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Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1133
Febrero 16, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Los referentes de identidad de los salvadoreños
Política: Preocupaciones por la gobernabilidad
Economía: Reforma tributaria: ¿desaliento a la inversión?
Sociedad: Persiste la violencia
Regional: Las recomendaciones de la UE a Centroamérica
Derechos Humanos: El Salvador y la UE
Los referentes de identidad de los salvadoreños
Definir qué es la identidad no es una tarea fácil. Con todo, lo primero que tiene que hacerse es descartar esas visiones esencialistas, según las cuales la identidad es algo fijo e inmutable o, mejor aun, algo que se puede atrapar con las manos. En la actualidad, lo usual es entender la identidad como un proceso siempre cambiante y dinámico, mediante el cual los individuos recrean permanentemente las señas que los identifican como parte de un grupo social más amplio. Tener una identidad es sentirse parte de una comunidad, con unos usos, costumbres, opciones y estilos de vida particulares. Cada individuo conforma su identidad —la construye— desde unos referentes a partir de los cuales nutre su subjetividad. Obviamente, los salvadoreños no escapan a esta dinámica; su identidad se ha venido creando y recreando a partir de la instauración de esa comunidad nacional denominada El Salvador. Ahora mismo, en el marco de un proceso de globalización acelerada, la identidad del salvadoreño está siendo redefinida de nuevo, no sólo por los influjos culturales externos, sino por la generación de un conjunto de referentes simbólico-culturales que encuentran en los grandes medios de comunicación la plataforma privilegiada para su difusión pública y masiva.
Redefinir la identidad del salvadoreño no significa eliminar las señales de
identidad tradicionales, sino reescribir muchas de ellas e insertarlas en la
nueva imagen que el salvadoreño se está forjando de sí mismo en estos tiempos de
globalización económica, política y cultural. Los referentes
simbólico-culturales locales que los grandes medios de comunicación han venido
poniendo en circulación desde los años noventa expresan aspectos que
tradicionalmente se han adscrito a la salvadoreñidad, con otros aspectos más a
la altura de las nuevas circunstancias socio-culturales. Veamos algunos de esos
referentes.
En el plano político-empresarial, figuras como Wilfredo Salgado —alcalde de San
Miguel— y Elías Antonio Saca —actual presidente de la República— son presentados
como dos modelos a seguir. Tal como han sido recreados por los medios, ambos
son, a su manera, exitosos en los negocios y la política. Ambos comenzaron desde
abajo, sin riqueza alguna, pero su esfuerzo y sacrifico individuales les
permitieron amasar el dinero suficiente para ser respetados y para aspirar a
ocupar importantes cargos públicos, con los cuales —una vez obtenidos— han
recibido un premio más que merecido. Es cierto, uno habla mejor que el otro; es
menos tosco y más agradable en el trato. En uno la picardía, el morbo y el aire
socarrón son algo espontáneo; en el otro lo es la simpatía y la sonrisa amable.
Pero —esta es la conclusión que se desprende de la estrategia mediática— los dos
son salvadoreños; los dos representan lo mejor que el salvadoreño puede dar de
sí. Sin duda, habría que aspirar a ser como ellos, son un modelo a seguir.
Complemento de Salgado y Saca, como referentes culturales promocionados por los
grandes medios, es Roberto D’Aubuisson, el ex mayor que, él solo —en la
recreación mediatica—, se hizo cargo de la titánica tarea de limpiar al país de
comunistas reales o presuntos. D’Aubuisson pudo hacer lo que hizo por su coraje
y hombría a toda prueba, por su frialdad y ausencia de sentimientos débiles que,
en cualquier caso, sólo se pueden permitir en las mujeres. El ex mayor fue, sin
duda, un macho, siempre dispuesto a desafiar a la muerte, a jugarse el todo por
el todo, sin temer a ningún “vendepatria”. No tenía ni ambicionaba dinero —tal
era su grandeza—, pero fue respetado por quienes sí lo tenían. ¿Cómo no va a ser
D’Aubuisson un modelo a seguir? ¿No fue acaso un salvadoreño bien salvadoreño?
¿No son acaso el machismo, la virilidad, el abuso de la fuerza y la ausencia de
sentimientos de compasión algo necesario para sobresalir en la vida y para
llevar adelante grandes empresas, como esa que asumió el ex mayor de hacer del
país una tumba para los rojos?
Pero no sólo de la esfera política-empresarial los medios extraen materiales
para la construcción de referentes de identidad para los salvadoreños. Lo hacen
también de los ámbitos religiosos —convirtiendo a ciertos líderes religiosos
conservadores o neoconservadores en modelos de conducta moral y política para
todos—; empresarial —haciendo creer al público que el éxito de determinados
empresarios o fundaciones empresariales es lo que garantiza la felicidad de los
salvadoreños—; deportivo —donde se promueven, como algo deseable para todos, los
hábitos y modo de ser de determinadas figuras deportivas— y el mismo ámbito
mediático —cuyos conductores estrella son presentados como un ideal a seguir en
vestido, corte de cabello y, por qué no, en preferencias políticas—.
Sólo como ilustración, conviene detenerse en el ámbito deportivo. Aquí, los
medios han trabajado denodadamente por convertir al “Mágico” González en un
referente para los salvadoreños. Para ello, han sobrevaluado sus capacidades
como futbolista: lo han convertido en un genio, sino el más grande de la
historia, sí en uno que está, con todo derecho, a la par de otros grandes como
Pelé, Di Estéfano y Diego Maradona. Los medios nunca cesan de recordar su
grandeza; las anécdotas de quienes los conocieron en España siempre hablan de su
genialidad. Se trata de un genio que, pese a surgir de abajo, llegó a acariciar
el éxito en España, donde lo tuvo todo –dinero, bienes de lujo, viajes,
reconocimiento— al alcance de la mano. Pero, nos dicen los medios, para acceder
a ese mundo tenía que renunciar a ser él mismo, tenía que renunciar a su
indisciplina, su vida desordenada, sus juergas y sus desvelos. Y, claro está, el
“Mágico” González no lo hizo, porque, además de ser un genio con el balón, él es
una persona auténtica. O era su autenticidad —ser como él es— o era el éxito
deportivo; el “Mágico” —por algo es “san Mago”— se decidió por lo primero, con
lo cual tuvo que regresar a El Salvador para vivir su autenticidad, sin las
presiones y la disciplina con las que tenía que lidiar si quería ser parte de
ese mundo falso del deporte internacional de primer nivel.
Si desde referentes como Wilfredo Salgado, Elías Antonio Saca o D’Aubuisson se
fomentan valores como la picardía, la virilidad, las ambiciones, el abuso y la
manipulación como claves del éxito en la vida, con referentes como el “Mágico”
González se fomentan valores como el conformismo, la renuncia al esfuerzo, la
indisciplina y la aceptación de la suerte que a cada uno le ha tocado. Se trata
ciertamente de referentes contradictorios, pero complementarios. Y es que para
que haya salvadoreños que aspiren (y puedan) ser como Wilfredo Salgado o Elías
Antonio Saca debe haber salvadoreños que aspiren ser como el “Mágico” González.
La ambivalencia de los salvadoreños, las ambiciones y actitudes encontradas que
los caracterizan, se explican en parte por la existencia de referentes
culturales como los que se han descrito.
Preocupaciones por la gobernabilidad
Luego de la firma de los Acuerdos de Paz muchos pensaban que la política nacional debería de discurrir por cauces completamente distintos a los vividos durante la década de confrontación armada. Sin embargo, poco tiempo después, se llegó a la triste conclusión que el entendimiento político que se esperaba estaba más difícil de lograrse, no obstante el hecho de que los actores políticos habían mostrado su plena disposición a respetar su compromiso de abandonar la lucha armada. Desde entonces, la palabra polarización se ha puesto de moda y muchos temen que el país se vuelva ingobernable, debido a la gran distancia que separa a las principales fuerzas políticas del país.
Reforma tributaria: ¿desaliento a la inversión?
La reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo ha generado diversas reacciones en el ámbito empresarial. Algunos sectores de la empresa privada, por ejemplo, han expresado cierto descontento hacia esta medida. Para las gremiales empresariales más importantes es necesario elevar el nivel de recaudación de impuestos. Sin embargo, este debe lograrse a través de mecanismo institucionales que no sean excesivamente engorrosos, ya que pueden debilitar la actividad empresarial.
Persiste la violencia
Desde finales del año pasado, los homicidios cometidos en el país han aumentado cada día. Sólo entre el 23 y el 31 de diciembre de 2004, la Policía Nacional Civil registró 85 asesinatos en todo el país. El primer día del año presagiaba una tendencia igualmente preocupante: entre la 1 p.m. del 31 de diciembre y las 6 p.m. del 1 de enero —en el lapso de unas 30 horas— se produjeron 15 asesinatos, de acuerdo al Comité de Emergencia Nacional. Las cifras se habían disparado y la tendencia no se detendría en los días siguientes. Para 2005, según las cifras manejadas por la prensa nacional, se cometían en el país entre 9 y 10 asesinatos diarios, uno de los índices más altos de los últimos años.
Las recomendaciones de la UE a Centroamérica
La firma de tratados comerciales constituye la agenda del día para los gobiernos centroamericanos. En este sentido, la Unión Europea (UE) se vislumbra como un socio clave. Constituye un acierto buscar el estrechamiento de lazos diplomáticos y comerciales con la mayor cantidad de contrapartes —sean éstas los EEUU, la propia Unión Europea, los países del cono sur, entre otros—, en vez de apostarle todo a una sola carta. Depender, por ejemplo, única y exclusivamente de lo que se logre sacar del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los países del Istmo y los EEUU (CAFTA, por sus siglas en inglés) es pecar de miopía.
El Salvador y la UE
Desde hace más de quince años, la política oficial salvadoreña se ha caracterizado sobre todo por una pretendida “apertura de mercados”. Los tratados o convenios con diversos países y regiones del mundo han sido el incentivo, con el aparente propósito de fomentar las exportaciones e incenivar la inversión extranjera. Desde principios de los noventa, los gobiernos “areneros” impulsaron una estrategia económica basada en reformas estructurales que incluyeron la liberalización del comercio, la reprivatización del sector financiero y otros servicios estatales, la reforma del sistema de pensiones y la adopción de incentivos para la inversión —sobre todo para la extranjera directa— con el propósito de volver al país más competitivo y elevar sostenidamente el crecimiento económico.
Ejemplo de esto es la relación comercial con la Unión Europea (UE). El vínculo
consiste en permitir la entrada de ciertos productos procedentes de
Centroamérica en el “viejo continente”, sin pagar impuestos o cancelando un
precio ínfimo; esto, bajo un programa denominado Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP). A cambio Europa exigió, en principio, una lucha frontal
contra el narcotráfico.
El Salvador resultó beneficiado con dicho Sistema desde 1999; entonces, el
acuerdo se estableció para tres años y el plazo se prorrogó hasta la fecha. Sin
embargo, este trato preferencial fue duramente criticado por la India quejándose
en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la desventaja económica que
representaba para los asiáticos la vigencia de tales facilidades para
Centroamérica. Debido a eso, los países europeos decidieron ser más rigurosos en
lo relativo a los requisitos para optar al SGP. En ese marco, mantuvieron como
condición la lucha contra las drogas; además, para tener acceso a un nuevo
acuerdo preferencial, solicitaron el cumplimiento de normas ambientales y la
aplicación de los veintitrés convenios laborales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Por este último requisito, el gobierno de Antonio Elías Saca se encuentra hoy en
serios problemas ya que los convenios número 87 y 98 todavía no han sido
suscritos por El Salvador. Según algunos de los funcionarios del Presidente de
la República, estos son incompatibles con la Constitución. Los convenios
precitados tratan sobre la facultad de los empleados públicos para asociarse,
así como la posibilidad de pactar contratos colectivos de trabajo. Este tipo de
derechos se encuentran actualmente regulados, de manera muy clara, sólo para el
sector privado y empleados de instituciones oficiales autónomas.
El gobierno alega que los referidos convenios contrarían el texto constitucional;
en concreto hablan del artículo 39, referente a los contratos o convenios
colectivos de trabajo de los empleados de las empresas; del 47, sobre la
facultad de los trabajadores del sector privado e instituciones oficiales
autónomas de formar sindicatos; y del 221, que prohibe a los empleados públicos
y municipales realizar huelgas. Así, los representantes gubernamentales
pretenden hacer creer que para ratificar estos convenios se debe reformar la
Constitución de la República mediante un largo y engorroso camino que requiere
el acuerdo de dos legislaturas.
Lo anterior supone que la Asamblea actual tendría que proponer y aprobar dicha
modificación con cuarenta y tres votos, para que la siguiente —que arranca en el
2006— la ratifique con la mayoría calificada de cincuenta y seis diputados. Sin
embargo, desde nuestra óptica, lo que el gobierno debería hacer es interpretar
las disposiciones supuestamente “afectadas” de una manera integral y armónica,
tal como lo señala la doctrina jurídica y la jurisprudencia constitucional;
deben entenderse las disposiciones en cuestión relacionadas con las normas
establecidas en los artículos siete —que regula el derecho de asociación— y ocho
—el cual determina que nadie esta obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a
privarse de lo que ella no prohibe— de nuestra Carta Magna.
No pretendemos en este comentario desarrollar un argumento jurídico exhaustivo
que demuestre si es o no constitucional la ratificación de dichos convenios. Lo
que sostenemos es que su aceptación debe verse como una garantía para las y los
trabajadores del sector público; sería un gesto estatal coherente con el
adecuado respeto de los derechos humanos. Diversas experiencias en esta materia
—sobre todo en lo que toca a los derechos económicos y sociales— indican que las
autoridades nacionales sólo observan los hechos desde la óptica pecuniaria; en
nuestro caso, para las administraciones “areneras” el problema reside en lo
siguiente: de no ratificarse estos convenios de la OIT antes del primero de
julio del año en curso, El Salvador quedaría excluido de los beneficios del SGP
con la UE y en términos económicos eso representaría un pérdida aproximada de
ochenta millones de dólares. Eso arriesgaría aún más la precaria inversión
extranjera y las exportaciones salvadoreñas con otros países. Como se puede ver,
aún desde las puras cifras, al país no le conviene ignorar los requerimientos de
los europeos pues las consecuencias pueden ser importantes.
Pero independiente de los puntos de vista que se tengan para salir al paso del
escollo planteado, esta preocupación no existiría de haberse seguido con
atención las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. En su informe público,
hace más de diez años, dicha Comisión recomendó —en lo relativo a la protección
de los derechos humanos— la necesidad de ratificar, entre otras normas, los
convenios relativos a la facultad de poder sindicalizar al sector público y la
posibilidad de suscribir contratos colectivos con los empleados gubernamentales,
lo que se encuentra establecido en los convenios 87 y 98 de la OIT.
En ese escenario, aunque el Presidente salvadoreño diga que le hizo saber a la
Unión Europea, que “dejar a El Salvador fuera es dejar sin oportunidades al país
que ha sido líder en la integración y que respeta los derechos laborales”, es
claro que las palabras de Saca no tendrán el peso necesario para que allá
cambien una posición que obedece a criterios preestablecidos en sus propias
leyes de cooperación.
El Ejecutivo pretende hacer cambiar de idea a los países europeos enviando
delegaciones integradas por ministros de varias ramas; así busca que El Salvador
siga gozando de los beneficios de SGP, sin ratificar los convenios antes
señalados. Estas gestiones no tienen muchas posibilidades de prosperar; mas bien
nos exhiben como un país poco serio en sus relaciones internacionales. La
situación es clara: la UE ya puso las cartas sobre la mesa y el gobierno
“arenero” decidirá si las toma o las deja.
A esta administración del Ejecutivo le salió el tiro por la culata, pues pese a
ostentar uno de los primeros lugares en Latinoamérica y el mundo en lo relativo
a apegarse al pie de la letra a las “buenas” políticas de los organismos
multilaterales en la materia, no ha conseguido sus propósitos. En particular, se
resiente la falta de crecimiento económico; desde 1996 se observa una
inexplicable desaceleración económica que se traduce en problemas críticos de
empleo, recaudación y competitividad, entre otras complicaciones. Pregona la
“apertura de mercados”, pero al tener la posibilidad de entrarle en serio a uno
que ofrece grandes beneficios —como en el caso de la UE— se encuentra acorralada
por no tener una legislación laboral acorde al terreno en el que quieren “jugar”:
el de la globalización. Eso evidencia el menosprecio oficial de los derechos
laborales y su resistencia a realizar cambios sustanciales en favor de las y los
trabajadores.
En definitiva, está claro que la Unión Europea —acostumbrada normalmente a
respetar los derechos humanos— sólo desea vínculos comerciales con países que
también los garanticen. El Salvador, entonces, debería tomarle la palabra y
ratificar los convenios de la OIT; no sólo por el interés económico, sino
también para demostrar que el país realmente empieza a cambiar, que es coherente
con la estrategia económica aplicada y que ya se decidió a salir del
oscurantismo en el que ha permanecido durante toda su historia.
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