolorosos como el de 1973. Ninguno ha sido tan crudamente investigado como este
último. Ello es sanador del cuerpo y el alma de nuestro país, y puede servirnos
para fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad que es capaz de
aprender de sus errores y de superar divisiones que en un determinado momento
parecieron irreparables... El reconocimiento de este triste capítulo de nuestra
historia permite que todos los chilenos nos sintamos hoy parte de la misma
comunidad y del mismo destino. Este reconocimiento permite sentir que nuestras
instituciones armadas nos pertenecen a todos los chilenos”.
En tercer lugar, el Informe tiene una significado ético-político, en cuanto que,
a partir del mismo, se puede juzgar no sólo el quiebre de la democracia chilena,
sino la absoluta falta de legitimidad de quienes se valieron de la violencia
para destruir a los presuntos enemigos del orden establecido. “El quiebre de la
democracia y de las bases de nuestra convivencia —sostiene el presidente chileno—
se produjo en medio de tormentas políticas e ideológicas que no pudimos
controlar. La ruptura de la institucionalidad y la instauración de la
arbitrariedad y el terror fueron la consecuencia de esos errores colectivos e
individuales. Se puede entender el contexto de intransigencia política anterior
al golpe de Estado, la errónea transformación del adversario en enemigo, pero no
hay justificación para la inclemencia que vino después... No, mil veces no.
Nunca habrá justificación ética para las atrocidades que se cometieron y que
detalla el Informe. Nunca más”.
Finalmente, el Informe avanza hacia la dimensión de la reparación de las
víctimas, siendo el documento mismo la pieza más importante de esa reparación.
“El trabajo de la Comisión y la difusión del Informe —dice el presidente Lagos—
constituyen el acto más importante de reparación de las víctimas. Se terminó el
silencio, se desterró el olvido, se reivindicó su dignidad”. Pero, como él mismo
sostiene, se requiere algo más. Y es que si “está comprometida la
responsabilidad de los agentes del Estado, lo que corresponde es que el Estado
responda por ello, lo cual implica adoptar medidas que ayuden a mitigar los
efectos del dolor causado”. ¿De qué medidas se trata? Dicho brevemente, de
medidas institucionales, que se traducirán en la creación de un Instituto
Nacional de Derechos Humanos; de medidas simbólicas y colectivas que “deberán
expresar el reconocimiento moral del estado y la sociedad hacia las víctimas”; y
medidas de reparación individuales, de carácter jurídico —el restablecimiento de
la honra pública de las víctimas— y de carácter económico —mediante el pago de
una pensión que ayude a las víctimas a tener una vida digna en los años que
tienen por delante—.
En definitiva, las autoridades chilenas, con el presidente Lagos a la cabeza,
han dado un paso trascendental en la dignificación de las víctimas del
terrorismo de Estado que sacudió a Chile desde 1973 hasta 1990. Pero lo sucedido
en este país sudamericano va más allá de sus fronteras; es, además de un ejemplo,
un desafío para países cuya historia reciente también está manchada con la
sangre de inocentes. En el caso de El Salvador, lo sucedido en Chile es una
lección de la cual habría que extraer las debidas enseñanzas.
En El Salvador, para comenzar, se tendría que volver al Informe de la Comisión
de la Verdad como punto de partida para hacer públicas las responsabilidades
debidas en la época de terror que vivió el país a lo largo de la década de los
años ochenta e inicios de los noventa. Una parte importante de esas
responsabilidades recae sobre el Estado, el cual debe asumir sus obligaciones de
reparación económica, moral y jurídica para con las víctimas o sus familiares.
También hay obligaciones de reparación por parte de quienes a título individual
o vinculados a alguna organización causaron daño injusto a personas indefensas.
Un ejemplo de ello es Roberto D’Aubuisson, quien enseñó a otros a odiar a
personas inocentes y fomentó un fanatismo ideológico que se tradujo en muertes
violentas. Quizá no disparó un arma contra alguien en particular; a lo mejor
tampoco ordenó expresamente a otro que lo hiciera. Sin embargo, sus acusaciones
públicas, su discurso anticomunista, su obsesión con “salvar” al país de la
amenaza comunista y su instigación a que los comunistas debían ser puestos en
una tumba tuvieron una traducción práctica en el accionar criminal de los
escuadrones de la muerte y de todos los que, compartiendo el credo del ex mayor,
le quitaron la vida a alguien, lo torturaron o lo desaparecieron.
Por estar muerto, D’Aubuisson no puede reparar el daño que causó ni puede ser
enjuiciado ni llevado a la cárcel. Aquí necesariamente hay que volver la vista
al partido ARENA, que es la institución que, en vida de D’Aubuisson, canalizó el
anticomunismo del ex mayor y aún ahora lo sigue haciendo. Es el partido ARENA -–mecanismo
propagador de las ideas y actitudes anticomunistas que se tradujeron en crímenes
políticos— el que debe responder, ante las víctimas sobrevivientes y ante los
familiares de quienes no sobrevivieron, por las actividades criminales del ex
mayor.
Con todo, más allá de la necesaria publicidad de los crímenes cometidos y de la
debida reparación a las víctimas y sus familiares, de lo que se trata es de que
los salvadoreños nos reconciliemos con nuestro pasado reciente. Ello supone,
como mínimo, aceptar lo siguiente: 1) que, en las décadas de los años setenta y
ochenta, cientos de salvadoreños y salvadoreñas fueron víctimas inocentes —porque
profesar o simpatizar con un credo ideológico determinado no los hacía culpables
de nada— e indefensas —porque no murieron o sufrieron daños personales en el
marco de un enfrentamiento armado— de una violencia que inequívocamente puede
calificarse de terrorista; 2) que, en su gran mayoría, esos crímenes fueron
responsabilidad de grupos paramilitares de derecha (escuadrones de la muerte),
así como del Estado salvadoreño, a través de los disueltos cuerpos de seguridad
pública; 3) que un número significativamente menor de esos crímenes fue cometido
por miembros de los grupos armados de izquierda y, una vez constituido, por
miembros del FMLN; y 4) que es de justicia no sólo no olvidar esos crímenes y
dejar debidamente establecida la identidad de los victimarios, sino reparar
moral y materialmente el daño producido a las víctimas y sus familiares.
La política exterior de El Salvador
La llegada de Saca a la presidencia del país, como ya se ha dicho en otras ocasiones, no ha supuesto ningún cambio en materia de política internacional. Más bien, el presidente ha reafirmado la línea básica trazada por su antecesor. Como prueba de ello, el presidente ha mantenido al funcionario más emblemático de la concepción de la política exterior de la anterior administración, el embajador en Washington, René León, quien se distinguió por su militancia vergonzosa durante la campaña presidencial a favor del entonces candidato arenero y su adhesión tácita a la tesis según la cual las remesas de los salvadoreños podrían ser bloqueadas por las autoridades estadounidenses en caso de una victoria de la izquierda.
La propuesta del Banco Mundial para combatir la pobreza
Durante la década de los noventa, El Salvador experimentó una importante transición política, económica y social. Hay que reconocer que, desde la firma de los Acuerdos de Paz, la economía registró una clara mejora, ya que creció a un 6% anual en el período comprendido entre 1990 y 1995.
A pesar de los significativos avances en materia socio-económica, a partir de la
segunda mitad de la década de los 90 y a comienzos de la siguiente, el
crecimiento se ha ralentizado, pues sólo aumentó a una tasa anual promedio de
2.8%, lo que implica que el ingreso promedio per cápita no ha experimentado un
crecimiento sustancial, disminuyendo los avances en la reducción de la pobreza y
en el progreso socio-económico, a partir del año 2000. Esta situación se agrava
con los bajos niveles de gasto social y la restrictiva situación fiscal, que han
limitado la esfera de acción en el corto plazo. Por otra parte, los terremotos
del año 2001, la desaceleración de la economía estadounidense, son factores que
han afectado los esfuerzos por revitalizar el crecimiento y el progreso socio-económico.
Desmanes para elegir a Flores
Conseguir que el ex mandatario Francisco Flores sea electo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es algo que se ha convertido en una cuestión de honor para el actual gobierno. Como el fin justifica los medios, cualquier cosa es válida para “coronar” la carrera política de Flores, poniéndolo al frente del organismo continental.
Una vez que el anterior Secretario General se vio obligado a renunciar por las
denuncias de corrupción en su contra, Flores, auxiliado por el gobierno de Elías
Antonio Saca, comenzó una carrera febril para lograr colarse entre los
aspirantes al cargo. Muy pronto, algunos medios de comunicación afirmaron que el
ex presidente salvadoreño contaba con el apoyo de los mandatarios de la región
centroamericana, aunque poco después tuvo que matizarse tal aseveración,
aclarando que el mandatario hondureño, Ricardo Maduro, se oponía a las
pretensiones de Flores.
Algunos cambios
Recientemente dimitieron dos funcionarios de la administración del presidente Elías Antonio Saca. Entre éstos, adquirió especial relevancia la renuncia del Director General de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda. La renuncia de Garay ocurrió tras varias semanas de sendas crisis en diversas cárceles del país, cuya manifestación más grave fue la muerte de decenas de internos en el Centro Penal “La Esperanza”, conocido popularmente como “Mariona”. Sin embargo, esas cercanas revueltas fueron sólo el corolario de una problemática enfrentada sin éxito durante varios años por quien hoy deja el cargo.
De hecho, por más esfuerzos que se intentan hacer para disimular el fracaso de
la gestión de Garay Pineda como dirección de Centros Penales, es obvio que las
últimas asonadas penitenciarias fueron una parte de la gota que derramó el vaso.
De hecho, el IDHUCA se lanzó antes que nadie urgiendo la salida de aquél, luego
de observar que en todos estos años la situación no había sido abordada en serio,
con responsabilidad y profesionalismo. Lo anterior no admite regateos, pues para
nadie son un secreto las condiciones lamentables en que se encuentran las
cárceles en el país, por lo que es inaceptable la postura ambigua e
irresponsable de quienes por un lado critican negativamente al sistema
penitenciario y por el otro alaban la gestión de Garay Pineda.
Para hacerse cargo de esta “papa caliente”, se nombró al conocido abogado
penalista Ástor Escalante, quien últimamente fungía como asesor jurídico en el
Ministerio de Gobernación. Escalante tiene una trayectoria como fiscal, como
capacitador en la nueva normativa penal y como querellante de la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en casos sonados de secuestro. Si nos
atenemos a su desempeño anterior, no disponemos de cuestionamientos fuertes para
señalar que no reúne los requisitos que exige el cargo.
Eso sí, aunque haya sido positiva la salida del anterior director, de nada
servirá ese y cualquier otro cambio en la tan controvertida dirección, si la
política estatal penitenciaria continúa sin hacerse cargo de los problemas
esenciales que se suscitan en las cárceles. Se tienen que mejorar las
condiciones de vida, salud y convivencia de las y los internos para que puedan
tener acceso a una adecuada rehabilitación; de igual forma, se deben potenciar
los planes de estudio y capacitación en oficios para las personas detenidas. Por
último, hay que enfrentar el problema del narcotráfico y del crimen organizado
que en buena medida se encuentra enquistado entre la población reclusa. El nuevo
director, además, debe ser un gestor de nuevas políticas criminales que impidan
se empeore el hacinamiento en los centros penales. Esto significa que, junto al
cambio de personas, debe existir una actitud distinta por parte del gobierno
para el tratamiento de este segmento de la población y en función del bien común.
También se conoció, hace unos días, la renuncia sorpresiva del director del
Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Flavio Villacorta. El OIE, surgido
de los acuerdos que terminaron con la guerra salvadoreña más reciente, ha sido
blanco de numerosas críticas; la mayoría de éstas bien fundadas, debido a su
papel oscuro en investigaciones de asuntos estrictamente judiciales o
electorales, así como por ejecutar una especie de persecución política mediante
seguimientos, escuchas telefónicas grabaciones de todo tipo y grabaciones de
todo tipo en perjuicio de sectores o personas seleccionados discrecionalmente.
Tal desnaturalización del citado organismo es la que parece inaceptable y nos
obliga a señalar que el cambio de director, como en el caso anterior, no supone
que vayan a variar las “políticas de inteligencia”; si esto último no ocurre, de
nada servirá que se renueve el personal de la referida instancia, pues
prácticamente tendríamos más de lo mismo.
Se rumoran otros “renuncias” en el gabinete de Saca, pero no se sabe con certeza
a qué se deben ni cuáles serán. Nos preguntamos si se tomará en cuenta a la hora
de decidir estos cambios que, por ejemplo, la seguridad pública se encuentra
sumida en una de sus más severas crisis pues los niveles de delincuencia han
arreciado considerablemente en los últimos meses. ¿Se considerará, además, el
perfil extremadamente bajo del Ministerio del Medio Ambiente o, peor aún, el
penoso papel de Cancillería, al asumir negociaciones espinosas en favor de una
más que cuestionada candidatura salvadoreña para la Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos (OEA)?
En fin, funcionarios para sustituir hay y no pocos: pero no se sabe si los
anuncios de renovación son sólo una nueva “cortina de humo” para mantener la
estrategia mediática que ha caracterizado a la administración de Antonio Elías
Saca y así desviar la atención de los principales problemas de nuestro país.
Al final de todo esto, la conclusión a la que arribamos es bastante sencilla:
este país necesita un cambio de rumbo y de políticas, lo que conlleva
ciertamente el relevo de personas; pero ambas cosas no deben confundirse, pues
no significan lo mismo. Si detrás de la remoción de importantes personeros
gubernamentales no existe la voluntad de transformar la manera de hacer las
cosas, de nada valdrán las sustituciones hechas y los problemas seguirán igual o
más vigentes que ayer. Debemos estar pendientes de los frutos que producirán
estas sustituciones y comenzar a desarrollar organización, poder social y mayor
contraloría social.
Finalmente, el IDHUCA desea compartir ampliamente la notificación que recibió en
ocasión de haber sido galardonado recientemente por el gobierno francés.
París, 23 de noviembre de 2004
Señor Director:
Tengo el honor de anunciarle que el jurado de la Comisión Nacional Consultiva de
los Derechos Humanos, le otorga el Premio de Derechos Humanos de la República
Francesa del año 2004, al cual ustedes se postularon.
Les hago llegar mis sinceras felicitaciones por el trabajo que su asociación
desarrolla a favor de los derechos humanos, deseándole que pueda llevar a cabo
el proyecto que se ha propuesto.
El Primer Ministro de la República Francesa tendrá el honor de entregarles una
medalla, durante una ceremonia que tendrá lugar en París el miércoles 8 de
diciembre del 2004, a las 18 horas, en el Hotel Matignon (57 calle de
Varenne-75007, Paris) Le pido que se contacte con la embajada francesa de su
país para afinar los detalles de su viaje y su estancia que se le ofrece. Un
monto de 15,000 euros serán próximamente depositados en la cuenta bancaria de su
asociación.
Atentamente,
Joël Thoraval
Cabe comentar que este reconocimiento también le será otorgado a otras cuatro
organizaciones en el mundo, ubicadas en Madagascar, Suiza, Francia y Rusia. Las
cinco instituciones se postularon junto a un total de 111, de más de cuarenta y
tres distintos países; el jurado que definió los premios está integrado por
veintiocho personas expertas en derechos humanos. La razón de este
reconocimiento a nuestro Instituto se encuentra en la labor de educación
desarrollada, en concreto por los diplomados impartidos a diversas entidades
estatales —entre éstas, la Policía Nacional Civil— y el acompañamiento a ocho
defensorías municipales. Este galardón se suma al también triunfo ya mencionado
en este espacio, de un equipo de cinco jóvenes estudiantes de Derecho en la UCA,
preparado y acompañado por el IDHUCA, en la Competencia Interamericana de
Derechos Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchaga”.
Informe de la Comisión de la Verdad de Chile
A continuación, presentamos algunos fragmentos del prólogo
del Presidente de Chile, Ricardo Lagos, al Informe de la Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura, que investigó las violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante el gobierno de Augusto Pinochet.
Prólogo al Informe de la Comisión
de la Verdad de Chile
Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo
El 12 de agosto de 2003 di a conocer al país mi propuesta sobre Derechos Humanos.
Señalé entonces que era inmenso el sufrimiento de las víctimas, de quienes
fueron detenidos y encarcelados por razones políticas, la mayoría torturados.
Independientemente de las ideas que cada uno profese, esos compatriotas merecen
el respeto de todos los chilenos.
Decidí entonces crear una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura,
que fuera capaz de determinar el universo de quienes sufrieron privación de
libertad y torturas por razones políticas entre septiembre de 1973 y marzo de
1990.
He recibido el informe de dicha Comisión. La madurez de Chile requiere conocer
aquella parte de la verdad que todavía permanecía oculta a los ojos de mucha
gente. Su contenido se hará público y estará al alcance de todos los chilenos y
de la comunidad internacional.
Es un documento elaborado con extrema acuciosidad, en el que se recogió el
testimonio de 35.865 personas residentes en Chile y el extranjero.
Creo no equivocarme al señalar que la elaboración de este Informe constituye una
experiencia sin precedentes en el mundo, pues reconstruye —31 años después— un
cuadro completo de la tremenda abyección que vivió nuestra patria, y busca crear
las condiciones para recomponer nuestra memoria colectiva. Representa un acto de
dignificación de las víctimas y un empeño por sanar las heridas de nuestra alma
nacional.
El informe es una expresión de la fortaleza moral de Chile, que necesitaba mirar
con madurez la profundidad del abismo en el cual un día cayó. Da cuenta de una
comunidad que puede, ahora más que antes, mirar de frente y sin temores, las
desventuras que jamás deberían haber ocurrido en esta tierra. Da cuenta de un
país que hoy es más fuerte, porque está cohesionado en torno a la paz, la
libertad y el derecho.
La recuperación de la memoria
En su casi bicentenaria historia, Chile ha tenido pocos quiebres tan profundos y
dolorosos como el de 1973. Ninguno ha sido tan crudamente investigado como este
último. Ello es sanador del cuerpo y el alma de nuestro país, y puede servirnos
para fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad que es capaz de
aprender de sus errores y de superar divisiones que en un momento parecieron
irreparables.
Ha sido un largo, paciente y complejo camino. El primer paso fue el de la
Comisión Verdad y Reconciliación, creada por el Presidente Aylwin y que presidió
el abogado Raúl Rettig. Gracias a su labor, fue posible establecer en gran
medida la verdad sobre los compatriotas que murieron como consecuencia de la
violencia política, y certificar más allá de toda duda el drama de los detenidos
desaparecidos.
Otro paso fundamental fue la Mesa de Diálogo, instalada por el Presidente Frei,
en la cual participaron las FF.AA. y otras instituciones, que extendió la
conciencia sobre la magnitud de la tragedia y favoreció el proceso de
reencuentro social.
El camino de las reparaciones para las víctimas se construyó a través de
múltiples formas, con el fin de atenuar en parte los estragos de la represión.
El año pasado, formulé mis propuestas en un documento titulado “No hay mañana
sin ayer”. Hoy esas propuestas están en trámite legislativo en el Congreso
Nacional.
Las lecciones básicas
Se puede entender el contexto de intransigencia política anterior al golpe de
Estado, la errónea transformación del adversario en enemigo, el marco
internacional de la guerra fría, como antecedentes de la ruptura institucional,
pero no hay justificación para la inclemencia que vino después. Comparto, pues,
plenamente lo afirmado por el Comandante en Jefe del Ejército: “¿Excusa el
escenario del conflicto global ya descrito en las violaciones de los derechos
humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las
violaciones de los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener
justificación ética”.
No, mil veces no. Nunca habrá justificación ética para las atrocidades que se
cometieron y que detalla el Informe. Nunca más.
El reconocimiento de este triste capítulo de nuestra historia permite que todos
los chilenos nos sintamos hoy parte de una misma comunidad y de un mismo destino.
Este reconocimiento permite sentir que nuestras instituciones armadas nos
pertenecen a todos los chilenos.
Reconocer el desvarío y la pérdida del rumbo que en un momento del pasado
permitieron que las instituciones armadas y el Estado se apartaran de su
tradición histórica, de sus propias doctrinas que las vieron nacer y
desarrollarse, es la condición para que retomemos la senda de siempre trazada
por los fundadores de la República.
El informe hace el recuento de los recintos donde se practicó la tortura, señala
los agentes del Estado que la practicaron, establece los medios empleados por
diversos organismos públicos, identifica las leyes que ampararon las prácticas
represivas, describe la actuación de los tribunales. La larga lista de cuarteles,
comisarías, unidades, buques, intendencias, campos de prisioneros y recintos
secretos cubre todo el territorio nacional. La conclusión es clara e
insoslayable: la prisión política y la tortura fue una práctica institucional
del Estado, absolutamente inaceptable, y por completa ajena a la tradición
histórica de Chile.
La reparación
El trabajo de la Comisión y la difusión del informe constituyen el acto más
importante de reparación de las víctimas. Se terminó el silencio, se desterró el
olvido, se reivindicó la dignidad.
Pero ello requiere algo más. Si está comprometida la responsabilidad de los
agentes del Estado, lo que corresponde es que el Estado responda por ello, lo
cual implica adoptar medidas que ayuden a mitigar los efectos del dolor causado.
Lo digo claramente: estas medidas están orientadas a sanar las heridas, y no a
reabrirlas.
En este sentido, comparto las tres líneas de reparación presentadas por la
Comisión. En primer lugar, las medidas institucionales, las cuales cristalizarán
en la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos que promoverá a través
de la educación el respeto por los derechos humanos, a la vez que se hará cargo
del patrimonio y de la confidencialidad de la información acumulada desde la
Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión.
En segundo lugar, las medidas simbólicas y colectivas que deberán expresar el
reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las víctimas, como asimismo
medidas jurídicas que prevengan a las actuales y futuras generaciones de la
terrible experiencia que hemos conocido. Estas medidas, por cierto, no deben
producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas, pues son instituciones
permanentes de la República y pertenecen a todos los chilenos.
En tercer lugar, las medidas de reparación individuales, que se expresan tanto
en el ámbito jurídico como en el económico. Las medidas de reparación jurídicas
se refieren básicamente al restablecimiento de la honra pública de estas
personas que las más de las veces fueron acusadas de delitos que nunca
cometieron, y del restablecimiento pleno de todos sus derechos ciudadanos.
En el ámbito económico, ya lo hemos dicho antes, resulta imposible reparar los
daños físicos y espirituales que han marcado la vida de tantos compatriotas.
Estimo, además, que sería una falta de respeto a las víctimas el que este
valioso proceso de regeneración moral derivara en una pura discusión sobre
dineros.
No obstante, considero que el Estado, que ya hizo un esfuerzo respecto de los
familiares de ejecutados y desaparecidos, respecto de quienes sufrieron el
exilio y que decidieron retomar, respecto de quienes fueron exonerados de sus
trabajos por razones políticas, debe entonces entregar una compensación que,
aunque austera, sea una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido.
Después de mucho meditar, y considerando que la mayoría de las víctimas tienen
más de 55 años, he decidido que la reparación más adecuada es a ravés del pago a
las víctimas de una pensión que les ayude a tener una mejor calidad de vida en
los años que tienen por delante.
Palabras finales
Estoy profundamente orgulloso del esfuerzo realizado, al que concurrieron muchas
personas e instituciones. Esto nos engrandece como comunidad, nos dignifica a
todos los chilenos, es una prueba de coraje republicano de una nación que cree
en sus instituciones, en su fortaleza histórica, en su vocación humanista y
democrática.
Quiero agradecer el trabajo de los miembros de la Comisión y sus colaboradores,
en particular la tarea cumplida por Monseñor Sergio Valech, que encara el rol
determinado jugado por la Iglesia Católica y otras Iglesias en la defensa de los
derechos humanos en los momentos más duros. Aprecio la colaboración prestada por
las instituciones civiles y militares.
Los miembros de la Comisión cumplieron una tarea dolorosa como pocas. Al hacerlo,
demostraron un inmenso amor a la patria.
Quiero agradecer finalmente a todas las chilenas y a todos los chilenos que
prestaron testimonio y estuvieron dispuestos a revivir su sufrimiento por el
bien de Chile. Tal como ellos lo pidieron, sus testimonios serán confidenciales
y, por tanto, nadie tendrá acceso a ellos durante los próximos 50 años.
El camino de hacernos cargo de este pasado ha sido largo, difícil, complejo.
Asumir la cruda verdad de lo ocurrido y la responsabilidad de lo obrado, no ha
sido fácil para ningún chileno.
Como sociedad, hemos ido abriendo los ojos a la realidad de nuestros
compatriotas desaparecidos, ejecutados, exiliados, exonerados, y ahora, a
quienes sufrieron prisión política y tortura.
Como Estado, en la medida de las posibilidades, hemos ido proponiendo y
definiendo medidas de reparación moral, simbólica, y también económicas, a todas
esas personas que fueron víctimas de atropellos a sus derechos más elementales.
Con el reconocimiento a las víctimas de prisión política y tortura
complementamos un capítulo por el cual teníamos que pasar.
Lo hemos hecho no para reavivar rencores y divisiones, sino para fortalecer la
convivencia y la unidad de todos los chilenos. Ese es el espíritu del Informe.
Ese es el espíritu que debe prevalecer una vez conocido el sufrimiento y el
dolor.
Porque hemos sido capaces de mirar toda la verdad de frente, podemos empezar a
superar el dolor, a restaurar las heridas.
Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo.
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