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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1135
Marzo 2, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Fracaso gubernamental
Política: Crisis carcelaria y arbitrariedad gubernamental
Economía: Exportaciones y diversificación productiva
Economía: Comercialización y prácticas desleales en el mercado agropecuario
Sociedad: Figueroa empaña la imagen de Saca
Regional: Primarias interesantes, pero sin novedades
Derechos Humanos: Sobre armas e incoherencias
Fracaso gubernamental
A estas alturas, se sabe bastante acerca de la violencia que sacude a El Salvador. Los aportes de la UCA han sido cruciales no sólo para entender los factores que la posibilitan, sus distintos agentes y sus variadas manifestaciones, sino también para hacer del problema un asunto de interés público. Antes de 1997 —cuando en la UCA se hicieron los primeros estudios sistemáticos sobre la violencia—, ni siquiera la expresión “violencia social” tenía carta de ciudadanía en las preocupaciones en torno al problema de la violencia en la postguerra. En ese entonces, al gobierno de Armando Calderón Sol le cayeron como un baldazo de agua fría los datos recabados y divulgados por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) y el Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la UCA, a propósito de la magnitud y costos de la violencia en El Salvador.
Al entonces mandatario no le hicieron gracia unos datos que ponían en tela de
juicio la imagen del país que su gobierno quería promocionar en el extranjero,
esto es, un país pacífico, tranquilo y amigable. Al final de su mandato,
Calderón Sol se vio obligado a reconocer que el problema de la violencia no
podía obviarse y que, en consecuencia, desde el gobierno tenía que diseñarse una
serie de medidas para hacerle frente. Esta convicción fue uno de los legados de
la administración de Calderón Sol a la de Francisco Flores y de esta última a la
de Elías Antonio Saca. Junto con esa convicción, también se gestó una
interpretación —insinuada en el último tramo del mandato de Calderón Sol y
convertida en dogma de fe con Flores y Saca—, según la cual, la violencia de la
postguerra tenía su origen fundamental en las acciones de las pandillas
juveniles, conocidas como “maras”. En virtud de esta interpretación, a todas
luces equivocada, las maras terminaron por convertirse en las principales
agentes de los más diversos tipos de violencia y, por ello, en las principales
destinatarias de las políticas estatales encaminadas a erradicar el crimen en la
sociedad salvadoreña.
Que los gobiernos de ARENA reconocieran que la violencia era una realidad en el
país fue positivo. También lo fue que aceptaran que desde el Estado se debían
implementar políticas orientadas específicamente a enfrentarla. En lo que se
equivocaron fue en el diagnóstico de la violencia, en las variadas raíces y
expresiones de la misma. Es curioso, pero a medida que los estudios sobre la
violencia se fueron ampliando —estudios sobre las maras, sobre la violencia
infantil, intrafamiliar y contra la mujer, etc.—, los gobiernos de ARENA
centraron obstinadamente su atención en las maras como causa fundamental de la
violencia.
Una y otra vez, los estudios sobre violencia han insistido en que la misma tiene
múltiples dimensiones y que las maras constituyen apenas una de ellas. Los
gobiernos de ARENA —sobre todo, el del presidente Saca y el de su antecesor— han
subestimado esa tesis. También han subestimado datos concluyentes acerca de la
relativa baja contribución de las maras al total de crímenes cometidos en El
Salvador. O datos que revelan la existencia de un mundo del crimen —secuestradores,
narcotraficantes, traficantes de armas, tratantes de blancas, contrabandistas de
vehículos, etc.—, cuyos agentes principales y beneficiarios directos no tienen
nada que ver con las maras y sí con “respetables” hombres de influencia
económica y política. Nada de esto importó al gobierno de Flores y, en la
actualidad, al gobierno de Saca; coherentes con su diagnóstico, lanzaron sus
planes “Mano dura” —el primero— y “Súper mano dura” —el segundo—, orientados a
reprimir a las maras, en el supuesto de que disminuida la presencia de los
pandilleros en las calles, por la vía del encarcelamiento, la violencia social
iba a disminuir en igual medida.
Los estudios y análisis que se hicieron, tanto a propósito del plan “Mano dura”
como del plan “Súper mano dura” —además de llamar la atención sobre sus
consecuencias negativas en los planos jurídico y del respeto a los derechos
humanos— anticiparon su fracaso más estrepitoso. Sin embargo, en el gobierno —donde
parece brillar por su ausencia la sensatez y el uso de la razón— se siguió
insistiendo en que en la implementación de esos planes estaba la clave de la
tranquilidad de los salvadoreños. Dicho y hecho, cuando estaba por dejar el
cargo, Flores dio la orden para iniciar la persecución contra las maras; Saca,
tras los pasos de su predecesor, continuó con esa persecución.
El gobierno del presidente Saca —al igual que el de Flores— ha cumplido con una
parte de su propósito: además de demonizar a los pandilleros, los han hostigado,
acosado, maltratado y encarcelado. Pero, pese a ello, no ha cumplido con su
promesa de erradicar la violencia y el crimen. Y no lo ha hecho, porque el
diagnóstico que ha fundamentado sus decisiones —al igual que sucedió con Flores—
ha sido equivocado.
¿Por qué el gobierno no prestó atención a estudios más completos sobre la
violencia, de modo que sus decisiones fueran más integrales? ¿Por incapacidad
para entender esos estudios? ¿Por falta de tiempo, dado que había tareas
urgentes que atender y que no podían esperar más? ¿O fue porque no había un
interés real por enfrentar el problema de la violencia? ¿O acaso fue porque la
violencia es un negocio que a conviene sectores poderosos que se lucran con ella?
¿O fue porque la violencia es un tema que puede ser explotado políticamente a
conveniencia de ARENA?
Esas y otras preguntas salen a relucir una vez que es claro que el gobierno de
Saca —lo mismo que el de Flores— está fracasando en su lucha contra el crimen.
Los funcionarios más viscerales podrán seguir clamando por un endurecimiento
mayor del combate contra las maras, pero eso lo único que prueba es que su
insensatez no tiene remedio.
Crisis carcelaria y arbitrariedad gubernamental
No se cuenta con la información básica en torno a la situación real que padecen los miles de prisioneros que viven en las cárceles salvadoreñas y las autoridades tampoco están dispuestas a revelarla. Ni siquiera la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) parece contar con todos los elementos necesarios para cumplir con su tarea de vigilancia de los derechos de estos salvadoreños. Todo lo que se sabe, a través de algunas voces de alarma que se han suscitado aquí y allá, es que la situación de los reos alcanza niveles intolerables para una sociedad que pretende regirse por criterios democráticos.
Exportaciones y diversificación productiva
Una de las principales apuestas de los gobiernos de ARENA ha sido impulsar el desarrollo de las exportaciones para dinamizar la economía. De acuerdo a esta visión, los productores y comerciantes locales deben enfocarse hacia fuera, debido a que la baja demanda que existe en el mercado interno se debe a la saturación de bienes locales. Para “descongestionar” el mercado interno, sería necesario incentivar a los productores para que exporten.
Comercialización y prácticas desleales en el mercado agropecuario
Mucho se ha escrito sobre la decadencia del sector agropecuario, pero se ha enfatizado poco sobre cuáles son las causas que, hasta hoy, siguen provocando su estancamiento. La migración del campo a la ciudad, el crecimiento industrial debido a la incipiente globalización, la vulnerabilidad ante el mundo globalizado, la baja competitividad, así como la reducida participación de los productos tradicionales en las exportaciones, son algunos factores que han provocado el debilitamiento de este rubro.
Figueroa empaña la imagen de Saca
Los funcionarios de ARENA deberían tener más cuidado cuando opinan sobre asuntos de interés público. A nadie le gusta que le lancen acusaciones sin pruebas. Tampoco es prudente demonizar a un partido, a su institucionalidad y a sus bases, mediante mentiras, difamaciones y calumnias. René Figueroa —el actual ministro de Gobernación, vicepresidente de ideología del partido en el gobierno y jefe de campaña del presidente de la República, cuando era candidato—, ha recaído nuevamente en una vieja manía de los areneros más radicales. En días recientes, acusó a diputados del FMLN de estar detrás de los desórdenes registrados en varios centros penales del país; antes, había dicho que pandilleros de la Mara 18 y MS asistían a reuniones del partido de izquierda, en las que habrían recibido lineamientos para desestabilizar el país. Sin pruebas en mano, el ministro lanzó sus ataques verbales, mientras su partido afina la estrategia en vistas de los comicios legislativos y municipales de 2006.
Primarias interesantes, pero sin novedades
La recién finalizada campaña preelectoral en Honduras, en la cual los dos partidos tradicionales —el Nacionalista, en el poder, y el opositor Liberal— convocaron a elecciones primarias, permite presagiar que los próximos comicios generales a celebrarse en noviembre estarán llenos de tensiones.
En una práctica hasta ahora inédita en el país centroamericano, los citados
partidos políticos convocaron a la ciudadanía en general a votar en elecciones
primarias, para elegir a los candidatos que postularán tanto para la presidencia
y vicepresidencia de la República como para la legislatura y los gobiernos
municipales. La postura oficial de ambos partidos ha sido la de mostrarse
satisfecho del resultado de los comicios, en los cuales el liberal Manuel Zelaya
se enfrentará al candidato nacionalista Porfirio Lobo.
Sobre armas e incoherencias
¿Quién entiende la política de seguridad del Presidente Antonio Saca? La pregunta es válida al observar las medidas implementadas en este ámbito. Durante la campaña electoral, una de sus principales ofertas fue la de crear el Fondo para la Salud (FOSALUD); ya en el cargo, empujó la propuesta hasta su aprobación. Para financiar su ejecución le aumentó impuestos a cigarrillos, cervezas y licores así como a la venta de armas y municiones. “Todo aquello que produzca daño a la salud, me parece que es una buena forma de financiar el Fondo para la Salud”, declaró en su momento.
De esa forma, Saca identificó tácitamente como dañinas y por tanto siniestras a
las armas de fuego que producen muertes y lesiones las cuales deben ser
atendidas en los centros hospitalarios. Los números le dan la razón. La Policía
Nacional Civil (PNC) da cuenta que el 74% de los homicidios en todo el país
durante el 2004, se ejecutaron con armas de fuego; según Médicos Salvadoreños
para la Responsabilidad Social (MESARES), el 7.12% del Presupuesto General de la
Nación se destinó a los hospitales para tratar de recobrar la salud de las
personas lesionadas con estos artefactos.
Así las cosas, parecía que Saca y su gabinete tenían claro dónde estaba una
buena parte del problema; por ello, se esperaba que el Órgano Ejecutivo
comenzaría por fin a tomar el toro por los cuernos en esta materia, pese al
lógico rechazo que generaría entre los importadores y comerciantes de armas
Pero al parecer, la aparente claridad del diagnóstico oficial no dio para más.
Al iniciar el año en curso, el Ministro de Gobernación propuso varias reformas a
la Ley de Armas y Explosivos que fueron aprobadas casi en su totalidad un mes
después, en la Asamblea Legislativa. Pero las medidas planteadas en dichas
reformas son muy superficiales. Enfrentan un problema tan grave con una
manifiesta timidez; da la impresión que sus impulsores y aprobadores sólo
pretendían generar una opinión pública favorable a sus intereses, con base en
anuncios y propaganda, pero sin resolver el fondo de la cuestión. Como veremos a
continuación, las modificaciones no pueden entenderse como una voluntad genuina
para frenar la ola de homicidios y otros hechos graves de violencia cometidos
con armas de fuego.
La visión de Saca antes comentada no coincide con su acción, pues la reforma
propuesta por su Ministro “estrella” nos dice que las disposiciones más
apropiadas para atacar el flagelo de los asesinatos son: aumentar tres años más
la edad mínima para portar un arma, limitar su compra a dos por año y prohibir
la publicidad o exhibición de dicho material bélico. Si nos fijamos, ninguna de
estas medidas va al fondo de la violencia y su innegable relación con la compra
y el uso de armas de fuego.
¿Qué solución es el que ahora se autorice la portación de armas dispuesta para
su uso, a personas que cumplieron veinticuatro años de edad y no veintiuno como
se establecía antes? ¿O que alguien sólo pueda comprar un par de pistolas al año?
No existe, en este último caso, ningún dato para demostrar que las personas que
poseen más armas las utilicen para agredir a sus semejantes; tampoco que una
persona de veintiún años sea más propensa a cometer un delito contra la vida,
que una de veinticuatro.
Para empeorar la situación, el camino que las mencionadas reformas siguieron
para su aprobación en la Asamblea Legislativa fue apresurado e irresponsable,
tanto que se dejó un hueco importante en la actual normativa: hoy cualquier
persona puede portar un arma de fuego corta en el transporte colectivo, cargada
y lista para disparar. Más grave aún: se autoriza portar fusiles en los buses,
siempre que éstos vayan descargados. Estos inexcusables desaciertos fueron
detectados apenas unos minutos después de la aprobación de la ley por uno de los
diputados, pero los “padres de la patria” prefirieron dejar que el Presidente
Saca los corrija a través de su potestad constitucional de efectuar
observaciones a las decisiones legislativas.
Es muy poco, entonces, lo que se puede esperar de estas reformas y sigue abierto
el debate sobre la ingente necesidad de desarmar a la población civil. Quienes
abogan por permitir que se porten armas de fuego, argumentan que no se puede
dejar indefensa a la ciudadanía honrada y armada a la delincuencia. En el fondo,
dicha postura establece es que cada cual debe velar por su propia seguridad,
dejando sin valor o efecto la obligación estatal para proporcionarla. El mismo
presidente Saca, quien es protegido por un buen número de guardaespaldas, se
coloca del lado de este grupo. “Yo no firmaría un decreto, no lo sancionaría si
vamos a desproteger a la población que necesita un arma para defenderse”, ha
dicho.
Pero lo que en realidad ocurre es que bajo esta concepción se ha extendido el
comercio de productos bélicos y las agencias de seguridad privada. Un reportaje
de Juan Carlos Rivas en el Suplemento “Vértice” da cuenta de lo siguiente: “De
31 empresas existentes, 23 son importadoras y únicamente ocho se dedican a
comercializar, pero esas ocho tiendas se encargan de suministrar tanto armas
como municiones a la Policía, el Ejército y algunas compañías de seguridad
porque, según la ley, ni el ejército ni la policía pueden gestionar las compras
a título propio”(El Diario de Hoy, “Armas a granel”, 9/1/05). Para completar el
cuadro, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) estimaba que en el
2000 eran alrededor de 400,000 las armas en manos civiles, de las cuales sólo
una tercera parte estaban legalizadas.
En ese marco, paulatinamente los empresarios y la población en general han
desechado la seguridad que debe brindar por ley la PNC para acogerse a la que
ofrecen las agencias privadas o la que pueda procurarse a sí misma, confiando en
su propia “habilidad” en el manejo de un arma. Todo ello porque resienten las
deficiencias policiales para proteger sus vidas y propiedades. Este grado de
inseguridad tiene las casas amuralladas y cercadas con alambres, cerradas las
entradas de las colonias y resguardados los negocios -ahora hasta el del
transporte público- con agentes de seguridad privada. Eso sí, estas medidas las
toman quienes pueden costearlas.
Lo anterior no ocurriría si la PNC demostrara capacidad y eficiencia. Pero sobre
todo si la ola de homicidios y otros delitos que abate a la población
disminuyera de verdad, más por el diseño e impulso de una adecuada política
criminal que por la publicidad oficial; en ésta deberían integrarse todos los
elementos necesarios para contribuir a enfrentar con éxito el problema, dentro
de los cuales se encuentra una regulación más drástica y progresiva hasta
alcanzar el desarme total de toda la población civil.
En tal sentido, las autoridades deben valorar que en una sociedad como la
nuestra en la que es común recurrir a la violencia para resolver cualquier
problema y en la que no existe control ni atención en salud mental para la
mayoría de su gente, las armas de fuego en manos de civiles no son alternativas
de seguridad. La decisión de armarse lejos de traer paz, causa más inestabilidad
y riesgo. Para comprobarlo, basta tener en mente hechos como aquél que se baja
de su carro y mata a quien no le permite avanzar; o el del policía que dispara
sin razón en una fiesta asesinando varias personas; y qué decir de las “balas
pérdidas” que han causado la muerte de tantos niños y niñas o de quienes pasados
de tragos disparan alocadamente, incluso a las autoridades.
Por eso pensamos que no se debe andar con paños tibios: el desarme es una
necesidad real. En un país que quiera vivir en paz no suena lógico que exista un
arsenal en manos de civiles, con el pretexto de la defensa personal o
patrimonial. Para eso está el Estado y sus instituciones. Que los delincuentes
lo hagan es un problema que deben solucionar las autoridades competentes, lo
cual se facilitará si la portación y tenencia no están legalizadas.
Si el Presidente Saca ya reconoció implícitamente lo dañino que es el comercio
de este material bélico aplicándole un impuesto para financiar el FOSALUD, hay
que dar el siguiente paso para cortar de raíz este problema: avanzar hasta la
prohibición total de la venta, tenencia y portación de armas. Sólo así podríamos
entender cuál es su política de seguridad.
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