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Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1143
Mayo 4, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Viejos y nuevos economistas
Política: Nacionalismo latinoamericano
Economía: Reflexiones ante el Día Internacional del Trabajo
Economía: ¿Debe El Salvador establecer relaciones comerciales con China?
Comentario: La “crisis energética” ya tiene una respuesta
Regional: Managua, capital del caos
Derechos Humanos: ¿Estado de derecho o de deshecho?
Viejos y nuevos economistas
Hasta los años ochenta, el economista salvadoreño compartía con sus colegas de otras disciplinas humanísticas —sociólogos, historiadores, psicólogos sociales, politólogos y literatos— una serie de características que iban desde el compromiso socio—político hasta la forma de vestir. Salvo las excepciones que confirmaban la regla, al economista salvadoreño de los años ochenta no le era ajeno el discurso por la equidad, la justicia y la igualdad. No era necesariamente de izquierda, pero no podía resistirse a llamar la atención sobre los males que traía consigo una economía “trunca” y dependiente: exclusión, marginalidad y pobreza. Para él, los problemas de la economía salvadoreña eran estructurales —concentración de la propiedad y riqueza, depresión salarial, baja cualificación laboral, dependencia de productos primarios de exportación, etc.— no un asunto a resolver con paliativos reformistas que sólo postergaban los necesarios cambios en la estructura de la propiedad y los ingresos.
Se trataba de un discurso ciertamente comprometido; pero no sólo era un discurso,
sino también una forma de comportarse. El economista que profesaba estas ideas
era un crítico acerbo, no sólo de quienes profesaban ideas contrarias a las
suyas, sino también de quienes hacían ostentación de sus riquezas y privilegios.
Su bandera era la austeridad, una austeridad que tenía que verse reflejada en su
apariencia física —por ejemplo, barba y cabello descuidados— y en su vestimenta
—sencilla y desgarbada—. Este era el modo de ser de sociólogos, historiadores,
psicólogos sociales y literatos: el economista estaba en sintonía —en
preocupaciones y estilo de vida— con sus colegas de las ciencias sociales.
En los años noventa, casi de forma insensible, un selecto grupo de economistas
comenzó a ser de otra manera. Su discurso comenzó a cambiar; las condenas a la
economía trunca y dependiente se trastocaron en alabanzas, al principio,
asolapadas, y después abiertas, al libre mercado, a la privatización y a los
tratados comerciales. Esto se hizo en nombre de la ciencia —una ciencia
hermética, sustentada en indescifrables modelos econométricos—, por oposición a
la ideología en la que antes, según ellos, estuvo atrapada su disciplina.
El discurso de algunos economistas –al igual que el de otros colegas suyos de
las ciencias sociales— ha cambiado, pero también ha cambiado su forma de
comportarse, de vestir y de relacionarse socialmente. La ostentación –en ropa de
marcas exquisitas, residencias, vehículos, viajes y vacaciones— se ha vuelto su
compañera inseparable. Si antes los ricos eran los seres más despreciables,
ahora no sólo hay que apoyarlos en sus iniciativas para avanzar en el
crecimiento económico, sino admirarlos y, en la medida de lo posible, emularlos.
Los economistas más críticos de los años setenta y ochenta veían en los estudios
de postgrado al nivel de maestría y doctorado una oportunidad para contribuir de
manera más cualificada a superar las lacras generadas por el modelo económico
prevaleciente; no pocos los economistas de los años noventa ve en esos estudios
un mecanismo de acceso a beneficios e influencias nunca soñados. Ciertamente,
sólo unos cuantos economistas son los que han logrado “triunfar”, pero esos que
lo han logrado son los que dan su perfil al economista de éxito de nuestros días,
es decir, al nuevo economista: graduado en el extranjero (de preferencia en
universidades estadounidenses e inglesas); asesor del gobierno, de instituciones
empresariales o de organismos internacionales; miembro de instituciones
regionales; exquisito en el vestir; con acceso a automóviles, viajes y
restaurantes caros; y bien relacionado con personas e instituciones de poder
nacionales y extranjeras. No es que algunos de los economistas de antes no
tuvieran acceso a estos bienes y privilegios, sino que, para los más críticos,
esa no era la meta más importante de su vida profesional.
Para los economistas exitosos de ahora, ese éxito no es privado, sino que es un
éxito público; del mismo dan fe los grandes medios de comunicación, para los
cuales algunos economistas del país (y algunos del extranjero) son verdaderos
oráculos a los cuales hay que consultar cada vez que los problemas económicos —generados
muchas veces por sus sabios consejos— amenazan con resquebrajar el modelo
neoliberal que se ha impuesto en El Salvador.
En fin, cualquiera podría creer que la ambición, las influencias y el éxito que
proyecta el economista que ha triunfado sólo impactan a quienes profesionalmente
se mueven en su ámbito de influencia. Sin embargo, su imagen de profesional
ambicioso, influyente y exitoso se transmite al conjunto de la sociedad
salvadoreña. El mensaje que envía a la sociedad el economista –al igual que
otros académicos bien relacionados con el poder— es claro: el conocimiento
económico aporta beneficios si quienes lo poseen —maestros y doctores— saben
relacionarse con quienes es debido, es decir, con quienes tienen el poder
económico y político. La búsqueda del éxito es algo bueno y, si el poder es la
clave del éxito, el saber debe estar cerca del poder. Obviamente, quienes no
tienen saber —quienes no son intelectuales privilegiados con estudios académicos
superiores— deberán ofrecer lo que tengan al poder, aunque sea sumisión.
Como dice el poeta Oswaldo Escobar Velado, “así marcha y camina la mentira entre
nosotros. Así las actitudes de los irresponsables.
Y así el mundo ficticio donde cantan como canarios tísicos, tres o cuatro poetas,
empleados del gobierno”. Sólo que, en nuestro caso, no se trata de poetas, sino
de algunos economistas que, al hacerle el juego al gobierno y a la gran empresa
privada, han olvidado lo poco que vale una ciencia convertida en sierva del
poder. Los economistas a quienes el poder les ha torcido su brazo deberían
recuperar el aliento crítico que ha caracterizado los mejores momentos de su
disciplina; sin embargo, no podrán hacerlo mientras sigan atrapados en el mundo
ficticio de la neutralidad, la asepsia, la ausencia de compromiso con los más
golpeados —esto es, la mayoría de salvadoreños— por el modelo económico vigente
y la venta de su discurso al mejor postor.
Nacionalismo latinoamericano
Las ideologías políticas provenientes de Europa han marcado profundamente la configuración política, social y económica de América Latina, desde su independencia hasta nuestros días. Nada más recordar el gran eco que tuvieron los ideales de los ilustrados franceses en el discurso de los “padres de la independencia” de nuestro subcontinente, nos da una idea de esta determinante primera presencia europea. Además, las ideas nacionalistas forman parte de este bagaje ideológico que ha configurado el paisaje latinoamericano. Éstas atraviesan, en buena medida, toda la historia social, política y económica del subcontinente. Pero, las mismas han tomado matices distintos de acuerdo al momento histórico determinado o las particulares coyunturas internacionales. Todas las sensibilidades políticas han manifestado, según el momento, un cierto nacionalismo. Tanto la izquierda y la derecha de la región se reconocen en esta ideología política.
Reflexiones ante el Día Internacional del Trabajo
En el Día Internacional del Trabajo, varios organizaciones marcharon por las calles de San Salvador manifestando su malestar por las políticas económicas de los gobiernos de ARENA. En el movimiento también participaron jóvenes universitarios y vendedores del sector informal quienes demandaron cambios sustanciales en la dirección económica del país.
En el otro extremo se encuentran las opiniones de la derecha. Ellos consideran
que la celebración del Día del Trabajo es una oportunidad que diferentes
organizaciones populares aprovechan para alterar el orden público y causar daños
a la propiedad privada.
¿Debe El Salvador establecer relaciones comerciales con China?
Ante la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), es menester analizar si es conveniente para el país establecer relaciones comerciales con el país asiático.
Si bien es cierto que la idea de enfocar en otra dirección el comercio exterior
causa temor para el gobierno y para algunas entidades económicas, es peor
aferrarse a los Estados Unidos como opción comercial privilegiada. En un mundo
globalizado y cambiante como éste, las naciones deben adaptarse a las nuevas
realidades que se presentan.
La “crisis energética” ya tiene
una respuesta
esde la Casa Blanca llega una rápida e inesperada respuesta al editorial de Proceso, titulado “Crisis energética”, del recién pasado 26 de abril. Todos sabemos que en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Johannesburgo, en agosto de 2002, Alemania y Francia proponían a los países participantes ratificar el siguiente compromiso: que el 15% de la energía mundial sea energía limpia (eólica, solar, etc.), a lo cual se opusieron frontalmente los miembros de la administración Bush, tan ligados con el mundo petrolero de la Enron, de la empresa Halliburton de Dick Cheney y del petrolero que lleva en su proa el nombre de Condoleezza Rice. Tan ligados con el mundo petrolero que Paul O’Neil, primer Secretario del Tesoro de G. W. Bush, dijo que enero 2001 tuvo acceso a un documento calificado de secreto: “un plan para Irak después de Sadam Husein”, en el cual se hablaba de enviar tropas de paz, instalar tribunales de justicia y recuperar las riquezas petroleras de Irak”. Todo esto se había planeado ocho meses antes de los ataques del 11 de septiembre.
Ahora resulta que la invasión de Irak no resuelve el problema y el presidente
Bush parece percibir la gravedad de la crisis petrolera en los Estados Unidos,
proponiendo medidas de más corto y de más largo plazo. “Millones de familias
norteamericanas y de pequeñas empresas sufren a causa del alza de precios de la
gasolina. Mi gobierno va a hacer todo lo posible para tener unos precios más
asequibles”. Bush propone “ir a animar a los países productores de petróleo a
aumentar su producción” para que desciendan los precios. Prometió también
“proteger a los consumidores de manera que no haya manipulación de precios en
las estaciones de servicio de combustible. Esto es un impuesto sobre las
pequeñas empresas que crean empleos. Es un impuesto sobre las familias y afecta
su moral. Creo que todo esto está afectando la marcha de la economía”. Las
estadísticas muestran una clara ralentización de la coyuntura, cuyo crecimiento
ronda el 3,5%. Recordando que la demanda de energía en los Estados Unidos ha
aumentado “cuarenta veces más rápido que la producción de energía”, Bush propone
un plan para reducir esta dependencia del extranjero, reconociendo que hará
falta un tiempo de espera. (“Bush promete hacer descender los precios de la
gasolina”. Le Monde, 29 de abril de 2005).
Bush parece no fiarse del libre comercio internacional: “Hay que modernizar la
industria del petróleo. Un futuro energético seguro para Norteamérica depende de
la construcción y desarrollo de refinerías de petróleo norteamericanas”. El
vicepresidente Dick Cheney dice que “el ahorro de energía es una medida virtuosa,
pero es insuficiente para generar una política energética eficaz”. Bush recordó
que no se ha construido ninguna refinería en Estados Unidos desde 1976. “Esto
significa que gastamos cada vez más en importaciones de productos refinados”.
Para animar el desarrollo de posibles yacimientos, el ministerio de Medio
Ambiente debe simplificar normas y reglamentos.
El futuro energético de Estados Unidos incluye ampliar la energía nuclear,
afirma Bush. “La energía nuclear proporciona sólo un 20% de la electricidad en
Estados Unidos, sin polución atmosférica y sin emisión de gases de efecto
invernadero. Es una de las energías más seguras y más limpias del mundo y
tenemos que usarla más. Por desgracia, Norteamérica no ha construido ninguna
central nuclear desde 1970. Durante el mismo tiempo, Francia ha fabricado 58
reactores y el 78% de su electricidad limpia y segura viene de la energía
nuclear. Estados Unidos debe construir nuevas centrales nucleares”.
Bush ha insistido en el desarrollo de nuevas fuentes de energía, sugiriendo
animar a países emergentes como China y la India —grandes consumidores de
energía— “a utilizar las tecnologías más nuevas y más eficaces en orden a
reducir la demanda mundial de energías fósiles. Bush ha hecho presión sobre
Arabia Saudita para que aumente la producción de barriles diarios, y así puedan
bajar los precios”. (George W. Bush promete propiciar la energía nuclear”. Le
Monde, 28 de abril de 2005)
Si un país como los Estados Unidos, que tiene petróleo en su subsuelo, está
sufriendo en sus familias y empresas las consecuencias económicas y sociales de
la prolongada crisis energética, esto es un indicio de la pesada losa que grava
las economías de los países no productores de petróleo. Es una muestra palpable
de que las fuerzas anónimas del libre mercado internacional son irresponsables,
cuando su defensor número uno afirma públicamente que su misión presidencial es
doblegar las fuerzas de ofertas y demandas mundiales. Una pregunta: ¿para qué
armar pactos petroleros con Vladimir Putin, durante el año 2002, en torno a la
gran Eurasia, rica en oro negro, cuando Rusia y Estados Unidos —que aún
conservan 30,000 armas nucleares—pueden solucionar sus problemas energéticos con
técnicas modernas de energía nuclear?
Como indica el editorial citado al principio de este trabajo, sobre el ejemplo
de El Salvador, las reglas del mercado no aportan la solución a la crisis. Desde
este punto de vista, es importante tomar en cuenta estas afirmaciones del
presidente Bush, que marcan una posible alternativa a la crisis energética
mundial. Pueden ser puntos de agenda si en alguna de las próximas cumbres
mundiales del G-8, FMI y BM, donde Paul Wolfowitz sustituye a James Wofensohn,
Davos-2 o PNUD, se llegara al compromiso de que las potencias industrializadas y
los grandes países emergentes, China y la India, desarrollen la energía
eléctrica a partir de la energía nuclear, “en orden a reducir la demanda mundial
de energías fósiles”. Da la casualidad de que en la presente fecha, 2 de mayo
2005, se debe revisar en Nueva York el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)
Cada cinco años hay que revisar este tratado y son muy distintos sus adjuntos
después del 11 de septiembre y cuando Corea del Norte, Irán y el tráfico ilegal
de materiales radioactivos son los problemas más urgentes.
Como indica el diario El País, “el tratado de no proliferación queda al borde
del fracaso ante el desafío nuclear”. Ahora Estado Unidos vuelve a estar en mala
posición cuando, luego de Irak, amenaza a Irán porque desarrolla el proceso de
uranio enriquecido para disponer de energía nuclear para uso civil. Si George W.
Bush propone desarrollar la energía nuclear en Estados Unidos para uso civil y
la está recomendando a China, India como una alternativa a la gran crisis
energética mundial, ¿con qué derecho se puede oponer a que Irán desarrolle la
energía nuclear con fines civiles, cuando los países que le circundan, Israel,
la India, Paquistán, Corea del Norte y China, han desarrollado el arma atómica?
Hasta el momento el único gobierno que ha hecho estallar dos bombas atómicas
sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki ha sido Estados Unidos. “Ahora
el enfrentamiento está entre países, como Estados Unidos, que está en contra de
la proliferación, y los países del Tercer Mundo, que reclaman el desarme nuclear
de parte de las grandes potencias mundiales”. (El País, 28 de abril de 2005)
Francisco Javier Ibisate.
Departamento de Economía, UCA.
Managua, capital del caos
Managua es ahora el sitio exacto para los cazadores de noticias sensacionales. El caos político y social se ha entronizado en la capital de Nicaragua, en una mescolanza de protestas sociales con oportunismo político, de la cual no parece haber una salida inmediata. No se sabe con certeza dónde termina la desesperación por una crisis económica angustiosa —espoleada por el alza de los precios del petróleo— y dónde comienza un malentendido radicalismo político —incitado por quienes tienen ambiciones de poder.
¿Estado de derecho o de deshecho?
Podemos afirmar que el Estado de Derecho impera en un país cuando existe un ordenamiento jurídico al que se someten tanto gobernantes como gobernados, impera la división de poderes, funcionan con eficacia los controles para evitar abusos, hay condiciones para denunciar los delitos, se sanciona a los delincuentes sin distinción alguna y a los responsables de violaciones a los derechos humanos, además de castigar a sus responsables y repararle el daño a las víctimas. Para nuestro perjuicio, en El Salvador no se cumplen tales requisitos. Aunque las autoridades presuman de lo opuesto, la realidad demuestra que la arbitrariedad y la impunidad son pan de cada día.
Los arreglos políticos para evadir sanciones y elegir funcionarios públicos,
pensando sólo en los intereses partidarios, así como la demagogia y la falta de
ética son algunos de los vicios que nos alejan cada día más de la legalidad y de
una convivencia pacífica. En la mayoría de casos, son los propios encargados de
hacer cumplir las normas establecidas quienes impulsan medidas diametralmente
antagónicas con el “deber ser”; de los ejemplos después de la guerra, a
continuación se mencionan algunos.
La aprobación de la llamada “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la
Paz” en marzo de 1993 fue uno de los primeros atentados —el más grave, además—
contra el imperio de la Constitución y los tratados internacionales después de
la guerra; con semejante legislación se pretendió ocultar trascendentales hechos
criminales con un manto de mentira e impunidad. Luego siguió la tolerancia
oficial hacia los “escuadrones de la muerte”, llamados eufemísticamente “grupos
armados irregulares”, al no investigarlos de manera oportuna tras la
presentación del informe del Grupo Conjunto.1 A finales del 2001 se cambió la
Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC), en franca desnaturalizaron de
su concepto original. Del 2003 en adelante surgieron la ley “antimaras”, el plan
“mano dura” y la “súper mano dura” dizque para combatir el crimen. Por último,
cabe recordar los constantes ataques contra la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos (PDDH) desde su creación —en 1992— a la fecha.
Pero ahora queremos centrarnos en lo último. Pasada más de una década de
constantes y variadas agresiones en perjuicio de la PDDH, éstas cobraron mayor
fuerza en los últimos días. El pasado jueves 28 de abril, el comisionado Douglas
Omar García Funes —Subdirector de Investigaciones de la PNC— ordenó al personal
bajo su mando la captura ilegal de tres funcionarios de la citada Procuraduría
cuando verificaban la situación de Pedro Banchón Rivera, médico ecuatoriano
residente desde hace varios años en territorio salvadoreño, al momento de ser
expulsado del mismo bajo el cargo de participar en política interna.
No es la primera vez que se enfrentan la PNC y la PDDH. Hace un par de años, por
ejemplo, la actual Procuradora Beatrice Alamanni de Carrillo fue acusada por el
entonces Director General de la institución policial, Mauricio Sandoval, por la
muerte de dos agentes durante un motín ocurrido en el Centro Penal “La
Esperanza”. En esa oportunidad se intentó enjuiciar y destituir a la
funcionaria, en el marco de una campaña lanzada a través de casi todos los
medios de difusión masiva con el fin de desprestigiar a la institución y,
obviamente, a su titular. La PDDH denunció en la Fiscalía General de la
República (FGR) que había sido objeto de intervención telefónica y amenazas,
pero no hubo investigación al respecto. Al mismo tiempo, con pruebas en mano, la
Procuradora acusó a Sandoval por difamación y tampoco recibió respuesta alguna.
Pero los ataques contra la Ombudsperson no terminaron ahí. Durante la aplicación
del citado plan “mano dura”, la acusaron de proteger delincuentes y ser un
“obstáculo en la lucha contra el delito” al pronunciarse contra la violación de
derechos constitucionales. Si a todo lo anterior se agrega el reducido
presupuesto que siempre se le ha asignado a la PDDH y la permanente difamación
de su labor desde que nació, el panorama es aún más claro: existen sectores,
dentro y fuera de la administración pública, empeñados en neutralizar esta
institución hija de los acuerdos de paz. Con ese despropósito, no le han dado
tregua; preferirían que desapareciera pero, por ser constitucionalmente
demasiado complicado, no les ha quedado más que hacer todo lo posible por
“matarla en vida”.
Es ahí donde se inscribe lo sucedido el 28 de abril, que sobrepasa cualquier
abuso anterior. Ese día se pisoteó el incipiente y frágil Estado de Derecho en
El Salvador, invocado siempre por el Presidente de la República y sus ministros
cuando se trata de defender intereses empresariales, pero ignorado cuando la
víctima es la PDDH. En el artículo 94 de la Constitución se establece, entre
otras atribuciones, que la mencionada Procuraduría podrá practicar inspecciones
donde lo estime necesario para asegurar el respeto a los derechos humanos. Su
ley orgánica determina que la Procuradora y sus delegados deben tener acceso
libre e inmediato a cualquier lugar público donde se encuentre una persona
privada de libertad. Agrega que en esta función, la PDDH no será impedida ni
coartada por nadie; más aún, la ley dice que “no necesitará notificar a la
autoridad responsable o encargada del establecimiento” y que “dichas autoridades
estarán obligadas a proporcionar todas las facilidades para el mejor
cumplimiento de su labor, so pena de incurrir en la responsabilidad penal
respectiva”.
Eso dice la normativa. En un país normal, donde tiene vigencia real el
ordenamiento jurídico y funciona adecuadamente la institucionalidad, todos y
todas deben respetarla; de lo contrario, los infractores deben pagar las
consecuencias de sus actos que —además de las penales— pueden abarcar las
civiles, administrativas y políticas; es decir: cárcel, indemnización,
destitución e inhabilitación política.
Pero este país no es normal. El mensaje que, de forma consciente o inconsciente,
se transmite es que desde el Presidente hasta el agente policial se puede
pisotear la ley en función de determinados objetivos políticos. También queda
claro, en este y otros casos, que a las autoridades policiales rechazan se
verifique su accionar; quien lo hace, aún cuando sea su responsabilidad, es
reprimido. No es ocioso sospechar que se violaron derechos humanos del doctor
Banchón Rivera, al estilo de los antiguos cuerpos de seguridad, y que continúa
la persecución de las y los defensores de derechos humanos. Este grave hecho
reciente también muestra que la tendencia al autoritarismo, sigue siendo un
rasgo distintivo de los gobiernos salvadoreños de la posguerra.
El autoritarismo, entendido como la forma de gobierno en la que se busca
conservar y administrar el poder político mediante medidas opresivas con o sin
apoyo de otros sectores, se refleja en casos como éste. Pretender justificar las
detenciones de los funcionarios de la PDDH con el “argumento” de que violaron
normas internacionales en materia aeronáutica, es ridículo al revisar el mandato
constitucional de la Procuraduría.
Son estas acciones y no la derogación de la Ley de Amnistía, las que ponen en
peligro real los pocos logros en materia de derechos humanos alcanzados después
del conflicto armado. Es necesario entonces investigar e iniciar los procesos
penales y administrativos contra quienes ordenaron las detenciones y quienes las
efectuaron. Debe destituirse sin miramientos a quienes atentaron contra la ley.
Además, debe existir un compromiso público y real de las autoridades para evitar
que continúen estos abusos contra la PDDH y se desestabilice todavía más el
intento —bastante costoso, por cierto— de construir una sociedad democrática y
en paz.
Ahora es el momento, Presidente Saca, de demostrar con hechos y no sólo con
palabras su apego y compromiso que dice tener con esa aspiración no cumplida.
Administre el presente, como dijo en algún momento, pero con responsabilidad; es
decir, evitando que se repita el pasado. Ahora es cuando debe hacer valer el
Estado de Derecho del que presume; de lo contrario sólo seguirá haciendo más de
lo mismo, con otra cara y con peores consecuencias.
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