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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1144
Mayo 11, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Aumenta la intervención en el país
Política: El nacionalismo caprichoso de Saca
Economía: La coyuntura económica de EEUU y su impacto en la economía salvadoreña
Economía: Un débil sistema de pensiones
Regional: El aporte de Mario Lungo al estudio de las ciudades
Derechos Humanos: Madres
Documento: ¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador?
Aumenta la intervención en el país
El presidente Saca ve en la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos una ratificación incontrovertible de la amistad de Washington. Pero la visita fue corta, casi una escala técnica, en el largo viaje de regreso de la funcionaria, desde Chile a Washington; y la reunión privada con el presidente fue breve y los temas tratados en ella siguieron el guión escrito con anticipación. La ministra ni siquiera pernoctó en San Salvador, sino que salió esa misma noche de regreso. La visita, en sí misma, no trajo nada nuevo. En pocas palabras, fue buena por corta y breve.
El tratado de libre comercio es una prioridad para la Casa Blanca, pero ésta no
puede garantizar su aprobación, pues aquél atraviesa por un agitado debate en el
Congreso. Una promesa de reformar la ley de migración, lo cual favorecería, en
teoría, a los emigrantes salvadoreños, pero no habrá amnistía y ni una palabra
sobre el permiso temporal para trabajar, el cual vence en septiembre de 2006.
Otra promesa para continuar el trabajo conjunto sobre la cuestión de las
pandillas. Y, finalmente, un reconocimiento a la tropa salvadoreña por su
presencia en Irak, cuya misión humanitaria y de reconstrucción sigue sin
aclararse. Con todo, la visita dejó dividendos para el gobierno de Saca, pues la
ministra estadounidense reconoció la experiencia salvadoreña en la lucha por la
democracia y la libertad, dos temas de gran relevancia para Estados Unidos, pues
con ellos justifica sus intervenciones por el mundo. También reconoció que el
gobierno de ARENA ha traído prosperidad al país, una afirmación gratuita. Y una
alabanza al canciller salvadoreño, quien habría contribuido a construir el
consenso en el seno de la Organización de Estados Americanos.
Los optimistas y simples aseguran que esta visita muestra el interés de Estados
Unidos en el continente, al sur del río Grande. La derecha salvadoreña se siente
muy honrada de que la ministra de Relaciones Exteriores de la potencia imperial
se haya dignado fijarse en su pequeño país para hacer una escala. Se ve a la
altura de los grandes del continente latinoamericano, pero la sustancia de la
visita y el tiempo concedido a El Salvador muestran lo contrario. Fue una visita
tan irrelevante que, al día siguiente, desapareció de la gran prensa como si
nunca se hubiera dado. Sin embargo, la presencia de asesores, agentes y soldados
estadounidenses se acrecienta en el país.
A los asesores de la policía y a los soldados de la base militar de Comalapa se
han agregado agentes del FBI. Oficialmente, es una coordinación entre ambos
gobiernos para controlar a las pandillas. Por lo tanto, es una intromisión
directa y abierta en los asuntos internos y, ni uno, ni otro gobierno tiene
escrúpulo en reconocerlo. El plan del FBI se extiende más allá de las fronteras
salvadoreñas, pues también pretende intervenir en territorio guatemalteco y
hondureño. Es un estado mayor para coordinar investigaciones, operaciones,
inteligencia y trámites legales. Washington ha preferido El Salvador a los otros
países centroamericanos por la buena disposición de la policía salvadoreña a ser
intervenida. La presencia de los asesores estadounidenses se remonta a los
primeros días de la Policía Nacional Civil. En aquellos primeros tiempos, hubo
asesores europeos y estadounidenses, pero a éstos no les pareció el perfil
europeo que aquélla adquiría: era demasiado independiente, demasiado policial,
en el sentido profesional. Washington sacó a los europeos y se hizo cargo del
control, de la organización, de la formación y de las operaciones de la policía
salvadoreña. No es extraño, entonces, que ahora encuentre tanta disponibilidad,
lo cual no deja de ser una ironía, porque los estadounidenses, de hecho,
controlarán aquellas áreas policiales que sean de su interés.
Aunque reconozcan la organización, sofisticación y voluntad de trabajar de la
policía salvadoreña, saben bien que su intervención será mucho mayor, es decir,
es un reconocimiento público de su incapacidad para garantizar la seguridad
ciudadana. El fracaso es compartido por las policías guatemalteca y hondureña.
La mano dura y la amiga no han arrojado los resultados esperados. Por eso,
Washington ha decidido asumir el control directo. De la misma manera, cuando
constató que no podía confiar en las policías locales para contener el
narcotráfico, tomó cartas en el asunto y colocó una base militar en El Salvador.
Una vez en el país, nadie podrá impedir que los agentes estadounidenses pasen
del narcotráfico y las pandillas a investigar e incluso a organizar operaciones
contra otros objetivos de su interés, los cuales, en sentido estricto, no son
competencia de un gobierno extranjero. Se trata, pues, de un paso más hacia la
intervención de Estados Unidos en El Salvador y en la región.
La prensa nacional, tan susceptible a la participación de extranjeros en la
política nacional, sobre todo de la oposición, se ha tragado este nuevo paso
imperialista como un gesto amistoso y prometedor. Es casi seguro que el estado
mayor del FBI controlará aquellas actividades policiales y de inteligencia
relevantes, formará a los agentes salvadoreños en aquellas especialidades que
considere necesarias para llevar a cabo sus planes y levantará el campo cuando
el país pierda su atractivo actual. Tal vez, cuando se vayan, la policía
salvadoreña habrá adquirido algunos conocimientos y habilidades nuevas, que
aumenten su eficacia. Quizá adquiera capacidad para contener la delincuencia,
investigar el crimen y enfrentar la rebeldía juvenil. Sin embargo, no hay que
olvidar que nada de esto es prioritario para el FBI. Su prioridad es garantizar
la seguridad interna de Estados Unidos y no la de El Salvador; si la de esta
último mejora algo, como resultado de su intervención, esperaría que el país le
diera las gracias.
El nacionalismo caprichoso de Saca
En una fecha tan temprana como el 30 de octubre de 2002, en un artículo publicado en este semanario, se llamaba la atención sobre el caso del doctor Pedro Enrique Banchón Rivera, el médico ecuatoriano que el gobierno de Saca acaba de expulsar del país. En ese momento, el editorialista se horrorizaba por el hecho de que los medios de comunicación y sus trabajadores se convirtieran en informantes del gobierno, so pretexto que el médico señalado había participado en actividad política interna. Además de fustigar el comportamiento del periodista, —un tal Bernardo Valiente, según la nota de La Prensa Gráfica del 26 de octubre del 2002— que se erigió en ojos y oídos del gobierno de turno, se llamaba la atención sobre algo todavía más básico: el hecho de recriminar la opinión de una persona solamente por el hecho de ser extranjero. “Ser extranjero —decía el texto en mención— no es un obstáculo para interesarse por los problemas del país en el que se está de visita o se reside permanentemente. Al contrario, es una señal de decencia que todos debiéramos reconocer. Que [tal manifestación de decencia] sea prohibido por las leyes no es sino una muestra de la obsolescencia de unos sistemas jurídicos fundados en un nacionalismo arcaico”.
La coyuntura económica de EEUU y su impacto en la economía salvadoreña
Las últimas noticias sobre el desenvolvimiento de la economía estadounidense no son muy alentadoras para el país. Recientemente, The Wall Street Journal ha anunciado que la inflación se presenta como una amenaza peor que una posible desaceleración económica en los EEUU. De acuerdo con varios economistas, las señales de bajo crecimiento en el país norteamericano tienden a desaparecer. En los últimos meses, especialmente en abril, ha aumentado la absorción de fuerza de trabajo, superando las expectativas de los especialistas.
Un débil sistema de pensiones
En el pasado, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) administraban el antiguo sistema de pensiones estaba administrado. El diseño que sustentaba los sistemas de pensiones de ambas entidades se conoció como “sistema de reparto, de primas escalonadas, con beneficios definidos”. Eran sistemas basados en un contrato social intergeneracional, por medio del cual los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados, mientras el trabajador activo contaba con que, al jubilarse, otros respondieran por su pensión. El principal problema de los sistemas de reparto era que no relacionaba los aportes que realizaban los individuos con los beneficios que recibían al ocurrir alguna de las contingencias de invalidez, vejez o muerte.
El aporte de Mario Lungo al estudio de las ciudades
En días pasados, El Salvador ha sufrido la pérdida de tres importantes figuras intelectuales: el poeta Eugenio Martínez Orantes, el pintor Camilo Minero y el arquitecto Mario Lungo. Estos decesos impactan en la vida intelectual del país. La valoración estética del importante legado de Martínez Orantes y del maestro Minero sobrepasa en mucho los límites de este espacio. El presente texto hará un breve recorrido sobre los aportes de Lungo, quien fuera catedrático de la UCA y jefe del Departamento de Organización del Espacio (DOE) de la misma universidad. Lungo también se desempeñó como director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).
Madres
La antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde, exigió “desmaternizar” a sus compatriotas sobrecargadas de responsabilidades precisamente por ser madres. A la mayoría de esas mujeres no le respetan sus derechos humanos y, por tanto, su calidad de vida es baja o nula. De ahí que, en contrapartida, Lagarde haya demandado al Estado “maternizar” la sociedad completa; es decir, que todos y todas se responsabilicen de la educación, el cuido y la atención de las y los infantes. Este pronunciamiento debería tener eco en la realidad salvadoreña. Acá, muchas mujeres con hijos e hijas tienen que sostener a su familia sin ningún apoyo, soportando además todo tipo de desigualdades en la sociedad, el trabajo y sus hogares. Esta dura realidad contrasta con las celebraciones superfluas promovidas para conmemorar el llamado “día de la madre”, en medio de una desenfrenada publicidad consumista.
Mientras se “festeja” así, ser madre resulta una desventaja para muchas
salvadoreñas. En ciertos ámbitos laborales es innegable el rechazo por esa
condición. Como ejemplo se tiene que en las maquilas, numerosas trabajadoras son
despedidas por estar embarazadas o no son contratadas debido a eso. Los que
toman semejantes medidas discriminatorias son empresarios inescrupulosos, que
consideran una pérdida de tiempo y dinero el que acudan a controles prenatales;
peor aún si deben otorgarles los tres meses de descanso posparto, al cual tienen
derecho. Todo es visto desde el perversa lucrativo y no en función de la
dignidad de las personas.
A esto se añade que muchas no gozan de seguridad social. Para muestra,
recientemente llegó al IDHUCA un grupo de 23 personas en su mayoría mujeres
Trabajaban hasta hace unos días en “Do All Enterprises” y fueron despedidas por
exigir, legítima y legalmente, que la empresa pagara sus cotizaciones al
Instituto Salvadoreño del Seguro Social y a la Administradora de Fondo de
Pensiones (AFP) respectiva, las cuales ya se las habían descontado de sus
salarios. La respuesta patronal a este reclamo válido fue quitarles su precario
empleo injustamente. Reina, una de las denunciantes, al presentar su caso
manifestó lo siguiente: “Sinceramente, ahora estoy peor que antes, mi esposo
tiene un año de haberse ido de la casa y casi no aporta nada”. Ella a sus cuatro
hijos y es el vivo ejemplo de una madre “jefa de hogar”.
Sobre este punto cabe hacer una reflexión adicional. Según el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no existe una diferencia relevante
entre la cantidad de familias pobres con “jefes de hogar” y las encabezadas por
“jefas de hogar”. Sin embargo, agrega un dato importante: las familias lideradas
por un hombre generalmente tienen un apoyo, el de la mujer, lo que no ocurre en
el caso de los hogares sostenidos únicamente por ellas. Ese elemento plantea una
diferencia considerable en las condiciones de vida entre una situación y la
otra.
Lamentablemente, la irresponsabilidad masculina y la falta de políticas públicas
eficaces para reducirla así como la incapacidad estatal para frenar los abusos
laborales contra las mujeres, condenan a muchas madres a sobrellevar —sin ningún
tipo de ayuda— la carga económica y emocional que representa sostener una
familia sin posibilidades de cambiar, ni en el corto ni en el largo plazo, tal
condición. Y es que los últimos gobiernos salvadoreños han mostrado una aparente
preocupación por estos graves problemas. Pero su accionar se ha limitado a
elaborar leyes y ratificar compromisos internacionales para proteger los
derechos de las mujeres y fomentar la igualdad de género, que no es malo; lo
malo es quedarse sólo ahí, sin que eso se traduzca en hechos concretos. Por eso
los obstáculos para alcanzar la igualdad de género y suspender las
discriminaciones, siguen siendo muy grandes.
Dos días de asueto a favor de la burocracia gubernamental para celebrar el “día
de la madre”, podría interpretarse como un reconocimiento estatal de su
importancia. ¿Será cierto? Sin pesimismos de ningún tipo, la referida vacación
no resulta ser ninguna retribución si se compara con todo lo que estas mujeres
entregan a sus familias y a la sociedad entera. Si duda ni regateos, lo que debe
hacerse para darles el lugar que merecen se encuentra muy lejos de ser
alcanzado.
Para empezar, no deberían seguir muriendo madres en sus procesos de parto como
consecuencia de malas prácticas médicas y de las condiciones insalubres en que
se presta el servicio. Muchas madres son adolescentes sin ninguna o con una
deficiente educación sexual, debido a los obsoletos programas oficiales. Cada
año, según el Hospital de Maternidad, alrededor del treinta por ciento de sus
pacientes son madres adolescentes entre diez y catorce años; se trata de jóvenes
que, lo más probable, deberán sostener solas a sus hijos e hijas. ¿Cuáles son
los desafíos que se desprenden de esta realidad? Las autoridades deben
incrementar su compromiso con el derecho a la salud reproductiva, que es un
asunto cargado de polémica y fanatismos sobre todo cuando se intenta discutir
acerca del aborto y los métodos anticonceptivos. Generar espacios de discusión,
reflexión y diálogo sería una dinámica democrática muy útil; lástima que no haya
sido muy ejercitada.
Otro aspecto preocupante y lamentable se da cuando jóvenes mujeres son madres
producto de una violación sexual. Según datos de la Fiscalía General de la
República, del total de estos aberrantes abusos en el país el noventa por ciento
de las víctimas son mujeres; de dicho porcentaje, casi el 40% son niñas. En este
ámbito es donde existemás impunidad, por falta de denuncia. Y las personas
afectadas que se atreven a presentar una demanda, acaban siendo doblemente
victimizadas al verse sometidas y tener que soportar humillantes
interrogatorios, además de aguantar el rechazo de sus familias y la condenada
social; para colmo, al final de su calvario en busca de justicia terminan sin
encontrarla. Indignante por igual es el acoso sexual; éste produce secuelas
psicológicas muy difíciles de superar. Además, en muchos casos, el acoso sexual
es preámbulo de la violación o el asesinato.
Lo expuesto revela la condición de desventaja en que se encuentran. Eso
preocupa; pero la indiferencia oficial, indigna. Y nada cambiará si los cargos
donde se toman las decisiones más importantes en este país siguen siendo
ejercidos, en su mayoría, por hombres inconscientes. Tanto la sociedad como el
gobierno —sindicatos, ministerios, iglesias, tribunales y más— deben analizar
sus políticas para detectar las barreras que impiden el ingreso de mujeres a
esos espacios y propician el desperdicio de un liderazgo natural no explotado
hasta la fecha como es debido. Para tal fin se requiere, sobre todo,
sensibilizar a los hombres en función de superar posiciones intolerantes
atrasadas.
Vistas así las cosas resulta evidente una necesidad: reducir la
“desmaternización” de las mujeres y hacer una distribución equitativa de las
cargas que hasta ahora han sido impuestas sólo a las madres. También se deben
mejorar sus condiciones laborales, económicas, sociales y políticas. Lograrlo
solamente será posible al destruir abundantes mitos que erróneamente existen en
la sociedad sobre los funciones familiares de la madre y el padre.
La naturaleza ha brindado a la mujer el privilegio de cobijar la vida de un
nuevo ser. Esa es una función biológica trascendental que no ha sido asimilada
con un significado justo; la misma exige que la responsabilidad de la crianza y
educación de las y los hijos, corresponde a padres y madres por igual.
Teniendo presente ese panorama, qué hipócrita resulta el regocijo público por el
“día de la madre” en una sociedad como la salvadoreña. En realidad, lo que se
necesita en ese y todos los días del año es un país rico en democracia, donde
hombres y mujeres realmente sean iguales; donde tengan las mismas oportunidades
en todos los ámbitos; donde no se escuchen barbaridades de diputados
cavernícolas contra su capacidad y su dignidad; donde sus hijos e hijas no sean
víctimas de violencia sexual; donde no adquieran SIDA por falta de prevención y
se mueran por falta de atención; donde encuentren justicia para sus hijas e
hijos asesinados y desaparecidos. Ese es el regalo que merecen, y no menos.
¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador?
Presentamos a continuación el discurso leído por Beat Rohr, oficial residente del PNUD en El Salvador, en la ceremonia de presentación del Cuarto Cuaderno sobre Desarrollo Humano, el pasado 3 de mayo de 2005.
¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador?
Si existiese una clínica donde los países pudiesen pasar consulta de sus
dolencias y El Salvador acudiese al especialista en violencia, el resultado del
diagnóstico sería, casi con toda seguridad, de grave o considerablemente grave.
El médico, estará de acuerdo conmigo, solicitaría el ingreso en la Unidad de
Cuidados Intensivos con carácter de urgencia.
Queremos compartir hoy con ustedes un estudio que hemos hecho en los últimos
meses que nos muestra que la violencia, la delincuencia y la inseguridad le
están costando caro, muy caro al país. Por llegar a una cifra valida, era
importante de añadir a las miles de vidas humanas que se pierden cada año el
elevado número de heridos, los daños psicológicos y emocionales, las pérdidas
materiales, el deterioro de la imagen del país, el desincentivo de la inversión,
las inversiones de protección y perdidas privadas y un largo etcétera de
consecuencias que se resumen, en una cifra: en el año 2003 el costo de esta
enfermedad era de 1,717 millones de dólares, un monto que equivale a más o menos
el 66% de las remesas recibidas por el país a lo largo del año 2004. La cifra es
escalofriante.
Pero más escalofriante resulta al comprobar que esta carga económica implica, en
términos del costo de oportunidad, destruir y desviar recursos que, bajo otras
circunstancias, podrían canalizarse a fines productivos y mejorar la calidad de
vida de la población. Por ejemplo, con casi un tercio de ese monto se
garantizaría la cobertura universal en servicios sociales básicos de educación,
salud, nutrición, vivienda, agua y saneamiento y electricidad a toda la
población salvadoreña.
¿Entonces, qué se puede hacer? La primera respuesta es que no existen recetas
mágicas ni milagrosas. La segunda, que las políticas reactivas, dispersas,
fragmentadas y represivas tampoco solucionan el problema. Al contrario, en
algunos casos, lo agravan.
La experiencia de otros países y ciudades, tanto europeas como latinoamericanas,
muestra que para atajar la violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana
es importante actuar desde cuatro premisas.
En primer lugar, es básico disponer de una información de calidad, precisa, y
unificada. Esto significa que conocemos bien la realidad y sus efectos.
En segundo lugar, la perspectiva de tiempo no puede ni debe ser corto placista:
sólo en un mediano y largo plazo se pueden disminuir los índices.
La integralidad constituye la tercera pata de la mesa. Es necesario hacer
énfasis, principalmente en las acciones de prevención pero sin olvidar el
control. Asimismo, la integralidad supone atender el abanico de factores
institucionales, sociales, situacionales, económicos, personales y culturales
—como la violencia de género o la proliferación de armas de fuego— asociados a
la violencia.
Por último, es vital actuar de manera conjunta, con una misma perspectiva. Es
imprescindible que exista la cooperación y coordinación necesarias entre las
distintas instituciones del Estado; porque es el Estado quien debe garantizar,
en primer lugar, la seguridad de todas y todos sus ciudadanos. Un consenso que,
entre otras cosas, debe llevar a formular e implementar estrategias cooperativas
al servicio de políticas locales de convivencia y seguridad ciudadana, puesto
que es en las calles, plazas, buses de los municipios donde los ciudadanos viven
y padecen cada día la violencia.
No se puede negar la importancia de este último punto, aunque que el Estado
asume grandes responsabilidades, el problema es de todos y la solución también
necesita el aporte, el compromiso y los recursos de un conjunto de actores, de
las empresas, de los ciudadanos, de las Universidades, de las iglesias, de
gobiernos locales y (y este punto es importante por el país) de todos los
partidos políticos. La seguridad pública depende del compromiso de todos los
actores y necesita estrategias compartidas y aciones complementarios.
La convivencia y la seguridad ciudadana son un bien común.
El país necesita con urgencia este compromiso ciudadano y a pesar de las
estrategias en camino, queda corto el involucramiento de muchos y el consenso
sobre estrategias compartidos en este tema.
La gravedad del diagnóstico y los escasos resultados aportados por las recetas
aplicadas hasta el momento obligan a adoptar terapias alternativas. En el
estudio que ahora les presentamos se presenta, en forma de desafío para el país,
una propuesta de Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Una propuesta de
política pública democrática y respetuosa con los derechos fundamentales de las
personas basada en los criterios antes mencionados.
Miles de familias destrozadas por el dolor de la pérdida de un ser querido,
costos directos e indirectos en la economía y la inversión, pérdida de calidad
de vida, inseguridad, miedo al “otro”, miedo a caminar libremente, desconfianza,
deterioro de la convivencia, carencia de libertad... Estas son sólo algunas de
las consecuencias de la violencia y la inseguridad ciudadana.
Si queremos aspirar a mayores niveles de desarrollo humano, el país no puede
seguir soportando esta enorme carga humana y económica.
La seguridad ciudadana debe colocarse en el centro de la agenda de desarrollo.
El salvadoreño necesita desarrollar estrategias que permiten conseguir
nuevamente que todos y todas nos confiamos, nos respetemos que aprendemos
resolver conflictos de manera pacífica, tal como el proceso de paz nos ha
mostrado, los beneficios son enormes en una convivencia en paz.
Con este ánimo les presentamos esta mañana el cuarto Cuaderno sobre Desarrollo
Humano, un aporte para el encuentro de soluciones prácticas al problema de la
violencia a partir de conocer lo mucho que le cuesta la violencia a El Salvador.
Lo hemos trabajado en base a nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo
del milenio y la convicción que sin seguridad humana no puede haber desarrollo
humano para todos y todas los salvadoreños. Lo hemos trabajado también con la
convicción que la seguridad humana es parte de los componentes esenciales que
permiten el proceso de expansión de las capacidades de toda la población que les
permite ampliar sus opciones y oportunidades. Esperamos que la sociedad
salvadoreña asuma el reto de disminuir los niveles de violencia como compromiso
compartido la que le ayudaría a convertir el país en el país que todos quieren
tanto.
Quiero terminar aprovechando esta oportunidad para agradecer a todas aquellas
personas y entidades, tan numerosas que haría muy larga mi intervención, por su
cooperación en la publicación de este Informe. Hay mucho conocimiento sobre este
tema en el país y si se logra juntarlo y movilizarlo las mejoras en las calles y
casas serán de gran valor para todo el país, convirtiéndose así la seguridad en
una ventaja estratégica de El Salvador.
Muchas gracias.
Fuente: PNUD, Programa Sociedad Sin violencia.
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