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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1127
Diciembre 22, 2004
ISSN 0259-9864
Editorial: 2004: un año sombrío para la sociedad salvadoreña
Política: Balance político
Economía: Balance económico
Regional: Balance regional
Derechos Humanos: Los derechos humanos en el 2004 (I)
2004: un año sombrío para la sociedad salvadoreña
Visto en su conjunto, el año que está por finalizar ha dejado un saldo negativo para la sociedad salvadoreña. El consumismo navideño no debe llamar a equivocación: tras el derroche de quienes —con recursos provenientes del exterior o mediante el endeudamiento con las tarjetas de crédito— llenan los grandes centros comerciales, se oculta la realidad de miles de salvadoreños y salvadoreñas que apenas, y con suerte, podrán tener un poco de pan para celebrar la navidad y la llegada del nuevo año. Quienes gastan lo poco que tienen y quienes no pueden hacerlo aunque quisieran, todos sin excepción, han sido golpeados sistemáticamente desde las esferas política, económica, mediática y religiosa. Caer en la cuenta de los efectos sociales perniciosos emanados de esas esferas constituye apenas el primer paso para hacerles frente; la toma de conciencia por parte de la sociedad y su respuesta organizada, los pasos subsiguientes.
Desde el ámbito político son muchos los golpes que se han asestado a la sociedad
en este 2004. Aquí basta con enumerar unos cuantos. En primer lugar, la
incompetencia de la clase política. Ciertamente, esta incompetencia no es nueva,
pues desde 1992 ha sido la norma, más que la excepción, en el desempeño de los
políticos. Con todo, en el 2004 alcanzó cuotas verdaderamente alarmantes:
prácticamente nada de lo hecho por los partidos y sus líderes benefició a los
sectores mayoritarios de la sociedad. Más bien sucedió lo contrario: casi todo
lo hecho por los partidos fue en contra de la sociedad y en beneficio propio.
Esta incompetencia de la clase política ha terminado por profundizar el divorcio
entre la sociedad y el sistema político, lo cual se convierte en una grave
amenaza para la estabilidad sociopolítica del país.
A la par de la incompetencia está, en segundo lugar, la corrupción. En algún
momento se creyó que, con la llegada de ARENA al poder del Estado, la corrupción
iba a desaparecer. El argumento que alimentaba este optimismo era que en este
partido había mucho dinero y que la gente con dinero no tiene necesidad de robar.
El destape del caso de ANDA —y antes de éste, el de Romeo Majano Araujo, al
frente del ISSS— dio al traste con las ilusiones de los más optimistas. Hay
gente en ARENA que abusa sistemáticamente de los recursos públicos: esta es una
verdad inobjetable al cierre del 2004. Y no sólo eso: tal abuso goza de la
protección de personas influyentes no sólo en la Asamblea Legislativa y el
Órgano Ejecutivo, sino en la administración de justicia. Se trata, pues, de una
corrupción amparada en la impunidad más abierta y descarada. Corrupción e
impunidad se han dado la mano en el 2004; gracias a ello, aquélla ha proliferado
en el sector público y en los ámbitos en los que lo público se cruza con lo
privado.
Y, en tercer lugar, están el abuso de poder, la prepotencia y el populismo
autoritario. Los dos primeros vicios es fácil adscribirlos a la administración
del ex presidente Francisco Flores —hasta junio de 2004—, pero no están del todo
ausentes en la administración del presidente Elías Antonio Saca. Su plan “Súper
Mano Dura” se inscribe en una lógica autoritaria y prepotente heredada de su
antecesor en el cargo. Por supuesto que en Saca esa lógica se tiñe de un tinte
populista, que, hasta el momento, le ha dado buenos dividendos de cara a su
impacto en la opinión pública. Al FMLN, por su parte, no le han sido ajenos, en
este 2004, ni la prepotencia ni el autoritarismo de sus dirigentes. Las pugnas
internas que lo sacudieron antes de las elecciones de marzo y después de ellas —hasta
el desenlace de las elecciones internas para elegir a sus autoridades, en
noviembre de este año— son la mejor muestra de ello. Así, tanto desde ARENA como
desde el FMLN —por no hablar de los demás partidos— las señales que se han
enviado a la sociedad es que algunos políticos (y/o funcionarios públicos)
pueden hacer de las suyas, siempre y cuando tengan el poder suficiente para ello.
Pueden enriquecerse ilícitamente, implementar leyes nocivas para la sociedad,
enquistarse en sus cargos… Y todo por el poder que tienen.
Por si no bastara con los golpes recibidos desde la esfera política, la sociedad
salvadoreña también ha sido golpeada por la economía. Con el cuarto gobierno de
ARENA, el modelo económico terciarizado, centrado en las maquilas y las remesas,
se consolida a paso firme. Se trata de un modelo económico, regido por el
mercado y controlado por una oligarquía voraz, que ha generado exclusión y
marginalidad hasta niveles extremos. Incapaz de generar empleos suficientes y
dignos, el modelo expulsa a diario a decenas de salvadoreños y salvadoreñas
hacia Estados Unidos. Paradójicamente, esos salvadoreños y salvadoreñas, con
sacrificios indecibles, inyectan miles de dólares al modelo económico que los
expulsó y que se sostiene y reproduce gracias a esos dólares. Se está ante un
círculo vicioso que no parece tener fin, pues empresarios y políticos de derecha
están firmemente convencidos de que las remesas son lo mejor que le puede haber
pasado al país. Mientras esta convicción continúe arraigada en los círculos de
poder económico y político, será difícil ensayar otras formas conducir la
economía.
A los males generados en los ámbitos político y económico, se suma el efecto
perverso que sobre la sociedad han tenido los grandes medios de comunicación. En
2004 el amarillismo, el sensacionalismo y la pasión por el escándalo han sido
las notas dominantes en el quehacer mediático. A ello hay que añadir el abierto
compromiso de derecha que, en el contexto electoral de marzo, mostraron las
grandes empresas mediáticas. Como pocas veces, la sociedad salvadoreña fue
sometida a todo tipo de artimañas y manipulaciones; los grandes medios
revivieron viejos temores e hicieron gala de una prédica anticomunista que
muchos creían cosa del pasado. La ética y el profesionalismo brillaron por su
ausencia, en un ejercicio periodístico que no dudó en recurrir a la mentira y a
la tergiversación con tal de denigrar a quienes se constituyeron en la principal
amenaza electoral para el partido de gobierno. La gran perdedora, ante esta
embestida mediática, ha sido la sociedad salvadoreña: su conciencia se
empobreció y su capacidad de posicionarse críticamente ante los problemas que le
aquejan fue severamente debilitada.
El influjo religioso hizo lo suyo para que la conciencia colectiva de los
salvadoreños y salvadoreñas se empobreciera y perdiera criticidad. Dejando de
lado a quienes, en minoría, alentaron una religiosidad comprometida con los
problemas sociales, económicos y políticos, lo dominante fue la anuencia de
importantes sectores religiosos —católicos y protestantes— con los desmanes de
los funcionarios de gobierno, los grandes empresarios y las grandes empresas
mediáticas. Sistemáticamente, una prédica conservadora, intimista y
espiritualista golpeó a amplios sectores de la sociedad. En algunos casos, los
portavoces de esa prédica no ocultaron sus simpatías con el partido ARENA. Por
su lado, los principales dirigentes de este partido —principalmente, Elías
Antonio Saca— supieron sacar provecho del respaldo abierto o solapado que les
manifestaban algunas iglesias. Una peligrosa alianza se fraguó en este 2004:
religión, empresa privada, grandes medios de comunicación y partido de gobierno
se dieron la mano no sólo para legitimar el modelo económico-social
prevaleciente, sino para hacer un frente común en contra de quien intente
realizar una reforma del mismo.
En resumen, en el 2004, la sociedad salvadoreña ha tenido que soportar los
embates de la política, la economía, los grandes medios de comunicación y el
conservadurismo religioso. Su reacción, esporádica y dispersa, no ha estado a la
altura de los desafíos. La pasividad colectiva todavía sigue siendo el rasgo
característico de la sociedad salvadoreña. Los niveles organizativos se han
revelado insuficientes para articular un movimiento social capaz de obligar a
las élites económicas y políticas a revisar y redefinir su forma de conducir y
gestionar el país. Es cierto que en este año —al igual en otros años— los
salvadoreños y salvadoreñas han sido muy activos, pero lo han sido en tareas de
supervivencia y en un plano individual. No han logrado entender que su
supervivencia se conecta con la lucha por sus derechos humanos, económicos y
sociales y que, asimismo, esa lucha va más allá de lo meramente individual, pues
para tener éxito debe involucrar a otros que están en la misma (o peor)
situación. 2005 debería ser, desde el punto de vista de la sociedad, un año
destinado a romper con la pasividad colectiva, es decir, un año de irrupción
social organizada en la vida pública. No se ve de qué otra manera la política,
la economía, los grandes medios de comunicación y el conservadurismo religioso
se vean forzados a dejar de seguir generando efectos perniciosos sobre la
sociedad..
Balance político
2004 ha sido un año lleno de acontecimientos en la vida
política salvadoreña. Transcurrió siempre entre los dos extremos que han
caracterizado, en los últimos años, al sistema político nacional: luchas a
sangre y fuego por el control de espacios de poder y, al mismo tiempo, proclamas
de buenas intenciones a favor de la gobernabilidad y de la búsqueda de consensos.
Por un lado, en consonancia con lo que se venía experimentando desde el año
anterior, en un contexto preelectoral, la polarización y los enfrentamientos
entre el FMLN y ARENA perduraron durante todo el 2004. Por otro lado, a partir
de la toma de posesión de Antonio Elías Saca, hubo unos meses de aparente
distensión, el tiempo necesario para que el mensaje de consenso del nuevo
presidente hiciera mella en la población y para que, además, se revelaran las
inconsistencias del discurso de “manos abiertas a la oposición”. Finalmente,
Saca se mostró tal como es: un político a la vieja usanza de ARENA que está
dispuesto a violar las leyes y a hacer pactos políticos repugnantes con el
objetivo de asegurarse la lealtad del PCN en la presente legislatura.
Un tren electoral descarrilado
La tercera campaña presidencial desde la firma de los Acuerdos de Paz, se puede
decir a estas alturas, no contribuyó a fomentar una cultura de elecciones
competitivas, acordes con la aspiración de construir el país democrático soñado
en 1992. Además, presentó las siguientes características: se descarriló el
Tribunal Supremo Electoral, la violencia se enseñoreó de la agenda política y la
contienda electoral se desarrolló sobre la base de propuestas vacías alejadas de
la realidad cotidiana de la mayor parte de la población. Se contabilizaron
decenas de heridos y algunos muertos, producto del odio inveterado que se
profesan los simpatizantes de los dos partidos mayoritarios. Por lo mismo, los
partidos ARENA y FMLN tuvieron el mayor protagonismo noticioso durante el
proceso que culminó con la llega de otro candidato de ARENA a Casa Presidencial.
La presencia en la prensa de los dos partidos mayoritarios (actualmente
controlan más del 70% de los escaños de la Asamblea Legislativa) debido, en gran
medida, a la violencia con que se enfrentan sus respectivos simpatizantes, dio
lugar a mucha discusión, por un lado, sobre el estado de la cultura política del
país doce años después de la firma de la paz y, por otro, sobre la falta de
credibilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En torno a este último, los
hechos demostraron que hace falta una nueva generación de reformas que adecuen
la institucionalidad del organismo electoral con la realidad actual del país.
Hubo varias víctimas por la complicidad del Tribunal Electoral con la campaña de
miedo y de chantaje que diseñó ARENA. En primer lugar, se puede citar a los
salvadoreños que perdieron la vida o que resultaron heridos durante los
enfrentamientos entre los simpatizantes de los dos partidos más importantes.
Además, tampoco la actitud de la mayoría de magistrados afines a las causas de
los sectores conservadores ayudó a frenar el descrédito del sistema político en
la percepción de los salvadoreños. La percepción generalizada se caracterizó por
destacar que hubo un cierto maridaje malsano entre ciertos magistrados (la
mayoría, por cierto) y el partido ARENA, dispuestos a mantener una institución
electoral deficiente, que desentona con el espíritu de los Acuerdos de Paz.
En segundo lugar, no se puede olvidar a las víctimas políticas del débil TSE.
Por muy paradójico que pueda sonar, son muchos los afectados por la parcialidad
de los magistrados electorales. El inicio adelantado de la campaña electoral por
parte de ARENA y del FMLN fue un factor importante que afectó negativamente a
los partidos más pequeños —el PCN y la coalición PDC-CDU— que terminaron
barridos por los dos principales contendientes. Lo mismo puede decirse del uso
de dinero público por parte del Ejecutivo para promocionar al partido en el
poder. A modo de ejemplo, basta con citar la saturación de propaganda sobre los
supuestos logros del gobierno para hacerse una idea de la magnitud de la
desfachatez. El dinero de los contribuyentes se usó para demostrar las bondades
del modelo socioeconómico propugnado por el partido oficial.
Por otro lado, no se resolvieron adecuadamente los casos más flagrantes de
aparente disfunción del Registro Electoral. Se denunció la duplicación de
documentos de identidad, al mismo tiempo que se habló de irregularidades en
miles de documentos entregados por el tribunal electoral, aparentemente a
algunos extranjeros, guatemaltecos y nicaragüenses que llegaron a votar por el
partido oficial. No obstante la supuesta ventaja del procedimiento moderno de
emisión del nuevo documento de identidad, no se pudo depurar de manera
satisfactoria el registro de ciudadanos.
Finalmente, el FMLN fue el gran perdedor de la justa electoral y la víctima de
las artimañas de la derecha. Hay suficientes elementos que permiten pensar que
existió alguna relación entre la afluencia masiva a las urnas de los
salvadoreños y su comportamiento electoral, el cual estuvo condicionado por la
campaña de miedo orquestada por ARENA, a través de unas organizaciones de
fachada que decían defender la libertad. Como prueba de las irregularidades
cometidas en el proceso electoral, poco tiempo después, un tribunal condenó al
principal encargado de la campaña sucia por difamación en contra del candidato
efemelenista. No cabe duda que esta condena significó una censura al TSE por su
connivencia con el delito de difamación y por su incapacidad para cumplir con el
mandato constitucional de garantizar unas elecciones limpias y transparentes.
El inicio de una presidencia hipotecada
El contexto particular en que se desarrollaron las elecciones de marzo y el
legado político, social y económico del antecesor de Antonio Saca constituyen
las dos principales hipotecas con que Saca inició su gobierno. En primer lugar,
no se puede dejar de recalcar el hecho de que Francisco Flores ocupara un sitio
de honor en ARENA, junto a Crisitiani y Calderón Sol, en el sentido de que
mantuvo intacta la tradición de entregar la banda presidencial a un candidato
proveniente de las filas de su partido, no sin antes pasar por una de las peores
pesadillas con la que se debatieron los areneros durante un buen lapso del
mandato de Flores. Su partido obtuvo el mismo número de diputados que el FMLN en
las elecciones del 2000, y en 2003 fue literalmente dejado atrás por el partido
de izquierda. En fin, durante el mandato de Flores, ARENA pasó los mayores
apuros desde su fundación. Flores fue cuestionado públicamente por los
principales jerarcas areneros. Se decía que la tozudez del presidente le iba a
costar las elecciones presidenciales a la derecha.
Sin embargo, contra los profetas de la desgracia en su propio partido, Flores
supo enderezar el rumbo. No sólo su partido ganó holgadamente las elecciones, lo
que significó un profundo respiro en sus filas, sino que Flores tomó su revancha
personal sobre sus detractores. Reprendió públicamente, durante una convención
nacional de su partido, a los dirigentes que cuestionaron su manera de conducir
el país. De modo que desde este punto de vista, puede considerarse que Flores
cumplió su cometido. Además, el nombre de El Salvador ha sonado reiteradamente
en el mundo. Una vez como firme aliado de la administración Bush en su guerra en
Irak, otras veces por el apoyo que los inmigrantes ilegales han obtenido por
parte del gobierno de los Estados Unidos, que les ha ofrecido a algunos la
posibilidad de quedarse, al menos temporalmente, en esa nación.
No obstante lo anterior, los cinco años del gobierno del ex mandatario fueron de
tensión y de forcejeo constantes. Ganó muchas batallas políticas durante este
quinquenio. Con ello, contribuyó a aumentar la polarización política que se
vivió durante la campaña electoral. Es en ese sentido que su legado iba a pesar
en los primeros meses del gobierno de Saca. Dejó el gobierno sin presupuesto,
pese a que ya habían pasado ya seis meses del año fiscal. Además, Saca tuvo que
hacer frente a la desconfianza inicial del FMLN, que había decidido boicotear la
ceremonia de su toma de posesión.
En consecuencia, los estrategas del nuevo presidente tenían que enderezar el
rumbo y contribuir a bajar las tensiones con el principal partido de oposición.
En la inauguración de su mandato, Saca dio algunos pasos en esta dirección. En
su discurso de investidura, el nuevo mandatario recalcó su buen talante, aquello
que lo define como bonachón, sencillo y de origen humilde. Prometió a los
salvadoreños que no se dejaría marear por el poder y que estará siempre al lado
de los más necesitados, por haber pertenecido a este sector de desamparados que
constituye la mayor parte de la población. Como si fuera poco, Elías Antonio
Saca declaró que no se vería en su gobierno “dogmatismo económico, ni veneración
desproporcionada a la lógica del mercado”.
En otras palabras, Saca anunció que se desmarcaría de la ortodoxia neoliberal,
principal base ideológica de las acciones del gobierno de su predecesor. Anunció
una ruptura con un pensamiento en boga en su partido, que siempre ha preconizado
las bondades del mercado y la justicia con que éste reparte las riquezas
nacionales. Al mismo tiempo, anunció el nombramiento de una comisionada
presidencial con el objetivo de discutir y buscar consensos con la oposición. En
suma, en el inicio de su mandato, Saca mantuvo un discurso astuto y, al parecer
eficaz. La astucia del mismo consiste en preparar las próximas elecciones sin
decirlo, mostrando un deseo de acercamiento constructivo con la oposición, bajo
el argumento de privilegiar los intereses del país sobre cualquier pleito
político.
Los primeros resultados de la gestión de Saca
La principal característica de los primeros meses de gestión del gobierno actual
se puede resumir en unas pocas palabras: la propaganda excesiva y cansina de las
buenas intenciones del presidente. Entre anuncios vistosos —como el del Plan
Súper Mano Dura, para citar uno— y visitas propagandísticas (no se pierden
ocasiones para anunciar que el presidente ha inaugurado nuevas obras a favor de
los salvadoreños), la acción del gobierno de Saca se mide hasta ahora en torno a
la presencia de sus miembros en la prensa. No hace falta decir que los medios,
por falta de profesionalismo o complicidad calculada, han colaborado en gran
medida con los planes de los asesores de imagen de Saca. Con una buena dosis de
lo que nos tiene acostumbrado la prensa nacional, no se ha observado actitud
crítica alguna, ni siquiera cierta capacidad para hacer preguntas relevantes a
los propagandistas del “gobierno con rostro humano”.
En este contexto, Saca se decantó rápidamente por una opción populista, no
obstante las reticencias anteriores de la derecha con este tipo de posturas. La
derecha siempre ha acusado a la izquierda de aprovecharse de la miseria y de las
necesidades de los salvadoreños más humildes para hacer propaganda política. Sin
embargo, en esta ocasión, frente a la debilidad de su gobierno respecto de una
oposición mayoritaria en el parlamento y una derecha empresarial acostumbrada a
lucrarse sin concesiones, Saca hizo de la búsqueda del apoyo popular su
principal baza política. Aprovechó el clamor de la población ante la inseguridad
reinante para seguir cosechando beneficios políticos con el plan Súper de Mano
Dura. La ventaja para Saca en estas circunstancias es doble. Por un lado, asume
un papel de izquierda, portaestandarte de los discursos de cercanía y compasión
por los pobres en el país. Por otro lado, cuenta con la lealtad de los sectores
de poder más influyentes que avalan su discurso populista.
Con todo, la estrategia ha dado buenos frutos. La estrategia de comunicación,
que consiste en mostrar a un presidente cercano a la gente y preocupado por
resolver sus principales problemas nacionales, le ha valido a Saca el apoyo de
buena parte de los salvadoreños. De tal suerte que, hoy por hoy, el presidente
Saca cabalga en la cima de las encuestas de opinión pública. Un número
considerable de salvadoreños considera que ha desempeñado su trabajo con
eficiencia. Aunque, por otro lado, siguen pendientes temas como la crisis
económica, la falta de empleo y la delincuencia, como temas que preocupan a los
salvadoreños. Como corolario de la buena salud que muestra Saca en los sondeos
de opinión su partido, ARENA se ha posicionado mejor en la palestra política.
Los dirigentes de esta organización se presentan sin complejos ante la opinión
pública, alabando los logros —aunque en realidad aún no hay tales— de su
presidente.
Por otro lado, gracias a su supuesta buena sintonía con las necesidades de los
salvadoreños, el presidente ha logrado, en cierto modo, ciertas concesiones por
parte los grandes empresarios. Éstos han tenido que avalar una mal llamada
reforma fiscal —que en realidad, no es más que un ejercicio por reducir la
evasión por parte de los grandes empresarios— y aumentar los impuestos, para
poder financiar el Fondo para la Salud. Durante el cabildeo para la aprobación
de su plan fiscal y social Saca dejó muestra de su fortaleza política. No
obstante las quejas, se aprobó el primer conjunto de reformas. Saca dejó bien
claras sus intenciones a los empresarios rebeldes. “En lo que vamos a estar de
acuerdo —dijo el gobernante— va a ser en todo aquello que no tenga alguna
claridad, que haya que cambiar alguna redacción. En lo que no vamos a estar de
acuerdo, es en (cambiar) todo aquello que nos permita recaudar fondos que los
salvadoreños esperan”.
Algunos ven en esta lógica del gobierno signos de apertura y firmeza. Se
trataría de negociar en lo que se pueda con los empresarios. Pero, cuando se
trata de conseguir lo necesario para que el gobierno pueda cumplir algunas de
las promesas que ha hecho a los salvadoreños, Saca dice que los intereses del
país ocupan el primer lugar. En otro lenguaje, durante la discusión acerca de la
reforma tributaria, Saca ha tenido otra gran oportunidad de lucirse. Aparece
como un buen padre que exige por igual los mismos sacrificios a todos sus hijos.
Su imagen de firmeza ante los empresarios recalcitrantes contribuye a
engrandecer su figura de gobernante decidido.
Que Saca haya podido forzar las manos de la cúpula empresarial para que ésta
haya aceptado que se castigue como delito no excarcelable la evasión de
impuestos, es un hecho bastante notorio si se toma en cuenta la tradición
evasiva de este sector. Más aún, que el gobernante haya declarado públicamente,
en contra de los intereses de los banqueros, que no está dispuesto a ceder en
algunos temas de la reforma tributaria es mucho más digno de elogio. En quince
años que el partido ARENA ha estado al frente del Poder Ejecutivo, es la primera
vez que el maridaje entre las grandes empresas y el presidente de turno parece
sufrir alguna fricción. Aunque, como se ha visto, ello no es suficiente para
hablar de un presidente con criterios independientes, que estaría dispuesto a
enajenarse, si así lo requirieran las circunstancias, el apoyo de la empresa
privada.
La relativa firmeza mostrada por Saca y su Ministro de Hacienda tiene que
entenderse a la luz de algunas certidumbres con que el bloque de derecha terminó
las elecciones presidenciales recién pasadas. En buena medida, ese bloque tuvo
que convencerse de que si no disminuye algunos de sus abusos más flagrantes en
contra del erario público y de los consumidores salvadoreños le será más difícil
retener el control del Estado. Sobre la base de esta convicción, Saca se hace
fuerte políticamente. Además, en la carrera hacia las próximas elecciones tiene
que convencer a los salvadoreños de que es capaz de mantener su palabra. La
aprobación de la reforma tributaria es un mérito del presidente. Desde un punto
de vista político, ello tiene un importante significado, porque parece haberse
logrado muy a pesar de las maniobras desleales de los grandes empresarios. Así,
se engrandece la figura de un presidente de derecha, dispuesto a enfrentar a
aquellos que patrocinaron su campaña electoral y que controlan los entresijos
del poder en el país
Un presidente a la vieja usanza
No obstante las declaraciones contrarias, Saca ha mantenido mucho de los
elementos más negativos que caracterizó la gestión de su predecesor. La falta de
debate público sobre las decisiones más importantes del Ejecutivo constituye una
pequeña muestra de lo anterior. Pero, para los propósitos de este balance, hay
que detenerse en dos hechos que han pasado inadvertidos y que, sin embargo,
ejemplifican el irrespeto de Saca y su gobierno por la institucionalidad
política del país. El primero tiene que ver con el nombramiento, para el
Tribunal Supremo Electoral, de un magistrado proveniente de las filas del PCN.
Esta decisión permite afirmar que Saca abandonó su línea de prudencia y de
respeto mostrada al principio de su mandato o quizá ha comenzado a mostrar su
verdadero rostro, al mejor estilo de su antecesor. Aprovechando la confusión en
torno a la desaparecida coalición de partidos, los estrategas políticos de Casa
Presidencial decidieron ofrecer un magistrado electoral al PCN.
Saca y su equipo tienen buenas razones para privar al CDU-PDC de su magistrado
con pretextos tan absurdos como artificiales. En realidad, la decisión de Saca
tiene un doble objetivo. Por un lado, el presidente quiere amarrar el apoyo
político del PCN, para superar su situación de minoría en la Asamblea
Legislativa. De esta manera, ARENA se asegura que en los dos años que quedan
para esta legislatura, contará con un aliado fiel que votará sus iniciativas de
ley en el parlamento. En este sentido, no causa ninguna extrañeza que Saca haya
maniobrado para conseguir un apoyo legislativo seguro. Es la única manera de no
quedar a merced de la oposición de izquierda, cuya fuerza en la Asamblea no se
ha tambaleado, pese a las dificultades internas que sufre en este momento.
En la misma línea, en el contexto de la celebración de las fiestas de fin de año,
se ha anunciado que la Corte Suprema de Justicia ha decidido que no se debe
aplicar el artículo de la ley electoral que estipula un mínimo de porcentaje de
apoyo ciudadano que debe conseguir un partido para poder seguir existiendo como
tal. De nueva cuenta, se decidió salvar al PCN, el principal aliado de ARENA en
la Asamblea Legislativa. No cabe duda que en esta decisión judicial tiene mucho
que ver la alianza ARENA-PCN de la que se ha hablado anteriormente.
Lo peligroso de todo este tema es que con decisiones de esta índole se pone en
riesgo, no sólo el prestigio de las instituciones frente al conjunto de
ciudadanos, sino que los opositores tienen razones de sobra para fundamentar su
desconfianza en la neutralidad de estos dos organismos importantes para la vida
política. Para que funcione la institucionalidad democrática hace falta que las
élites tengan confianza en los procesos políticos y que no lleguen a la
conclusión de que el juez principal no es leal y que está sesgado a favor de uno
de los contendientes. Cuando sucedió esto en el pasado, el país se fue a la
guerra. Los actores actuales deberían de cuidarse de esta amnesia histórica que
puede acarrear graves consecuencias para la estabilidad política de El Salvador.
Una oposición débil y de poca imaginación
Frente a la fortaleza política con que ha contado Saca a lo largo de estos
primeros meses de gestión, se destaca la flagrante debilidad de la oposición, no
obstante el hecho de que cuenta con la mayoría en la Asamblea Legislativa.
Frente a esta realidad, hay que subrayar que no se trata de una oposición
homogénea. Por un lado está el FMLN, el partido mayoritario en el parlamento, y
las otras organizaciones políticas, preocupadas por recomponerse políticamente
después del varapalo que supusieron los resultados de las elecciones
presidenciales de marzo. Esta partición y dispersión de los intereses de la
oposición ha facilitado la labor del presidente. Dos de los partidos que no
alcanzaron los votos suficientes para sobrevivir como fuerzas políticas en las
elecciones (PDC y PCN) estaban preocupados en sus estrategias políticas para
impedir su cancelación que, como ya se sabe, pasaba por un apoyo incondicional a
las propuestas políticas de Saca. El CDU, por su parte, también estaba
preocupado en refundar su partido.
De modo que la oposición hasta hoy se ha reducido al FMLN. Este partido, por su
lado, ha vivido su propio proceso de reacomodo interno a raíz de sus malos
resultados electorales. Por esta razón, el partido de izquierda ha sido
desbordado completamente por Saca. Cabe destacar la cortedad de vista de sus
dirigentes, que se han enfrascado en una batalla de figuras, en vez de plantear
los serios problemas del país y la mejor estrategia de su partido para responder
a las demandas y anhelos de los salvadoreños.
Hasta la celebración de las elecciones internas en el FMLN se tenía, por un lado,
a los “ortodoxos”, que denunciaban la fachada democrática salvadoreña, y, por
otro, a los “renovadores” de nuevo cuño, que reclamaban cambios importantes en
la dirección del partido de izquierda. Estos últimos aprovecharon, en los
primeros instantes, la mala imagen pública de sus compañeros que perdieron las
elecciones presidenciales para iniciar un conato de revuelta en contra de la
dirección del partido. Usaron con descaro y con cierta dosis de heroísmo los
espacios ofrecidos por los medios de comunicación, para clamar por cambios
espectaculares en su partido.
Sin embargo, los “jóvenes” rebeldes se quedaron con las manos vacías. No
lograron adelantar las elecciones internas ni la dimisión de la dirección del
partido, como habían reclamado el día siguiente de conocer los resultados
electorales. Peor aún, perdieron los comicios internos. Los militantes del
partido de izquierda prefirieron seguir apostando a la línea dura de oposición
hacia el partido oficial. En buena medida, al igual que sus dirigentes, buena
parte de los militantes del FMLN siguen pensando que la realidad actual les
demanda un choque frontal contra ARENA.
No se puede entender el comportamiento de los dirigentes y simpatizantes del
FMLN fuera del ambiente político nacional. La actitud cínica de los líderes de
ARENA, que no tienen escrúpulos en pasar por encima de la institucionalidad
democrática cuando sienten que está en juego su control del poder, es un
elemento nada desdeñable que configura este contexto político. Se podrá decir
también, sin duda con mucha razón, que el comportamiento político del FMLN
supone un peligro para la consolidación de la joven democracia salvadoreña. Pero,
hay que dejar de lado el tipo de reflexión política que consiste en privilegiar
las referencias a los egos o caracteres personales de sus dirigentes políticos
para intentar explicar las posturas intransigentes que emanan desde el partido
de izquierda. En ese escenario, la estrategia política del FMLN busca cumplir
con dos objetivos primordiales.
Por un lado, han intentado, desde un principio, deslegitimar la elección de Saca
a la presidencia del país. Para ello, no participaron en la ceremonia de
investidura del nuevo gobernante, interpusieron una demanda en la Corte Suprema
en contra de las actuaciones del TSE y demandaron exitosamente al principal
representante de la campaña sucia de ARENA. Tienen la íntima convicción en que,
gracias a esta estrategia, podrán cumplir con su papel de oposición frontal en
contra de ARENA, luego de la bofetada electoral que los electores dieron a los
otros partidos. De esta manera, reafirman su posición como única alternativa al
partido de derecha.
El segundo objetivo que busca alcanzar el FMLN consiste en que se reconozca el
peso político que representa su partido. Es una de las razones por las que el
partido de izquierda se retiró de las mesas de negociación de Saca. Frente a una
estrategia gubernamental que busca diluir la representatividad del contrario, el
FMLN ha elegido la estrategia de las negociaciones directas. Buena razón tienen
los dirigentes de este partido en plantear de esta manera las negociaciones. De
todas maneras, Saca ha demostrado que, en los temas que se pueden resolver por
mayoría parlamentaria simple, no está dispuesto a escuchar las razones del FMLN.
Perspectivas para el nuevo año
Ante la crisis política indefinida que vivió el país a lo largo del 2004, un
ejercicio válido para este año, tanto para los políticos como para quienes
intentan ofrecer algunas pistas de solución a los graves problemas nacionales,
debe consistir en intentar “leer el futuro” e identificar algunas puertas de
salida al camino sin retorno que parece emprender la política salvadoreña. A
este respecto, conviene subrayar el hecho de que es muy probable que la
situación de enfrentamiento entre los actores se agrave durante el presente año.
Estamos en la antesala de las elecciones para alcaldes y diputados que se
celebrarán en marzo 2006. Es el momento en que los diferentes partidos elegirán
sus candidatos para estos diferentes puestos. También por tradición es cuando se
reafirman públicamente las identidades políticas de cada uno de los candidatos.
En el caso del FMLN, el tema es aún más crucial. El partido de izquierda elige
por voto secreto de sus militantes sus candidatos a elecciones populares.
Así, es muy probable que se observe un endurecimiento de la postura del partido
de izquierda. Históricamente se ha observado que los dirigentes que siguen
manteniendo el favor del electorado de este partido son aquellos que se destacan
por su “solidez” ideológica y deseos de enfrentamiento directo con ARENA. Las
recientes elecciones internas acaban de revalidar este argumento. No constituye
ninguna casualidad que el principal dirigente renovador del partido de izquierda,
Óscar Ortiz, haya declarado hace poco, en el marco de una convención del partido,
que era el momento de olvidar las diferencias internas y que todos empezaran a
luchar en contra de las políticas neoliberales del actual gobierno. Es muy
probable que Ortiz haya reflexionado en esta línea, pensando más en su
reelección como candidato a la alcaldía de Santa Tecla, que como un verdadero
convencido que la confrontación es el verdadero camino de abordar los problemas
políticos nacionales.
Esta coyuntura preelectoral puede explicar la incapacidad para negociar el
Presupuesto General de la Nación. Saca no está dispuesto a dar su brazo a torcer,
porque sigue pensando que la campaña de difamación que su partido y
correligionarios en la prensa han emprendido será suficiente para minar las
posibilidades electorales del FMLN. Mientras, el partido de izquierda parece
querer reafirmar ante sus votantes que está dispuesto a ir hasta las últimas
consecuencias para defender sus votos. En otras palabras, se ve bastante
incierto el horizonte político para este nuevo año. De ahí que los actores del
tercer sector, organizaciones sociales, sindicales o gremiales, tienen una tarea
importante que desempeñar durante este año. Quizá el único camino de salida al
embrollo político pase por el protagonismo de estos actores. Pero, como se ha
visto en el pasado, cuando éstos se dejan manipular por los intereses
partidarios en juego, terminan convirtiéndose en parte del problema en vez de
promover un entendimiento para su solución.
Balance económico
El año 2004 se caracterizó por un bajo dinamismo en la actividad económica, que
llevó a las instancias oficiales a revisar las perspectivas de crecimiento. Así,
al inicio del año se esperaba un incremento de 2.3% en el Producto Interno Bruto
(PIB). Empero, al cierre de 2004, sólo se registró un 1.8%. El desempeño
económico estuvo marcado por la pauta de las elecciones presidenciales y por la
aprobación tardía del Presupuesto General de la Nación para el año en curso. El
ambiente electoral, para muchos analistas, generó efectos adversos en el
desarrollo de las inversiones en el ámbito nacional. El presupuesto de 2004 fue
aprobado después de las elecciones, con lo cual se impidió la ejecución de
algunos proyectos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
esta tardanza redujo la inversión pública en poco menos de 24%. En los últimos
meses del año, sucedieron hechos que determinarán el comportamiento de la
economía en el futuro. Los más importantes fueron la implementación de la
reforma fiscal, la creación del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y la
ratificación del Tratado de Libre Comercio con EEUU (CAFTA, por sus siglas en
inglés).
En 2004, según datos de la CEPAL, las remesas constituyeron el 16.2% del PIB,
incrementándose su monto con respecto al año anterior. Desde hace varios años,
la tendencia al crecimiento de las remesas apunta, en el largo plazo, a
representar una quinta parte del PIB. Uno de los aspectos más importantes fue el
decremento en las exportaciones de maquila (11.24%). A pesar de eso, otros
sectores se vieron dinamizados de cara al mercado internacional, como por
ejemplo la exportación de productos no tradicionales. Dichas exportaciones
reportaron un incremento de 8.78%. En lo que atañe a las exportaciones de café,
la mejora en los precios del cultivo desempeñó un papel importante. Al finalizar
el año, el grano alcanzó un precio rentable para los productores. Es importante
apuntar que, con la entrada del nuevo gobierno, como sucede siempre, se crearon
nuevas expectativas en el campo de los negocios, debido al impulso de algunas
políticas públicas emanadas desde el Ejecutivo, a través de comisiones
especiales, como la designada para la reactivación de la agricultura y comisión
para el café.
Producción
Como queda dicho, durante 2004, las perspectivas de crecimiento económico se
vieron debilitadas por la tardía aprobación del presupuesto y el ambiente
electoral. Debido a ello, en el primer semestre del año, el Banco Central de
Reserva (BCR) reajustó los cálculos sobre la tasa de crecimiento económico, la
cual se situó por debajo del 2%.
En el mes de octubre, los sectores de la economía que presentaban un perfil de
bajo crecimiento eran la industria manufacturera, la construcción y el sector
financiero. Comparadas con las cifras de octubre de 2003, las manufacturas
presentaron una caída de 2.6% en el Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE).
Sobre la base del mismo indicador, el sector financiero mostró una variación
negativa de 1.4%. La banca presentó una tendencia a la baja en los últimos años,
pese a que, desde finales de 2002, se ha reactivado el crédito. Curiosamente, y
a pesar de que durante el año se llevaron a cabo grandes proyectos de
construcción de centros comerciales y urbanizaciones, el sector de la
construcción sufrió una fuerte contracción en sus actividades (13.3%). El sector
agrícola mostró un incremento en su volumen de negocios con respecto a 2003,
junto al sector transporte. Las variaciones respectivas fueron de 3.08 y 2.16%.
De acuerdo a la CEPAL, uno de los aspectos que incidió negativamente en el
desempeño económico del país fue el incremento en los precios que provino
fundamentalmente del alza en 72% en el precio internacional del petróleo. Este
efecto se tradujo en el alza del pasaje del transporte público y también en el
encarecimiento de algunos granos básicos. Debido a que en este año no hubo
nivelación de salarios, la capacidad adquisitiva bajó en 4.3%.
Precios y salarios
En lo que respecta a la inflación en el año 2004, al observar las cifras del mes
en estudio con respecto al mismo mes del año anterior, los datos del BCR no
resultan alentadores, pues a partir de marzo se mostró un incremento constante
en la tasa de inflación que alcanzó su punto máximo en octubre (5.5%), aunque
disminuyó en noviembre, en 0.1 puntos porcentuales (5.4%).
Esta dinámica se explica por el incremento desmesurado de los precios del
petróleo en este año, situación que golpea fuertemente la capacidad adquisitiva
de los hogares, sobre todo los del área rural. Mientras el costo de la Canasta
Básica Alimentaria (CBA) durante el primer semestre fue de $134, la CBA de la
zona rural llegó a los $106. Debe tomarse en cuenta que los productos
alimenticios que constituyen la CBA y que sufrieron un incremento son
precisamente los que ocupan un lugar primordial en la dieta de los salvadoreños:
el frijol y el maíz. El incremento de la CBA, según el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG), se debió no sólo al aumento en los precios del petróleo, sino
también a la falta de lluvia, que disminuyó la producción de granos básicos. Es
importante mencionar que el incremento de la CBA en las zonas rurales aumentó
los niveles de desnutrición de los habitantes del campo, sobre todo los niños.
Por lo tanto, han disminuido los salarios reales, el poder adquisitivo de los
salvadoreños se ha visto mermado y los salarios nominales no han sufrido
modificaciones desde el incremento hecho en mayo de 2003. Según el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, el salario mínimo mensual para el sector de comercio
y servicios se ha mantenido en $158.4. Para la industria, asciende a $154.8,
mientras que en la industria textil y maquila, es de $151.2. En el sector
agrícola, el salario mínimo es de $74.06. En este último sector no hubo mayores
modificaciones, pues se considera que es incapaz de hacer frente a un incremento
salarial. Ello contribuye a la persistencia de la pobreza en el área rural, en
tanto que no se alcanza a cubrir el valor de la CBA.
Sector externo
De acuerdo a cifras preliminares del BCR, la balanza comercial mostró en el mes
de noviembre un déficit de 2,630 millones de dólares. Y aunque las exportaciones
crecieron en 1.9%, menos del doble del incremento de las importaciones (5.9%)
para ese mismo periodo, el aumento del déficit comercial fue menor al 1%, con
respecto al año anterior. Este leve aumento se debe al incremento en 8.78% de
las exportaciones no tradicionales. Sin embargo, al comparar cifras de los años
2003 y 2004, cabe destacar que las exportaciones de maquila disminuyeron en
11.24%, lo cual se debe a la baja competitividad que tiene la maquila textil
salvadoreña con respecto a la nueva amenaza que constituye China, cuyo ingreso a
la Organización Mundial del Comercio (OMC) le abre las puertas del mercado
global, incluyendo el mercado latinoamericano.
Cabe destacar que otro elemento que limitó el incremento de las exportaciones en
el último semestre fue la entrada en vigencia de la ley contra el bioterrorismo.
Eso implicó que los exportadores se vieran sometidos a trámites engorrosos para
enviar sus mercancías a EEUU, así como también a sanciones en caso de incumplir
los requisitos de calidad e inocuidad exigidos por la Oficina Federal de Drogas
y Alimentos de ese país (FDA, por sus siglas en inglés). Esta ley estancó el
crecimiento de las exportaciones de productos perecederos hacia EEUU. A esto
debe sumarse la poca preparación de muchas empresas, sobre todo, las pequeñas y
medianas (PYMES) para asumir, en todas sus implicaciones, las nuevas reglas de
juego en materia de comercio exterior. Por otro lado, en materia de Inversión
Extrajera Directa (IED), se ha experimentado un incremento del 5.32%, comparando
cifras del 2003 y 2004. Para 2004, según el BCR, la IED alcanzó los 2,763.50
millones de dólares, mientras que un año antes fue de 2,616.50 millones. Este
aumento se considera poco significativo para mejorar la inversión en el país.
Asimismo, no se puede obviar la influencia de la economía china. El país
asiático ha abarrotado el mercado internacional con sus productos baratos. Con
su entrada a la OMC, parece ser que las inversiones extranjeras en el país —y en
todo lo que se refiere a Latinoamérica— decaerán. En este año, la firma
calificadora de riesgos Fitch Rating situó a El Salvador, con respecto a la IED,
como un país poco apto para la inversión extranjera. Esta valoración explica la
decadencia de la inversión extranjera al comparar la valoración estable que se
le otorgó al país a finales del 2003. A la par de ello, las Reservas
Internacionales Netas (RIN), sufrieron un decremento de 8.13% con respecto a
2003. Dicha disminución se debe en gran parte al decremento de 33 millones de
dólares en las monedas y billetes en circulación y a la baja de los depósitos en
el exterior, que fueron para este año de 161 millones de dólares.
En lo que respecta a la balanza de pagos, el saldo de la cuenta de capital a
septiembre 2004, según cifras proyectadas por el BCR, fue de 87.4 millones de
dólares. La cuenta de capital y financiera fue de 276.7 millones de dólares, y
el saldo de la balanza global se estimó en un déficit de 54.3 millones de
dólares. La comparación de dichos datos con los años anteriores, muestran
paulatinamente el aumento de dicho déficit. Por su parte, el saldo bruto de la
deuda externa para el mes de septiembre fue de 8,773.90 millones de dólares. El
gobierno ha tratado de desviar la deuda del corto al largo plazo para poder
responder a las necesidades inmediatas de la población. Por último, y en cuanto
a las remesas familiares, se reconoce que, en los últimos años, éstas se han ido
convirtiendo en un pilar para la economía salvadoreña. Para el año 2004, se pudo
observar que el incremento fue de 8.52%, con respecto al 2003.
Sector público
En materia fiscal, los datos del BCR para el mes de noviembre mostraron un
decremento en los ingresos corrientes del sector público no financiero (SPNF),
los cuales fueron de 2,170 millones de dólares. En 2003, llegaron a los 2,366
millones de dólares. Del total de ingresos corrientes para el año 2004, el
77.56% corresponde a ingresos tributarios; el 11.61%, a contribuciones a la
seguridad social; el 6.59%, a ingresos no tributarios y el 4.19% al superávit de
operación. Es importante mencionar que, entre los meses de agosto y noviembre,
no se registraron ingresos de capital para el SPNF. Finalmente, las donaciones
fueron de 42 millones de dólares para este mismo periodo.
Por otro lado, si se revisa la estructura de los ingresos tributarios del
gobierno central, basándose en datos preliminares del BCR para el año 2004, se
observa que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) representa el 57.41% del total
de ingresos tributarios, a diferencia del impuesto sobre la renta, que solamente
ocupa el 22.22%. Dicha situación refuerza el argumento según el cual la
recaudación fiscal es sumamente regresiva, ya que los consumidores finales, es
decir, aquellas personas con menores ingresos, son los mayores contribuyentes,
mientras que las empresas apenas aportan un poco más de la segunda parte
recaudada por los trabajadores. Al comparar datos del año anterior y el 2004, se
observa que el comportamiento de las cuentas que forman parte de los ingresos
tributarios es parecido en ambos años, salvo una mínima variación.
Con respecto a los gastos corrientes del SPNF, en 2004 ascendieron a 1,937
millones de dólares, siendo los gastos en consumo los de mayor importancia
(75.32%), seguidos por el pago de intereses (15.75%) y las transferencias
corrientes (8.98%). Los gastos de capital fueron de 323 millones de dólares, de
los cuales 290 millones fueron destinados a la inversión bruta y 33 millones a
la transferencia de capital, mientras que la cuenta de concesión neta de
préstamos refleja una cantidad nula. Para el mes de noviembre, el ahorro
corriente del SPNF fue de 233 millones de dólares y el déficit global (incluyendo
donaciones), de $48 millones de dólares.
En lo que se refiere a la deuda externa, entre 2003 y 2004, se sobrepasaron los
límites permitidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La deuda externa
asciende actualmente a los 5 mil 992 millones de dólares, es decir, el 38.1% del
PIB, cifra que se incrementó en 1.1 puntos porcentuales, al compararla con la
deuda del año 2003. El problema radica en que el aumento constante de la deuda
es inversamente proporcional a la inversión privada. En este sentido, la
estabilidad en la calificación de riesgo, según Fitch Ratings, se ha perdido. La
ausencia de inversión refleja claramente que cualquier cambio que se haga en
materia de política fiscal afectará el entorno económico, con lo cual los
impactos externos se volverán más peligrosos. La mala calificación de riesgo se
encuentra aunada al pésimo manejo de las finanzas públicas del país.
Para poder subsanar este problema, en el segundo semestre de este año, se puso
en marcha una nueva reforma fiscal, pues la política fiscal en una economía
dolarizada se convierte en la única esperanza de reacción ante los impactos
externos. Esta reforma fiscal plantea no el aumento de los impuestos (IVA e
impuesto sobre la renta), sino combatir la evasión de ambos. Según las
proyecciones de algunas entidades económicas, al implementar esta reforma, la
deuda del SPNF disminuiría del 40% al 36% al finalizar el gobierno del
presidente Saca.
Sectores monetario y financiero
Desde 2001, la política monetaria quedó anulada a través de la Ley de
Integración Monetaria. A finales de 2004, según el BCR, los colones en
circulación representaron el 3.1% del total del circulante y 0.5% del total de
M3, que está constituido por dinero y cuasidinero. A pesar de tener una economía
dolarizada, el país presentó un alza considerable de precios. Dicho incremento
ha marcado pautas interesantes en el comportamiento del sector real, pero
también en algunos indicadores monetarios y financieros.
En líneas generales, durante 2004, las tasas de interés activas y pasivas
presentaron una tendencia a la baja. Para noviembre, la tasa de interés promedio
para los préstamos cuyo plazo era inferior o igual a un año, era de 5.96%. Esto
era alrededor de un uno por ciento abajo de la tasa de interés para enero del
mismo año (6.8%). En los préstamos mayores a un año plazo, la tasa promedio fue
de 7.65%. Es decir, un 0.37% más baja que la presentada en enero de 2004
(8.02%). Las tasas de interés pasivas presentaron una situación similar, pero no
se dieron decrementos tan pronunciados. En noviembre, las tasas promedio para
depósitos a 180 días plazo se ubicaron en 3.26%, cayendo en 0.11% con respecto a
la tasa de interés de enero del mismo año. Para depósitos a un año sucedió lo
contrario. La tasa de interés aumentó en 0.19% de enero (3.62%) a noviembre
(3.81%).
Los depósitos de 30 hasta 180 días plazo sufrieron una reducción en los tipos de
interés. Sin embargo, para los depósitos a un año plazo sucedió lo contrario. En
el primer caso, hay que hacer notar que, cuando la tasa interés nominal pasiva
decrece y la inflación aumenta, se presentan tasas de interés reales negativas.
Es decir que no resulta rentable para los agentes económicos mantener dinero en
el banco. Esto explica, en cierta medida, la reducción de dólares que
permanecían en el sistema bancario en calidad de depósitos a plazo.
La cantidad de M3 (dinero y cuasidinero) medida en dólares aumentó en apenas
0.7%. El medio circulante aumentó de 1,068 a 1,145 millones de dólares. Para que
dicho incremento se llevara a cabo jugó un papel fundamental el crecimiento en
alrededor de 7.6% de los depósitos a la vista. El cuasidinero presentó una
reducción próxima a los 70 millones de dólares. Tal reducción se debió a la
caída en los depósitos de ahorro en 34.1 millones (-1.7%) y también la reducción
de los depósitos a plazo en 39.4 millones (-1.3%). En el mes de noviembre, el
flujo del crédito y la inversión del sector privado reportaba un incremento de
apenas 272.3 millones de dólares. Los préstamos crecieron en 5% y las
inversiones en valores cayeron en 7%. Finalmente, para noviembre de 2004, el BCR
presentaba en sus cuentas 1,694.2 millones de dólares en calidad de activos
externos netos.
El año también estuvo marcado por la pauta de las grandes concentraciones de
capital. Entre las más importantes se encuentran la adquisición por parte del
Banco Agrícola y Banco Salvadoreño de la Administradora de Fondos para Pensiones
(AFP) Crecer. Es decir, que la administración del fondo de pensiones ya no
corresponderá al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, sino a capital nacional.
También otro hecho relevante fue la compra, a finales de año, del Banco de
Comercio por parte del Scotiabank. En términos generales, se puede decir que la
dinámica en el mercado financiero no se ha mostrado alentadora. Si bien las
fusiones de capital tienden a generar expectativas de crecimiento, éstas no se
han concretado hasta ahora.
Perspectivas
Para 2005 se pretende que el PIB logre una tasa de crecimiento de 2.0%. Además,
se prevé que con la entrada de China a la OMC, la competencia en la industria
textil se incremente considerablemente. De hecho, durante 2004 se dio un
decremento en las exportaciones de sector maquila debido a que ya se hacía
sentir la fuerte presencia del país asiático a escala mundial en el campo textil.
Por ello, según la CEPAL, se espera que en 2005 se pierdan miles de plazas
cuando el gigante asiático entre con todas las garantías de la OMC a dicho
mercado. Además de lo anterior, y como lo han expresado varios representantes de
la banca nacional, es probable un incremento de los tipos de interés, por lo que
las condiciones de los préstamos se volverían más estrictas. Esto resultaría
contraproducente, pues si durante el año que recién finaliza se dio un leve
incremento en el crédito a pesar de la baja en los tipos de interés, ¿qué se
puede esperar a partir del próximo año?
En lo concerniente a los niveles de inflación, se espera que los mismos bajen,
dada la estabilización de los precios del petróleo en el mercado internacional.
Con ello disminuiría la espiral inflacionaria que se presentó en 2004. En el
sector externo se espera un repunte de las exportaciones tradicionales, debido a
un posible incremento en los precios del café. Para algunos expertos, EEUU y los
tradicionales importadores europeos de café podrían incrementar su demanda,
debido a que algunas de las regiones afectadas por la catástrofe natural
acaecida en Indonesia y África serán incapaces de producir café para el mercado
internacional. Esto significa que la demanda mundial deberá ser satisfecha en su
mayoría mediante la producción de los países latinoamericanos y del norte
asiático.
Lo “social”, durante 2004, pasó de ser parte casi exclusiva de la jerga de la
izquierda política y de la sociedad civil a ser una apuesta de la derecha
representada en ARENA, partido que vio crecer su hegemonía en la vida nacional
luego de ganar un cuarto periodo consecutivo al frente de la primera
magistratura del país. Elías Antonio Saca, el cuarto presidente arenero, ha
pretendido dar un giro que lo distancie de su antecesor, Francisco Flores, de
quien la población resintió, precisamente, el excesivo énfasis en lo comercial,
en detrimento de lo social.
A inicios del año, se apuntaba desde este semanario: “el año que comienza estará
inexorablemente marcado por los comicios del 21 de marzo y los cabildeos
gubernamentales en miras de la ratificación del CAFTA”. En efecto, ha sido el
proceso electoral que llevó a Saca al poder y los cabildeos y posterior
ratificación del TLC con Estados Unidos los asuntos más trascendentales
ocurridos en el año. Lo político y lo comercial han primado en el interés
general. Pero, ¿qué lugar ha ocupado lo social en esta coyuntura electoral y
poselectoral? ¿qué ha caracterizado a la sociedad salvadoreña en su conjunto
durante 2004? A continuación se tratará de ofrecer una respuesta a estas
interrogantes.
Lo social en la encrucijada
Ante todo, hay que distinguir “lo social” de “la sociedad”. Lo social es parte
de ésta, como lo es lo económico, lo político o lo cultural. En El Salvador, lo
social se ha entendido como la actividad del Estado orientada a satisfacer las
necesidades más elementales de los ciudadanos, tales como la educación, la salud,
los servicios básicos, la vivienda, la seguridad y el empleo. En este sentido,
linda con lo económico y lo político, aunque se diferencia de ellos. No obstante,
tradicionalmente lo social ha sido subordinado a lo económico y a lo político, a
tal punto que no hay verdaderamente una política social coherente y sistemática
en El Salvador, lo cual se explica, en parte, por el carácter incipiente de su
desarrollo democrático.
De manera paulatina, la idea se ha hecho común, al menos desde la firma de los
Acuerdos de Paz, pero en realidad no se ha ejecutado política social alguna,
pese a las urgentes necesidades de la población. Un somero balance de los años
que nos separan desde que se ensayara el ajuste estructural no permite
identificar claramente la consolidación de una verdadera política social. A lo
sumo se han realizado importantes avances en materia social, pero sin la
suficiente contundencia como para zanjar los preocupantes déficits en educación,
salud e infraestructura, por mencionar los más urgentes.
En ese sentido, suena vacío —o al menos impropio— el discurso que utilizó el ex
presidente Francisco Flores, quien sostuvo que durante su gestión se construyó
la más grande obra social en la historia del país. Pues bien, sin dejar de
reconocer los avances realizados durante su gestión, éstos resultan
insuficientes cuando se contrastan con las necesidades aún mayores de los
salvadoreños. Así las cosas, más que una política social coherente, los
sucesivos gobiernos de ARENA han realizado esfuerzos aislados que resultan ser
mero complemente del desarrollo comercial, que ha sido la prioridad. De ahí que
El Salvador destaque en las libertades económicas y comerciales, pero presente
serios déficits educativos, de salud, vivienda, seguridad e infraestructura.
Previo a los comicios del 21 de marzo, el Banco Mundial hizo algunas
recomendaciones para el gobierno que se instalaría a partir de junio. Con
respecto a las inversiones, el organismo sugería el mejoramiento de la capacidad
institucional y legal que favoreciera un clima propicio para los inversionistas.
Concretamente, el Banco Mundial propuso, entre otras medidas, fortalecer la
capacidad institucional de la Superintendencia de Electricidad y
Telecomunicaciones y despachar leyes complementarias, especialmente en el sector
energético y vial; y avanzar en la reforma del sector justicia, “para reducir la
corrupción e incrementar la efectividad, particularmente respecto de la
represión del crimen organizado y el delito callejero”.
En lo que se refiere al desarrollo comercial, la institución recomendó realizar
acciones complementarias al Tratado de Libre Comercio que el gobierno negoció
con los Estados Unidos para que se obtuvieran —decía el banco— los beneficios
potenciales del mismo. Para la institución financiera internacional, la política
social es complementaria a la política económica, pero con un claro énfasis en
la segunda. Son complementarios, por ejemplo, la atención al sector educativo —ampliando
la cobertura y mejorando la calidad de ese servicio—; además de la mejora de los
índices de desarrollo institucional y de gobernabilidad —prestando atención en
el efectivo cumplimiento de la ley, la seguridad pública y el combate a la
corrupción y de la violencia—. Lo anterior deberá sumarse al esfuerzo por
mejorar la infraestructura del país, especialmente la red vial y portuaria, con
énfasis territorial.
El hecho de que las recomendaciones de la entidad internacional ya las hallan
dicho instituciones y profesionales salvadoreños sin que fueran tomados en
cuenta habla de la escasa cultura del diálogo imperante en El Salvador. Y es que,
pese a que Saca ha utilizado profusamente la palabra “consenso” en sus discursos,
aún perduran prácticas, entre la clase política salvadoreña, que postergan el
desarrollo de la cultura democrática.
Cumplidos los cien primeros días de la gestión de Saca, gozó de mayor aceptación
la tesis de que sin una reforma tributaria el anunciado plan social del gobierno
salvadoreño difícilmente llegaría a concretizarse. Se vio a los funcionarios más
cercanos del presidente gestionando ante sectores nacionales claves el apoyo
político y económico para sortear el primer obstáculo en la encrucijada: la
reforma fiscal. Por lo menos el secretario técnico de la presidencia, Eduardo
Zablah, aceptó esa primera dificultad: “será difícil el acuerdo fiscal”, dijo a
dos periodistas de La Prensa Gráfica que lo entrevistaron a principios de
septiembre. Sobre lo segundo, el plan social, hay que insistir en que las
promesas rebasan con creces lo que se ha hecho hasta el momento. Pero ello no
detuvo el desmedido optimismo gubernamental.
A penas concluido el obligado ejercicio de evaluación del primer trimestre de
gobierno, Elías Antonio Saca volvió a insistir con sobrado optimismo en la
reforma social. Esta vez lo hizo en ocasión de su primera intervención como jefe
de Estado en la sede de las Naciones Unidas. Habló de reducir los niveles de
pobreza: “estamos trabajando en un plan social orientado a reducir la pobreza
extrema en el próximo quinquenio”; anunció parte de su nuevo plan fiscal:
“estamos empeñados en realizar una reforma fiscal que aumente la recaudación y
disminuya la evasión fiscal”; seguidamente, siempre en materia fiscal, dijo que
aumentaría “el impuesto especial al tabaco, alcohol, armas y municiones, con el
fin de propiciar un Fondo Especial para la Salud (FOSALUD) con el cual
ampliaremos la asistencia sanitaria en las zonas rurales de mi país, combatiendo
fuertemente el contrabando de estos productos”.
El mandatario también dio una idea del lugar que ocuparía el tema educativo
durante su gestión: “uno de los mejores mecanismos para aumentar nuestras
posibilidades de desarrollo, es la inversión en la educación. Conscientes de
ello, hemos lanzado el ‘Plan Nacional de Educación 2021’, el cual busca renovar
la visión a futuro de la educación, por medio de compromisos programáticos de
corto, mediano y largo alcance”. Finalmente, Saca se comprometió a “buscar vías
alternas y compromisos renovados, conducentes a hacer más efectiva la lucha
contra la pobreza”.
En fin, el presidente salvadoreño volvió sobre su plan social, pero esta vez su
compromiso quedó fijado ante los gobernantes del mundo reunidos en la ONU. Habló
de la reducción de la pobreza, de la salud, de la educación y de la seguridad
ciudadana, es decir, las mayores preocupaciones de los salvadoreños y de los que,
preocupados por el hambre que padecen miles de seres humanos en el mundo,
hicieron la convocatoria a las Naciones Unidas; pero nuevamente dijo poco sobre
acuerdos concretos alcanzados en su país. La sencilla razón es que el año cierra
con pocos acuerdos alcanzados. Aún así, Saca encontró un mayoritario respaldo de
la población frente a un desprestigiado y desgastado FMLN.
El nuevo nudo que mantiene en situación de impasse a los políticos es la
aprobación del Presupuesto General de la Nación del 2005, herramienta ineludible
para financiar la política social. A finales de septiembre, el matutino El Mundo
revelaba que el presupuesto del próximo año tendrá un incremento de $42 millones
en concepto de gasto social, sobre todo en Salud y Educación, llegando a casi
los $3 mil millones en su totalidad. De acuerdo a las fuentes oficiales citadas
por ese diario, el presupuesto no incluye supresión de plazas ni recorte a
ninguna de las carteras de Estado, rompiendo la constante de las últimas
ediciones del plan general de gastos estatales. En la misma nota periodística,
la fuente citada añade que “el plan social de Saca se financiará en gran medida
con la emisión de deuda vía bonos, cuyo monto será de 539 millones de dólares
para 2005, 253 millones más que los colocados este año”. Pero, como se sabe, el
FMLN se niega a aprobar el financiamiento por la vía de emisión de bonos, debido
a que se incrementa la deuda del país que ya sobrepasa el 40% del PIB nacional.
Un año marcadamente electoral
Sin lugar a dudas, las elecciones presidenciales de marzo marcaron la agenda
nacional durante el año que cierra. La campaña proselitista previa al evento,
como en años anteriores, habló de la pobre cultura de los salvadoreños. Los
conatos de violencia protagonizados por activistas y simpatizantes de los dos
partidos políticos mayoritarios pusieron la nota reprochable de la campaña, que
desde noviembre de 2003 mantuvo en contienda por la presidencia y
vicepresidencia de la República a cuatro fuerzas políticas. En la mayoría de los
casos, ninguno de los institutos políticos se responsabilizó de las acciones
delictivas cometidas por sus simpatizantes. Por el contrario, culparon al
adversario, mientras el Tribunal Supremo Electoral, la Policía Nacional Civil y
las mismas cúpulas partidarias poco contribuyeron a que la campaña se
desarrollara con normalidad.
Días previos a los comicios, el país asistió a la etapa más virulenta de la
campaña. Los discursos subieron de tono, las brochas y panfletos dieron paso a
las piedras e insultos; campos pagados denigrantes pulularon por los medios
escritos, radiales y televisivos; y las amenazas de huelga por parte de
sindicalistas del Seguro Social y médicos volvieron más tenso el ambiente
electoral. Quienes menos contribuyeron a controlar el caldeado escenario fueron
los mismos candidatos y las autoridades electorales: los primeros, por la guerra
verbal que sostuvieron y, los segundos, por su apatía ante los hechos de
violencia.
La violencia protagonizada por activistas de los partidos políticos en contienda
encontraron un poderoso acicate en los discursos pronunciados por los candidatos
presidenciales y en los campos pagados que a diario aparecieron en los espacios
escritos, radiales y televisivos. Uno de los más virulentos manipulaba las
declaraciones del candidato del FMLN, Schafik Handal, quien en el pasado
reconoció la autoría del FMLN armado en algunos secuestros. Sacadas de contexto,
las palabras del líder efemelenista fueron utilizadas para desprestigiar, a
todas luces, al partido que le postulaba a la presidencia. Esa y otras imágenes
fueron hábilmente emparentadas con el discurso anticomunista del candidato
oficial y de los principales jerarcas areneros.
De las provocaciones verbales a las agresiones físicas no hubo más que un paso.
Según datos de la prensa escrita, los activistas de ambos partidos se agredieron
en similar cuantía, pese a que los medios privilegiaron en sus agendas las
denuncias provenientes de la dirección de campaña arenera. La cantidad de
lesionados y detenidos de ambos bandos —según datos tomados a partir de notas de
La Prensa Gráfica— fue también similar.
Luego del triunfo de Saca en los comicios, cualquier salvadoreño común habría
esperado una tregua entre las fuerzas políticas, pero eso no sucedió. ARENA,
ahora envalentonada por la victoria de su candidato, prosiguió con una campaña
permanente que anunciaba los éxitos de sus sucesivos gobiernos. Los constantes
llamados al diálogo y las menciones a “lo social” por parte del candidato electo
tendieron a menguar la figura de Francisco Flores, todavía presidente de la
República.
Una vez sentado Saca en el poder, la campaña se fortaleció y las estructuras
areneras se movilizaron de cara a las elecciones legislativas y municipales de
2006. Mientras tanto, el FMLN, herido por los resultados electorales y por un
nuevo capítulo de divisionismo interno, hacía poco por parecer una oposición
capaz de desplazar a ARENA del Ejecutivo.
Las municipalidades durante 2004
El primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, los 262 concejos municipales
del país cumplieron un primer año al frente de sus comunas. Ya que el año fue
marcadamente electoral es posible sostener que la actividad municipal
desarrollada a lo largo de esos doce meses estuvo condicionada por el desenlace
de la campaña que llevó a que los salvadoreños eligieran al presidente y
vicepresidente. Ya iniciado el mandato de Saca, las municipalidades únicamente
llamaron la atención de la prensa cuando sus autoridades se enfrentaron a los
verdaderos dueños del municipio: los vendedores informales.
El aniversario se dio en un momento en que las alcaldías, principalmente las
gobernadas por la oposición política, aún permanecían en pugna con el Ejecutivo,
debido a la negativa de éste en elevar la transferencia del 6% del presupuesto
general del Estado al FODES. Meses después, Saca accedió a elevarlo hasta el 7%,
aunque las comunas demandaban más.
A mitad del año, uno de los matutinos nacionales se dio a la tarea de publicar
los resultados de encuestas de opinión que evaluaban la labor desempeñada por
los principales concejos del Área Metropolitana. En términos generales, la
población aprobaba las gestiones de sus alcaldes, destacando las de Antiguo
Cuscatlán (gobernada por ARENA) y Santa Tecla (administrada por el FMLN). La
evaluación se dio en momentos en que el concejo municipal de San Salvador
anunciaba la disposición de elevar el cobro de las tasas municipales y crear dos
nuevas, a fin de mejorar las finanzas de la comuna, hasta entonces desmejoradas.
La medida generó reacciones en algunos sectores nacionales, sobre todo en la
empresa privada y funcionarios de ARENA, que acusaron la poca transparencia de
la comuna al no consultar con la ciudadanía la aplicación de los nuevos costos.
De la administración de Carlos Rivas Zamora destacó, en primer lugar, su pobre
política de comunicación, a diferencia de su Héctor Silva, su predecesor, quien
utilizó con mayor eficiencia los medios informativos. Cabe mencionar que,
durante el último semestre del año, Rivas Zamora sí apareció con mayor
insistencia en los medios. Salvo algunas conquistas, como la reedificación del
mercado central, incendiado en 1998, y la remodelación del parque Cuscatlán, la
comuna parece tener más desafíos que logros concretos. En la agenda queda
pendiente, por ejemplo, el reordenamiento del centro histórico, la construcción
de los edificios multifunción y la recuperación de las áreas críticas —las
llamadas comunidades marginales, prioridades asumidas por el mismo Rivas Zamora
en la campaña que le llevó a tomar posesión de la vara edilicia.
A mediados de septiembre, un matutino publicaba una entrevista realizada al
alcalde capitalino, quien aceptaba que los comerciantes organizados le habían
ganado la batalla en su plan de reordenamiento del Centro Histórico de la
ciudad: “los vendedores se sienten envalentonados porque varias instituciones
han dicho que la alcaldía se equivocó con el reordenamiento”, dijo el edil. El
alcalde se refería a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
que amparó la acción de los comerciantes y desvirtuó el proceder del Cuerpo de
Agentes Metropolitanos y a la misma alcaldía. Al respecto, la confrontación
pública entre las autoridades de la alcaldía capitalina y de la procuraduría
llegaron hasta el final de año.
La entrevista citada fue realizada luego que el Concejo Municipal capitalino
delegara a la Policía Nacional Civil, vía ordenanza, las tareas de desalojos de
ventas ilegales apostadas en calles y avenidas recuperadas por la municipalidad,
fenómeno que se agudizó con las fiestas de fin de año. Rivas Zamora declaró que
la Alcaldía de San Salvador era incapaz de realizar esas tareas. Como respuesta,
el viceministro de Gobernación, Rodrigo Ávila, se mostraba en desacuerdo con la
medida municipal y aseguró que la PNC no obedecería órdenes de la comuna
capitalina. Nuevamente, hubo un enfrentamiento entre los intereses de ambas
estructuras estatales.
A finales del 2004 queda clara la necesidad de fortalecer institucionalmente a
las municipalidades, a la misma Policía y a instancias como la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos. Pero dicho fortalecimiento será en vano si
no hay un cambio de actitud entre la clase política nacional, a fin de que se
anteponga el bienestar ciudadano a los intereses partidarios.
En resumidas cuentas, los hechos de violencia que lideraron los vendedores y un
grupo de sindicalistas municipales dicen mucho de unas municipalidades incapaces
de controlar ese tipo de situaciones, de un cuerpo policial plegado a los
intereses partidarios de ARENA y de unos comerciantes y sindicalistas que sacan
provecho de las carencias institucionales para imponer su criterio.
El resto de municipalidades del Área Metropolitana ha sorteado similares
limitaciones, siendo financieras las de mayor peso. A medida que el examen se
extiende a las comunas del interior del país el escenario se torna más difícil,
con la excepciones de los grandes centros urbanos como Santa Ana o San Miguel.
Uno de los problemas más graves de las municipalidades pequeñas ha sido siempre
su debilidad institucional y financiera, argumento que arguye el Ejecutivo para
negarles un incremento presupuestario por la vía del FODES. Lo cierto es que esa
debilidad financiera se ha traducido, en la práctica, en una atención más
deficiente a las principales necesidades de los pobladores que gobiernan.
El problema del tratamiento de desechos sólidos también sorteó dificultades
durante el año. En este punto, el tema de los rellenos sanitarios ha aparecido
sumamente politizado. El más viable proyecto de procesamiento de los desechos
sólidos conocido en El Salvador fue duramente criticado por el partido oficial y
por las grandes empresas de comunicación que le secundaron. Bastó leer
habitualmente en los editoriales de El Diario de Hoy para ilustrar los embates
que sufrió el proyecto que las alcaldías administradas por el FMLN en San
Salvador cerraron con una empresa canadiense para dar vida a MIDES.
De lo que no cabe duda es que en torno del municipalismo hay temas todavía
pendientes que debieran ser retomados en el marco del gobierno de Elías Antonio
Saca. Debido al peso del Ejecutivo en cuestiones del más alto interés nacional,
es a él al que hay que endosarle la mayor responsabilidad. La propuesta del
incremento de la partida presupuestaria a las municipalidades tendrá que ser
revisada, al mismo tiempo que deberá trabajarse en la mejora de la capacidad
institucional de las comunas. El tema de la descentralización también deberá
sacudirse la politización que ha padecido en la pasada campaña electoral, lo
cual supone un cambio de actitud en la clase política nacional. Lo mismo puede
decirse de los programas de desarrollo con énfasis territorial, sobre todo en
las zonas del país tradicionalmente excluidas.
Y es que el énfasis en estas zonas es prioritario. En medio de un sistema
político-económico construido para privilegiar a los grupos hegemónicos se
vuelve casi imposible atender las demandas de la población menos privilegiada
del país. La actividad de las municipalidades, más allá de las atribuciones
administrativas, pasa por velar por el bienestar y tranquilidad de los
ciudadanos que gobierna. Pero sus esfuerzos, por válidos que sean, no tendrán
mayor impacto en las condiciones de la vida de la gente si no se vinculan con la
actividad de todo el Estado, coordinando los esfuerzos del gobierno central. Acá
nuevamente radica el problema: la desvinculación de los esfuerzos por parte de
las estructuras estatales debido a cuestiones de índole partidista.
Violencia y homicidios, ¿cuestión sólo de maras?
Los sucesivos gobiernos de ARENA y todas las dependencias estatales bajo su
control han pretendido hacer creer a la población que la gran mayoría de actos
delincuenciales, robos, homicidios y violaciones son atribuibles a las maras.
Las estadísticas de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional
Civil —no siempre coincidentes— tienden hacia esa apreciación. De ahí el énfasis
en las tristemente célebres leyes antimaras, que durante buena parte del año
tuvieron vigencia en el país.
A mediados del mes de mayo, los defensores de la Ley Antimaras creyeron —o, lo
que es peor, pretendieron hacer creer— que las Naciones Unidas había acreditado
su artilugio jurídico. La afirmación del matutino El Diario de Hoy, según la
cual una comisión de expertos de la ONU había “avalado” la ley antipandillas que
se aplicaba en el país desde 2003, resultó ser falsa. Según el rotativo, ante la
exposición de los enviados salvadoreños la comisión internacional de notables
enmudeció y únicamente hizo algunas recomendaciones al gobierno: privilegiar la
aplicación de la Ley del Menor Infractor, aprobar pronto el Código de la Niñez y
contribuir a la búsqueda de por lo menos 500 niños desaparecidos durante el
conflicto armado. La certificación de la normativa antipandillas la daban por
descontada.
Pero una semana después, el 25 de mayo, La Prensa Gráfica anotaba que el Comité
de los Derechos del Niño, dependencia de la ONU encargada de ventilar los
informes de los Estados parte de la Convención, reconoció la
inconstitucionalidad de la normativa, al tiempo que “espera que el gobierno
salvadoreño suspenda la aplicación de la normativa antipandilas”. Enseguida se
recoge parte del informe elaborado por el jurista argentino Norberto Liwsky,
miembro de ese Comité: “para nosotros esa ley resulta contradictoria y ajena a
la letra y a los principios de la convención. No es compatible con ella y se lo
hemos dicho al gobierno cuando hemos debatido el tema, sabiendo además que la
propia Corte Suprema de ese país la estimó anticonstitucional”. La nota
periodística reactivaba no sólo la vieja pugna comercial entre los dos matutinos
de mayor circulación en el país, sino las dudas acerca del apego constitucional
y la legitimidad de una normativa que ni siquiera es aplicada por los jueces,
conocedores directos de las causas de los jóvenes pandilleros capturados por la
policía.
La rendición de cuentas ante la ONU por parte del gobierno salvadoreño no
hubiera despertado tantas expectativas de no ser por el ambiente de tensión
generado por la aplicación de la Ley Antimaras a menores de edad. Además —razonaron
los defensores de esa normativa—, un aval internacional a la mano dura
gubernamental en momentos de transición al nuevo gobierno resulta imprescindible.
Ni siquiera las reformas a la ley antipandillas —en donde se suprimiría la
encarcelación a menores de 18 años— han hecho bajar de tono las críticas de los
detractores de una normativa que ha mostrado su ineficacia. La misma nota de
prensa señalada arriba reconoce que sólo el 5 por ciento de los más de 6 mil
adolescentes —pandilleros o no— capturados en el marco de la aplicación de la
normativa, fueron procesados judicialmente. La celebración ante el supuesto aval,
pues, no dejó de ser parcial.
Por fortuna, los expertos de la ONU no sólo tuvieron acceso al informe
gubernamental, pues organizaciones de la sociedad civil que trabajan en
programas a favor de la niñez tienen la facultad de entregar a la comisión sus
informes independientes, que complementen o ponen en cuestión, según sea el caso,
la versión gubernamental. Una de esas organizaciones fue precisamente Pro-Búsqueda;
de ahí que los expertos recomendaran al Estado salvadoreño investigar los casos
de unos 500 niños extraviados durante la guerra.
Además, debe ponerse en cuestión el profesionalismo de un medio de prensa que,
sin mayor ojo crítico, tergiversa los hechos y muestra ante la nación una
noticia que no corresponde con lo que verdaderamente ocurrió en Ginebra. Ante
todo, dicho medio se ha aprovechado de la escasa información disponible para el
salvadoreño de a pie. Habría que dedicarle valiosas horas a la tarea de recabar
la información más confiable posible. Aún así, ésta es escasa.
El irresponsable manejo de la Ley Antimaras por parte del Ejecutivo es sólo uno
de los motivos que dan carácter de urgencia a la necesidad del diálogo en El
Salvador. La “super mano dura”, por más que encuentre respaldo en una cultura
popular autoritaria, no es la solución integral al problema de la violencia
social —ese fenómeno del cual las pandillas es sólo una arista—. La continuación
del plan de Francisco Flores por parte de Antonio Saca no sólo habla de su corta
visión al respecto, sino que da un signo inequívoco de que el diálogo es una
quimera, al menos en este punto.
La súpermano dura ha fracasado en detener el repunte de homicidios que ocurren
en el país. Ni siquiera las mismas autoridades se ponen de acuerdo en la cifra
de los mismos: la Policía dice siete diarios y la Fiscalía dice diez. Como
quiera que sea, lo cierto es que la cifra de asesinatos en El Salvador sigue en
aumento, ante la incapacidad de las autoridades.
Desafíos
El año 2004 termina con un cierto sinsabor. Por un lado, se ha acabado la estela
de optimismo respecto de los prometidos resultados de las mesas de
gobernabilidad instaladas a iniciativa del gobierno. El FMLN se retiró de ellas
ante los modestos frutos y ante el exclusivo provecho publicitario que el
Ejecutivo sacaba de ellas. La enseñanza al respecto es clara: en las actuales
condiciones, el diálogo nacional es tan difícil de realizar como urgente.
Por otro lado, la muy publicitada vuelta a lo social no es tan automática como
parecía. Requiere —además de voluntad, diálogo y entendimiento— de unos recursos
financieros que el Estado no tiene y que se ve difícil obtenga en el corto plazo
según las proyecciones económicas. A lo sumo, la economía nacional tendrá un
comportamiento similar al de este año en el 2005, pese al optimismo
gubernamental.
Así las cosas, el año que viene pinta con un inicio no muy distinto a las
condiciones que deja el 2004: escasos niveles de entendimiento político,
condiciones económicas no muy favorables, demandas ciudadanas urgentes y poca
voluntad política para cambiar las cosas tal y como están.
Balance regional
En las líneas que siguen, se revisarán algunos de los hechos más importantes transcurridos en 2004 en Centroamérica. Se trató de un año en el que se destaparon escándalos máximos de corrupción y en el que, por diversas razones, se evidenció la precariedad de las relaciones entre los países del Istmo. Además, pudo apreciarse cómo las élites políticas de algunos países fueron capaces de violentar el estado de derecho mediante la celebración de pactos para mantener sus privilegios.
2004 fue un año que trajo cambios políticos en Guatemala y Panamá, quizás más
pronunciados en este último país. En el primero de ellos, la derecha mantuvo el
poder. El matiz importante es que, aunque el partido entrante y el saliente son
de derecha, se puso fin al predominio del Frente Republicano Guatemalteco (FRG),
afín a los militares —cuya figura más notoria es el ex presidente Efraín Ríos
Montt, militar golpista y señalado por su participación en notorias violaciones
a los derechos humanos durante su gobierno—. En Panamá, lo notorio fue el
ascenso de un candidato de centroizquierda, Martín Torrijos, vástago del general
Omar Torrijos, artífice este último de la devolución de la zona del canal a la
soberanía panameña. El común denominador de ambos casos es que la victoria de la
oposición se alimentó de la necesidad de combatir la corrupción de sus
predecesores.
Una característica notoria de 2004 fue la continuidad del tipo de relaciones de
los gobiernos del Istmo con EEUU. Algunos más que otros, optaron por un respaldo
acrítico a las decisiones emanadas de Washington, lo que se vio expresado en el
envío de militares a Irak.
Avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción
La primera medida del recién electo presidente guatemalteco Óscar Berger fue
buscar el enjuiciamiento del mandatario saliente Alfonso Portillo, acusado de
actos de corrupción durante su gobierno. Berger, que se estrenó en el cargo a
principio de año, también nombró a la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú,
embajadora de buena voluntad de los Acuerdos de Paz, como una señal de su
compromiso en la lucha contra la impunidad.
Portillo estuvo ausente en la ceremonia de traspaso de mando presidencial, con
todo y que aún no se le había girado una acusación formal por parte de la
autoridades judiciales guatemaltecas —pero sí de las estadounidenses: un gran
jurado instalado en la ciudad de Miami comenzó a investigarlo por su presunta
participación en lavado de dinero—. La señal de alarma la vio cuando Berger
prometió que al instalarse en la presidencia investigaría los casos de
corrupción estatal. Ni lento ni perezoso, Portillo prefirió escapar hacia
México.
Es fácil entender por qué el entonces mandatario saliente huyó hacia el país
azteca. Usualmente, el “dorado exilio” de todo ex gobernante —independientemente
de su honestidad o de su corrupción— era un escaño en el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), lo cual aseguraba, aparte de honorarios, viáticos y
vehículos oficiales, la inmunidad parlamentaria, que para muchos, se convirtió
en impunidad. Como debe recordarse, cuando los presidentes centroamericanos
concluyen su mandato, pasan a ser miembros “por derecho propio” de la instancia
parlamentaria, lo cual les otorga, no tan sólo prebendas, sino también inmunidad.
A esta inmunidad parlamentaria se acogió Arnoldo Alemán, el ex gobernante
nicaragüense, para retardar al máximo su comparecencia ante los tribunales de su
país. Por casos como este, el PARLACEN ha sido seriamente cuestionado e incluso
su existencia se puso entredicho. Uno de los primeros en cuestionarlo fue,
precisamente, el presidente Berger. Por tanto, el Parlamento no era el mejor
resguardo para Portillo.
El año terminó y Portillo, como era de esperarse, no dejó su refugio en México
para comparecer ante la justicia de su país. Sin embargo, sí se continuó el
proceso judicial en contra de muchos ex funcionarios que conformaban el círculo
de corrupción en el que participaba el entonces gobernante. Ello significa que,
pese a las buenas intenciones de Berger, la corrupción siempre tiene resguardos
a los que acudir.
Un ejemplo de lo anterior fue la revocatoria de la orden de encarcelamiento en
contra del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, que un tribunal giró el
tres de diciembre. Pese a que el ex presidente no recobró su libertad, tuvo algo
parecido: fue trasladado de la prisión a su hacienda privada de El Chile,
ubicada al sur de Managua. Juana Méndez, la jueza que dictó la sentencia,
justificó la excarcelación de Alemán aduciendo que lo hacía por “la tranquilidad
de Nicaragua”.
Para algunos, la verdadera razón era un nuevo pacto político entre el Frente
Sandinista (FSLN) y el sector del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que
apoya a Alemán y se opone al presidente Enrique Bolaños (también miembro del
PLC). La existencia de este pacto la confirman la militancia sandinista de la
jueza Méndez y las reformas políticas que el FSLN y el PLC trataron de
introducir en diciembre. Estas reformas le quitaban poderes al presidente
Bolaños. Éste último tuvo que negociar con los sandinistas para evitar el
inminente caos político. De esta forma, puede verse cómo los intereses de la
clase política se convierten en algo más importante que el propio combate a la
corrupción, y cómo, por conveniencias de distinto tipo, es posible manipular las
decisiones del poder judicial.
Cambios políticos en Guatemala y Panamá
Óscar Berger comenzó su gestión arreciando la batalla legal en contra de una
figura emblemática de la corrupción: el ex presidente Efraín Ríos Montt, líder
máximo del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), después de investigar al ex
mandatario Alfonso Portillo, del mismo partido que el primero, quien vació
prácticamente las arcas del Estado. Ríos Montt fue investigado por la muerte de
un periodista a manos de sus adictos durante la pasada campaña electoral, sino
que puso manos a la obra. El gobierno de Berger le prohibió la salida del país,
para evitar que huyera igual que Portillo. El siguiente paso fue ordenar prisión
domiciliaria para tenerlo a la disposición de los juzgados. Esa medida le dio
respaldo a sus promesas electorales de combatir la corrupción.
Berger dio una señal positiva en términos del seguimiento a los Acuerdos de Paz
que pusieron fin a la larga guerra civil guatemalteca. Dispuso un recorte
presupuestario para el ejército, como parte de sus políticas para recuperar la
economía del saqueo de Portillo. El combate a la corrupción fue también el eje
de campaña de Martín Torrijos, candidato del centroizquierdista Partido de la
Revolución Democrática (PRD). Torrijos denunció la corrupción de la entonces
presidenta Mireya Moscoso.
Los últimos días del gobierno de Moscoso no pudieron ser más catastróficos.
Aparte de las sospechas sobre la transparencia de su gestión, sus movimientos en
el caso del terrorista cubano Luis Posada Carriles no fueron lo más acertado. El
controvertido indulto con que Moscoso benefició a este último, se sumó a las
denuncias de que la ex mandataria habría recibido dinero de Washington en
recompensa por poner en libertad al autor de varios atentados dentro y fuera de
la isla caribeña.
El gobierno de Moscoso aprobó en su momento el reglamento a la Ley de
Transparencia. Como es sabido, el papel de los reglamentos consiste en definir
de qué manera se pondrá en marcha lo que establece una ley determinada. En el
caso del reglamento citado, se restringía la aplicación de muchos artículos de
la Ley de Transparencia que obligaban a las entidades gubernativas a dar cuentas
sobre sus acciones.
El primer acto del gobierno de Torrijos consistió precisamente en derogar ese
reglamento perverso, a fin de garantizar un desempeño más transparente de las
instituciones y funcionarios del Estado panameño. Además, hizo esfuerzos para
restablecer las relaciones diplomáticas con La Habana, las cuales se rompieron
tras el indulto a Posada Carriles.
Aparte de estos dos cambios notorios, el programa de gobierno de Torrijos busca
explotar comercialmente la zona del canal de Panamá, destinándola al turismo.
La OEA y el deterioro ético de la clase política costarricense
El nombre de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no pasó
desapercibido. En primer lugar, por el proceso de elección de un nuevo
Secretario General que sustituyera al colombiano César Gaviria al final de su
mandato. En segundo lugar, por la búsqueda de un sustituto para el Secretario
General que resultó electo.
El entonces presidente salvadoreño Francisco Flores se mencionaba como la carta
favorita de Washington para ocupar el cargo. Flores convirtió el asunto en algo
de interés personal. Pero sus pretensiones fueron derrotadas en la medida en que
creció el consenso de los países del continente a favor de la candidatura del
costarricense Miguel Ángel Rodríguez, quien se instaló en el cargo el 23 de
septiembre.
El período de Rodríguez al frente del organismo interamericano pasará como uno
de los más cortos en la historia. Poco tiempo después de su nombramiento, se le
acusó de haber recibido sobornos por parte de la compañía telefónica Alcatel, a
cambio de concederle una licitación, cuando era presidente de la República. Poco
después, se conocieron acusaciones de corrupción en contra de los también ex
presidentes Abel Pacheco y Ángel Calderón Fournier.
Este escándalo puso a prueba a la democracia costarricense. En cualquier otro
país de Centroamérica, cabía esperar que los acusados se dieran a la fuga o que
se acogieran a cualquier tipo de inmunidad, o, peor todavía, que se buscara
cualquier resquicio legal para absolverlos. En Costa Rica, se les entabló juicio
de forma inmediata. Rodríguez volvió al país para comparecer ante las
autoridades, en vez de aducir su calidad de Secretario General de la OEA.
La renuncia de Rodríguez a la OEA —porque eso fue: una renuncia, no una
destitución—, obligó a reanudar la búsqueda de un nuevo Secretario General. Ni
bien Rodríguez bajaba esposado del avión en el aeropuerto de San José, cuando
Francisco Flores se lanzó a la caza de apoyo político para su candidatura. El
presidente Saca le dio su apoyo y junto a su homólogo guatemalteco declaró que
gozaba del apoyo unánime de la región.
Poco tiempo pasó para que estas declaraciones fueran desmentidas. Honduras
afirmó que dudaba de la idoneidad de Flores para ocupar el cargo, dado que,
cuando fue presidente de El Salvador, se negó a implementar los dictámenes de la
Corte Internacional de La Haya para resolver el diferendo fronterizo entre ambas
naciones. El gobierno costarricense expresó su cautela ante la candidatura de
Flores, dadas las acusaciones de corrupción en su contra. Además, el apoyo que
el ex presidente salvadoreño dio a los autores del golpe de estado contra el
mandatario venezolano Hugo Chávez y su acusado perfil proestadounidense
desmotivó cualquier posible adhesión a su causa.
La participación centroamericana en Irak
Algunos gobiernos centroamericanos proclamaron, desde un principio, su respaldo
a la guerra estadounidense en Irak. Este respaldo fue más allá de las
declaraciones: Honduras, Nicaragua y El Salvador enviaron contingentes militares
al país árabe —presentados como “ayuda humanitaria” para evitar las críticas
internas. Consecuente con su tradición democrática y siendo un país que no tiene
ejército, Costa Rica no apoyó las operaciones bélicas estadounidenses.
En teoría, la campaña militar en el país árabe sería rápida y al cabo de la
misma, los soldados centroamericanos recibirían excelentes prestaciones
económicas. Sin embargo, la guerra en Irak iría para largo, mostrando en su
transcurso las brutalidades cometidas por efectivos estadounidenses en contra de
ciudadanos iraquíes.
Por la oposición que esta guerra originó en muchos países del mundo —que fue una
de las causas, por ejemplo, de la derrota electoral del ex presidente español
José María Aznar, quien apoyó ciegamente al gobierno de EEUU, y pusieron en
crisis al Primer Ministro británico, Tony Blair, otro aliado incondicional de
EEUU—, la invasión estadounidense a Irak fue perdiendo cada vez más apoyo, lo
cual evidenció que EEUU actuaba por encima de la comunidad internacional. Ello
obligó a muchos de los gobiernos que participaban en las operaciones militares a
retirar sus tropas. Honduras y Nicaragua lo hicieron en abril, movidos, entre
otras cosas, por los altos costos económicos que implicaba la manutención de sus
contingentes en Irak. La República Dominicana también hizo lo mismo. El
“Batallón Cuscatlán”, enviado por el gobierno de Francisco Flores, se mantuvo en
Irak, contra toda oposición y contra cualquier razonamiento. El sucesor de
Flores, el presidente Elías Antonio Saca, reiteró la decisión de seguir enviando
tropas al país árabe.
La firma del CAFTA
Como era de esperarse, en 2004 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y los EEUU (CAFTA, por sus siglas en inglés). El 28 de mayo, en la
sede de la OEA en Washington, los ministros de economía del Istmo y el jefe del
comercio exterior norteamericano, Robert Zoellick, culminaban, con la firma del
documento, un accidentado proceso de negociaciones que tuvo lugar a lo largo de
2003.
El siguiente paso es la ratificación del CAFTA por parte de las legislaturas de
los países participantes en el tratado, a fin de que entre en vigor en enero de
2005. En lo que respecta a Centroamérica, esto no pasa de ser una simple
formalidad, ya que los congresos del Istmo están dominados por partidos que
apoyan al CAFTA. En lo tocante a los EEUU, la oposición demócrata es partidaria
de revisar varios puntos del tratado, sobre todo aquellos que afectan derechos
laborales.
Fue, precisamente, la postura del Partido Demócrata ante el CAFTA lo que creó
temores entre la derecha empresarial centroamericana, la cual controla
prácticamente todos los gobiernos del Istmo. Una victoria del candidato
demócrata John Kerry en las elecciones presidenciales estadounidenses, obligaría
a revisar muchos apartados del CAFTA.
El propio Kerry lo expuso abiertamente, al declarar que “el CAFTA, tal como lo
firmó [el presidente] George Bush, marca un desalentador e innecesario retroceso
en los esfuerzos de nuestra nación para asegurar que la apertura de los mercados
resulte en mayores niveles de vida para todos los participantes y no en desmedro
de los derechos laborales y la protección ambiental. Por tanto, me opondré al
CAFTA como lo está negociando el presidente Bush. Como presidente, trabajaré
duro para fortalecer nuestros lazos económicos y políticos con nuestros vecinos
centroamericanos. Volveremos a la mesa de negociaciones para conseguir un
acuerdo que proporcione beneficios económicos, cree empleos e incluya
protecciones fuertes para los trabajadores y el ambiente”.
Los partidarios del CAFTA tuvieron un alivio con la reelección del presidente
George Bush. El gobierno salvadoreño destinó sus esfuerzos diplomáticos para
persuadir a la oposición demócrata del congreso para que apoye el tratado sin
mayores cambios.
En todo caso, contrario a lo que esperaban algunos, 2004 no fue el año del
arranque del CAFTA, sino que tuvo que verse pospuesto. Esta postergación nunca
se tradujo en un tiempo para que sus signatarios se detuvieron a reconsiderar lo
firmado. Es ilusorio y poco probable, además, pensar que lo que ya se encuentra
escrito vaya a modificarse. No hay ni voluntad política, ni condiciones
objetivas para hacerlo. Los cuestionamientos y la necesidad de reconsiderar
algunas puntos de este tratado provienen de sectores que no tienen la batuta en
las negociaciones. Fácilmente, sus suscriptores se pueden amparar en que “lo
escrito, escrito está”, para reiterar su indiferencia ante las discrepancias.
Los signatarios del CAFTA no reflexionaron acerca de lo que han firmado, ni
abrieron oportunidades para que otras voces puedan dar luces sobre cómo debería
orientarse mejor el tratado. Si algo ha sido manejado de una manera
completamente antidemocrática en los últimos años, eso han sido las
negociaciones del CAFTA. La “consulta ciudadana” de los textos del tratado no
fue otra cosa que un mero expediente para sacudirse de encima las críticas de la
sociedad civil.
En otros países, de verdadera tradición democrática, la entrada a tratados de la
envergadura del CAFTA supone la obligada celebración de un referéndum, para que
la ciudadanía sea la que decida si se quiere dar ese paso, o no. El CAFTA no es
un tratado más, no es una cosa baladí: todo lo que en las negociaciones se
aborda sobrepasa el ámbito de lo meramente comercial y afecta dimensiones tan
variadas como la ecología, el orden político y diferentes aspectos culturales.
La decisión de entrar al CAFTA es muy seria, como la que en su momento tomaron
los países que actualmente forman la Unión Europea. La única diferencia es que
las élites centroamericanas se consideraron con la suficiente autoridad y
sabiduría para decidir por una población de más de 36 millones de personas.
Si las premisas en las que se comenzó a construir la negociación del CAFTA no
fueron democráticas, es muy remoto esperar lo contrario a estas alturas, cuando
el tratado está a las puertas, meses más, meses menos. No es que el CAFTA sea el
destino inexorable de Centroamérica, pero los compromisos adquiridos por sus
gobernantes así lo hacen parecer.
Guatemala vuelve al G-20
Otra decisión política importante del presidente Óscar Berger fue la de regresar
en mayo al Grupo de los Veinte (G-20), integrado por países subdesarrollados que
buscan actuar en bloque en las negociaciones internacionales de libre comercio.
La decisión es un gesto de autodeterminación del país centroamericano ante un
tema espinoso frente a los EEUU.
El canciller guatemalteco Jorge Briz Abullarach, anunció la decisión de su
gobierno de “reincorporar a su país al G-20 sin consultar con Estados Unidos”.
En palabras del jefe de la diplomacia de la nación vecina, la decisión busca
“realizar una alianza estratégica con países con los que estamos pensando del
mismo modo”.
Cabe recordar que Guatemala dejó anteriormente el G-20 en el marco de la ronda
de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebradas en
2003 en Cancún, México. En dicha ocasión, se discutió el problema de los
subsidios agrícolas. La posición del grupo consistió en exigirle a las naciones
desarrolladas que suspendieran los subsidios a sus agricultores, para así
competir en similitud de condiciones. Las discrepancias entre el bloque
constituido por EEUU y la Unión Europea (UE) y los países tercermundistas
agrupados en el G-20 no sólo afloraron, sino que la reunión se convirtió en un
fracaso, pues no se dieron acuerdos de ningún tipo.
El enfrentamiento entre el G-20 tuvo sus costos en el seno de la agrupación,
liderada por Brasil y la India. Pronto se puso de manifiesto el poder de
disuasión de los EEUU, particularmente hacia los países del Istmo y de
Sudamérica, como Colombia. Y, más importante, lo que fue una decisión de
carácter económico tomó un cariz político.
El viaje a Centroamérica del jefe del comercio exterior estadounidense, Robert
Zoellick, pocos días después del fracaso de la ronda de Cancún, buscó poner las
cosas en claro. Si países como Guatemala, Costa Rica y El Salvador pretendían
entrar al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EEUU y Centroamérica (conocido
por las siglas inglesas CAFTA), debían salir primero del G-20. Costa Rica
mantuvo su postura, mientras que El Salvador no precisó de las advertencias de
Zoellick para alejarse del grupo. En el caso guatemalteco, el gobierno del
entonces presidente Portillo declaró inicialmente que se mantendría en el G-20.
Sin embargo, el cambio de postura se consumó en poco tiempo.
El cambio de gobierno en Guatemala implicó una verdadera ruptura en muchas de
las políticas de gobierno. A propios y extraños les deja sorprendido el hecho de
que el gobierno del presidente Óscar Berger ha tomado el toro por los cuernos en
una serie de temas complicados: el combate a la corrupción, la reducción de las
fuerzas armadas y el seguimiento de los acuerdos de paz. Sorprende, por el hecho
de que Berger es un empresario y su partido, de derecha. Normalmente, lo que se
ha visto en Guatemala y otros países es que se concibe el gobierno como un
instrumento para hacer florecer los negocios particulares.
Sin embargo, el viraje dado desde su gobierno hace ver que hay un sector
empresarial con ideas distintas a las de quienes quieren hacer dinero a la
sombra del Estado. Se ha comprendido que la empresa privada no está sola en la
sociedad y que difícilmente puede sobrevivir mientras haya descontento social.
El desarrollo económico es un objetivo loable, pero no puede ir divorciado de la
justicia social, expresada en condiciones de vida dignas para las mayorías.
Por consiguiente, la decisión anunciada por el canciller guatemalteco se
corresponde con esta manera de pensar. Volver al G-20 podría implicar fricciones
con los EEUU en lo inmediato, pero es necesario tener visión de país. Al
fortalecer el grupo, lo que se hace es tratar de asegurar el futuro de
Guatemala. Las consecuencias de firmar apresuradamente acuerdos de libre
comercio quizás no se hagan ver en el plazo inmediato, pero sí pueden significar
daños irreparables para la economía en el futuro.
Conclusiones
La lucha contra la corrupción estuvo en primer plano durante el año, así como la
guerra en Irak y la firma del CAFTA. Quizá estos sucesos opacan el drama diario
de las mayorías centroamericanas. Son éstas las que pagan cotidianamente los
costos de aparatos estatales infectados por la corrupción. Son éstas las que,
espoleadas por la pobreza, se lanzan a empresas peligrosas para sobrevivir: ya
sea la inmigración ilegal o alistarse para ir a morir a Irak.
Cuando se habla, por ejemplo, que la integración centroamericana está
enfrentando malos tiempos, no sólo basta con mostrar como ejemplo, la crisis del
PARLACEN o las diferencias que afloran entre los gobiernos por cuestiones
comerciales, sino que también hay que recordar los malos tratos que los
ciudadanos centroamericanos sufren a manos de las autoridades migratorias y
policiales. Una serie de denuncias publicadas en El Diario de Hoy sobre los
vejámenes a los que se ven expuestos los viajeros en las carreteras de Guatemala
es una muestra de lo anterior.
Lo económico y lo político deben ser instrumentos de humanización. La norma es
que la economía y la política, puestas al servicio de intereses determinadas,
van en desmedro de la persona y se convierten en ámbitos de deshumanización. En
esto, Centroamérica es un ejemplo.
El balance de la opinión pública en 2004
Dos aspectos generales serán abordados en este balance sobre la opinión pública
durante 2004. En primer lugar, la dinámica de expresiones políticas de la
ciudadanía; y, en segundo lugar, las opiniones sobre las principales
dificultades nacionales.
Las opiniones políticas en 2004
Durante el año 2004, es posible dividir el estado de la opinión pública de
carácter político en tres momentos distintos, en función siempre de la dinámica
política y social que vivió el país a lo largo del año. En primer lugar, la
sociedad salvadoreña estuvo muy marcada por una intensa polarización en los
primeros cuatro meses del año, producto de la dinámica impuesta por la campaña
electoral, la cual ya se había configurado en los últimos meses de 2003. En
segundo lugar, y una vez pasadas las elecciones y asumido el nuevo gobierno, la
sociedad salvadoreña se caracterizó por un proceso de distensión política y
social, al que contribuyó el ofrecimiento de concertación por parte del gobierno
entrante y su amplia y renovada popularidad entre la gente. Esta etapa se
mantiene a lo largo de seis meses y da paso a una tercera y última fase, en la
cual el ambiente de tensionamiento social vuelve a aparecer, en parte producto
de la falta de acuerdos en la esfera política, pero también como resultado del
inicio de protestas aisladas ante diversas decisiones del Ejecutivo —una de
ellas es la ratificación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos—,
además del deterioro de las condiciones económicas del país percibido por la
población. Aunque esta reinauguración de la conflictividad y la polarización del
país estará lejos de llegar a los niveles alcanzados en los primeros meses del
año 2004, en definitiva marca una diferencia con respecto al clima de
concertación publicitada que promovió el nuevo gobierno de ARENA a mediados del
año.
Las elecciones de marzo de 2004 venían marcando la dinámica social y política
del país desde 2003. Sin embargo, la entrada del nuevo año supuso la
intensificación de esa dinámica básicamente caracterizada por la polarización
política y social. A pesar de que la polarización política salvadoreña tiene sus
raíces en factores más viejos y complejos que los simples eventos electorales,
la campaña llevada a cabo por ARENA y el FMLN, los principales partidos
contendientes, contribuyó mucho a dividir como nunca antes a la sociedad
salvadoreña.
La estrategia de ambos partidos, aunque con más intensidad por el lado arenero a
causa de sus innumerables recursos y su presencia en todos los medios de
comunicación y propaganda posibles, se basó en el ataque directo al partido
contendiente, más que en la presentación de propuestas programáticas. Aunque esa
mecánica de campañas electorales no es nueva, lo que caracterizó a la cruzada
electoral de 2004 fue la incorporación de amplios segmentos de la sociedad que
antes habían permanecido al margen y que en esta ocasión contribuyeron a que la
polarización se ampliara a buena parte de la población.
Así, los dos partidos principales montaron sus propias estrategias sobre
mensajes de miedo y de rechazo hacia el partido o el candidato opositor, y
movilizan a amplios contingentes de ciudadanos bajo el objetivo de impedir de
que el partido rival llegara al poder. Más que el convencimiento de que el
partido elegido era la mejor opción política, muchos salvadoreños votaron más
bien motivados por el deseo de imposibilitar que ARENA o que el candidato del
FMLN llegaran a la presidencia. Esto generó un fenómeno curioso en las actitudes
de la gente y que no había sucedido en los anteriores eventos electorales: a
pesar de que la mayoría de los salvadoreños seguían desconfiando del proceso
electoral (en la encuesta preelectoral de febrero del IUDOP, alrededor del 53
por ciento de la gente dijo tener poca o ninguna confianza en éste), la mayoría
de los salvadoreños se mostraron muy interesados en todo el proceso electoral,
esto es, casi el 60 por ciento de los salvadoreños dijo estar muy interesado en
asistir a votar. Esto significa que, a pesar de que las elecciones de 2004 no
generaban más credibilidad en el electorado que en años atrás, éste se
encontraba más involucrado en el proceso mismo.
La polarización generada por los comicios no sólo afectó las actitudes de los
ciudadanos con respecto a sus preferencias políticas, también y sobre todo
marcaron una profunda división en la sociedad sobre la manera de entender la
realidad del país. La última encuesta preelectoral del Instituto Universitario
de Opinión Pública mostró que los salvadoreños estaban divididos por la mitad en
casi todas las opiniones importantes sobre la situación del país. Así, por
ejemplo, en un dato revelador en febrero de 2004, el 41.1 por ciento de la gente
pensaba que la situación sociopolítica del país estaba mejorando, mientras que
otro porcentaje similar —el 43.8 por ciento— sostenía que la situación
sociopolítica del país estaba empeorando. Estas opiniones tenían un claro
correlato político electoral, de forma tal que quienes pensaban que el país
estaba mejorando, en general tendían a votar más por ARENA, mientras que quienes
decían que el país estaba empeorando tendían más a votar por el FMLN o no tenían
un partido de preferencia.
Esa disyunción en la manera de comprender la realidad salvadoreña sólo
contribuyó a que el partido que tenía más poder hiciera llegar su mensaje. Dicho
partido es ARENA, el cual a su vez supo presentar un mensaje de renovación, de
cercanía y de esperanza —a pesar de estar quince años en el poder— frente a la
imagen más bien polémica del candidato principal de la oposición. Sin duda, en
el éxito del partido gobernante para ganar las elecciones, a pesar de la derrota
en los comicios municipales y legislativos de 2003, hay que considerar el perfil
que presentó el FMLN, básicamente dominado por la personalidad de su candidato.
A pesar de ello, la dinámica de rechazo y de confrontaciones provocó que las
elecciones presidenciales de 2004 fueran las más atendidas en toda la historia
salvadoreña. Y es que a final de cuentas, la gente no votó convencida de que lo
hacían por la mejor opción, sino que lo hicieron, o bien para mantener
básicamente inalterable la configuración política del país, o bien para provocar
que finalmente el mismo cambiara de rumbo. Esas motivaciones representan muy
bien la profundidad de la fractura sociopolítica salvadoreña que se expresó
claramente a lo largo de los primeros cuatro meses del año.
A la base de este comportamiento se encuentra también uno de los cambios más
importantes en la cultura política salvadoreña que tomó lugar durante 2004, este
es el inusitado convencimiento de que las elecciones y, concretamente, la
participación electoral, pueden contribuir a cambiar la situación del país. En
la encuesta cursada en los primeros meses del año, casi el 75 por ciento de los
salvadoreños señaló que el voto puede cambiar la situación del país. En los
procesos electorales anteriores, este tipo de opiniones no superaba al 50 por
ciento. Así, la especial configuración de la contienda electoral de este año
contribuyó a una especie de revalorización de la participación electoral, aún
bajo un contexto de creciente desconfianza en las instituciones y en los
partidos políticos.
La conclusión de la campaña electoral y, sobre todo, las expresiones políticas
asumidas por el candidato ganador, Elías Antonio Saca de ARENA, al tomar la
presidencia, contribuyeron significativamente a distender el ambiente de
polarización que había predominado en los meses anteriores y que, en cierta
forma, había sido sistemáticamente cultivado por Francisco Flores. Ello a pesar
de la actitud beligerante que mantuvieron algunos dirigentes del FMLN luego de
la derrota electoral. Esto dio paso a la segunda etapa en la dinámica
sociopolítica del país y al segundo estadio que caracterizó a la opinión pública
en 2004.
En esta fase se creó un número importante de espacios de diálogo y de aparente
concertación, bajo el liderazgo del nuevo gobierno. Esta nueva actitud
constituía un cambio tajante con respecto al modo de gobernar de las últimas
administraciones de ARENA, especialmente la de Flores; pero estaba más motivada
por la necesidad de encontrar estabilidad para gobernar y para sobrevivir
políticamente en un entorno fundamentalmente confrontativo, que por una sincera
actitud de construir un proyecto de acuerdos políticos operativos. Con todo, la
disposición publicitada hacia la concertación y hacia la creación de mesas de
diálogo con diferentes sectores del país contribuyó a que las expresiones de
polarización se disiparan.
El FMLN, a pesar de su llamado inicial a la resistencia contra el nuevo gobierno,
por considerar que el mismo había ganado las elecciones de forma ilegítima, no
tuvo más opción que acudir al llamado del presidente para ser parte de la Mesa
de Gobernabilidad, lo cual no hizo más que confundir a su propio electorado y
contribuir a fortalecer la imagen del presidente electo y su administración. De
hecho, esta nueva fase en la dinámica sociopolítica fue netamente acumulada por
el nuevo gobierno y su presidente, que recibieron el más alto nivel de
aprobación por parte de la ciudadanía en toda la historia de los gobiernos de
ARENA. De acuerdo a las encuestas de opinión pública cursadas en ese período,
Antonio Saca ganó las elecciones mientras recibía notas de calificación de más
de 7 puntos (en una escala de 0 a 10) de promedio nacional. Cuando cumplió sus
primeros cien días de gobierno a principios del mes de septiembre, la aprobación
de la ciudadanía se mantenía en 7.26 puntos, el mejor promedio de calificación
obtenida por cualquier presidente arenero, y muy por encima de las
calificaciones obtenidas por los anteriores presidentes al cumplir su primer
trimestre de trabajo.
La aparente actitud de concertación de la nueva administración apuntaló la
legitimidad del gobierno de Saca. Eso no quiere decir que no hubiese sectores
importantes de la sociedad salvadoreña que permanecían críticos o escépticos
frente a la nueva forma de gobernar y frente al proyecto de atender el ámbito
social del país. Lo que sucedía era que la apertura de espacios de dialogo
impulsada por el nuevo gobierno se desmarcaba tan tajantemente del estilo de
gobierno de Flores, que eso le trajo muchos réditos políticos al nuevo
gobernante. De hecho, en sólo tres meses de trabajo, casi el 60 por ciento de la
gente decía que el país había experimentado cambios positivos desde que el
equipo de Saca tomó el Ejecutivo y buena parte de esa evaluación positiva estaba
asociada con la impresión de que el gobierno finalmente estaba escuchando a la
gente.
Así, buena parte de la opinión pública se volcó a respaldar las acciones del
nuevo gobierno, no tanto porque percibiesen que las mismas estaban dando
resultados, sino simplemente por el cambio de actitud que mostraba el recién
estrenado gobernante y su gabinete. Ese cambio fue intensamente publicitado por
una campaña de propaganda diseñada desde la misma casa de gobierno y fue también
acuerpada por los medios de comunicación afines al partido oficial. Ello hizo
que la imagen de un gobierno distinto, abierto y concertador llegara y
convenciera a sectores amplios de la población que en general se mantienen
apáticos frente a la política.
Pero al mismo tiempo en que el gobierno impulsaba esa campaña para mantener su
perfil positivo en la evaluación pública, los funcionarios areneros y algunos
medios periodísticos desarrollaban una cruzada más subterránea para erosionar la
imagen del FMLN. Esto se vio en parte facilitado por las mismas actuaciones del
partido de izquierda, el cual luego de las elecciones se enfrascó en una disputa
interna de sus dirigentes por el control del partido. La amplia cobertura que
los medios dieron a esa disputa contribuyó a que buena parte de la población,
inclusive aquella que había votado por el FMLN pusiese distancia con respecto a
ese partido político. Una encuesta del IUDOP cursada en los meses de agosto y
septiembre mostró que cerca del 65 por ciento de la población dijo que nunca
había sentido simpatías por el FMLN y, en otra opinión, solo el 15.9 por ciento
de la gente dijo que de haber ganado el Frente el país estaría mejor.
Este ambiente caracterizado por el predominio de ARENA y de su cosmovisión sobre
la opinión pública comenzó a disminuir en la medida en que se acercaba el fin de
año. Esto, porque las demandas planteadas en las mesas de diálogo y concertación
no parecieron modificar sustancialmente el trazado de los planes propuestos por
el nuevo gobierno. En el último trimestre del año, el FMLN se retiró de la mesa
de gobernabilidad acusando al gobierno de usar la misma más como un instrumento
de propaganda que como un medio para lograr acuerdos políticos en lo
fundamental. También, algunas organizaciones de la sociedad civil comenzaron a
denunciar que las mesas de concertación convocadas por el gobierno sólo
pretendían aparentar un diálogo que no se traducía en reformas de las políticas
públicas en los temas importantes del país. A pesar de las críticas efectuadas
por diversos sectores de la sociedad, el gobierno impulsó su Plan Súper Mano
Dura, que en lo esencial constituía una continuación de los planes de mano dura
implementados por el gobierno anterior; en el área económica, el gobierno
impulsó una reforma fiscal mucho menos abarcadora que la que se había propuesto,
en parte como producto de la resistencia de la gran empresa; también la
administración Saca forzó la ratificación del Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos a pesar de la oposición y de las críticas de numerosas
organizaciones. Todos estos sucesos y otros más han contribuido al aumento del
tensionamiento social al cierre del año.
A ello hay que agregar también la acumulación de los problemas fundamentales del
país, que, al finalizar el 2004, se mostraban igualmente urgentes que siempre.
La gente reclamó con más intensidad el deterioro de sus condiciones económicas,
especialmente el alza en el costo de la vida, pero también la pobreza y el
desempleo. Estas preocupaciones por lo económico llegaron a opacar como nunca
antes los temas de la inseguridad pública y la violencia, a pesar de que el año
cerró con un alza importante en la cuenta de los homicidios por violencia
intencional y no intencional (accidentes de tránsito) y pusieron en el centro
del debate público el hecho de que la política económica heredada y adoptada en
buena parte por la administración Saca no está rindiendo sus frutos. Es más, el
año 2004 cerró con una apreciación más bien sombría sobre las posibilidades de
crecimiento y desarrollo para el año 2005.
El gobierno buscó culpar a la oposición de izquierda por el pobre desempeño en
el área económica por el retraso en la aprobación del presupuesto en 2004 y por
el clima de incertidumbre generado por las elecciones, pero esto sólo contribuyó
al renovado clima de confrontación con el que concluye un año esencialmente
electoral. A pesar de ello, las evaluaciones generales sobre el gobierno
permanecieron positivas —aunque no tanto como algunos meses atrás— y el FMLN
cerró el año con problemas para recuperar el apoyo que logró en el evento
eleccionario. Con los vaivenes políticos producidos durante el año 2004, al
cierre del mismo, las condiciones políticas parecen favorecer más al partido
gobernante que al partido de izquierda. Esto porque, en primer lugar, ARENA ha
seguido contando con la propaganda mediática de su lado y porque ha sabido
vincularse mejor con la población a través del tema de la seguridad pública; y,
en segundo lugar, porque el FMLN no ha sabido vincular la situación económica
del país con los fracasos de las políticas gubernamentales y, al mismo tiempo,
proponer una alternativa creíble de recuperación socioeconómica.
Los principales problemas del país en 2004
En términos generales, la opinión sobre los principales problemas del país se
mantuvo sobre los temas tradicionales: economía, pobreza e inseguridad. Sin
embargo, y a diferencia de otros años, durante 2004 se produjo un cambio
importante en la intensidad con la cual la gente señaló cada uno de los
problemas. En realidad, lo que sucedió a lo largo del año es que la gente dejó
de preocuparse mucho por la violencia y pasó a preocuparse más que de costumbre
por los aspectos económicos, especialmente por el desempleo y el costo de la
vida.
En el ámbito de la violencia y la delincuencia, el año 2004 fue el escenario de
una reducción de los niveles de percepción sobre la inseguridad, en buena parte,
debido a los efectos propagandísticos de los planes de mano dura, pero también
debido a la reducción objetiva de los niveles de victimización de la violencia
motivada económicamente (delincuencia común o violencia en contra de la
propiedad). Efectivamente, un estudio sobre la victimización, cursado en la
segunda mitad del año 2004, reveló que la mayoría de delitos cometidos en contra
de la propiedad se habían reducido en el último año. El estudio, basado en una
encuesta nacional de victimización, no recogía las estadísticas de homicidios
pero en lo que se refiere a robos, hurtos y secuestros, las tasas se habían
reducido consistentemente en comparación con años anteriores. Eso, combinado con
el efecto de la percepción de la limpieza de pandilleros de las calles realizada
por el gobierno a través de los planes represivos, produjo un efecto de aumento
del sentimiento de seguridad o, para decirlo más apropiadamente, redujo los
sentimientos de inseguridad.
Sin embargo, todas las estadísticas institucionales confiables dieron cuenta de
un aumento considerable en la tasa concreta de homicidios. Así, paradójicamente,
mientras que la violencia en contra de la propiedad registró, durante el año
2004, su nivel más bajo en los años de la posguerra, la violencia dirigida en
contra de la integridad física y la vida subió de forma significativa. Sin
embargo, con excepción de la llamada de alerta dada por algunos medios
periodísticos en el último mes del año, buena parte de la ciudadanía permanecía
indiferente sobre el aumento de la violencia homicida. La gente seguía estando
más centrada sobre el hecho de que ya no parecía haber tantos pandilleros en las
calles. De hecho, en el ámbito de la seguridad, la opinión pública aparentaba
estar más influenciada por las campañas del supuesto éxito de los planes de mano
dura, que por la cantidad de muertes que se producían diariamente en las zonas
occidental y central del país.
El Plan Súper Mano Dura siguió registrando una enorme cuota de aprobación por
parte de la población. Las diferentes evaluaciones hechas por las encuestas de
opinión pública registraron que no menos del 65 por ciento de los salvadoreños
aprobaban la implementación de los planes de mano dura, inclusive en algunos
casos por encima de los planes de carácter supuestamente preventivo como el Plan
Mano Amiga, impulsado por el gobierno de Saca. La aprobación hacia los planes
represivos se basa en la simple percepción de que los pandilleros dejaron de ser
una amenaza constante en las vías públicas de los barrios y colonias que
controlaban en el pasado. Todo eso contribuyó a que el tema de la violencia y la
inseguridad pasara a un muy segundo plano por debajo de los temas económicos.
En contraposición, los temas económicos se erigieron como la principal fuente de
preocupación pública. Un seguimiento de la opinión pública en la última década
revela que 2004 cerró con los niveles más altos de preocupación ciudadana por la
economía de los últimos quince años. Esta subida ha sido producida, en parte,
por el sitio dejado por los problemas de inseguridad, pero sobre todo, por la
percepción de que el costo de la vida y el desempleo subieron de forma
significativa durante el año que concluye.
Estas preocupaciones por la economía representaron un giro en las tendencias de
opinión sobre lo económico registradas en los últimos dos años, según las cuales
la preocupación por la pobreza, el desempleo y el costo de la vida se habían
mantenido más bien estables. Más aún, en algunas opiniones más concretas, los
salvadoreños comenzaron a mostrarse mucho más críticos que en el pasado sobre
las medidas económicas tomadas por los gobiernos de ARENA. Por ejemplo, al
cierre del año, casi el 80 por ciento de los salvadoreños pensaban que la
dolarización había resultado ser perjudicial para su economía particular (un
porcentaje mucho más alto que el alcanzado durante los meses de transición hacia
el dólar), y un porcentaje más alto —y creciente— de ciudadanos se mostraban en
contra de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Al
finalizar el año, estas opiniones hicieron parte de un coro formado por diversas
fuentes que señalaban que los éxitos del país en el área económica habían sido
magros.
Así el año 2004 finaliza con un sentimiento de incertidumbre en buena parte de
la población a causa de las sombrías perspectivas de desarrollo económico.
Aunque algunos salvadoreños se encuentran expectantes con respecto a las
promesas del gobierno, lo que incluye los alcances de los tratados comerciales,
en general las actitudes más generalizadas son de recelo y de preocupación. El
mejor indicador de ese sentimiento de incertidumbre sigue siendo el elevado
porcentaje de salvadoreños (45 por ciento) que afirman que, de tener la
oportunidad, dejarían el país para buscar mejores condiciones de vida.
Los derechos humanos en el 2004 (I)
CComo siempre, al final de cada año es conveniente encontrar un momento para la reflexión. Es necesario y muy sano, sin duda, detenerse a analizar los hechos más sobresalientes del período vinculados a los derechos humanos y valorar su impacto a favor o en contra de los mismos. Considerar los aciertos y desaciertos, los avances y retrocesos en la materia no es un ejercicio vano. No se trata sólo de opinar y criticar; con un esfuerzo de este tipo se pretende contribuir a la construcción de un mejor país, donde de verdad exista y se pueda presumir de una convivencia democrática y pacífica. El tiempo y el espacio para apreciar la situación en su justa dimensión son, pues, necesarios si se quiere reorientar en serio el rumbo del país cuando no sea el correcto o continuar por el mismo si las cosas marchan bien.
En tal sentido, el 2004 será recordado como un período de indudable agitación
electoral en El Salvador. Los comicios presidenciales de marzo, su campaña
proselitista, el cambio de titular en el Órgano Ejecutivo y sus primeros pasos
determinaron en gran medida la agenda nacional durante el período. Todo ello en
el marco de uno de los años más violentos después del fin de la guerra, con un
elevado número de muertes intencionales registradas y una cuestionada política
estatal para enfrentar el fenómeno. A lo anterior se deben sumar los graves
escándalos de corrupción y otros eventos de trascendencia negativa para la
sociedad en su conjunto.
Pero el año pasado no terminó siendo del todo desventajoso; también se pueden
considerar en el balance razones para tener esperanza, en medio de un mundo cada
vez más globalizado. No obstante el ambiente adverso para los derechos humanos
que prevaleció, en el 2004 se sentó al Estado salvadoreño por primera vez en el
banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; este
hecho es alentador como también lo es que, en Chile, el general Augusto Pinochet
haya sido fue formalmente desaforado y sometido por fin a un juicio por sus
crímenes contra la humanidad y que en los Estados Unidos de América un tribunal
civil haya condenado a un militar salvadoreño por el asesinato de Monseñor Óscar
Arnulfo Romero.
También se puede hablar de satisfacciones en el ámbito interno, como en el caso
del cadete Erick Peña Carmona; éste fue asesinado dentro de la Escuela de
Aviación de la Fuerza Aérea Salvadoreña por dos alumnos de nivel superior. De
igual forma, se deben mencionar sendos galardones internacionales para las
actividades realizadas en favor de los derechos humanos; éstos son soplos de
viento fresco en medio de la casi desértica lucha por la justicia y la
reivindicación de los sectores sociales más débiles y vulnerables. Entre muchas
sombras y algunas luces, pues, transcurrieron otros doce meses en un país cuya
población ha entregado mucho para vivir tranquila y sigue estando muy lejos de
alcanzar esa meta.
I. Situación general
El inicio de 2004 fue el escenario donde se desarrolló lo más álgido de la
campaña proselitista, dentro de todo el proceso para las elecciones
presidenciales que tuvieron lugar el domingo 21 de marzo. En torno a ello, se
deben señalar al menos tres problemas que lo empañaron en serio: la debilidad
institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue uno; además, los
partidos políticos se convirtieron en los principales infractores de la ley y el
interés ciudadano por participar no fue más allá de la mera emisión de un voto,
en gran medida signado por el temor.
Las irregularidades más destacadas en las que incurrieron los institutos
políticos arrancaron cuando, de manera descarada, empezaron su propaganda
electoral antes del momento establecido por el Código Electoral y la
Constitución. Tal situación fue tolerada por el TSE, al no actuar con eficacia
para suspenderla y hacer valer su papel de garante en este tipo de eventos.
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), por ejemplo, comenzó su ilegal campaña
con la llamada “gira por la libertad” mediante la cual Elías Antonio Saca —candidato
a la Presidencia de la República— visitó la mayoría de los municipios en el país
antes de la fecha estipulada para iniciar tales actividades.
La principal fuerza opositora —el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN)— se contagió y sumó a la ilegalidad, valorando quizás, que, de
acuerdo al “costo-beneficio”, ganaban más violando la normativa establecida que
lo que perdían económicamente al pagar alguna multa por eso.
Sin pena alguna, afloró una propaganda irrespetuosa y hasta repulsiva entre los
distintos actores cargada de calumnias, destinada a infundir miedo y
desacreditar del todo al adversario; en suma, una campaña carente de ética en la
que incluso se permitió la intervención de personas extranjeras en asuntos
políticos propios del país, pese a que tal actividad se encuentra expresamente
prohibida por la legislación salvadoreña. La principal responsabilidad de dicha
exacerbación bastante extendida correspondió, cuantitativamente hablando, a la
dirigencia “arenera” y sus correligionarios. El TSE, como de costumbre, se
mantuvo indebidamente al margen de semejantes sucesos.
Con estos antecedentes graves de ilegalidad, el proceso electoral más reciente
desarrollado en El Salvador no se puede calificar como “exitoso” ya que sus
cimientos fueron viciados. La promoción del voto se realiza a través de la
propaganda en sus diversas manifestaciones; si ésta se desarrolla al margen de
la ley, con desinformación y mentiras en medio de una total e ilícita impunidad,
no se puede afirmar luego que el sufragio ciudadano haya sido consciente y libre
de presión alguna.
De todos modos, al final de esta coyuntura pudo notarse que la población limitó
su participación política a la emisión de su voto en la fecha señalada por el
TSE, sin que se hayan establecido —desde la sociedad— mecanismos eficaces de
control. En el mejor de los casos, pues, dentro de El Salvador la gente no
trasciende de una simple simpatía hacia determinado partido político y su
intervención —cuando se da— no pasa de su simple presencia en las urnas el día
de los comicios.
Resulta innegable que, en esta oportunidad, la presencia ciudadana durante la
elección creció de forma considerable. Con un padrón de 3,442,330 personas, la
participación fue superior a todos los eventos anteriores de este tipo: el
67.34% acudió a las urnas. Semejante concurrencia fue estimulada, en parte, por
un nuevo registro electoral más seguro que el anterior. La delegación de
observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó tal
participación y aprobó de manera general el proceso al considerar que no se
reportaron anomalías significativas. La votación fue ganada en primera vuelta
por la fórmula presidencial de ARENA, integrada por el ya mencionado Saca y Ana
Vilma de Escobar.
En otro asunto de interés nacional, el 2004 fue uno de los peores años. Se trata
de la tan deteriorada seguridad pública. La tasa de homicidios se disparó frente
al ya alto número de muertes violentas de los años anteriores. El Instituto de
Medicina Legal señaló que, durante los doce meses observados, ocho salvadoreños
fueron asesinados diariamente. El registro de la Fiscalía General de la
República fue distinto al anterior; según éste, diez fueron las víctimas
mortales cada día. La Policía Nacional Civil asegura que cada veinticuatro horas
fueron asesinadas alrededor de siete personas.
Más allá de las recurrentes diferencias entre las cifras que brindan las
anteriores instituciones estatales, lo cierto es que en El Salvador se continúa
vulnerando de forma creciente y alarmante el principal derecho humano: el
derecho a la vida. Incluso asumiendo como base la cantidad más baja, que es la
reportada por la Policía, se observa una tendencia al alza ya que en el 2002
ésta registró 1,953 víctimas, en el 2003 dio cuenta de 2,161 y en el 2004 reveló
que fueron 2,756. Así las cosas, la tasa de homicidios aumentó en el 2003 a 34
asesinatos por cada 100,000 habitantes y a 41 por esa misma cantidad de personas
durante el año examinado (Cfr. La Prensa Gráfica. “Aumento del 27 por ciento en
homicidios”, 5 de enero del 2005.)
Lo anterior reclama una dura crítica a la “política criminal” de los sucesivos
gobiernos de ARENA, sobre todo porque los últimos dos han insistido e invertido
mucho en campañas y “planes” que —según sus promotores— sí aliviarían el
sufrimiento de la población por la delincuencia y la violencia. Así, la “mano
dura” de Francisco Flores y la “súper mano dura” de Saca no han lograron
enfrentar ni siquiera con mediano éxito la situación; lejos de ello, la han
agravado de manera significativa y a estas alturas parece haberse desbordado. Es
válido entonces recordar lo que el IDHUCA sostuvo a lo largo del año recién
finalizado: mientras la administración pública no se decida a privilegiar la
prevención y la rehabilitación como puntos angulares de una verdadera y seria
política criminal, cualquier otro esfuerzo continuará siendo vano y frustrante
para la gente que sufre las consecuencias negativas de los desatinos oficiales.
En el área económica y social, el actual gobierno se ha dedicado más a impulsar
medidas publicitarias y ha dejado de lado los esfuerzos reales para favorecer a
las mayorías populares. Por esta razón, al inicio de la actual gestión
presidencial se habló del “efecto Saca” a partir de una inusitada campaña
mediática, superior incluso a la de su predecesor; de esa manera, se ha buscado
generar mayores niveles de simpatía entre la población mediante la realización
de actividades de gran impacto en la opinión pública, pero con poco o nulo
contenido de fondo.
A pesar de la publicidad mencionada, se tiene que a mitad del año en cuestión el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó su informe
sobre desarrollo humano. Según éste, el país se encuentra ubicado en la posición
103 dentro de una tabla en la que países como Cuba, México y Argentina aparecen
mejor colocados (Cfr. El Mundo. “Subimos dos peldaños en desarrollo humano”, 15
de julio de 2004). El mismo informe detalla que un gran segmento de la población
salvadoreña no ha superado la pobreza: de 1999 al 2002, el 40% ha subsistido con
menos de dos dólares diarios. El PNUD asegura que el umbral de la pobreza en El
Salvador es superior al de Mongolia, Egipto, Marruecos o Camboya.
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