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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1138
Marzo 30, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: La corrupción es un costo fijo
Política: Nuevas reformas en los estatutos del FMLN
Economía: La economía a principios de 2005
Sociedad: La violencia no termina de entenderse
Regional: Ortega vrs. Lewites: el autoritarismo de izquierda puesto a prueba
Derechos Humanos: Maquilas: eficiencia y derechos laborales
La corrupción es un costo fijo
En El Salvador hay más corrupción de la que el gobierno de Saca y la gran empresa privada están dispuestos a reconocer en público. Así lo muestra una investigación reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) sobre este tema, entre el sector privado. Este asegura que cuando presta servicios al gobierno, incurre en una serie de prácticas contrarias a la libre competencia y a la ley; pero todos, tanto funcionarios como empresarios, las consideran como parte de la actividad empresarial, de tal manera que estas ilegalidades ya no les llaman la atención. Pero eso no es todo. La mayoría de los empresarios entrevistados asegura que el gobierno de ARENA se encuentra “secuestrado” por un reducido grupo de grandes capitalistas, de tal manera que aquél gobierna casi exclusivamente para ellos, lo cual es contrario al credo del libre mercado y de la libre competencia. En pocas palabras, el gobierno de Saca, lo mismo que los tres anteriores, tolera la corrupción y el discurso de ARENA y el sector privado sobre las libertades económicas es falso.
La mayoría de los empresarios casi nunca, o sólo algunas veces, tiene claridad
sobre las reglas para licitar, inscribir sus productos en el registro sanitario,
u obtener una licencia medioambiental, lo cual deja un amplio margen a la
discrecionalidad del funcionario y genera incertidumbre. Esto ocurre, a pesar de
la legislación existente. Por lo general, las razones por las cuales se adjudica
una licitación son desconocidas para quienes participan en ella. Los empresarios
aseguran que los funcionarios modifican los términos técnicos y jurídicos de las
licitaciones, así como también los contratos subsiguientes para favorecer a
determinada empresa. Una vez concedida la obra, casi nunca es posible verificar
el cumplimiento del contrato. Por lo general, el empresario interesado en
proporcionar bienes o servicios al gobierno, obtener una licencia o ejecutar
trámites variados debe hacer erogaciones ilegales al funcionario responsable, la
cual es entendida como un agradecimiento. Es así como los empresarios le hacen
regalos, le entregan un porcentaje del monto del contrato, lo invitan a comer,
le pagan viajes al extranjero, le dan dinero en efectivo o productos o servicios
gratis. La mejor forma para asegurarse la adjudicación de una licitación es
pagar al funcionario un porcentaje del valor del contrato. El trámite aduanal y
la obtención de licencias y permisos o el registro sanitario o medioambiental se
agilizan con erogaciones diversas. Estas prácticas son más comunes en la
construcción —diversos permisos—, el comercio —permisos de importación— y la
agroindustria —registros sanitarios. Las cantidades pagadas, según los
empresarios, pueden ir desde diez hasta el millón de dólares y esta práctica es
tan común que ya está incluida en el costo fijo de la empresa. Por lo tanto, si
el gobierno de Saca pretende poner fin a estas prácticas, ya sabe por dónde
comenzar. No es necesario que espere la intervención de la Corte de Cuentas, o
del ministerio público, o del sistema judicial, porque ninguna de estas
instituciones puede garantizar la transparencia, porque todas ellas son parte
del engranaje de la corrupción.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) alega con frecuencia que
representa al sector, pero la mitad de los empresarios entrevistados no se
considera beneficiado o se ha beneficiado poco con el cabildeo que esta
organización como tal y las gremiales que la conforman llevan a cabo, en las
dependencias gubernamentales. Tampoco se consideran beneficiados por las
políticas nacionales. La menos favorecida es la pequeña empresa. El más
beneficiado es el reducido grupo que controla el mercado nacional. Algunas de
estas empresas son las que han sacado provecho de las oportunidades brindadas
por la política económica de ARENA. Además, este grupo tiene acceso a
información privilegiada, una ventaja adicional para dirigir su actividad y
obtener más ganancias. Una ventaja adicional es que la gran empresa casi nunca
es víctima de la corrupción, puesto que recibe un trato preferencial, las reglas
cambian de acuerdo a sus intereses. Tampoco necesita recurrir a la corrupción,
porque es parte de ella y, en consecuencia, la defiende y la encubre.
Esta práctica, tan heterodoxa en los creyentes en la libertad del mercado, se
explica por la relación existente entre los altos funcionarios y estas empresas.
El vínculo es tan estrecho que, con toda facilidad, el empresario se convierte
en alto funcionario y ocupa un puesto estratégico, desde el cual organiza el
tráfico de influencias y favorece a su grupo empresarial. Modifica los términos
técnicos y jurídicos de licitaciones y contratos públicos y dirige las
instituciones públicas para favorecer a su grupo. Goza de amplia
discrecionalidad para interpretar y aplicar las normas. El sistema judicial,
incluida la Corte Suprema de Justicia, es una pieza más de este complejo
engranaje. De hecho, las instituciones menos trasparentes son aquellas
encargadas de garantizar la trasparencia.
La mayoría de los empresarios afirma que la política económica es decidida por
los grandes empresarios, aunque un tercio se la atribuye al gabinete, es decir,
a los empresarios, quienes se encuentran bien representados en él. De ahí que
algunos de ellos hablen de que este grupo ha “secuestrado” al gobierno, pues
gobierna para sí mismo, antes que para el país como un todo. Por ejemplo, en la
negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, las demandas del
sector privado fueron escuchadas en relación directa al tamaño del grupo
empresarial que la presentaba. El resultado es un grupo empresarial hegemónico
æel mismo que una investigación hecha en la UCA y publicada en ECA 2002,
645-646, había identificado con otro método. Por lo tanto, la posibilidad de
éxito empresarial depende de la relación con este grupo y no del mercado, ni de
la libre competencia, ni mucho menos de las reglas. La inversión extranjera,
para obtener un rendimiento elevado, debe penetrar en este exclusivo círculo
económico y político. Toda inversión estratégica debe establecer vínculos con el
gobierno de ARENA, ya sea de forma directa o a través del grupo empresarial
hegemónico. En cualquier caso, debe dar participación sustancial a ambos en sus
negocios. Esta es la alternativa real para compensar la debilidad de la
institucionalidad salvadoreña. Tal vez a ello se deba que el país no sea uno de
los sitios regionales privilegiados por esta inversión. La que se queda, debe
contribuir lo suyo a distorsionar aún más la competencia.
Es indudable que estas prácticas repercuten en el poco crecimiento económico, en
el desarrollo sectorial, en la generación de valor agregado, en el ingreso de la
población y, en definitiva, en la ampliación de la desigualdad. Erradicar estas
prácticas exige bastante más que abrir una página electrónica para denunciarlas.
El gobierno de ARENA sabe bien dónde estas prácticas son más intensas y si no,
que le pregunte él mismo a sus aliados, los empresarios.
Nuevas reformas en los estatutos del FMLN
La prensa nacional tiene una cierta predilección por escudriñar los asuntos internos del FMLN. No podía ser para menos. A la par del dejo de crítica excesiva con que los periodistas suelen evocar las batallas políticas al interior de este partido, no cabe duda que lo que sucede en su seno tiene repercusión importante sobre la competencia política y electoral en el país. En este contexto, es importante analizar las posibles implicaciones de las nuevas reformas anunciadas en los estatutos del FMLN. Concretamente, hay que examinarlas en términos de si ayudarán o no a fortalecer su cohesión interna, al mismo tiempo que deberían aunar a una mayor democratización de las estructuras de esta organización.
La economía a principios de 2005
Transcurrido el primer trimestre de 2005, ya se puede vislumbrar, gracias a cifras preliminares, la situación económica del año. Los datos que arrojan algunos indicadores económicos, por ejemplo, dan pauta a lo que será la producción en este período.
Por un lado, el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) y el Índice
de Volumen de la Producción Industrial (IVOPI), siguen manteniendo un porcentaje
negativo, aunque en menor proporción que en el 2004. Según datos publicados por
el Banco Central de Reserva (BCR), el IVAE general mostró una caída de –2.04% en
el mes de enero; esto significa que de cada cien bienes producidos en el país se
generaron dos productos menos. El IVOPI, para el mismo mes en cuestión, tuvo una
disminución de –1.67%, es decir, que por cada cien bienes generados dos
productos se dejaron de elaborar. Dichas cifras reflejan claramente el descenso
en la producción.
La violencia no termina de entenderse
Las explicaciones sobre la violencia ocurrida en Semana Santa sobran, pero no terminan de convencer. Los salvadoreños no se explican, a cabalidad, por qué, año tras año, encabezan las estadísticas crecientes de muertes violentas en los periodos festivos. El saldo de la violencia registrada en la semana mayor ubica nuevamente a El Salvador al tope de las estadísticas regionales, con 166 fallecidos, la mayoría por arma de fuego. En el otro extremo se halla Panamá, con únicamente 13 decesos.
Ortega vrs. Lewites: el autoritarismo de izquierda puesto a prueba
El ex alcalde de Managua, el empresario Herty Lewites, es la piedra de tropiezo de las aspiraciones presidenciales del máximo dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, quien se postula por cuarta ocasión, después de tres derrotas continuas. Pero a las piedras de tropiezo se las deja un lado y se sigue caminando. Esa parece ser la lógica que está detrás de algunos acontecimientos recientes.
Herty Lewites logró una gestión satisfactoria en la comuna capitalina y es un
personaje que atrae simpatías de un buen sector de los votantes. Como bien se
sabe, en política no hay que dar nada por descontado, pero lo cierto es que una
candidatura de Lewites tendría mejores resultados que una de Ortega para los
próximos comicios presidenciales, a celebrarse el año entrante.
Maquilas: eficiencia y derechos laborales
El cumplimiento de derechos laborales está en riesgo de colapsar junto con el Acuerdo Multifibras (AMF). La eliminación del acuerdo global que por más de 30 años ha protegido industrias nacionales con cuotas de exportación hacia los Estados Unidos y la Unión Europea está reformando rápidamente el mapa de la producción de indumentaria en el mundo. El cambio de la producción hacia China está generando nuevos retos para los países pequeños productores de textiles e indumentaria.
Desafortunadamente, El Salvador es uno de estos países. Por más de 4 años la
industria ha estado estancada a consecuencia de la falta de innovaciones
tecnológicas y espíritu empresarial. Protegidos por los beneficios de los EUA a
las exportaciones de la región, los empresarios de maquilas en El Salvador no
invirtieron en desarrollar ciclos de producción más rápida para la modalidad de
paquete completo (la producción desde materia prima hasta productos terminados,
empacados y entregados en tiendas). Tampoco invirtieron en sus trabajadores y
trabajadoras, para darles la oportunidad de cambiar su producción hacia
estándares más altos.
Ahora estos empresarios podrían muy bien ver que sus clientes toman el largo
camino a China para no regresar nunca. Desde el 2004 somos testigos de cómo las
órdenes de producción declinan año con año y para el 2005 la tendencia a la baja
se mantiene. Charter, la maquila que nació de las cenizas de Mandarin
Internacional y que costó una buena dosis de la reputación de la marca Gap1 ha
visto disminuir sus pedidos y esto ha generado inestabilidad entre su personal.
Los efectos del fin del AMF podrían golpear más fuerte en los derechos laborales.
Para quienes trabajan en la maquila hay dos posibles escenarios, ambos negativos,
estos son: un cierre masivo de fábricas y/o una fuerte presión a las empresas
para bajar aún más su cumplimiento de derechos laborales. La primera opción, es
una tendencia económica que tiene que ver en buena medida, con el efecto de la
competencia con China así como la incapacidad del sector empresarial para
desarrollar estrategias a largo plazo. Para añadir aún más preocupación, los y
las trabajadoras temen que los recortes de personal podrían ser usados para
prevenir la formación de sindicatos y para penalizar a quienes se atrevan a
unirse a sindicatos o pelear por sus derechos.
El segundo escenario es la respuesta que algunos empresarios quisieran adoptar
para enfrentar el efecto China: bajar el salario mínimo (que actualmente está en
150 USD al mes) y reducir los límites y el costo del tiempo extra. Esta es la
estrategia que los maquiladores en México están promoviendo, dando una nueva
cara a la infame “carrera hacia el fondo”. Reducir los salarios es un golpe para
los trabajadores y trabajadoras, que ya enfrentan la ola inflacionaria
ocasionada por la dolarización. Bajar las limitaciones para realizar jornadas
extraordinarias colocaría a los trabajadores (as) a merced de los gerentes de
las plantas que ya tienen reputación de no respetar derechos humanos y laborales.
La organización estadounidense Human Rights Watch reporta que los derechos
laborales son regularmente violentados en El Salvador y de acuerdo con la ONG
canadiense, Maquila Solidarity Network, las cuotas de producción son a menudo
inalcanzables, el abuso físico es común y los sindicatos son reprimidos.
Bajar la protección a los trabajadores (as) daría manos libres a quienes piensan
que incrementar la productividad significa solamente aumentar las jornadas de
trabajo, presiones sobre el personal y recortar salarios.
Afortunadamente, lo que se ha descrito no es un futuro inevitable. Hay una
alternativa que podría ofrecer un mejor futuro para trabajadores, trabajadoras y
propietarios de maquilas. La opción implica una rápida transformación para una
producción de más alta calidad, paralela a un mejoramiento de los estándares
laborales al nivel requerido por los compradores estadounidenses y europeos. Un
ejemplo de esto es el caso de Camboya. En 1999 el gobierno camboyano firmó un
acuerdo sobre textiles e indumentaria de 3 años de duración —extendido hasta
diciembre del 2004– con los EUA. Bajo este acuerdo Camboya recibiría beneficios
de cuotas de exportación que se incrementarían año con año, si era capaz de
demostrar cumplimiento con sus leyes laborales domesticas y estándares
internacionales de derechos humanos.
Ahora que el programa ha terminado, Camboya dependerá en sus estándares
laborales como una ventaja competitiva, frente a otros productores de
indumentaria. Obviamente, lo que Camboya ha hecho hasta hoy es un experimento y
cualquier conclusión que se saque antes del fin del AMF sería prematura. Sin
embargo, el experimento muestra que los derechos humanos y las estrategias de
negocios podrían caminar de la mano. Hay algunas señales alentadoras. Las
exportaciones de Camboya en las categorías no restringidas por cuotas se han
elevado constantemente en los últimos años y los reportes del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas reporta que el número de trabajadores (as) ha
crecido, aunque algunas empresas se han mudado a China.
Camboya piensa que es aún vulnerable debido a la baja calidad de su producción,
mayormente limitada a prendas de indumentaria básica. Esto relega al país a las
categorías de bienes que son más sensitivas a variaciones de precios, los cuales
serán los primeros en volar a China. Este tema nos trae de regreso a El Salvador
ya que las maquilas de este país sufren del mismo problema. Su producción en la
mayoría de los casos está limitada a ensamble y corte, y ésta es la línea más
baja de la cadena de suministros. Asimismo, los ciclos de producción no son lo
suficientemente rápidos para atraer órdenes de las marcas que están tras el
“último grito de la moda”.
La palabra clave para salir de esta dificultad es calidad en la producción y en
el trato al personal. Las maquilas tienen que cambiar radicalmente para llegar a
ser capaces de producir bienes de alta calidad (tales como suéteres de lana y
sacos para hombre) a un precio más alto. El gobierno del Presidente Saca ha
llegado a la misma conclusión luego de contratar un grupo de expertos y si bien
es cierto que existen infinidad de obstáculos en el camino (el alto costo de la
electricidad, por ejemplo) es igualmente cierto que existen alternativas.
Esta transformación sólo puede suceder a través de una mejora radical en el
entrenamiento de trabajadores y trabajadoras. En una industria intensiva en mano
de obra, como la de indumentaria, incrementar la productividad significa
invertir tiempo y dinero en entrenamiento adicional para el personal y
facilitarles maquinarias apropiadas.
Todo esto puede pasar sólo si los gerentes y los dueños se dan cuenta que los
trabajadores son un activo y no una contraparte a la que hay que explotar o
temer. Experiencias en otros países muestran que las mejoras a la producción
caminan junto a estándares laborales más altos. Una industria de indumentaria
altamente competitiva como la italiana tiene estándares más altos que China y
produce los bienes más caros tales como suéteres de lana de una calidad
indiscutible. No es por casualidad que en los conglomerados industriales
italianos los trabajadores no son forzados a trabajar excesivas jornadas
laborales y no hay reportes de abusos a los mismos. Estos empleados y empleadas
están bien pagados y se preocupan de su trabajo al punto de considerar el mismo
como una tradición que necesita ser transmitida dentro de sus familias.
Al mismo tiempo, la idea de que las fábricas puedan sobrevivir solamente
exprimiendo a sus trabajadores (as) es una garantía para mantener a estas
empresas subdesarrolladas. La región está llena de estas historias: México y
Honduras están entre los países de más alto riesgo de perder sus maquilas y no
es una sorpresa que ambos están mal catalogados en el informe de cumplimiento de
derechos laborales elaborado por la organización estadounidense Verite2, pese a
que el respeto a derechos laborales ha llegado a ser un requisito para algunas
marcas estadounidenses y europeas, presionadas por las demandas del público
consumidor.
Si bien, la motivación de algunas marcas está aún bajo sospecha, los estándares
laborales son un tema que los compradores y las marcas no pueden ignorar más.
Así, las marcas invierten significativas cantidades de dinero y recursos para
asegurarse que los productos que compran no están manchados por abusos a los
derechos humanos. Desde un punto de vista meramente económico, estas novedades
en el gusto del público consumidor, significan que una fábrica que pueda
garantizar altos estándares de cumplimiento con derechos laborales es
inmediatamente más atractiva para los compradores, ya que requeriría de menos
monitoreo externo. Más aún, en la época “post Mandarín”, las multinacionales se
sienten más cómodas haciendo negocios con socios que no amenacen su imagen
pública.
En conclusión, sin el AMF las maquilas de El Salvador enfrentan un escenario
desalentador. La única estrategia que podría mantener la industria necesita que
los empresarios se den cuenta que los tiempos de contraponerse a los
trabajadores y trabajadoras se han ido. Ambos están en el mismo bote y éxito de
unos no puede venir a expensas de los otros. Se requiere que la productividad
empresarial y los derechos humanos caminen de la mano.
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