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Año 25
número 1136
Marzo 10, 2005
ISSN 0259-9864
Número monográfico
El Plan Social del gobierno de Elías Antonio Saca
Editorial: Un plan ambicioso
Política: Un Plan Social de intervención estatal
Economía: El Plan Social de Saca: consideraciones económicas
Sociedad: La política social de "Lula" da Silva
Derechos Humanos: Los centros penales en El Salvador
Un plan ambicioso
El gobierno de Saca lanzó un plan ambicioso para reducir a la mitad la pobreza extrema. La intervención comienza con quince municipios y 20 mil familias, identificadas como imposibilitadas para adquirir la canasta básica. El próximo año se incorporarán otros dieciséis municipios con otras 20 mil familias. Luego, la cobertura se ampliará a 68 municipios. El plan se propone concentrar recursos y servicios de diversas instituciones públicas, en las zonas más pobres del país. El plan comprende asistencia económica directa a cambio de enviar a los menores a la escuela y colocarlos bajo control en el centro de salud de la localidad, apoyo a pequeños agricultores con microcrédito durante tres años, y establecimiento de escuelas y centros de salud con servicios básicos ?infraestructura, electricidad, agua potable y saneamiento? o mejora de los existentes. A esto se agrega mejora de viviendas y caminos rurales. Las escuelas y los centros de salud deben estar equipados para atender la afluencia de los menores y sus madres. De esta forma, el gobierno se propone incidir directamente en la educación y la salud de la población infantil y en la de las madres, al mismo tiempo que les proporciona crédito para generar ingresos suficientes como para adquirir la canasta básica. El desarrollo del plan será seguido de cerca por el gobierno, a través de un censo y registro de los indicadores básicos.
Ya era hora de emprender una acción sistemática para reducir la extrema pobreza
del país. El plan no es todo lo que habría que hacer, pero es un buen comienzo y
un esfuerzo que amerita apoyo, en la medida en que sea serio y beneficie a las
familias más desprotegidas del país. La mejora de los servicios básicos debiera
extenderse pronto a las concentraciones de pobladores. El microcrédito no será
suficiente, si no va acompañado de un buen plan de asistencia técnica. Queda,
pues, mucho por hacer, pero es un buen comienzo. No hay que perder de vista que
esta intervención masiva del gobierno en la sociedad es un reconocimiento del
fracaso del mercado como principio regulador de la vida nacional.
No es, pues, válido rechazar el plan por la desconfianza que siempre despiertan
esta clase de intervenciones gubernamentales. Hay razones de sobra para
desconfiar; pero no es sano adoptar una postura intransigente sin antes poner a
prueba las verdaderas intenciones del gobierno. Es cierto que el plan no cubre a
toda la población pobre, ni tal vez a toda la que vive en extrema pobreza, pero
no se puede desconocer que comienza con un buen número de familias. En parte,
esto se debe a la falta de recursos financieros; pero no es mala idea concentrar
los pocos recursos disponibles en aquellos sectores más necesitados y
abandonados. Por otro lado, es práctico comenzar con un sector razonable antes
de lanzar el plan a escala nacional. Es una experiencia nueva y, por lo tanto,
la prudencia aconseja avanzar de forma gradual. El extremismo y el
perfeccionismo son enemigos de lo posible. Con todo, al menos hay que darle el
beneficio de la duda. Esto no significa desconocer la existencia de riesgos.
Un gobierno de ARENA no está preparado para gestionar la realidad nacional de
forma coordinada. Cada ministerio o autónoma ha dispuesto, de manera
independiente, de sus actividades y recursos. Coordinar los esfuerzos de las
diversas dependencias gubernamentales para incidir en los municipios
seleccionados será una tarea titánica, que requerirá de una enorme voluntad
política y, en último caso, de presión y también de control. Si la dirección del
plan no tiene poder para imponerse sobre las tendencias hacia la dispersión, el
esfuerzo se difuminará, en una serie de acciones irrelevantes. Los altos
funcionarios no sólo deberán cambiar su mentalidad, sino que, además, necesitan
un buen baño de extrema pobreza. Desconocen qué es vivir en la miseria; tampoco
están interesados en saberlo. Conviene, pues, exponerlos a la vida real de la
mayoría para sensibilizarlos o, al menos, para crearles cierta conciencia de
culpa.
El éxito del plan depende de la aceptación y colaboración de las comunidades
beneficiadas y de sus líderes. Los gobiernos de ARENA han menospreciado la
organización comunitaria y sus valores. Ahí donde no ha habido un impulso
externo a la comunidad, ésta es inexistente. Los líderes locales suelen
desconfiar de las intervenciones externas y más cuando éstas provienen de
políticos o del gobierno. La gente no rechazará lo que le den, siempre lo agarra,
llevada por la necesidad, pero no se comprometerá con el plan con facilidad. La
experiencia le ha enseñado que estas intervenciones son más propagandísticas que
reales y de largo plazo. Conviene, pues, que Casa Presidencial haga mucho menos
énfasis en la propaganda y concentre sus esfuerzos en convencer a los liderazgos
locales de las bondades de su oferta y más a los comunitarios y religiosos que a
los políticos. La identificación y sobre todo la cooperación serán difíciles si
el gobierno no piensa en términos del desarrollo local y de la descentralización
de servicios y recursos. Una intervención concebida de forma puntual y de corto
plazo no llegará muy lejos.
Aunque el plan pueda mejorar la situación socioeconómica de algunas familias en
extrema pobreza, no deja de ser un paliativo para el devastador impacto de la
política neoliberal de ARENA y la empresa privada. La idea no es ampliar los
beneficios del modelo a estas familias, sino hacerles un poco más llevaderas sus
consecuencias. Ninguna de las familias beneficiadas alcanzará su bienestar con
este plan. A lo más, dejarán la extrema pobreza para entrar en la simple pobreza.
Con todo, es un avance nada despreciable, sobre todo para quienes sobreviven, en
esos extremos de miseria y abandono. Y es que el plan se propone mejorar los
índices del desarrollo humano, no redistribuir el ingreso. Es una forma
inteligente de hacer eficaz el gasto social y un reconocimiento del papel
subsidiario del Estado, en contra de un mercado concebido como norma absoluta de
la vida social.
La contradicción fundamental es evidente. El gobierno actual reconoce que ARENA
no ha logrado avanzar en la erradicación de la pobreza. Según el presidente Saca,
por el poco crecimiento económico de más de una década, por la enorme
desigualdad en la redistribución del ingreso y por el contraste entre la ciudad
y el campo. Corregir el rumbo supone replantear el modelo económico y no sólo
atender a las familias en extrema pobreza. No hay que confundirse. No cabe
esperar más de lo que el plan puede dar de sí, ni tampoco menos. No aumentará el
crecimiento económico, tampoco redistribuirá el ingreso, pero sí contribuirá a
cerrar la brecha entre la vida urbana y la rural. Lo social sólo será tan
importante como lo económico cuando haya redistribución del ingreso por la vía
impositiva.
Un Plan Social de intervención estatal
La noticia merece subrayarse. Al fin, el Ejecutivo salvadoreño anuncia un plan de intervención para ayudar a las familias más pobres de los municipios más pobres de El Salvador. Es necesario recalcar la noticia porque entra en una lógica distinta a la que había caracterizado el discurso de la derecha hasta ahora. Hace muy poco se decía que había que fomentar, sin ninguna excepción, el laissez faire et laissez passer. Se sostenía que los problemas se resolverían gracias a la Mano Invisible del mercado y su carácter magnánimo para con todos los ciudadanos. Sólo de esta manera se iba a corregir el problema de la distribución de los recursos de la producción nacional. Esta fue la ideología que defendieron los tres presidentes anteriores –todos areneros de pura cepa—, quienes adoptaron y defendieron las tesis más extremistas del liberalismo económico.
Ahora, Antonio Saca, en una vuelta de tuerca llamativa, decide cambiar el rumbo.
Sin llegar a asumir la evidente contradicción con la ortodoxia de su partido, el
presidente declara que es tiempo de terminar con el discurso de la
inevitabilidad del rebalse. A decir verdad, desde su discurso de toma de
posesión, Saca había anunciado este cambio de visión respecto de cómo ayudar a
los pobres. El 1º de junio de 2004, decía el mandatario, “la pobreza es una
condición a la que ningún salvadoreño debe resignarse. Los que hemos recibido el
encargo de conducir los destinos del país debemos combatirla de manera frontal
(…). Las prioridades hace 15 años respondían a un entorno difícil del que ya
hemos salido. El debate económico mundial ahora replantea una fórmula que
priorice lo social sin abandonar la estabilidad económica y el crecimiento
sostenible. Va quedando claro que la modernización económica no es sostenible
sin el desarrollo humano. En países como el nuestro la necesidad del énfasis en
lo social es más urgente. Voy a poner la agenda social en primer plano”.
El programa Red Solidaria del gobierno prevé una especie de subsidio se
subsistencia para unos veinte mil familias de las zonas rurales en los quince
municipios más pobres del país. De esta manera, se “pretende reducir la extrema
pobreza a la mitad, y dar cumplimiento a algunos de los objetivos del milenio,
como mejorar a corto plazo los indicadores de desnutrición y salud en los niños
y las madres”. En contraparte de los quince dólares que el gobierno entregará a
las familias más pobres, éstas deben comprometerse a garantizar que sus hijos
reciban control médico periódico, acudir a los centros de enseñanza. El
presidente enfatizó que “en el momento en que los padres dejen de llevar a sus
hijos a los centros educativos, perderán el derecho a la transferencia”
gubernamental.
Visto así, el equipo gubernamental puede seguir repitiendo el estribillo que lo
suyo es una relación de fidelidad amorosa con el pueblo salvadoreño. De alguna
manera, con este plan social de intervención estatal en contra de la pobreza,
Saca puede decir a sus detractores que ARENA no se dedica tan sólo a la
represión tal como se ha venido experimentando en estos últimos meses con las
leyes contra las pandillas. Además, en el período eleccionario que se acerca, el
nuevo plan puede aportar argumentos favorables al partido del presidente. En
otras palabras, el Plan Social anunciado por el gobierno plantea una nueva
visión de los problemas sociales por parte de la derecha y ofrece buenas
oportunidades políticas para sus impulsores.
En buena medida, tiene mucha lógica el hecho de que ARENA haya emprendido esta
operación de seducción ante los salvadoreños más desfavorecidos. Por un lado,
son la principal baza electoral del partido oficial. Como se ha comprobado
reiteradamente en los análisis de comportamiento electoral, los municipios más
pobres son los lugares donde el partido de derecha se hace más fuerte. Más aún,
en consonancia con numerosos estudios que se han hecho sobre el tema de la
pobreza en El Salvador, los especialistas han sostenido que una de las vías para
paliar los efectos de este flagelo pasa por un tipo de asistencia directa a las
familias más vulnerables. En este sentido, el nuevo Plan Social de Saca tan sólo
ha retomado --aunque muy parcialmente debido a los pocos recursos con que cuenta
para ello— una de las recomendaciones más publicitadas sobre la manera de
abordar la lucha en contra de la exclusión social.
Por otro lado, el no hacer frente, aunque fuera mínimamente, a la miseria que
vive la gente en estos municipios, bien lo saben los estrategas del partido
oficial, significaría no prestar atención a un problema que es, sin duda, una
bomba de tiempo, cuyo estallido podría ser costoso para los intereses de la
oligarquía financiera dominante. Durante las elecciones pasadas los sectores
afines a la derecha vivieron momentos de mucha angustia respecto de la
posibilidad de que la izquierda se hiciese con el poder Ejecutivo. A esta
alturas, la mayoría de dirigentes de ARENA asume que su continuidad en el poder
depende más de las torpezas políticas de los dirigentes del FMLN que de sus
propios méritos a la cabeza del país. En aquel momento, sin embargo, el mensaje
que enviaban los sondeos de opinión era que los salvadoreños estaban dispuestos
a castigar a ARENA por sus desatinos durante su reinado de quince años.
Consecuentemente, el Plan Social anunciado significa un nuevo respiro para las
aspiraciones de la derecha, que espera sacar beneficios de su iniciativa en las
próximas elecciones legislativas y municipales. Viceversa, entraña más presión
para los líderes del FMLN en su proceso de conquista de los electores
salvadoreños. De alguna manera, el Plan Social de Saca supone un desafío para
una oposición acostumbrada a hacer proselitismo basándose exclusivamente en la
insensibilidad social de los responsables políticos de la derecha.
Por esta razón, no extraña que el principal líder de la izquierda haya criticado
el plan gubernamental. Para Schafik Handal, según reportes de los medios, “este
es un plan electorero para ganar los votos de estas familias, para ganar los
votos de un montón de gente que crea que el gobierno está solucionando el
problema de la pobreza” (sic). Con todo, si bien que la publicitada red
solidaria de Saca tiene mucho de propaganda política, mal harían los dirigentes
efemelenistas en descalificarla sin más. Los líderes de la izquierda servirían
más a la causa de la población si hicieran propuestas concretas y creíbles –no
necesariamente excluyentes de la iniciativa del gobierno— para mejorar la
situación de los salvadoreños más necesitados.
En todo caso quienes salen beneficiados por la ayuda gubernamental sabrán hacer
sus evaluaciones a la hora de ponderar la seriedad del plan gubernamental. Por
si quedaran algunas dudas, es bastante improbable que las veinte mil familias
que Saca dice que atenderá con el plan –ARENA sueña con que tendrá a estas
personas de su lado en las próximas elecciones y más algún efecto de espera
sobre los demás—, tomarán en cuenta el análisis de los dirigentes de la
izquierda a la hora de tomar su decisión electoral. En otras palabras,
políticamente hablando, Saca lleva una ventaja bastante importante en esta
materia respecto de sus principales opositores.
Por esta razón, la izquierda debería ser más creativa en su evaluación y crítica
del Plan Social del gobierno. En primer lugar, sería un buen momento para
reclamar la descentralización. Es decir, ahora que el gobierno se da cuenta que
hay que apoyar a los más vulnerables, se le puede exigir que transfiera recursos
substanciales a las alcaldías, para que atiendan de manera directa a la
población más vulnerable. Por otro lado, más que fijarse en la supuesta
distribución equitativa que anuncia el presidente –se dice que el plan atenderán
por igual tanto a municipios gobernados por la derecha como los de la izquierda
–, lo más importante es que las autoridades locales sean las que manejen los
fondos. Este parece ser el camino más sensato si se quiere evitar crear otra
burocracia paralela para atender a las poblaciones más vulnerables, evitar la
corrupción o, simplemente, la manipulación política de los más pobres de los
salvadoreños.
El Plan Social de Saca: consideraciones económicas
El gobierno de Elías Antonio Saca Saca parece comenzar a mostrar iniciativas claras en cuanto a la política social necesaria para el país. La semana pasada se hizo público el plan anti-pobreza, con el cual se pretende atender en su primer año de funcionamiento a los quince municipios más pobres de todo el país, los cuales cuentan con un nivel bajo de escolaridad, elevada desnutrición, poco acceso al agua potable y además no pueden cubrir ni el costo de la canasta básica alimentaria (tortilla, arroz, carnes, grasas, huevos, leche fluida, frutas, frijoles y azúcar). Esta condición se define como pobreza extrema, es decir, familias que viven con menos de un dólar al día.
Antes que nada, vale la pena aclarar en qué consiste este nuevo proyecto. El
plan anti-pobreza contempla cinco componentes básicos para solventar varias de
las necesidades que no han sido atendidas y que son foco de enfermedades,
analfabetismo y desnutrición. Estos componentes son: FOSALUD, Conéctate, Jóvenes,
Red solidaria y Microcrédito.
En cuanto al primer componente, con el que se buscará mejorar la atención en
varias unidades de salud del país, sus fondos provendrán de un nuevo impuesto
aplicado a bebidas alcohólicas, tabaco y municiones. La recaudación del FOSALUD
se espera que llegue a los $20 millones para el primer año, lo que equivale a un
promedio de $1.6 millones mensuales.
El segundo componente, llamado Conéctate, consiste en reacondicionar 90 mil
computadoras e invertir $20 millones en tecnología educativa. Para financiar
este proyecto se solicitará préstamos del Ministerio de Educación, y otra parte
por instituciones multilaterales.
El tercer proyecto denominado Jóvenes, consiste en que el gobierno creará un
plan nacional de juventud con miras al año 2015, desde el cual se abrirán
espacios de participación y oportunidades de desarrollo. Para llevarlo a cabo,
parte de su financiación será otorgada por el Presupuesto General de la Nación y
otra parte por instituciones multilaterales que coordinarán su acción y
cooperación a nivel nacional.
El cuarto componente, Red Solidaria, apunta a la política social enfocada en la
atención sistemática y permanente de la pobreza bajo la dimensión territorial --medida
por un mapa de la pobreza-- y un desarrollo local integral. El componente gira
en torno a tres ejes: red solidaria a la familia, red de servicios básicos y red
de sostenibilidad a la familia. Asimismo, se concreta en tres fases: primera,
cambiar las condiciones de vida de las familias más pobres en el área rural;
segunda, ampliar el acceso a servicios básicos (energía, agua, salud); y,
tercera, encontrar una forma de asegurar a esas familias un ingreso sostenible.
Según la Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, el financiamiento de
este plan contará con fondos de las asignaciones de los ministerios involucrados,
también con la cooperación internacional, así como con una partida del
Presupuesto General de la Nación para atender a 100 mil familias con un costo de
$200 millones de dólares para un total de cuatro años. Para el primer año se han
presupuestado $6.1 millones, de los cuales $2.5 millones serán destinados a las
redes antes mencionadas, lo que equivale a $60 dólares por familia, y los
restantes $3.6 millones se invertirán en la creación de 160 nuevas secciones
escolares y otras necesidades estructurales. Esto se logrará dándoles a las
madres de familia más pobres una transferencia monetaria de entre $15 y $20,
siempre y cuando sus hijos sean llevados a la escuela y los mantengan en control
nutricional y de salud.
Con el propósito de que estas familias encuentren una forma de mejorar sus
ingresos, el plan gubernamental plantea un quinto y último elemento, el cual
consiste en el otorgamiento de créditos para la creación de microempresas,
facilitando así 500 mil créditos al año, los cuales variarán entre 100 y 300
dólares, según las necesidades de cada familia. Se prevé que al final del
periodo 2004-2009, se hayan entregado $200 millones de créditos.
A pesar de la iniciativa del Gobierno de El Salvador, ya se vislumbran algunas
limitaciones para el plan. En el esquema de FOSALUD, la recaudación no fue
suficiente para enero de este año, es decir que, ésta fue más baja que la
proyectada por el Gobierno. Por otro lado, el paquete de reformas fiscales, las
cuales fueron implementadas a principios de este año, tampoco han dado los
resultados esperados. Y a pesar que la recaudación tributaria superó en enero de
este año la cifra recolectada en el año pasado en el mismo mes, aún se está 5
millones por debajo de la meta trazada. Es por eso que el gobierno debe evitar
ser demasiado optimista en sus proyecciones, pues ante un proyecto de esa
magnitud existirán siempre factores no controlables ajenos a él. No contar en el
momento preciso con el capital suficiente para atender a cabalidad el plan anti-pobreza
es una de las mayores limitantes de éste, que puede ocasionar el incumplimiento
de los objetivos trazados.
"Oxigenando" el modelo económico
Una de las críticas más fuertes a los pasados gobiernos de ARENA fue el descuido
de "lo social". El presidente Saca busca evitar los errores de los mandatarios
que lo precedieron y ha decidido implementar el plan anti-pobreza con el fin de
atender a las familias salvadoreñas en condición de extrema pobreza.
Las críticas a los gobiernos de ARENA se basaban en que las reformas económicas
impulsadas desde el gobierno de Alfredo Cristiani y consolidadas en los períodos
de Armando Calderón Sol y Francisco Flores Pérez habían sido de corte neoliberal
y, dada su naturaleza, no habían ayudado a resolver los problemas sociales de la
población. En otras palabras, la privatización de la Banca salvadoreña, la
privatización de algunas empresas del Estado y el acelerado proceso de apertura
comercial se conjugaban para generar una "terciarización” de la economía que
únicamente beneficiaba a aquellos grupos que tenían fuertes inversiones en
algunos de los sectores terciarizados.
La crítica es válida, ya que durante quince años de vigencia del modelo
económico una buena parte de la población no ha accedido a mejores condiciones
de vida tal como lo pregonaron Calderón Sol y Flores Pérez. Asimismo, sectores
sociales que alguna vez tuvieron condiciones de vida "dignas" vieron empeorar su
situación a medida que el modelo neoliberal se implantaba. En esta dirección, el
plan de Saca está destinado al primer grupo de la población, mientras que para
el segundo –las clases medias— no se formula aún un plan de bienestar social y
económico.
Una de las ideas más importantes formulada por el presidente Saca en la
presentación del nuevo plan de gobierno fue que "para combatir la pobreza y
elevar el nivel de vida no tenemos que cambiar el modelo económico; tenemos que
cambiar las circunstancias en que vive la gente". En esta idea se evidencia que
no se reconocen, al menos, dos cuestiones cruciales. Primeramente, que las
condiciones materiales de vida dentro de las cuales se desenvuelve una población
se encuentran determinadas fuertemente por el modelo económico imperante en el
país. De acá se desprende que, si bien es urgente tomar medidas que beneficien
en el corto plazo a la población, es importante también apuntar a algunos
cambios en la estructura económica del país.
En segunda instancia, y relacionado con el primero, es evidente que el actual
gobierno no tiene para nada claro que es el mismo funcionamiento del modelo
económico imperante el que ha generado las condiciones de pobreza y marginalidad
en la cual viven muchos salvadoreños. En ese sentido, el plan de ayuda del
gobierno puede tener un fuerte impacto en las zonas donde se ha destinado su
implementación, pero estos corren el riesgo de agotarse en el corto plazo.
Está claro que el plan se encuentra destinado a mejorar las condiciones de vida
y potenciar las capacidades de las personas que se encuentran en extrema pobreza.
Esto se traducirá en una política gubernamental efectiva siempre y cuando pueda
delinearse en una visión de nación más amplia en la cual se consideren otros
graves problemas que no afectan directamente a los más pobres del país.
Específicamente, una de las principales flaquezas en el camino hacia el
desarrollo económico y social de El Salvador es el estancamiento de algunos
grupos pertenecientes a la otrora clase media. Para una gran cantidad de
profesionales, el país no ofrece atractivo alguno para vivir ni en estos
momentos ni en los próximos años. Muchos de los que tienen esta percepción
tienen prácticamente todas aquellas "condiciones de éxito" que el gobierno busca
generar en las zonas más pobres del país: son licenciados o ingenieros, saben
hablar inglés, conocen computación, poseen medianos y pequeños negocios. Pero,
para ellos, eso sirve de poco si no hay empleos suficientes o los que consiguen
les frustran sus expectativas de una vida medianamente decente.
Las herramientas de trabajo
La implementación exitosa del plan antipobreza estará determinada por el éxito
que tenga la reforma fiscal y el FOSALUD. Es decir, se encuentra anclada
necesariamente a la gestión de la política fiscal del Estado salvadoreño. Dentro
de esta gestión no se debe olvidar un elemento muy importante: las condiciones
del endeudamiento interno y externo del Gobierno de El Salvador y las
condiciones de acceso a empréstitos determinadas por el Banco Mundial en los
próximos años.
Según el mandatario, no es necesario cambiar el modelo económico. Sin embargo,
uno de los elementos más importantes del modelo económico en un país es su
estructura tributaria. Ciertamente la reforma fiscal no ha hecho cambios
sustanciales en la misma; más bien, ésta reforma tiende a reforzar la
regresividad que históricamente la ha caracterizado, afectando las condiciones
de vida de la mayoría de asalariados. En esta línea, ya se escuchan las voces
que consideran que, tarde o temprano, será necesario cambiar la estructura
tributaria del país en orden a lograr que quienes concentran la riqueza aporten
lo que les corresponde para el desarrollo social de El Salvador. Esas voces
reconocen que la reforma fiscal y el FOSALUD no son mecanismos lo
suficientemente capaces para elevar la recaudación de los impuestos para llevar
a cabo el efectivo cumplimiento del plan antipobreza. Quizás es algo irónico,
pero el financiamiento del plan antipobreza mediante una reforma fiscal que
profundiza una lógica tributaria regresiva volverá a generar, en última
instancia, las condiciones de desigualdad ahora que se quieren superar
La política social de "Lula" da Silva
En la actualidad, los problemas sociales son un elemento
importante en la adopción de políticas estatales. Dado que el famoso "rebalse"
que pronosticaban los partidarios del neoliberalismo jamás llegó, así como nunca
llegó la socialización de la riqueza producto de las privatizaciones, la
discusión sobre "lo social" es una preocupación de todos los gobiernos y
organismos internacionales. Es así como gobiernos de clara inspiración
neoliberal como el de Elías Antonio Saca hayan hecho, al menos en el discurso de
"lo social" un elemento central en sus planes nacionales.
En las antípodas ideológicas del neoliberalismo, se encuentra el gobierno
izquierdista del brasileño Luiz Inazio "Lula" da Silva. Se trata de una
izquierda muy diferente al del gobernante venezolano Hugo Chávez, esta última
llena de matices muy proclives al populismo y a la confrontación abierta con la
burguesía, y la gran empresa privada locales, así como con los Estados Unidos.
En el caso venezolano, se han diseñado políticas sociales como la introducción
de comedores comunitarios, programas alimenticios escolares y planes de atención
a mujeres embarazadas. Estos planes han sido atacados duramente por la derecha,
que los califica de simple asistencialismo, probablemente descontenta con
decretos como el de reforma agraria y la estatización de empresas como la
procesadora del petróleo. Será necesario un análisis desapasionado de estas
políticas para sopesar adecuadamente lo hecho por el gobierno del presidente
Chávez en el campo social.
En el caso de Lula da Silva, se han operado una serie de medidas de carácter
social, pero sin crear el clima de confrontación con la empresa privada y de
acelerada polarización política que caracteriza a la experiencia venezolana. Por
esa razón —por su cariz concertador—, da Silva ha sido criticado y alabado. En
estas líneas se presentarán algunos de los elementos más importantes de la
política social del gobierno brasileño, tratando de dilucidar sus alcances y
limitaciones.
En primer lugar, destaca cuál fue el principal problema que identificó el
gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva: fue el hambre.
El hambre, que azota grandes áreas del tercer país más grande del continente
americano, y el mayor en extensión territorial de América Latina. Una
contradicción muy dolorosa, sobre todo en un país que tiene un considerable
ritmo de industrialización y que goza de muchas riquezas. Pero al lado de esas
riquezas coexisten las villas miseria —las favelas—, en las grandes y prósperas
urbes, así como también una amplia zona geográfica, de carácter rural, el
Nordeste, sumido en la total pobreza.
"Hambre cero" se llamó al plan gubernamental que también sintetizaba una meta
del gobierno brasileño. Éste también se convirtió, en los foros internacionales,
en un campeón de los derechos de los desposeídos. La presencia brasileña en
instancias económicas, sociales y políticas del mundo ha servido, precisamente,
para poner el dedo en la llaga de las inequidades sociales.
Pero, como lo escribió el teólogo Frei Betto, el plan social de Lula tenía un
alcance más largo: "El Hambre Cero no es una política pública que trata sólo de
aplacar el hambre. Su objetivo es estructural: promover la inclusión social de
millones de familias con una renta per capita inferior a los $ 30 mensuales. En
un país en que el 10% más rico de la población concentra en sus manos el 45.7%
de la riqueza nacional, mientras el 50 % más pobre está obligado a dividir entre
sí el 13.5 % de esa renta nacional (datos del IBGE), resulta evidente, primero,
el tamaño de nuestra desigualdad social, y segundo, la urgencia y pertinencia
del Hambre Cero como prioridad del gobierno Lula."
La primera cosa que destaca a la hora de hacer un balance del plan Hambre Cero
es la gran distancia entre las grandes metas ambicionadas por Lula y el alcance
de lo que se ha logrado.
Empero, el Plan Hambre Cero sigue siendo la iniciativa más popular del gobierno
brasileño. Forma parte de otros planes de ayuda social, como el Fondo Familiar,
que traslada a varias familias desposeídas sumas de dinero para su manutención.
El tema del Fondo Familiar es interesante. Antes de su creación, lo que hacía el
gobierno era dar vales de ayuda a las familias. Ahora condiciona la entrega de
la ayuda a que los niños de los grupos familiares asistan a la escuela y que
lleven a sus hijos a controles médicos regulares. De esta manera, se estaría
fortaleciendo el nivel de escolarización y se estaría incentivando.
Ahora bien, el talón de Aquiles de esta estrategia ha sido, y sigue siendo, los
mecanismos de control de la ayuda social. En muchas poblaciones, no hay control
sobre la escolarización de los grupos familiares. En otros casos y en virtud de
esta misma falta de control, se inscriben en los programas sociales personas que
no tienen mayores necesidades materiales. Sería interesante calcular las
pérdidas que se originan en las arcas estatales por esta falta de control. Da
Silva no puede darse el lujo de permitir esta fuga de capitales.
Esto nos lleva a un segundo aspecto, frecuentemente criticado por los
adversarios de las políticas sociales del Estado: la relación de las políticas
de combate a la pobreza con el crecimiento de la economía. Según estas opiniones,
las políticas sociales son demasiado onerosas para el Estado y sólo llevan a un
estancamiento de la economía.
El primer año de gobierno de da Silva, la economía registró una contracción del
0.2%. Sin embargo, 2004 se cerró con datos alentadores, entre ellos, un
crecimiento del 5.2%, el mejor durante diez años, según especialistas en el tema.
Por lo tanto, esto pone en evidencia el simplismo de apreciaciones según las
cuales el crecimiento económico está en relación inversa con relación a las
políticas sociales.
Conclusiones
Las críticas a la política social del actual gobierno brasileño radican
precisamente en que las promesas de campaña del actual presidente ("Vamos a
crear las condiciones para que todos en nuestro país puedan comer decentemente
tres veces al día") se ven demasiado distantes en relación con la vida cotidiana.
Ello le ha costado a da Silva la defección de algunos aliados importantes, como
por ejemplo, el Movimiento de los Sin Tierra (MST), convertido ahora en un
acérrimo opositor al gobierno del PT, que ha anunciado intensas luchas sociales
para este año. No obstante, el realismo se impone. Es imposible que en un
período sumamente corto —poco más de un año— se obtenga resultados
espectaculares en un país donde las desigualdades sociales son tan radicales.
Seria esperar un milagro si se cree que es posible para cualquier gobierno
revertir en unos cuantos meses lo que se ha construido a lo largo de varios años.
A lo mejor, a da Silva le faltó cautela cuando hizo sus promesas de campaña,
pero también a sus críticos —principalmente, antiguos aliados del PT— les hace
falta realismo económico. Estos deben despertar del sueño inmediatista y
analizar con mayor rigor la realidad brasileña.
Falta, sin embargo, aumentar la cobertura de los programas sociales y fortalecer
los mecanismos de control de los mismos.
Con todo y sus carencias, los programas sociales del PT están, poco a poco,
incidiendo en las causas estructurales de la pobreza en el Brasil. No se puede
avanzar todo lo rápido que se quisiera, pero es peor quedarse cruzado de brazos,
a la espera de que se den todas las condiciones ideales.
Los centros penales en El Salvador
La situación de los centros penales salvadoreños durante los últimos años se ha caracterizado por el hacinamiento, la matonería, la desatención, la corrupción y el desorden, tanto administrativo como disciplinario. Las autoridades encargadas revertir semejante caos, en la práctica no han hecho mayor cosa para cumplir esa parte de su misión. Es ahí, en ese cruel “submundo” o “inframundo”, donde miles de reos guardan prisión preventiva o cumplen sus condenas pese a que se debería estar desarrollando un proceso de rehabilitación y reinserción social, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 constitucional.
Tanto la pluralidad de problemas como la falta de voluntad política real para
solucionarlos, han producido consecuencias lamentables entre las cuales destacan
las riñas colectivas mortales, el auge del crimen organizado, el tráfico de
drogas, los amotinamientos y las acciones de protesta por parte de la población
interna, como las huelgas de hambre o el coserse la boca.
Recientemente, Astor Escalante fue nombrado Director General de Centros Penales.
Éste ha manifestado públicamente su intención de cambiar la situación negativa
en las cárceles. No obstante, a pesar del poco tiempo que lleva en el cargo ya
enfrentó y enfrenta las primeras crisis; la mayoría de éstas son producto del
legado que recibió, pero otras son de su exclusiva responsabilidad como
resultado de acciones por él implementadas.
Una de las primeras medidas que impulsó a principios del año en curso: no les
revalidó sus contratos de trabajo a cinco directores de centros penitenciarios,
por considerar que debía evaluar su desempeño antes de darles el aval para que
continuaran en sus funciones. Tampoco ratificó los contratos de otras setenta
personas que laboraban en los penales; entre ellas, cincuenta y seis guardias de
seguridad.
Es cierto que toda institución que pretenda ser eficiente debe contar con un
programa de capacitación permanente, un escalafón y una política continua de
depuración del personal. Sin embargo, el problema se da cuando este tipo de
movimientos se hacen de manera apresurada, sin mayor análisis y con una
cuestionada “base” legal. En el caso de las personas a las que no se renovó su
contrato, lo que no quedó claro fue el fundamento para adoptar tales decisiones;
en cuanto al adiestramiento y el saneamiento del personal penitenciario no se
sabe nada. Reglas claras y sanciones drásticas para los que no cumplen a
cabalidad sus funciones, incluso penales, podrían dar mayor credibilidad a este
tipo de procesos.
Otras medidas impulsadas por el Director de Centros Penales tienen que ver con
aspectos vinculados a la seguridad. Entre ellas destacan la utilización de
detectores de metales y máquinas de “rayos x” en las penitenciarías para
descubrir armas en los recintos, construir “camas” de concreto y dotarlas de
colchón para evitar que se fabriquen armas artesanales o “hechizas” utilizando
material de los catres de metal, e instalar cámaras de televisión de circuito
cerrado.
Pero para llevar a cabo tales disposiciones, se deben tomar en cuenta aspectos
que no vulneren los derechos humanos. Así, ni las personas en prisión ni quienes
las visitan pueden ser víctimas de maltratos al momento de utilizar detectores
de mentales, por ejemplo; además, se debe escuchar la opinión de personal
técnico y profesional idóneo para garantizar que las camas y colchones no dañen
la salud ni perturben el sueño de los internos; también es precios evitar la
utilización de cámaras en lugares que vulneren el derecho a la intimidad o el
pudor de los detenidos.
No se trata, pues, de abordar el problema de la seguridad en los centros penales
de manera atropellada, represiva y generalizada. Se trata, más bien, de usar la
inteligencia y la imaginación para aplicar mejor las medidas pertinentes, en
armonía con la Constitución y los tratados internacionales en lo relativo al
respeto de la dignidad de reclusos y visitantes.
Quizás la medida más polémica impulsada por Escalante sea la restricción de
horarios para las visitas de familiares y amigos. Reducir el tiempo de duración
de éstas a sólo dos horas por semana es bastante excesivo, ilógico e innecesario.
Se debe considerar que el contacto permanente de los detenidos con sus seres
queridos y amigos forma parte esencial de su rehabilitación. Además, es
importante valorar que muchas personas recorren grandes distancias y gastan los
pocos recursos económicos que consiguen, en su afán por visitar a sus parientes
detenidos.
El Estado debe garantizar en este tipo de situaciones los derechos de terceras
personas; es decir, de los familiares de los internos y especialmente de sus
hijas e hijos. Por tanto, las limitaciones a los derechos de la población
reclusa deben ser consideradas no sólo en razón de la seguridad interna de los
penales, sino también de los grupos familiares que no pueden verse afectados por
más medidas restrictivas que aquellas estrictamente necesarias para evitar fugas
de las prisiones y salvaguardar en lo esencial el orden interno en las mismas.
La reducción radical del tiempo de las visitas debe, entonces, corregirse de
inmediato.
Por otra parte, el traslado de algunos reos de un centro penal a otro ha
generado disputas entre la Dirección de Centros Penales y el sector de jueces de
vigilancia penitenciaria. Astor Escalante argumentó que dichos movimientos
respondían a un estado de emergencia, originado por información recibida que
indicaba la planificación en las cárceles de asesinatos y una pretendida fuga de
líderes pandilleros.
La Jueza de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla desmintió al funcionario.
Ella sostiene que no hubo emergencia alguna y ordenó el retorno de los reclusos
a los centros penales de donde los sacaron. Las autoridades de Gobernación,
policiales y penitenciarias rechazan categóricamente dicho fallo judicial y han
hecho lo posible por revertirlo. Ojalá no se atrevan a hacer algo indebido, pues
una orden judicial no puede ser desobedecida por el resto de la administración
pública.
La Dirección de Centros Penales no ha sabido o no ha podido fundamentar y
justificar los traslados; tampoco ha tenido la capacidad para manejar estas
dificultades con los jueces de vigilancia penitenciaria, que se sienten
excluidos de las decisiones tomadas y perciben mucha carga represiva en las
medidas impulsadas. El artículo 91 de la Ley de Penitenciaria regula el
procedimiento para el traslado de reclusos de una a otra prisión. La referida
disposición establece que debe notificarse con anticipación al familiar o
conocido que conste en el expediente del interno; asimismo establece que es el
Juez de Vigilancia y Ejecución de la Pena quien tiene la potestad de autorizarlo,
previo dictamen favorable del Consejo Criminológico Regional. Lo anterior sólo
puede obviarse en un estado de emergencia que en esta coyuntura, según la
referida funcionaria judicial, no existió.
Si bien es cierto que en los centros penales se planea la comisión de delitos,
eso no significa que dicha actividad deba ser investigada y reprimida con
medidas precipitadas que no abonan a superar este problema tan serio. Las
decisiones y acciones adoptadas deben surgir de estudios concienzudos por parte
de especialistas en lo jurídico, psicológico y sociológico. Determinaciones
incorrectas pueden dar pie a situaciones de mucha mayor gravedad. No se debe
perder de vista que el gran objetivo es cumplir lo estipulado en el artículo 27,
inciso final, de la Constitución: “El Estado organizará los centros
penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y
formales hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los
delitos”.
A continuación, presentamos una traducción de un fragmento del Reporte sobre
derechos humanos en El Salvador, durante el año 2004, elaborado por el
Departamento de Estado de los EEUU. El documento fue presentado el pasado 28 de
febrero de 2005.
Introducción al Informe sobre derechos humanos en El Salvador, del
Departamento de Estado de EEUU
El Salvador es una democracia constitucional y pluripartidista, que posee una
legislatura unicameral, un poder judicial independiente y un poder ejecutivo
encabezado por su presidente. En marzo, los votantes eligieron como presidente a
Elías Antonio Saca, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), para un
período de cinco años. Los observadores electorales internacionales informaron
que, en términos generales, la elección presidencial se desarrolló de manera
libre y justa, sin casos de violencia, ni irregularidades notables. El poder
judicial es independiente, según la Constitución. Sin embargo, muchos jueces
todavía son susceptibles a las influencias políticas y externas.
La Policía Nacional Civil (PNC) mantiene la seguridad pública; el Ministerio de
Defensa es el encargado de la seguridad nacional. Los militares apoyan a algunas
patrullas de la PNC en áreas rurales y también respaldan a entidades encargadas
de hacer cumplir la ley en actividades puntuales, tales como el nuevo programa
antipandillas, los esfuerzos para luchar contra el narcotráfico, y los planes de
reinserción de los jóvenes convictos. Una ley que se aprobó en julio creó una
Policía Rural con el fin de coordinar y evaluar estrategias y planes para las
áreas rurales del país. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo
de las fuerzas de seguridad. Algunos miembros de la policía cometieron abusos en
contra de los derechos humanos.
El país tiene una economía basada en el mercado, que se enfoca en los servicios
y la manufactura ligera, al tiempo que está abriendo sus mercados. La población
del país asciende a los 6.9 millones de personas. Las remesas del exterior
constituyen la mayor fuente individual de ingresos del exterior equivaliendo,
aproximadamente, al 15% del Producto Interno Bruto (PIB). Estas remesas
continúan aumentando su valor. La agricultura sigue siendo la mayor fuente de
empleo. El café y el azúcar son los principales cultivos de exportación. La tasa
del crecimiento económico real cambio muy poco durante el año y se calculó que
alcanzó el 1.8%, con una inflación que ascendió al 5.4%. Según las estadísticas
de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía,
durante 2003, un aproximado del 36.1% de la población vivía por debajo del
límite de la pobreza, en comparación con el 38.8% que se registró durante 2002.
En general, el gobierno ha respetado los derechos humanos de sus ciudadanos. Sin
embargo, hubo problemas significativos en ciertas áreas. No hubo asesinatos con
móviles políticos durante el año, empero los juzgados atendieron 2003 casos de
homicidio. Algunos agentes de policía hicieron un uso excesivo de la fuerza y
maltrataron a los detenidos. En algunas ocasiones, la policía practicó arrestos
arbitrarios y detuvo a algunas personas sin causa justificada. Las condiciones
de vida de las prisiones siguieron siendo pobres y la sobrepoblación de reclusos
siguió siendo un problema constante. Durante el año, el gobierno llevó a cabo
medidas a fin de mejorar las condiciones de los penales.
También siguieron siendo un problema los casos de reos sin condena. El poder
judicial siguió siendo, por lo general, ineficiente y vulnerable a la corrupción,
aunque la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República (FGR)
tomaron algunas medidas durante al año para enfrentar tanto la ineficiencia como
la corrupción. La impunidad para los ricos y poderosos siguió siendo un problema,
tal como lo fueron la violencia y la discriminación contra las mujeres.
El abuso contra los niños, el trabajo infantil, la prostitución infantil forzada
y el tráfico de mujeres y niños siguieron siendo problemáticos, así como la
discriminación en contra de las personas discapacitadas. El gobierno tomó
medidas para proteger adecuadamente los derechos laborales.
Respeto a la integridad de las personas, incluyendo la libertad de la privación
de vida arbitraria o ilegal
No hubo asesinatos con móvil político durante el año en el que estuvieran
involucrados el gobierno o sus agentes. Empero, las fuerzas de seguridad
asesinaron a veintinueve personas. Al final del año, las autoridades dilucidaban
si los agentes policiales habían actuado criminalmente o en el cumplimiento de
su deber.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibieron una
denuncia por asesinatos ilegales cometidos por la policía durante el año.
En el mes de junio, en San José Villanueva, los agentes Neftalí Osmín Soriano y
Santos Claudio asesinaron a tiros a Carlos Alfredo Paniagua durante una riña con
quince personas. Según los testigos, los agentes le dispararon a Martínez tres
veces mientras éste los agredía. La audiencia inicial tuvo lugar en octubre. En
diciembre, un juez desestimó los cargos en contra de los agentes policiales.
El 5 de noviembre, un grupo de pistoleros asesinó al líder sindical José
Gilberto Soto en Usulután. Se acusó del asesinato a seis personas, incluyendo a
la suegra de Soto.
No hubo información disponible de fuentes documentales sobre el juicio de un
grupo de personas acusadas de matar a tiros a Darwin López durante 2002.
También durante el mes de octubre, la FGR no reportó avance alguno —ni tampoco
se esperaban mayores avances— en las investigaciones del asesinato de Nelson
Alfonso Amaya Argueta, presidente de la Federación Nacional de Desmovilizados de
la Fuerza Armada, perpetrado durante 2002.
El 27 de agosto, la Cámara de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó
la decisión de una corte penal de menor rango, en el sentido de que la paliza y
la muerte del cadete Erick Mauricio Peña Carmona constituyó un asesinato en
primer grado. Los cadetes de la escuela de vuelo de la Fuerza Aérea, Carlos
Mauricio Melara y César Humberto Dorat fueron sentenciados a diez años de
prisión y a pagar una multa de $5,714. Según el Instituto de Derechos Humanos de
la Universidad Centroamericana (IDHUCA), esta fue la primera vez en la cual una
corte dictaminó la responsabilidad de las fuerzas armadas por la muerte de Peña
Carmona. En septiembre, el IDHUCA presentó el caso ante la Cámara de lo Penal de
la Corte Suprema de Justicia, y en el mes de noviembre presentaron el mismo caso
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En septiembre, la Iglesia Católica hizo un llamado al gobierno para que
reabriera las investigaciones del asesinato del Arzobispo Óscar Romero,
perpetrado en 1980.
Algunos trasvestís fueron amenazados y asesinados durante el año.
Desapariciones
No se informó durante el año acerca de desapariciones con motivaciones políticas,
o de la participación policial en secuestros durante el año.
La mayoría de las desapariciones se debían al cobro de rescate. Según las
estadísticas policiales, ocho personas fueron secuestradas durante el año, la
misma cantidad que se registró durante 2003.
Desde su fundación, la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos
durante el Conflicto (Pro Búsqueda), ha investigado 250 casos, de un total de
712, y ha organizado 156 reuniones de reunificación familiar entre niños que
desaparecieron durante el conflicto armado y sus familiares biológicos. Los
niños fueron localizados en El Salvador, los Estados Unidos, Francia e Italia.
En agosto, Pro Búsqueda se reunió con la Comisión de Familia de la Asamblea
Legislativa para gestionar el apoyo a la creación de una comisión nacional para
investigar los casos de niños desaparecidos durante la guerra de 1980-1992. En
mayo, la Comisión de Naciones Unidas para los derechos de los niños exhortó al
gobierno a que creara una comisión nacional para este fin.
El 5 de octubre, el presidente aprobó un decreto ejecutivo para crear, durante
un período de cuatro años, el Comité Interinstitucional para la búsqueda de
niños y niñas desaparecidos durante el conflicto.
Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes
La Constitución prohibe las prácticas arriba mencionadas. Durante el año, la
PDDH recibió una denuncia de tortura en la que se involucraba a agentes
policiales. También hubo denuncias en las que se imputaba a gentes de la PNC de
hacer uso excesivo de la fuerza o de maltratos a los detenidos.
Durante el año, el Inspector General de la PNC recibió un total de 152 denuncias
de negligencia policial, 165 por crímenes supuestamente cometidos por agentes de
policía, 721 denuncias sobre procedimientos policiales inadecuados y 116
denuncias por violación a la libertad de tránsito.
A lo largo del año, la PDDH resolvió un total de 104 denuncias contra la policía,
por todas las categorías de violación a los derechos humanos. Declaró culpables
a agentes de la policía en noventa y un casos y decretó la exención de cargos en
otros nueve casos. En uno de los casos, se realizó una conciliación. La PDDH
emitió recomendaciones en tres casos. De todas las denuncias resueltas, quince
de un total de 33 se debieron a violaciones perpetradas por la PNC al derecho de
integridad personal. Durante el año, la Inspectoría General recibió 548
solicitudes para investigar casos de supuestas violaciones a la integridad
personal. La educación en derechos humanos es un componente elemental de la
formación básica de los agentes policiales.
En el mes de julio, un grupo de vendedores callejeros del centro de San Salvador
protagonizaron disturbios como respuesta a un decreto municipal en el que se
limitaba el espacio de sus puestos. Los vendedores atacaron a efectivos del
Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), quienes respondieron a la agresión con
balas de goma. Según la FGR, los agentes del CAM amenazaron a miembros de la
Cruz Roja. FESPAD, una ONG, criticó el papel de la policía municipal y declaró
que el CAM se excedió en el uso de la fuerza para controlar los disturbios. Un
trabajador que pasaba por el lugar de los incidentes, Melvin Guadalupe, fue
herido con una bala perdida, cuya procedencia se seguía investigando al
finalizar el año.
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