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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1146
Mayo 25, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Vientos de previsión y pánico
Política: ¿Dejó Adrián alguna lección política?
Economía: La dolarización: mal para unos, bien para otros
Regional: ¿Estuvo Centroamérica preparada para Adrián?
Reporte IUDOP: Los salvadoreños evalúan el primer año de gobierno de Antonio Saca
Derechos Humanos: Alerta temprana, prevención tardía
Vientos de previsión y pánico
La previsión gubernamental salvó, sin duda, muchas vidas y los pocos bienes de miles de personas, residentes en zonas de alto riesgo, amenazadas por la inusitada tormenta tropical, que golpeó el país por el Pacífico. La previsión funcionó, porque el gobierno, central y local, movilizó sus energías, para trasladar a las personas en peligro a sitio seguro. El liderazgo gubernamental movilizó y coordinó la cooperación de organizaciones sociales y de muchas personas de buena voluntad. Igual que en otras crisis, la solidaridad de la población fue determinante para paliar el impacto de la tormenta tropical. Está demostrado que, cuando el gobierno se lo propone, puede hacer a un lado los partidismos, y defender el interés de la población. Por una tan sola vez, las antiguas disputas entre la responsabilidad del gobierno central y el local se olvidaron y ambos trabajaron de consuno. Los políticos de todos los colores también hicieron a un lado el partidismo que obstaculiza la política de Estado y proyectaron una imagen de unidad nacional ante la crisis. La protección de la población tuvo fuerza para unirlos, en un propósito común de vital importancia.
La reacción gubernamental y política deja una buena lección, que debiera ser
aprendida, porque las tormentas tropicales ocurren con frecuencia en el país. El
siguiente paso debiera ser trabajar en unidad, con dedicación y constancia hasta
eliminar la vivienda precaria. La tarea no es fácil, porque implica
planificación urbana, recursos económicos y cambios sociales y culturales. Sin
embargo, la eliminación de esta vulnerabilidad, tanto en las ciudades, como en
las costas y en las zonas bajas permitiría enfrentar estas crisis con más
serenidad y confianza. El ahorro de recursos sería enorme. Otra empresa
impostergable es la reconstrucción de los drenajes de la zona metropolitana, una
tarea pospuesta muchas veces, por la disputa entre el gobierno central y los
gobiernos locales acerca de sus respectivas competencias, por la indiferencia y
por la imprevisión. El interés que debiera unir a los gobiernos y a los
políticos es el mismo que los ha unido ahora, la seguridad ciudadana de miles de
familias. Finalmente, una tercera tarea, derivada siempre de la experiencia
recién pasada, es la construcción de una sólida red comunitaria, regional y
nacional de protección civil, la cual sería determinante durante las tormentas
tropicales y los sismos, y también, por qué no, para enfrentar las crisis
sociales. La forma tradicional de trabajar, a través de un comité centralizado,
ha demostrado su ineficacia para enfrentar las catástrofes. Estas tareas serían
de gran beneficio para los sectores más vulnerables y habría que emprenderlas
por razones de humanidad básica y de responsabilidad social y política. Sin duda,
habría réditos políticos electorales para aquellos que se distinguieran por
promover la unidad, más allá del partidismo, y para aquellos que se
distinguieran por su creatividad en las soluciones y por su eficacia en
llevarlas a la práctica.
El Salvador sería más seguro y estaría mejor preparado para enfrentar crisis
como la recién pasada si, por fin, se tomara en serio el deterioro
medioambiental. Un medioambiente más cuidado haría a El Salvador un país más
seguro, salvaría vidas y propiedades, generaría una mayor confianza individual y
comunitaria, y liberaría recursos para la inversión social y productiva. En esta
tarea son indispensables la educación masiva de la población para convertirla en
aliada y no en un obstáculo más, la firmeza gubernamental para sancionar la
irresponsabilidad de los que deterioran el medioambiente y la decisión política
para mejorarlo sustancialmente. En la base de estas tareas se encuentra la
decisión de trabajar, de una vez por todas, desde políticas estatales y no desde
las visiones partidistas o desde intereses particulares, que benefician sólo a
determinado sector. El interés nacional que ha salido a relucir en estos días,
es una riqueza nacional, la cual bien puede dar mucho más de sí, por el bien
general.
Esta positiva experiencia nacional de unidad y previsión, fue ensombrecida por
la tendencia al alarmismo. En efecto, los llamados a la prevención fueron
acompañados con mensajes, muy eficaces por cierto, que infundieron pánico, en la
población, hasta el extremo de crear una especie de histeria colectiva. El
gobierno, pero sobre todo las empresas mediáticas, fomentaron el miedo. Las
comparecencias de los funcionarios ante los medios, vestidos incluso para la
ocasión, en estilo huracán, y el enfoque de éstos, dieron la impresión de que,
en realidad, deseaban un buen huracán. La devastación proporcionaría material a
la prensa para informar con la crudeza habitual. Los grandes medios consiguieron
mantener a sus audiencias pendientes de sus informativos, de hecho, poco
científicos y muy alarmistas. Al gobierno, aunque enfrentaría problemas serios,
por falta de preparación, le proporcionaría una plataforma ideal para concretar
el “rostro humano” de su propaganda. De tomas maneras, no desperdició la ocasión
para explotar el filón del miedo, tal como lo hace con el fenómeno de las
pandillas. Esto no significa desconocer la amenaza y su gravedad. Es posible
informar de las posibles consecuencias de un fenómeno natural de gran
envergadura sin causar histeria. Tal vez el temor del gobierno era genuino, ya
que él mejor que nadie conoce su debilidad institucional ante una amenaza de
tales proporciones. Tal vez no le explicaron que la cadena volcánica suele
detener los vientos huracanados, razón por la cual éstos no afectan la costa
pacífica de la región, cuando el fenómeno proviene del Caribe. O si se lo
explicaron, juzgó que era demasiado complicado informar a la población, ya que
ésta tendería a confiar y a esperar. Tal vez valoró que era una oportunidad
ideal para reforzar el temor que tan buenos resultados le da para mantener bajo
control a una población cada vez más descontenta con su política económica. Tal
vez su postura fue una combinación de todo esto.
La tormenta tropical planteó un desafío muy grave al país. El exceso de lluvia
que amenazaba con caer era un peligro real para las miles de familias residentes
en las zonas de alto riesgo. Sin embargo, ésta es una amenaza de cualquier
temporada de lluvia. Las primeras de la actual ya ocasionaron daños. Y habrá más
daños sin necesidad de un huracán, si no se adoptan medidas coyunturales y de
largo plazo. En esta ocasión, además de la lluvia, el país estuvo amenazado por
vientos huracanados; pero tal como sucede, cuando éstos provienen del Caribe,
era muy probable que la cadena volcánica, los detuviera o, al menos, aminorara
su velocidad, que es lo que, de hecho sucedió. Pero el gobierno y los grandes
medios hicieron caso omiso de esta posibilidad real y colocaron a la población
ante un huracán imparable y devastador. En lugar de explicar el impacto de los
volcanes o cómo los huracanes suelen perder fuerza cuando tocan tierra, el
énfasis fue puesto en su fuerza destructora. Al final, los vientos no alcanzaron
la velocidad usual de los meses de diciembre y enero. Pretendido o no, la
crisis, real, pero magnificada, permitió al presidente Saca presentarse como el
líder indiscutido del país.
¿Dejó Adrián alguna lección política?
Está de moda en estos días hablar de la evaluación ciudadana de cómo se enfrentaron las autoridades gubernamentales ante la tormenta tropical Adrián. El huracán que no fue y los destrozos anunciados que nunca llegaron, constituyen un buen motivo, según algunos, para destacar que el gobierno de Elías Antonio Saca se hizo acreedor de una nota sobresaliente. Así, no faltó quien quiso dar “gracias a Adrián” (algunos también dijeron que Dios había salvado el país) porque, según un articulista de La Prensa Gráfica del 21 de mayo, “nos ha permitido darnos cuenta de que, cuando queremos, podemos ser un pueblo unido, sólido y con un alto espíritu de hermandad”.
La dolarización: mal para unos, bien para otros
En los últimos días parece que la dolarización es un tema que nuevamente se ha puesto de moda. La revista El economista de La Prensa Gráfica, por ejemplo, le dedica una página. También El Diario de Hoy publica una entrevista realizada a Michael Cox, economista de la Reserva Federal de los Estados Unidos, quien opina sobre el tema. Parece ser que la dolarización fue, es y continuará siendo una de las medidas más queridas pero también más odiadas por los distintos sectores del país. En este caso lo importante consiste en tratar de comprender los diferentes puntos de vista sobre el tema y a la vez tratar de contrastarlos con la realidad que atraviesa el país. Sólo de esa manera se podrá notar si la medida fue realmente acertada.
¿Estuvo Centroamérica preparada para Adrián?
El huracán Adrián causó alarma en varios países centroamericanos. El temor estaba más que justificado, pero no sólo por lo inédito del fenómeno —los huracanes han sido algo excepcional en el Pacífico centroamericano—. Históricamente, el área ha enfrentado constantes desastres naturales. Es necesario partir de algunos datos.
El Istmo es una delgada franja de tierra situada en un área de actividad sísmica,
entre los océanos Pacífico y Atlántico. Por el lado de la Costa Atlántica, está
amenazada por la incidencia de los huracanes que azotan regularmente al mar
Caribe. En la costa del Pacífico, Centroamérica se caracteriza por tener una
cadena volcánica, lo cual hace que las erupciones y los sismos sean un peligro
potencial.
Los salvadoreños evalúan el primer año de gobierno de Antonio Saca
Los salvadoreños calificaron con una nota promedio de 6.56, sobre una escala de 0 a 10, al gobierno de Antonio Saca por su desempeño en el primer año de gestión, según revela la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador. El sondeo, realizado entre otros propósitos con el objeto de conocer lo que piensan los salvadoreños sobre el trabajo que está realizando la administración Saca luego de su primer año de gobierno, se llevó a cabo del 7 al 15 de mayo del año en curso con una muestra nacional de 1,260 personas adultas, y con un error muestral de +/- 2.8 por ciento.
Una comparación de los sondeos realizados por el IUDOP en las presidencias
anteriores revela que el presidente Saca ha obtenido la mejor nota en las
evaluaciones ciudadanas que se han hecho al cumplir el primer aniversario de los
gobiernos presidenciales de ARENA. En 1995, Armando Calderón Sol obtuvo una nota
promedio de 4.96; en 2000, Francisco Flores fue evaluado con un 5.41.
Sin embargo, la comparación de las notas obtenidas por este mismo gobierno desde
los primeros cien días de gestión revela que al cumplir el primer año, la
calificación ciudadana es menos positiva que en los meses pasados, al tiempo que
es posible detectar una tendencia a la disminución.
En todas las preguntas sobre evaluación general del gobierno, la gestión de
Antonio Saca aparece mejor evaluada en comparación con sus predecesores,
incluido Cristiani. De hecho, el 61.8 por ciento de los salvadoreños consultados
en 2005 calificaron la gestión del presidente Saca como buena o muy buena,
mientras que en su momento Cristiani obtuvo el 55.3 por ciento de opiniones
positivas, Calderón Sol el 24.4 por ciento y Flores el 42.9 por ciento.
Sin embargo, nuevamente, cuando se comparan las evaluaciones del gobierno de
Saca luego de un año con las que obtenía en los meses pasados, se puede ver que
el nivel de aceptación habría bajado algunos puntos.
Los cambios positivos y los logros
Prácticamente la mitad de los salvadoreños (51.3 por ciento) ha visto un cambio
positivo en el país desde que asumió el poder la administración de Antonio Saca
hace un año, frente a la otra mitad de ciudadanos (48.7 por ciento) que no ha
visto cambios positivos en el país con el cuarto gobierno de ARENA.
Preguntados sobre los logros o aspectos positivos de la gestión, la quinta parte
de las respuestas de los ciudadanos se concentran en el combate de la
delincuencia y en la aplicación del Plan Súper Mano Dura, seguido del 14.6 por
ciento que señaló la construcción de carreteras y la infraestructura vial del
país. Porcentajes menores señalaron otros aspectos, como los planes antipobreza
(4.8 por ciento), algunas medidas en materia económica (3.7 por ciento) y el
FOSALUD (3.2 por ciento). Sin embargo, un poco más de la tercera parte de la
gente dijo que no existía logro alguno en la administración de Saca y cerca del
7 por ciento no supo identificar logros.
Los cambios negativos y los fracasos
En el otro lado de la moneda, el 37.9 por ciento de los salvadoreños
identificaron cambios negativos ocurridos en el país desde la toma de posesión
del presidente Saca; el resto de personas, el 62.1 por ciento no ha notado
cambios negativos en el país.
Interrogados sobre los principales fracasos de la gestión del gobierno hasta la
fecha, los salvadoreños se dividieron mucho al identificar las fallas: el 15.4
por ciento mencionó el incremento en el costo de la vida, el 8.1 por ciento
identificó la falta de empleo, el 4 por ciento se refirió al alza en los
servicios básicos, el 3.2 por ciento aludió al incremento en el número de
homicidios y la delincuencia, entre otros aspectos. Sin embargo, más de la
tercera parte de la gente dijo que no hay fracasos en la gestión de este
gobierno.
Un examen más detenido de los tipos de fracasos identificados por la población
revela que la mayor parte de éstos son de índole económica. Entre el alza en los
costo de la vida y los precios, el desempleo, la pobreza, la dolarización y el
TLC, se concentra un poco más de la tercera parte de la población.
La economía
De hecho, la economía constituye el área en el cual la gestión de Saca obtiene
las valoraciones más críticas. Un poco más de la mitad de los salvadoreños (55.1
por ciento) piensan que la situación económica del país ha empeorado con el
actual gobierno, frente a un 30.7 por ciento que considera que sigue igual y un
14.2 por ciento que cree que ha mejorado. En la evaluación de los 100 días de
gobierno sólo el 27.8 por ciento consideró que el país había empeorado
económicamente.
En la misma línea, el 42.9 por ciento de la gente dijo que la pobreza en el país
ha aumentado desde que entró el actual gobierno, el 35.5 por ciento dijo que la
misma sigue igual y el 21.6 por ciento sostuvo que la pobreza ha disminuido con
la administración de Saca.
Sin embargo, cuando se preguntó a los encuestados si el Plan Oportunidades
ayudará a reducir la pobreza en el país, el 51.1 por ciento de la gente
respondió favorablemente, frente a un 37 por ciento que respondió de forma
negativa.
La delincuencia
Una de las áreas en donde la administración de Antonio Saca obtiene opiniones
más favorables es el combate del crimen y la violencia. Para el 45 por ciento de
los salvadoreños, la delincuencia ha disminuido con el actual gobierno, en tanto
que el 20.2 por ciento considera que los niveles de criminalidad se mantienen
igual y el 34.8 por ciento cree que la violencia criminal ha aumentado.
Con respecto al Plan Súper Mano Dura, los resultados de la encuesta revelan que
una buena parte de la población piensa que el mismo está dando resultados,
aunque dichas opiniones son un poco menos favorables que las encontradas en
encuestas anteriores. Al momento de realizar la presente encuesta, el 36.6 por
ciento de los ciudadanos dijeron que el Plan Súper Mano Dura está reduciendo
mucho los crímenes producidos por las maras, en tanto que el 25.7 por ciento
dijo que los está reduciendo algo, el 23.2 por ciento sostuvo que los está
reduciendo poco y el 14.5 por ciento señaló que dicho plan no está reduciendo en
nada al crimen producido por las pandillas.
La evaluación de los ministerios
En la encuesta se pidió a los ciudadanos que evaluaran la gestión de las
distintas carteras del Ejecutivo, incluyendo las secretarías de la juventud y de
la familia, utilizando una escala de calificación de 0 a 10.
Los resultados muestran que el ministerio mejor evaluado es el de educación, con
una nota promedio de 7.38, seguido del Ministerio de Obras Públicas con una
calificación de 7.20 y de la Secretaría Nacional de la Familia, que obtuvo 7.13.
La mayor parte de instituciones del Ejecutivo se encuentran por debajo del 7 y
por encima del 6. Así, el Ministerio de Salud Pública fue calificado con un
6.97, la Secretaría Nacional de la Juventud fue evaluada con una nota promedio
de 6.87. Les siguen el Ministerio de Defensa, con 6.63; el Ministerio de
Relaciones Exteriores, con 6.55; el Ministerio de Hacienda, con 6.43; el
Ministerio de Gobernación, con 6.37; el Ministerio de Turismo, con 6.33; el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, con 6.29 y el Ministerio de Medio
Ambiente, con 6.01.
Los ministerios peor evaluados por la población y que encuentran calificaciones
promedio por debajo de 6 son aquellos que tienen que ver con la administración
de la economía y del trabajo de los salvadoreños: el Ministerio de Trabajo
obtuvo una calificación de 5.83, mientras que el de Economía obtuvo 5.55.
La imagen del presidente
Preguntados sobre el control de las decisiones dentro del gobierno, el 43.3 por
ciento de la gente considera que el presidente Saca tiene el control sobre las
decisiones gubernamentales; en cambio, el 49.4 por ciento piensa lo contrario,
que está siendo manipulado por otros sectores.
La encuesta de la UCA preguntó también por cómo ha evolucionado la imagen que
los ciudadanos tienen sobre el presidente: el 45.4 por ciento de los
salvadoreños considera que la imagen que ellos tenían del presidente Saca se ha
mantenido igual en el último año, el 40.8 por ciento cree que la misma mejoró y
solamente el 13.9 por ciento considera que la imagen que tenían del presidente
ha empeorado en este año de gobierno.
Cuando se preguntó a los ciudadanos por la forma a través de la cual se enteran
de la labor del gobierno, la mayoría de los salvadoreños, el 88.1 por ciento,
dijo que se entera a través de los medios de comunicación, solamente el 5.6 por
ciento dijo que se entera por su experiencia directa en relación con el
desempeño del gobierno y el 4.9 por ciento dijo que se entera por medio de otras
personas. Sin embargo, a los ciudadanos se les pidió que explicaran a qué se
debe la popularidad del presidente según otras encuestas publicadas en días
anteriores.
Al responder, los salvadoreños se dividieron entre los que afirmaron que la
popularidad se debe al propio desempeño del gobierno (46 por ciento) y los que
señalaron a la propaganda gubernamental en los medios de comunicación (44.7 por
ciento). Solamente el 8 por ciento de la gente dijo que se debe a ambos
factores, tanto propaganda como desempeño.
Situación del país
La encuesta de la UCA preguntó a los ciudadanos sobre la situación general del
país desde que entró el cuarto gobierno de ARENA.
Las respuestas revelan que el 45.3 por ciento de la gente piensa que el país
está igual, no ha mejorado pero tampoco ha empeorado, mientras que el 29.7 por
ciento sostiene que el país está mejor y el 25 por ciento considera que está
peor.
Sin embargo, cuando se preguntó a la gente si el país va por un buen camino o
necesita un cambio, casi dos terceras partes de la población indicaron que el
país necesita un cambio, mientras que una tercera parte dijo que el país va por
buen camino.
Las preferencias electorales
La encuesta de la UCA preguntó también a los ciudadanos por sus preferencias
políticas de cara a las elecciones de diputados y alcaldes de 2006. Los
resultados nacionales indican una ventaja para el partido ARENA si las
elecciones se hubiesen realizado en mayo de 2005.
En el caso de los votos para las alcaldías, ARENA obtuvo el 32.2 por ciento de
los votos a nivel nacional, mientras que el FMLN reunió el 16.1 por ciento de
las intenciones; el PCN obtuvo el 4.2 por ciento y el resto de partidos
obtuvieron menos del cuatro por ciento todos juntos. Más del 40 por ciento de la
gente no expresó su intención de voto.
En el caso del voto nacional para diputados, el escenario de las preferencias es
muy similar, con la única diferencia de que el FMLN obtiene un par de puntos más
y el resto de partidos reducen un poco su caudal de preferencias.
Las preferencias por la alcaldía de San Salvador
El IUDOP realizó también una encuesta paralela en San Salvador con una muestra
de trescientas entrevistas y un error muestral de +/-5 por ciento, para indagar
cómo andan las preferencias electorales por la alcaldía de San Salvador.
Por un lado se preguntó por los precandidatos que se han mencionado tanto del
lado del FMLN como de ARENA para competir por la alcaldía de San Salvador. En el
caso del FMLN, el 32.7 por ciento señaló a Carlos Rivas Zamora como el mejor
candidato de ese partido, seguido de Violeta Menjívar con el 14 por ciento de
las preferencias de los ciudadanos capitalinos. Guillermo Mata reunió el 7 por
ciento de las preferencias, mientras que Hugo Martínez sumó el 5.3 por ciento.
En el caso de ARENA, figura Norman Quijano con el 24 por ciento, seguido de
Rodrigo Samayoa con el 9.3 por ciento, Ricardo Chavarría con el 5.3 por ciento y
José María Monterrey con el 3.7 por ciento.
Un dato interesante es que en el caso del FMLN, el 34 por ciento de la gente
dijo no preferir a ningún precandidato, mientras que en el caso de ARENA el
porcentaje sube al 51.7 por ciento.
Preguntados sobre el partido por el que votaría para alcalde si las elecciones
fueran el fin de semana, el 34.3 por ciento de la gente eligió al FMLN, seguido
de ARENA con el 27.3 por ciento. Solamente el 1.7 por ciento de los capitalinos
votaría por otros partidos, y el resto de la gente no quiso revelar su
preferencia.
En resumen
La encuesta sobre el primer año de gobierno de Antonio Saca revela que la cuarta
administración gubernamental de ARENA sigue siendo evaluada en general de forma
positiva.
La mayoría de opiniones sobre el gobierno de Antonio Saca luego de un año de
gestión son más positivas que las opiniones que reunían sus predecesores luego
de cumplir un año de gobierno.
Sin embargo, en términos comparativos, la encuesta muestra también que, aunque
positivas, el gobierno de Saca obtiene notas más bajas y opiniones más
desfavorables que las que obtenía en los meses anteriores. Esto indicaría una
cierta tendencia de erosión frente a la opinión pública.
El combate de la delincuencia figura definitivamente como una de las bases para
la valoración positiva de la opinión pública; mientras que los problemas de la
economía nacional y doméstica, expresados en el encarecimiento de la vida, el
desempleo y la pobreza, son señalados como los fracasos del actual gobierno.
La encuesta señala que la figura personal del presidente destaca por encima de
la evaluación del gobierno y que en esta valoración juegan un papel importante
los medios y la propaganda impulsada por la administración Saca. Aunque una
buena parte de la población justifica la imagen positiva del presidente como
producto de su propio desempeño, un sector importante de la población lo
atribuye al trabajo mediático del mismo.
En el ámbito electoral, las preferencias de los salvadoreños se inclinan más
hacia ARENA que hacia el FMLN a nivel nacional, aunque en la capital la
correlación de fuerzas sigue favoreciendo más al partido de izquierda y a sus
candidatos que a la alternativa representada por ARENA.
Alerta temprana, prevención tardía
La semana pasada, la población salvadoreña vivió momentos de angustia ante los inminentes destrozos que iba a causar el suceso climático conocido como “Adrián”. Por suerte, éste perdió fuerza y no se produjeron las consecuencias esperadas. Frente a lo que parecía inevitable, la administración de Antonio Saca emitió la alerta temprana. Qué bien que así ocurrió, pero esa medida no tiene nada de admirable sabiendo que El Salvador ha sufrido desastres en innumerables ocasiones derivados de fenómenos naturales. Este territorio y su gente han sido castigados por terremotos, erupciones volcánicas, grandes temporales y huracanes. “Adrián”, pues, no es novedad en un país que cuenta con un amplio historial en esta materia; es reprochable, entonces, que a estas alturas se siga actuando de forma reactiva e improvisada y no preventiva y planificada para encarar acontecimientos de ese tipo.
Para comprender el proceder estatal basta profundizar un poco en lo ocurrido
antes. No hay que remontarse al gran temporal en septiembre de 1982, cuando
quedó sepultada la Colonia Montebello en San Salvador, ni al huracán “Fifí”
también en septiembre, pero de 1974; tampoco hay que buscar más atrás. Ahí está
el “Mitch”, en octubre de 1998. Entonces, la alerta verde o temprana se declaró
el 26, la amarilla el 30 y la roja al siguiente día, cuando entró al país la
“cola” del huracán. Su fuerza fue tal que murieron 240 personas y más de diez
mil familias resultaron damnificadas; además, las pérdidas económicas y sociales
alcanzaron los 398 millones de dólares estadounidenses. Tras semejante
catástrofe, la Unidad Ecológica Salvadoreña presentó a la Asamblea Legislativa
el anteproyecto de Ley de Prevención y Mitigación de Desastres de Protección
Civil. La iniciativa fue discutida varias veces, pero nunca se aprobó.
Tres años después, el 13 de enero del 2001, se produjo un terremoto; pasado
exactamente un mes, vino el otro. “Los efectos de los dos terremotos —según el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— son aterradores:
murieron 1,142 personas y más de 8 mil resultaron heridas, se perdieron 41,440
micro y pequeños negocios y 55 mil empleos, se dañaron o destruyeron 144
unidades y 23 hospitales principales del sistema de salud. En el campo económico,
según el informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las
pérdidas totales ascendieron a US$ 1,660 millones de dólares, lo que equivale al
13% del Producto Interno Bruto y al 55% de las exportaciones de todo el país en
el año 2000”.
Aunque parezca ilógico por lo recurrente de estos eventos en la historia
nacional, la primera de esas grandes sacudidas volvió a sorprender al gobierno
de turno y a la población en general. Resulta irónico que el 5 febrero de 2001,
el entonces presidente Francisco Flores haya reconocido —retórico como siempre—
la vulnerabilidad del país diciendo que “todas las generaciones (...) hemos
tenido que enfrentar un desastre de enormes magnitudes. Por lo tanto, esto no es
nuevo para nosotros”. ¿Por qué, entonces, no se había hecho nada para prevenirlo?
Ocho días después, otro terremoto lo volvió a sorprender.
Como a finales de 1998, era oportuno el momento para proponer, analizar y exigir
la puesta en marcha de medidas tendientes a mitigar las consecuencias funestas
de los fenómenos naturales. La Asamblea Legislativa retomó la discusión del
marco legal en este ámbito; algunas universidades y organizaciones realizaron
estudios para contribuir a la elaboración de una política pública en tal sentido.
Sin embargo, pasaron otros cuatro años y esas iniciativas no encontraron eco
entre los partidos políticos, en los gobiernos de turno y entre la variopinta
gama de alcaldes.
Así las cosas, resulta inexplicable que el Ejecutivo continúe ensayando decretar
desordenadas emergencias e inquietantes estados de calamidad pública. Es cierto
que en el caso de “Adrián” mejoró la capacidad de respuesta y organización al
comparar la experiencia con otras anteriores, pero eso no quita que se sigue
ensayando. Aunque fue atinado emitir una alerta temprana que movilizó personas y
recursos, el presidente Saca admitió que el país no estaba preparado para
enfrentar un huracán; esta afirmación fue la evidente aceptación de que no hay
estrategia oficial para enfrentar fenómenos naturales de tal envergadura. A
estas alturas, deberían existir planificación y organización serias así como
recursos para reducir sus efectos o recuperarse de los daños que produzcan. No
se debe comenzar a pensar y actuar cuando el desastre es inminente.
Saca ya anunció que prepara una propuesta. De ser cierto, deberá tomar en cuenta
las condiciones que vuelven más frágiles a ciertos sectores de la población.
“Adrián” hizo que se abarrotaron los supermercados con personas histéricas o al
borde de la histeria, mientras otras encaraban el dilema de abandonar sus
hogares o arriesgarse a perder la vida junto a sus pocos bienes materiales. Las
segundas representan una enorme cantidad de gente que habita “viviendas”
inaceptables para un ser humano, generalmente de adobe y lámina, de cartón o
quién sabe de qué, ubicadas al borde de quebradas. Su riesgo es enorme con una
simple tormenta fuerte y un poco prolongada. Esto no ocurre, entonces, por una
naturaleza amenazante e implacable; tiene que ver con su condición social y
económica altamente precaria, junto a la falta de previsión oficial. Hay países
constantemente acechados por terremotos o huracanes, donde el saldo de víctimas
es mínimo o nulo. Eso significa que acá también se puede hacer algo para
revertir la situación.
Una de las enseñanzas de los últimos terremotos es que muchas viviendas en el
país son factor indiscutible de inseguridad; sin embargo, después no se hizo
nada o casi nada para disminuir los riesgos. De lo contrario, hoy se habría
reducido el número de personas evacuadas y el costo de albergarlas
improvisadamente. Además, la vulnerabilidad se incrementa porque mucha gente no
confía en las instituciones públicas. Eso fue notorio cuando muchas personas
viviendo junto al mar o a un río, se negaban a abandonar sus casas pese a los
llamados oficiales para alejarlas del peligro. Para esta gente, la delincuencia
representaba un peligro mayor que el huracán; por eso, prefirieron cuidar sus
bienes.
También hubo debilidades de organización en la coyuntura. Algunos organismos
departamentales dependientes del Comité de Emergencia Nacional (COEN), no
contaron con información oportuna sobre el cambio de alertas; esto subraya el
hecho de que las estructuras departamentales y municipales del COEN siguen
estando desconectadas entre sí, lo que acentúa la improvisación del plan
gubernamental de mitigación.
El Estado debe elaborar un sistema sólido de prevención y mitigación de
catástrofes, privilegiando la atención y reubicación justa y preventiva de las
comunidades ubicadas en zonas inseguras, tanto en las ciudades como en el campo.
También se deben hacer esfuerzos educativos y mejorar la seguridad pública para
evitar resistencia a la evacuación. Además, urge mejorar los mecanismos de
información y coordinación entre los diferentes niveles de atención. Lo bueno de
“Adrián” fue que interesó de nuevo al Ejecutivo y el Legislativo en el tema.
Ojalá no sea otra “llamarada de tuza”, otro gran anuncio sin más, otra ilusión...
Porque aunque el gobernante haga gala de su buena voluntad, el asunto de los
recursos es siempre una de las razones para archivar estas iniciativas.
En conclusión, los fenómenos naturales no son causa de la extrema vulnerabilidad
de nuestro país. La desidia de gobiernos anteriores para prevenir y mitigar sus
efectos, es lo que ha propiciado tal condición. Salvaguardar la seguridad de
toda la población es deber de las autoridades estatales y el ofrecimiento de
Saca se enmarca en el cumplimiento de esa obligación. Sólo si se cuenta con
medidas previas, concretas y serias para atender la aludida vulnerabilidad,
puede hablarse de una política gubernamental atinada; de lo contrario nuestra
sociedad continuará viviendo en condiciones de riesgo. Esta es, sin duda, la
gran lección que resta por aprender.
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