Envienos sus comentarios y sugerencias
Centro de Informacion, Documentacion y Apoyo a la Investigacion(CIDAI)
E-mail: cidai@cidai.uca.edu.sv
Universidad Centroamericana (UCA)
Apdo. Postal 01-168 Boulevard Los Proceres
San Salvador, El Salvador, Centro America
Tel: +(503) 210-6600 ext. 407
Fax: +(503) 210-6655
El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de caracter internacional que resultan mas significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del pais y apuntar posibles direcciones para su interpretacion.
Su produccion y publicacion esta a cargo del Centro de Informacion, Documentacion y Apoyo a la Investigacion (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “Jose Simeon Canas” de El Salvador. Por favor, asegurese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicacion en sus trabajos.
Los interesados en suscribirse a este boletin pueden dirigirse a la Oficina de Distribucion de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo sera muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicacion se puede consultar parcialmente en la pagina electronica de la UCA: http://www.uca.edu.sv
Ano 25
numero 1141
Abril 20, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: El mundo aparte de los grandes centros comerciales
Politica: Tiempos políticos de la Asamblea Legislativa
Economia: ¡Emergencia regional!
Sociedad: Desabastecimiento de medicinas, corrupción y planes estatales
Comentario: La transparencia en el Estado salvadoreño: la perspectiva de los empresarios (II)
Derechos Humanos: Hospitales públicos sin medicinas
Documento: América Latina y el Caribe: proyecciones de la CEPAL para 2005
El mundo aparte de los grandes centros comerciales
Las principales ciudades de El Salvador han sido invadidas por los centros comerciales. En San Salvador, éstos han proliferado como hongos: Metrocentro y Metrosur, HiperMall El Paseo, Hipermall Las Cascadas, Basilea, Plaza San Benito, Galerías Escalón, Plaza Merliot, Multiplaza, La Gran Vía, Plaza Mundo, Unicentro se han convertido en espacios importantes no sólo para la recreación y el consumo, sino para la difusión masiva de referentes simbólico-culturales transnacionalizados. Con los centros comerciales —especialmente con los más grandes— la fisonomía urbana se ha transformado (y se transforma) a pasos agigantados; la vida económica, social y cultural gira —o por lo menos así lo parece— en torno a ellos. Lo deslumbrante de ellos —los grandes anuncios iluminados y sus grandes ventanales— apunta a una prosperidad y un progreso que hasta hace poco se consideraban inalcanzables y que, ahora, están al alcance de la mano. Y es que, si se mira al país desde lo que muestran los centros comerciales, todo es prosperidad, comodidad, lujo y consumo.
En El Salvador de los centros comerciales la pobreza, la exclusión y la
marginalidad no existen. Sin embargo, lo que ellos ofrecen es un espejismo —de
prosperidad, progreso, desarrollo y bienestar— que, como tal, no tiene ningún
asidero en la realidad. La realidad es otra; es la del desempleo, las
inmigraciones, la falta de oportunidades educativas, la precariedad de los
servicios de salud. El Salvador real es lo opuesto a la ficción de país que
ofrecen los centros comerciales. Curiosamente, esa ficción de país está
devorando las pocas posibilidades que tiene el país real de hacer frente a sus
desafíos más urgentes. Así, la construcción de grandes centros comerciales —por
ejemplo, los edificados en la zona del Espino— ha supuesto un grave daño al
ecosistema del gran San Salvador. Mantos acuíferos, flora y fauna fueron
sacrificados por la construcción de enormes edificios que, aunque deslumbrantes,
son económicamente perjudiciales. Lo son porque se inscriben en una lógica
económica terciarizada que está llevando al país a la bancarrota.
Si económicamente los grandes centros comerciales son expresión de una lógica
económica nociva para el país, a nivel socio-cultural expresan una forma de ser
ajena al compromiso, la solidaridad y al involucramiento ciudadano con los
problemas sociales fundamentales. Este último tema es digno de consideración,
sobre todo porque casi no se suele fijar la atención en él.
Y es que los centros comerciales son espacios físicos que definen el modo de ser
de los distintos segmentos sociales: el centro de la capital, con sus centros
comerciales rodeados de ventas informales, para las clases bajas; Metrocentro
(Norte y Sur) o el Hipermall Las Cascadas, la Zona Rosa, los establecimientos de
la Colonia San Benito, para los sectores medios. Para los individuos de cierto
poder adquisitivo y formación académica superior al promedio, están los cafés al
estilo parisino, madrileño o neoyorquino (de Multiplaza o de La Gran Vía), donde
se puede hacer tertulia, leer y, para los más sofisticados, escribir. Cada
espacio proporciona un sentido de pertenencia y una identificación a quien los
frecuenta.
Los centros comerciales son espacios de encuentro con los otros, esos
desconocidos que andan tras las mismas marcas y estilos de consumo. En este
sentido, en ellos circulan no sólo bienes tangibles y marcas, sino también
estereotipos sobre estilos de vida asociados a figuras del deporte, artistas y
demás personalidades del mundo del espectáculo. Cada persona que visita un
centro comercial va en busca no sólo de un bien determinado —una camisa,
pantalón, unos zapatos, una billetera—, sino es una forma de ser particular. Esa
forma de ser que se busca flota en el aire de las marcas y de las personalidades
—del arte o el deporte— que las expresan.
En la “nueva cultura económica” que se reproduce en los grandes centros
comerciales la vida se estructura alrededor de símbolos, redes y mecanismos de
retroalimentación que logran que las personas entren una y otra vez en ellos.
Los grandes centros comerciales bien pueden ser considerados como un producto
del desarrollo suburbano, donde se busca establecer experiencias de diverso
tipo: espectáculos, conciertos o exposiciones, revisión médica, comidas,
deportes, eventos sociales y reuniones entre amigos.
Ellos son un mundo aparte: en el mundo de afuera reinan la inseguridad, el
calor, la contaminación, es decir, el caos y el riesgo. En su interior, imperan
la seguridad, el orden, la tranquilidad. Una seguridad, un orden y una
tranquilidad a las que sólo pueden acceder no los ciudadanos, sino los
consumidores privados. Y es que los centros comerciales, al ofrecer una vida
pública ficticia —con sus tertulias de café, conciertos, exposiciones de
pinturas, presentación de libros, etc.— lo que hacen es privatizar aun más lo
público, es decir, destruirlo. Al hacerlo, atentan contra la ciudadanía, porque
ésta —en lo que tiene de reconocimiento de derechos y obligaciones de quienes
habitan un territorio determinado— sólo puede ejercerse en la plaza pública,
donde el encuentro con los otros no está reglamentado por el mercado ni
protegido del riesgo por unos guardias de seguridad contratados privadamente
para tal fin.
El espacio público es riesgo y es libertad: los centros comerciales, al
privatizarlo, lo desnaturalizan; en ellos se obtiene una seguridad ficticia y se
vulnera la libertad de los ciudadanos. Donde la libertad se ve diezmada, brota
la esclavitud: esclavitud —en esta nueva cultura económica— hacia las modas, las
marcas, los artistas y todos los emblemas que ayudan a fugarse de la realidad.
La realidad está afuera de los grandes centros comerciales; se podrá ponerla
entre paréntesis por un rato —mientras se tiene dinero para consumir o crédito
para endeudarse a plazos—, pero no escapar para siempre de ella.
Tiempos políticos de la Asamblea Legislativa
Desde las instancias del Ejecutivo y el Legislativo se adoptan las políticas públicas y se asignan los recursos. Tales funciones, entre otras, hacen que estas dos instancias sean las más importantes, desde un punto de vista procedimental, para entender los sistemas políticos. En realidad, la historia de estas funciones se encuentra en la misma génesis de las democracias occidentales que ha evolucionado hacia distintos modelos. “Por una parte, se situaba el modelo dominado por la comprensión inglesa de la política en el que el Parlamento era el centro de gravedad política y se producía la confusión de poderes merced a una completa imbricación entre el gabinete y el Parlamento, puesto que aquél procedía de la confianza de éste al que permanecía sujeto y, en reciprocidad, el gabinete, que era un órgano colegiado, podía decretar la disolución del Parlamento. Enfrente, se encontraba la posición que mantenía una estricta separación de los poderes, de manera que, a diferencia del anterior donde la legitimidad era única, se generaban órganos con legitimidades separadas y funciones perfectamente diversificadas. El primero dio lugar al modelo denominado parlamentarismo, mientras que el segundo respondió al título de presidencialismo”.
¡Emergencia regional!
El alza en los precios del petróleo ha tenido fuertes repercusiones en las economías de Centroamérica. Recientemente, la mayoría de países de la región han establecido medidas puntuales para contrarrestar la escalada de precios en los combustibles que se manifiesta desde el año pasado. En Panamá, Honduras y Nicaragua, la situación es tan crítica que se han dado protestas por diversos sectores de la sociedad civil.
Desabastecimiento de medicinas, corrupción y planes estatales
La red de hospitales y unidades de salud regentadas por el Estado se hallaban, a mediados del mes de abril, desabastecidas de medicinas. Según reportes de prensa, hasta el día 12, el Hospital Rosales, el más importante de la red nacional, contaba con únicamente el 50 por ciento del cuadro básico de medicamentos, es decir, los destinados a la atención de los internos y de los que llegan demandando consulta externa. El Rosales no es el único en esa situación: los metropolitanos Zacamil y San Bartolo enfrentan el mismo problema, al igual que los del interior del país.
La transparencia en el Estado salvadoreño: la perspectiva de los empresarios (II)
Participación y criterios para la toma de decisiones de
política pública
Las políticas públicas gozan de legitimidad y aceptación social, debido a la
claridad y transparencia en el proceso de participación de su construcción. Esto
se refleja en el beneficio que obtienen los sectores y grupos interesados en su
implementación. A este respecto, se les preguntó a los empresarios qué tan
beneficiados se sentían de las políticas que involucran a su respectivo sector,
emprendidas por los últimos cuatro gobiernos, y si, en su opinión, todas las
empresas se benefician por igual de las mismas. El 60%, que pertenece a la
pequeña empresa, no ve ningún beneficio o percibe poco beneficio de tales
políticas. La mediana y gran empresa, por su parte, se encuentran bastante
equilibradas en su percepción, pues un poco más de la mitad considera que se ha
beneficiado mucho o algo de estas políticas.
Profundizando más en el tema de la transparencia en el proceso de toma de
decisiones en materia de política económica, a aquellos empresarios que
respondieron que sólo un grupo pequeño se beneficiaba de las políticas, se les
preguntó si este grupo controlaba la mayor parte del mercado a nivel nacional,
los resultados fueron que casi las tres cuartas partes de los empresarios opinan
que este pequeño grupo controla la mayor parte del mercado nacional.
En los últimos gobiernos, muchos empresarios han asumido cargos públicos, es
decir, se les han asignado puestos estratégicos en la toma de decisiones, lo
cual se podría prestar a tráficos de influencias o favoritismos hacia algunos
grupos empresariales. De esta manera, se les preguntó a los empresarios:
“¿considera que el hecho de que varios empresarios ocupen puestos como
funcionarios públicos pueda provocar conflicto de intereses a la hora de tomar
decisiones, para favorecer sólo a ciertos grupos vinculados con su sector?”
En tal sentido, un poco más del 80% de los empresarios manifestaron que los
funcionarios públicos que al mismo tiempo son empresarios tienden a caer en
estas prácticas de favoritismo y tráfico de influencias que, según la
literatura, forman parte de las manifestaciones de la corrupción. Por otro lado,
más del 80% de los empresarios están en desacuerdo con la afirmación de que
“todos los empresarios salvadoreños tienen la misma capacidad de influir sobre
el rumbo de la política económica en el país”. En este sentido, se preguntó a
los empresarios: “¿quién decide la política económica del país? La mitad de los
empresarios encuestados (de todos los segmentos empresariales) opinaron que
quienes deciden son los “grandes empresarios”; la tercera parte dijo que el
presidente y su gabinete, que por cierto está, en buena parte, conformado por
empresarios que han salido de las filas de las gremiales adscritas a ANEP.
Se quiso ahondar más acerca de estos “grandes empresarios” o élites económicas,
que también son políticas. Por ello, se preguntó si en El Salvador existen
monopolios y argollas de poder. Los resultados fueron más que elocuentes: en
general, más del 85% de los empresarios lo confirman. Y al preguntárseles cuales
eran los sectores relacionados con ellas, la mayoría de las respuestas las
obtuvo el sistema financiero.
Después de analizar este último bloque sobre participación, se podría plantear
que en El Salvador nos enfrentamos a lo que algunos autores denominan “captura
del Estado”, término que hace referencia a la capacidad que tienen grupos
poderosos de interés para influir en los procesos de decisión política, a través
de mecanismos de presión o de incentivos ilegítimos para satisfacer intereses
políticos o económicos particulares, con lo cual afectan el cumplimiento de
responsabilidades públicas de interés colectivo y de la moral social.
Percepción de la corrupción: victimización y combate
En este estudio se pudo constatar que dos terceras partes de los empresarios
poseen una noción correcta de lo que significa o implica la corrupción. También
se les preguntó en qué grado se sentían afectados directamente por la
corrupción. Siete de cada diez pequeños empresarios dijeron sentirse mucho o
algo afectados. Por su parte, los empresarios de la mediana y gran empresa
también se sintieron afectados, aunque no en la misma magnitud que la pequeña.
Esta tendencia se acentúa a medida que se ahonda en las relaciones que los
empresarios tienen con el gobierno.
Los datos muestran que el sector construcción es el más afectado, pues ocho de
cada diez empresarios dijeron sentirse mucho o algo afectados por la corrupción.
En el sector de la agroindustria, por su parte, un poco más de la mitad de los
empresarios se sintió mucho o algo afectado. Es importante subrayar que el
sector de la construcción es el que más se relaciona con el gobierno en cuanto a
compras y licitaciones públicas, mientras que el que menos se relaciona con él
es justamente el sector agroindustrial. Por lo tanto, la razón por la cual la
agroindustria no está tan afectada por la corrupción se debe a que no tiene
mayor trato con el gobierno; y como el sector de la construcción es el que más
se relaciona con el gobierno, sufre más las consecuencias de la corrupción.
La encuesta también preguntó qué tanta corrupción existe en la relación entre el
Estado y la empresa privada. Ante esto, los empresarios de la pequeña y mediana
empresa señalaron que en las relaciones con el Estado existe mucha o alguna
corrupción en un 76.3 y 79.5%, respectivamente; mientras que el 59.7% de los
empresarios de la gran empresa expresaron la misma opinión.
Asimismo, se preguntó cómo la corrupción afecta a su empresa en particular, en
términos de su desempeño. Se advierte que cinco de cada diez empresas pequeñas
señalan que la corrupción es un problema grave o serio para su desenvolvimiento
empresarial, mientras que cuatro de cada diez empresas grandes indican lo mismo.
Cada una de las transacciones del sector público con terceros están sujetas a
ciertos requisitos y procedimientos establecidos por LACAP. Por lo tanto, se
preguntó a los empresarios, desde su experiencia, si ésta había reducido el
nivel de corrupción o si se mantenía igual o, en el peor de los casos, si había
aumentado.
Cuatro de cada diez empresarios respondieron que con la implementación de la ley
se ha reducido la corrupción en el sector público. Sin embargo, también cuatro
de cada diez dijeron que la corrupción sigue igual. Por último, el 15% percibió
que la corrupción había aumentado. Este resultado es relativamente positivo en
comparación con el antiguo sistema de licitaciones públicas, el cual se
caracterizaba por serias deficiencias y un alto grado de discrecionalidad en los
mecanismos y procedimientos de contratación de bienes y servicios. Sin embargo,
se percibe que la ley aún no reduce la corrupción de la administración pública
de manera significativa.
En el caso de los trámites corrientes que las empresas deben hacer a través del
gobierno, como el uso de aduanas, licencias, permisos y regulaciones en general,
se quiso investigar si las empresas suelen hacer pagos “informales” o dar
regalos a los empleados o funcionarios públicos para que agilicen dichos
trámites. Específicamente, en el sector construcción —que es el que más se
relaciona con el gobierno— llega a niveles extremos en donde ocho de cada diez
empresarios, de este sector, deben otorgan pagos informales para la agilización
de los trámites.
Finalmente, en cuanto a la utilización de sobornos, justamente en la
adjudicación de contratos suelen darse con mayor frecuencia. A tal punto que una
cuarta parte de la pequeña y mediana empresa recurre siempre o casi siempre a
estos; mientras que más de la mitad de la gran empresa hace lo mismo.
Se intentó comparar sus respuestas con las de los ciudadanos, presentadas en el
estudio anterior del IUDOP, La percepción sobre la corrupción en las
instituciones salvadoreñas. Hay que resaltar la marcada diferencia de
apreciaciones que tienen los empresarios y los ciudadanos en general.
En otro orden, también se indagó la percepción de los empresarios respecto de
las formas en que algunas instituciones públicas y la misma empresa privada
contribuyen o no en el combate a la corrupción. Para determinarla, se les pidió
que asignaran una nota, en una escala del cero al diez, donde cero representaba
un desempeño muy deficiente en el combate a la corrupción, y diez, un desempeño
muy eficiente.
En general, el aparato público obtuvo una nota promedio ponderada global de 5.76
lo cual reprueba el desempeño institucional, en su conjunto, para combatir la
corrupción. Se obtuvieron calificaciones cuyo promedio oscila entre 6.67 y 4.43.
Las mejor calificadas fueron la Dirección General de Impuestos Internos (6.67),
la Presidencia de la República (6.66), la misma empresa privada (6.65) y la
Policía Nacional Civil (6.62). Los últimos lugares, como es usual, fueron la
Asamblea Legislativa (4.43), la Corte de Cuentas (4.92), los juzgados (5.03) y
la Corte Suprema de Justicia (5.52).
En términos generales, como es usual en las encuestas de opinión pública
realizadas por el IUDOP, se preguntó: “en su opinión, ¿el país va por buen
camino o necesita un cambio?”. Esto último tiene el objetivo de contrastar la
percepción de las empresas con la opinión de la ciudadanía. Más de la mitad de
los empresarios de los diferentes segmentos piensan que, efectivamente, el país
necesita un cambio.
Conclusiones
Para concluir, consideramos que este estudio nos muestra una fotografía de la
perspectiva que tienen los empresarios sobre los niveles de transparencia y
corrupción en el Estado salvadoreño, tanto en sí mismo como de sus relaciones
con los empresarios. Dada la importancia que tiene la transparencia para
alcanzar altos niveles de gobernabilidad democrática, se constituye en una tarea
impostergable que las instituciones públicas actúen de acuerdo con lo
establecido por la ley y no según intereses particulares, que se actualicen y
hagan cumplir los marcos regulatorios necesarios para la rendición de cuentas,
el acceso a la información de carácter público y la participación y escrutinio
ciudadanos.
Finalmente, nos parece importante recalcar que, cuando se preguntó sobre la
percepción de la situación en general de la transparencia y la corrupción, las
opiniones de los empresarios se presentaron bastante favorables y optimistas.
Sin embargo, a otro nivel de análisis más específico y al desglosar cada uno de
los elementos de la transparencia, las opiniones no parecen ser tan favorables,
y más bien estarían indicando una percepción en buena medida negativa de la
rendición de cuentas, de la existencia y aplicación de reglas claras, del acceso
oportuno a la información, de la efectiva participación y escrutinio ciudadano.
En este sentido, las futuras pesquisas deben profundizar en cada una de las
áreas expuestas en la presente investigación, con el objetivo de elaborar
propuestas sobre políticas públicas en donde participen tanto el gobierno
central como los gobiernos locales, la sociedad civil, la empresa privada, los
medios de comunicación, la cooperación internacional y otras organizaciones no
gubernamentales especializadas en el tema.
Hospitales públicos sin medicinas
Hace unos días cobró notoriedad en los medios de difusión masiva la falta de medicamentos en la red hospitalaria del país. Este añejo problema afecta a las personas que acuden a los centros asistenciales estatales buscando alivio a sus enfermedades. Pero, hasta el momento, ningún gobierno le ha puesto la atención debida para encontrarle una solución de fondo; por el contrario, lo han agravado cada vez más sin importar las consecuencias —incluso hasta mortales— ni que la salud sea un derecho reconocido en diversos instrumentos internacionales y en la Constitución salvadoreña.
La escasez de un medicamento en la farmacia de un hospital o una unidad de salud
no sería tan grave si se originara por un mal cálculo en la demanda de ese
producto, pues existen situaciones imprevistas —como las epidemias y los
desastres naturales— que pueden generar un agotamiento de recursos. Lo que no se
puede admitir es que de las doscientas sesenta marcas de medicamentos que
componen el cuadro básico del Hospital Rosales, falten ciento treinta. Según las
propias autoridades de ese nosocomio, hay desabastecimiento de antibióticos,
antiinflamatorios y anestésicos; las áreas más afectadas son: oncología,
cardiovascular y gastroenterología. A lo relatado se debe agregar que en “el
Rosales”, como es conocido popularmente, se atienden alrededor de mil consultas
externas y doscientas cincuenta emergencias diarias. La situación es, pues,
alarmante y constituye una amenaza para las vidas de quienes acuden al mismo.
La negligencia oficial en esta materia no es exclusiva de dicho nosocomio;
alcanza a los demás y a las unidades de salud en todo el país. Unos setecientos
centros de asistencia enfrentan la misma crisis, lo que puede conducir al país
hasta una situación caótica y producirle daños irreversibles a su población más
desprotegida y vulnerable.
Entre las causas de la inexistencia de medicamentos se encuentran, por citar
dos, la falta de voluntad política para priorizar el tema de la salud en la
gestión gubernamental y el poco presupuesto. Pero el detonante de la crisis
actual tiene que ver con los mecanismos para la adquisición de medicinas
utilizados desde el 2002. Con el supuesto afán de ahorrar dinero, el Ministerio
de Salud decidió hacer una sola compra y la última adjudicación a los
laboratorios se hizo el 31 de marzo del año en curso, pero aún no se ha firmado
el contrato de compraventa del producto pues —para perfeccionar la transacción—
hace falta que la Fiscalía General de la República dé el aval al proceso de
licitación y adquisición.
Por medios periodísticos se sabe que el titular de la cartera de Salud Guillermo
Maza, se comprometió a firmar el contrato durante la semana del 11 al 15 de
abril; es decir, quince días después de la mencionada adjudicación. Mientras
tanto, la población que acude a los centros hospitalarios nacionales siguió
siendo afectada por la lentitud y la burocracia estatal.
En sus intentos por paliar la situación, el Ministerio de Salud solicitó un
adelanto del diez por ciento de los productos a las empresas ganadoras de las
licitaciones. Pero eso no fue suficiente. El pretendido beneficio no se obtuvo,
si se considera que fueron cuarenta y ocho empresas las elegidas; de éstas,
quince son extranjeras y no se comprometieron a entregar el referido porcentaje
por la distancia de sus fábricas o centros de distribución. Peor aún, la
supuesta estrategia de ahorro significó en realidad un mayor gasto de recursos
debido a que, por ejemplo, el Hospital Rosales tuvo que realizar compras
individuales de medicamentos para seguir funcionando. En los primeros cuatro
meses del año los adquirió por un monto de trescientos mil dólares, que se deben
sumar a los setecientos mil desembolsados durante el 2004 para paliar el
desabastecimiento de ese año ocasionado por el mismo problema.
No obstante ello, en el Diario CoLatino apareció publicada el 13 de abril recién
pasado la siguiente declaración de Ana Leticia Mejía, directora de dicho centro:
“Tenemos (medicinas) para duración de una a tres semanas lo más. Lo que estamos
haciendo es sustituyendo los medicamentos por otros que dan el mismo resultado”.
¿Qué ocurre, señora directora? ¿Se puede suplir una medicina que es la indicada
para el tratamiento de una enfermedad, por otra cuya efectividad no es la misma
sino inferior? Si se ha escogido un medicamento pensando en el bienestar de las
y los usuarios después de haber estudiado las diferentes ofertas, resulta
inaceptable una solución tan simplista. Es más, dentro del nosocomio se escucha
un fuerte rumor: que las y los pacientes externos están recibiendo sólo la mitad
de las medicinas indicadas; ello nos hace suponer que el tratamiento recetado no
surtirá el efecto esperado por las personas que lo reciben: su curación.
Si la situación continúa así, los resultados serán devastadores y es muy
probable que se incremente el número de enfermos y muertes en el país. Debemos
recordar que la población salvadoreña se ha caracterizado por ser muy vulnerable
ante enfermedades epidemiológicas y que sus gobernantes han sido muy débiles o
más bien incapaces al momento de enfrentarlas. En tal sentido, Francisco Flores
—irresponsable y hablador como casi siempre— resumió eso cuando dijo que
“debíamos acostumbrarnos a convivir con el dengue”. Por cierto, el dos veces
derrotado en su pretensión de ser Secretario General de la Organización de
Estados Americanos utilizó dinero del pueblo para ello; dinero que bien pudo
destinarse a la compra de medicinas para los hospitales nacionales y las
unidades de salud.
Al revisar los últimos datos sobre enfermedades frecuentes entre la población
salvadoreña, se observa que muchas son padecimientos que —si bien tienen cura y
son controlables— necesitan de un tratamiento complejo y completo con medicinas
muchas veces caras que no están al alcance de la mayoría de personas. El
Ministro de Salud reportó que en este año se han atendido ya trescientas
personas con tuberculosis; además, un informe epidemiológico reveló que en un
solo día se atendieron 1,691 casos de infecciones respiratorias agudas, lo que
representa un aumento de terapias y hasta la hospitalización por este tipo de
enfermedades.
Resulta evidente, entonces, que lo más grave está por venir. El presidente del
Colegio Médico, Alcides Gómez, dijo tener informes del fallecimiento de un joven
en Oncología del Hospital Rosales; al parecer, esa muerte ocurrió por la falta
de los medicamentos necesarios para su tratamiento. Hechos de este tipo no
pueden repetirse.
A lo anterior debe agregarse una sospecha: que todo esto forma parte de una
premeditada estrategia para justificar la privatización de la distribución de
medicinas. En ese marco, el surgimiento de farmacias con medicamentos
supuestamente más baratos en medio de una crisis como ésta, no debe verse como
una simple coincidencia; sobre todo, si tomamos en cuenta la participación de
altos funcionarios de la deplorable administración Flores en ese negocio.
El asunto no parece terminar ahí. Muchas personas han denunciado anomalías al
momento de reclamar medicinas en las farmacias de los centros asistenciales
públicos. Entre éstas se encuentra el pago de la “cuota voluntaria”: un dólar
como mínimo; en caso de no cancelarlo, se les niega la medicina pese a que eso
representa una clara violación al artículo 66 constitucional que obliga al
Estado a brindar “asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos, y
a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya un medio eficaz
para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible”.
En suma, ¡que contradictoria es la realidad salvadoreña! Por un lado, están los
problemas descritos; por el otro, el primer artículo de la Constitución afirma
la obligación estatal de “asegurar a los habitantes de la República” el goce de
la salud. Esa es la costumbre: mucha retórica y muy pocas acciones positivas a
favor de las mayorías.
A continuación, presentamos un fragmento del documento América Latina y el
Caribe: proyecciones 2005, preparado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
América Latina y el Caribe: proyecciones de la CEPAL para 2005
El crecimiento promedio de la región para 2005 se proyecta en una tasa en torno al 4,4%, gracias a que la demanda interna —que ya mostró señales de recuperación a fines del pasado año— se hará sentir más fuertemente este año. El menor crecimiento, con respecto al año 2004, responde a una desaceleración en el crecimiento del resto del mundo y a la normalización de varias economías de la región que habían registrado fuertes tasas de recuperación.
Se proyecta también para el 2005 una tasa de crecimiento superior al 6% en el
Cono Sur y en torno al 4,4% en la Comunidad Andina, lo que refleja la
culminación de los procesos de recuperación de Argentina, Uruguay y la República
Bolivariana de Venezuela, respectivamente. Por su parte, la proyección para
Brasil es de un 4%, mientras que la de México y Centroamérica se estima en 3,7%.
El Caribe mantendrá la tasa de crecimiento en los niveles del año anterior, 4%,
a causa de los desastres naturales.
Para América Latina y el Caribe se estima también para 2005 una tasa de
inflación de 6,6%, algo menor que la tasa de 7,4% alcanzada en 2004. Sin
embargo, en algunos países de la región se observan leves aceleraciones
inflacionarias, ocasionadas por aumentos de las tarifas de los servicios
regulados y los precios internacionales de los alimentos y del petróleo.
El balance de bienes de América Latina será nuevamente positivo en el 2005,
aunque con un saldo algo menor que el del 2004, en torno a los 52 mil millones
de dólares. Se proyecta un equilibrio en la cuenta corriente, comparado con el
superávit de 17 mil millones de dólares del 2004. Este resultado se explica por
el saldo menor del balance de bienes, y el aumento en los fletes
internacionales, las remesas de utilidades, y en las tasas de interés mundiales.
La fuerte alza del precio del petróleo crudo, su incidencia en los mercados
internos y la evolución de los términos de intercambio se analizan en un
capítulo especial donde se concluye que, si se produce una variación de 10% en
el precio internacional del petróleo crudo, el efecto inflacionario global sobre
la región podría verse reflejado en variaciones de los índices de precios al
consumidor (IPC) que fluctuarían entre 0,42% y 0,76%. En el caso de los términos
de intercambio, los países que son a la vez exportadores de materias primas
agropecuarias e importadores netos de petróleo, no han conseguido revertir el
deterioro secular de sus términos de intercambio, según lo observado a partir
del año 2000, mientras que los restantes países muestran un mejoramiento
efectivo.
Costa Rica
Para 2005 se estima un crecimiento entre 3,3% y 4%, con un valor esperado de
3,5%, alentado principalmente por el sector externo; basado en un aumento del
turismo y una desaceleración de las importaciones. Sin embargo, el volumen de la
deuda pública y sus efectos sobre la conducción de la política monetaria y
fiscal, hacen que el crecimiento durante el presente año sea particularmente
vulnerable a un ajuste de las tasas de interés internacionales. La inflación
estará en el rango de 11% a 13%.
El crecimiento esperado para 2005 se enmarca en la continuación del año
anterior. Después del fuerte crecimiento del registrado en 2003, la economía
moderó su tasa de crecimiento durante el 2004, ubicándose alrededor del 4%.
Pero, a diferencia de lo esperado para 2005, dicha desaceleración fue
principalmente el producto de una reducción en las exportaciones de productos de
alta tecnología y un aumento considerable en las importaciones, principalmente
por los precios del petróleo observados durante el año. Hay que destacar que a
pesar de la desaceleración, la reducción observada en los niveles de inversión y
el estancamiento de los salarios; durante 2004 se observó una recuperación de la
demanda interna.
El Salvador
Para 2005 se prevé un crecimiento mejor que el año anterior gracias a dos
factores: una recuperación en la inversión, que durante el año anterior se vio
afectada por la tardía aprobación del presupuesto, y el dinamismo observado en
algunas exportaciones agrícolas. Asimismo, se espera una ligera recuperación en
el gasto del gobierno, mientras que la demanda de los hogares seguirá
dependiendo en buena medida del flujo de remesas del exterior. Se proyecta un
crecimiento en un rango entre 2,2% y 2,7% con un valor esperado de 2,5%.
El crecimiento económico durante el 2004 fue de solamente 1,5%. Este pobre
crecimiento se debió a la contracción de la demanda externa de productos
maquilados; a los reducidos niveles de inversión, y al efecto adverso que
tuvieron los altos precios del petróleo.
Guatemala
Anticipando los efectos del plan de reactivación económica del gobierno, sobre
la inversión y el consumo —así como el efecto de la eventual entrada en vigor
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y los
EEUU (DR-CAFTA) sobre los niveles de inversión— para el año 2005 se proyecta el
crecimiento en un rango del 2,5% al 3,7%, con un valor esperado de 3%, y una
inflación anual en torno al 9%.
Durante el año 2004, Guatemala mostró un crecimiento ligeramente superior al
2,5%. Aunque el consumo público se redujo, fruto de severos recortes en el gasto
de gobierno; el consumo privado aumentó, en buena medida, financiado por las
remesas. Por su parte, las exportaciones netas crecieron levemente. La inflación
interanual en diciembre fue de 9,2%.
De este modo, se rebasó la meta anual establecida por el Banco de Guatemala de
6%, en parte, a raíz del encarecimiento mundial del petróleo y sus derivados.
Honduras
Para 2005 se espera que la dinámica del sector externo se mantenga como uno de
los principales motores del crecimiento. Mientras, se proyecta que, si bien el
consumo privado se seguirá beneficiando de las remesas del exterior, éstas se
verán afectadas por la desaceleración esperada para este año, con lo cual se
proyecta un crecimiento en un rango de 3,8% a 4,5% con un valor esperado de
4,2%. En cuanto a inflación, para el presente período estará en torno al 9%.
Este escenario implica una continuación de la tendencia observada en la segunda
parte del 2004, año en que la economía hondureña creció 5%, producto de la
mejora de condiciones externas y una mayor demanda interna. El consumo creció
por encima del producto, debido a su componente privado, que fue sustentado por
las remesas. La formación bruta de capital fijo se expandió fuertemente siendo
la construcción el sector más dinámico, impulsado por proyectos públicos y
privados, especialmente en el sector energético y en las telecomunicaciones.
Nicaragua
Durante 2005 se espera un incremento en la inversión, sobre todo en las zonas
francas; así como una ligera mejoría en los niveles salariales, lo cual seguirá
dándole impulso al consumo privado. En el sector externo, las exportaciones se
beneficiarán de los precios de algunos productos básicos, mientras que las
importaciones seguirán creciendo. Se proyecta que durante el corriente año
Nicaragua crecerá en un rango de 3,5% a 4,5%, con un valor esperado de 4%.
Sin embargo, existe el riesgo de que ciertas medidas consideradas para el
presupuesto del 2005 provoquen el incumplimiento de las metas acordadas con el
FMI, lo cual pondría en serios aprietos el financiamiento del abultado déficit
comercial. La inflación se espera que cierre el período en torno al 9%, similar
al año anterior.
Superando las proyecciones previas, la economía nicaragüense creció un 5,1%
durante el 2004. Este crecimiento se debió principalmente al dinamismo observado
en el sector exportador (maquila); así como a una robusta demanda interna. Esta
demanda creció en gran parte por el fruto de la inversión pública y del consumo,
y se vio beneficiada por el mayor acceso al crédito, las remesas del exterior y
una mejoría en los salarios reales. Las finanzas públicas se vieron beneficiadas
de una mayor recaudación, un gasto controlado y significativamente por la
reducción de la deuda externa bajo la “iniciativa de países pobres altamente
endeudados”.
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655 |
El Salvador personal correo Centro America y Panama Norte y Sur America Europa Otras regiones |
c75.00 |