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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1142
Abril 26, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Crisis energética
Política: La tragedia política de América Latina
Economía: Reactivando un sector dormido: el turismo
Economía: El panorama económico de América Latina
Sociedad: De Juan Pablo II a Benedicto XVI por la prensa salvadoreña
Regional: Centroamérica, perspectivas alentadoras pero reservadas
Derechos Humanos: Katya, Brenda, Miriam y la injusticia
Crisis energética
La ministra de Economía muestra la impotencia del gobierno de ARENA ante la crisis energética. La opinión pública exige una solución, pero el gobierno no tiene ninguna. Aquélla no da crédito a sus oídos cuando los altos funcionarios se esfuerzan por explicar lo inexplicable. La gente rechaza sus explicaciones sobre la crisis y, por lo tanto, sus consejos caseros sobre el ahorro de combustible y energía eléctrica caen en el vacío. Sin embargo, los funcionarios tienen razón cuando afirman que no tienen otra solución que el ahorro; pero no la tienen porque los gobiernos de ARENA dejaron esta cuestión en manos del mercado y de las transnacionales y con ello cerraron la posibilidad de intervenir para ejercer el control mínimo recomendable. Confiaron en el mercado libre y su mano invisible, pero la evidencia demuestra que ni el mercado es libre como ARENA y sus ideólogos creen con ingenuidad pasmosa, ni existe mano invisible, sino la voracidad del capital, que aprovecha la ausencia de control para hacer de las suyas.
Tal vez las medidas de corte populista, como controlar el precio o adoptar
disposiciones impopulares como restringir la circulación de vehículos, sean
contraproducentes. Pero tampoco es una solución desentenderse de la crisis, tal
como ha hecho el gobierno de ARENA. Su propuesta es invitar a que cada uno
decida cómo va a ahorrar para que el elevado costo de los combustibles y de la
energía no impacte en su presupuesto familiar, ni afecte la economía de las
empresas. Por eso, la ministra de Economía, cuando es cuestionada sobre cómo
enfrentar la crisis, responde con consejos para ahorrar. Pareciera que la suma
de las conveniencias individuales arrojara la conveniencia general, lo cual no
es más que liberalismo burdo. Presupone una visión ingenua e irreal de la
naturaleza humana. La respuesta de ARENA es buena, desde la perspectiva
neoliberal; pero es una mala solución para una crisis como la actual.
La imposibilidad para poner en práctica la solución ofrecida por el gobierno, el
ahorro de combustible y energía, sólo contribuye a aumentar la desconfianza
existente. No se puede ahorrar combustible con el pésimo servicio de transporte
público, lo cual hace que todo aquel que tiene un vehículo lo use para
desplazarse. No se puede ahorrar con el desorden organizado por el transporte
público ante las propias narices de la policía, que también ha abandonado las
calles. No se puede ahorrar cuando la policía permite aparcar en vías de acceso
a populosos centros urbanos. No se puede ahorrar cuando, en la práctica, no
existe policía de tránsito. No se puede ahorrar cuando las mismas autoridades
cierran calles y se contentan con pedir paciencia “por la incomodidad” y usar
unas vías alternas que, ya de por sí, están sobresaturadas. Y como si esto fuera
poco, han organizado una competencia de ciclismo cuyo escenario principal son
las calles más transitadas de San Salvador.
La crisis en el sector energético estaba anunciada desde hacía tiempo por
diversos estudios, bastantes de ellos conocidos, pero a los cuales ni el
gobierno, ni los políticos prestaron atención. La crisis actual parece haber
abierto los ojos al gobierno, a la gran empresa privada y, por supuesto, a la
gran prensa. Desde hace años se sabía que el precio de la electricidad estaba
calculado a partir de la generación más cara, en las horas de mayor consumo y en
las generadoras menos eficientes. Desde que el gobierno de ARENA privatizó las
distribuidoras, éstas cobran más de lo razonable al consumidor, y aquél ha
tolerado esa forma irracional de calcular el costo para el usuario. Es
incomprensible que, en medio de la crisis, y en la estación seca, la generadora
hidroeléctrica estatal tenga equipo fuera de uso por desperfectos, lo cual hace
una diferencia marcada en el precario sistema de generación. La capacidad de las
presas ha disminuido bastante por el descuido y la indiferencia, que han visto
cómo se elevaban los suelos y se reducía el volumen de agua. Así, pues, en lugar
de contribuir a paliar la crisis actual, la generación hidroeléctrica representa
una vulnerabilidad más. El gobierno de ARENA pagó a una transnacional más de 96
millones de dólares por deshacer un contrato desventajoso de generación con
fuentes no renovables. Pensó vender las presas y ha vendido una porción de las
térmicas las cuales, en pocos años y a como van las cosas, pasarán a manos
privadas.
Una de las mayores debilidades de la economía salvadoreña es su dependencia de
los hidrocarburos para generar poco menos de la mitad de la energía que consume.
Los gobiernos, en particular, los de ARENA, descuidaron el desarrollo de fuentes
alternativas como el agua. La legislación sobre energía, aprobada no hace mucho,
no estimula la generación de energía con fuentes renovables y alternativas. La
obcecación con el mercado libre, llevó al gobierno de ARENA a legislar para
favorecer a las trasnacionales, sin prestar atención al impacto que esta
decisión tendría en la economía y en el medioambiente. La generación con
derivados del petróleo, a la larga, resulta más cara y es contaminante. Los
mismos empresarios que ahora se asombran del elevado costo de los combustibles,
nunca han favorecido la generación alternativa. El país posee fuentes naturales
como el sol, el viento y el agua. Ya cuenta con algunos estudios sobre cómo
aprovechar estos recursos para generar energía, pero los gobiernos de ARENA se
han negado a escuchar a quienes les advirtieron de la crisis inminente y les
ofrecían propuestas alternativas. De todas maneras, si todavía prefieren
continuar con la generación privada, también hay alternativas viables. En pocas
palabras, la crisis se debe a la inexistencia de una política energética. En
1980, El Salvador generaba el 98 por ciento de su energía, al igual que Costa
Rica, hoy en día. En 2005, El Salvador sólo puede generar el 55 por ciento,
mientras que Costa Rica genera el 98 por ciento. El país alcanzó ese nivel
gracias a una acertada política energética, puede volver a él, si elabora otra,
pero sus resultados son de mediano y largo plazo. Es decir, echó a perder una
posición muy ventajosa, por falta de visión. De momento, el país no está
preparado para sortear la crisis actual. Las soluciones energéticas no se
improvisan.
El impacto económico y social de la crisis ya se hace sentir. La inflación ya se
ha disparado de nuevo este año, mientras los salarios permanecen estancados y
pierden poder adquisitivo. La cantidad de dólares que sale del país para pagar
la factura de los combustibles es aún mayor, mientras que los dólares que
ingresan resultan insuficientes para cerrar la brecha entre lo que sale y lo que
entra. El malestar social aumentará, mientras la propaganda presidencial se
esfuerza en contrarrestarlo. La vida para la mayoría de la población será más
difícil mientras el gobierno con rostro humano, que pretende hacer el presidente
Saca, se vacía de contenido.
La tragedia política de América Latina
Política, entendida en su sentido griego original, es la instancia desde donde se vela por los asuntos de la polis, de la comunidad. Pero, sin caer en ingenuidades, los griegos se dieron cuenta que en la comunidad compiten grupos rivales que defienden intereses contrapuestos. Por eso, Aristóteles observó que se podía identificar varias formas de gobierno en la medida en que aquellos que toman las decisiones respondían a la voluntad de grupos bien definidos. Por supuesto que este autor desaprobó la idea de gobernar para grupos determinados en función de los intereses de toda la comunidad. Sin embargo, por muy buenas intenciones que se hayan manifestado a lo largo de la historia de la humanidad, la sociedad sigue siendo el lugar donde se refleja la pugna entre grupos rivales por unos bienes sociales escasos.
El panorama económico de América Latina
El sector turístico ha carecido de importancia en el país. Primero, porque se ha visto afectado por factores políticos (como la guerra civil), que crearon una imagen negativa de El Salvador en el extranjero, reduciendo así el flujo de turistas y de divisas. Según datos del Boletín Estadístico del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), en 1977, el total de turistas que ingresó al país fue 278,761. De estos, el 65.3% eran centroamericanos, 26% estadounidenses y 8.9% europeos. En 1981, los porcentajes de ingreso de estadounidenses y europeos disminuyeron a 2.2% y 5.6% respectivamente; en cambio, los centroamericanos aumentaron al 80%.
Reactivando un sector dormido: el turismo
En lo que va del año, diferentes organismos internacionales han generado expectativas sobre el crecimiento económico de América Latina. Un vistazo a sus proyecciones revela una serie de diferencias entre ellos. Por un lado están los que visualizan condiciones favorables de crecimiento económico para la región, mientras que, para otros, sucede todo lo contrario. En lo que sí coinciden las entidades es en que se deben hacer mayores esfuerzos por parte de los Estados latinoamericanos para hacer frente a las condiciones de pobreza, ya que solamente de esa manera se podrán alcanzar las “Metas del Milenio” trazadas por las Naciones Unidas para 2015.
De Juan Pablo II a Benedicto XVI por la prensa salvadoreña
La cobertura mediática de las exequias de Karol Wojtyla, Juan Pablo II, es sólo comparable con el cónclave de cardenales y la ceremonia de ascensión e investidura del cardenal alemán Joseph Ratzinger, ahora papa Benedicto XVI. Desde la última semana de marzo, cuando Wojtyla sufrió un nuevo y último quebranto de salud, hasta el “Habemus papam”, anunciado el 19 de abril pasado, el Vaticano se convirtió en el centro de gravedad de la actividad mediática mundial.
Obviamente, El Salvador no fue ajeno a los sucesos de Roma; la prensa, la radio
y la televisión se las ingeniaron para mantener al tanto de los sucesos a los
salvadoreños, quienes se confiesan católicos en su mayoría. La cobertura de los
medios iba desde las noticias filtradas por las grandes agencias de prensa y
televisión internacionales hasta los esfuerzos de colocar en primera línea a
algún enviado especial, como lo hizo La Prensa Gráfica, por ejemplo.
Centroamérica, perspectivas alentadoras pero reservadas
La semana anterior se publicó en Proceso un resumen de las perspectivas que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha vislumbrado para la región en el año en curso. Es importante comentar que para el citado organismo, Centroamérica experimentará un crecimiento interesante, aunque sin superar, por ello, los problemas económicos que la han caracterizado.
Ello se encuentra dentro de un panorama general que luce bastante optimista para
América Latina y el Caribe. Según estas previsiones, de los 244 millones de
personas pobres que viven en el subcontinente y en las islas caribeñas, dos
millones saldrán de este estado. Dos millones es una cantidad importante, aunque
su impacto es bastante relativo si la vinculamos con la cifra total. Una lectura
posible de lo anterior es que la región avanza lentamente, pero avanza, en la
superación de la pobreza y la indigencia.
Katya, Brenda, Miriam y la injusticia
La violencia contra las personas y los sectores más débiles de nuestro país ha sido una constante y eso no es casual. En la sociedad salvadoreña no se resuelven los conflictos de manera adecuada y se tolera a quienes se exceden en el uso de la fuerza para enfrentarlos, legitimando así conductas injustas basadas en el abuso del poder. En ese marco destacan las agresiones sexuales de diverso tipo, especialmente contra la niñez. El caso de Katya Miranda, la niña que fue violada y asesinada el 4 de abril de 1999, es quizás el ejemplo más conocido de esa perversidad. Asesinar a esta pequeña fue el primer intento de o los criminales para no recibir castigo, a lo que contribuyó el sistema de justicia con una investigación y un proceso torpes. De ahí que la tragedia de Katya, además de indignar a buena parte de las y los salvadoreños por el hecho en sí, motivó a mucha gente a denunciar otros actos similares y a luchar contra la impunidad que prevalece, más allá de las motivaciones políticas.
La lucha titánica de la madre de Katya por esclarecer la verdad y sancionar a
los responsables de tan atroz delito, interesó a ciertas instituciones y las
empujó a realizar diversas acciones para combatir este flagelo. Un ejemplo, la
Asamblea Legislativa estableció precisamente el 4 de abril, como “Día nacional
para la erradicación de la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia”.
Esto debería constituir una herramienta útil para exigir a las autoridades
respectivas mayor eficacia. Pero, desgraciadamente, tales iniciativas no pasan
de ser simple retórica pues aún no se valoran ni las víctimas ni el calvario de
sus familiares cuando reclaman justicia; tampoco sirven para prevenir nuevos
hechos delictivos. Prueba de ello es que, de 1999 a la fecha, siguen apareciendo
nuevas Katyas y la justicia se mantiene indiferente, sorda y muda.
El 16 de octubre de 2003, Brenda M. —de tan sólo seis años de edad— fue violada
por dos supuestos pandilleros en un sitio desolado; para no dejar huella, como
en el caso anterior, decidieron matarla propinándole varios machetazos. No
obstante, la niña sobrevivió y fue trasladada de emergencia al Hospital Benjamín
Bloom donde pasó cerca de un mes en estado vegetal. Milagrosamente se recuperó y
así pudo revelar los nombres de sus violadores y casi asesinos. La Policía
Nacional Civil capturó a los sujetos que ella identificó y en julio del 2004
fueron enjuiciados en el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán.
Durante la audiencia, la niña declaró frente a los imputados; los miró y
manifestó: “Estoy aquí para contar las cosas que me hicieron (...) me llevaron a
un cafetal, me besaban y hacían picardías; se bajaron el calzoncillo y me
quitaron el ‘blumer’ (...) y me dolía”. Cuando la Fiscalía General de la
República le preguntó si conocía a sus agresores, señaló sin ninguna duda a los
sujetos capturados. No obstante, los jueces no quisieron valorar la palabra de
la infanta argumentando que era muy pequeña y manipulable. Estos funcionarios
decidieron absolver a los imputados, uno de los cuales violó y mató a otras
personas; ahora está sentado frente a los mismos juzgadores que no creyeron en
Brenda. Estos jueces pudieron evitar que este sujeto dañara a otra persona pero,
como se observa, acá la justicia ignora y hasta desprecia a los más débiles.
Al inicio de este año, otro hecho conmovió a la sociedad salvadoreña cuando un
periódico publicó el reportaje titulado: “Las tres cruces de Miriam”. Se refería
a la violación, embarazo y muerte de una niña abusada por su padre. Al revelar
el hecho, su madre no la apoyó pero sus tías si la acompañaron a presentar la
denuncia judicial. Tras eso, Miriam fue víctima de actos para intimidarla y
dejar el hecho en la impunidad. Las autoridades no valoraron esas amenazas y una
semana antes del juicio, en el que declararía contra su padre, fue asesinada
cuando regresaba de la escuela. En sus manos quedó la lista de los objetos que
utilizaría para sus estudios y que no alcanzó a comprar.
Estos tres casos evidencian el fracaso de la justicia en el país: no quiso
investigar la violación y muerte de Katya, no creyó en Brenda y no protegió a
Miriam. Pero no deben desmotivarnos; por el contrario, deben ser asumidos como
experiencias de lucha por los derechos de la infancia y la adolescencia
salvadoreñas. Precisamente, existen esfuerzos en ese sentido. Desde el 2003, el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto de
Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) trabajan para organizar y consolidar las
Defensorías de la Niñez y la Adolescencia en ocho municipios: Concepción Batres,
Jiquilisco, Tecoluca, Acajutla, Izalco, Nahuizalco, Sonsonate, Tonacatepeque y
San Salvador. Las mismas están integradas por representantes de instituciones
estatales, organizaciones de la sociedad y miembros de las comunidades de dichas
zonas.
Quienes participan en este esfuerzo, ejercen una legítima defensa de los
derechos de niños, niñas y adolescentes en sus localidades. Para esto, realizan
campañas destinadas a incentivar la conciencia ciudadana y a promover la
denuncia de estos hechos; además, reciben las denuncias. Hasta la fecha, estas
formas de organización y acción social han acumulado una basta experiencia en la
atención de casos y acompañamiento de víctimas de violencia intrafamiliar,
maltrato infantil y agresiones sexuales, entre otras situaciones. Uno de los
aspectos más valiosos es que sus integrantes tienen un compromiso real con la
justicia. Sin embargo, en las altas esferas del Estado pareciera que no existe
tal convicción y eso se refleja en la falta de políticas públicas adecuadas.
Las agresiones sexuales contra la niñez han sido conocidas fuera de las
fronteras nacionales. En junio del 2004, el Comité de los Derechos del Niño de
la Organización de las Naciones Unidas evaluó el cumplimiento de los compromisos
que El Salvador asumió, cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del
Niño. Posteriormente, dicho Comité emitió un informe al respecto y afirmó —entre
muchas cosas— lo siguiente:
“Es motivo de preocupación que la sociedad salvadoreña todavía se caracterice
por un alto grado de violencia y el Comité observa con especial inquietud el
gran número de casos de agresión sexual de menores (...) Recomienda que el
Estado Parte fortalezca las políticas y programas a todo nivel para evitar la
violencia contra los niños”.1 La delegación gubernamental presente en la
audiencia para escuchar sus alegatos, antes de la presentación del mencionado
informe, se esmeró por destacar los avances conseguidos en la protección de la
infancia; sin embargo, los datos sobre victimización infantil pesaron más que
los intentos por defender algo indefendible.
Corresponde a las instituciones encargadas tomar en serio estas recomendaciones,
especialmente aquellas que deben atender los casos de abuso sexual. En suma, el
sistema de justicia salvadoreño —que abarca desde la investigación de los
delitos hasta la sanción de sus responsables— debe cambiar el rumbo y comenzar a
proteger a este sector tan vulnerable, en lugar de tolerar a los agresores y
producir más Katyas. Exigir eso es más que legítimo, como también lo es el
lamentar lo ocurrido a estas tres inocentes víctimas y reconocer la valentía de
sus familiares al enfrentarse a la impunidad y a todos aquellos que la promueven
o permiten. Que el sacrificio de Katya, Brenda y Miriam logre lo que no
consiguieron el gobierno, la Antigua guerrilla y las Naciones Unidas: las
transformaciones de fondo necesarias para salvar a El Salvador.
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