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Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1149
Junio 15, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: ¿Quién juzga a Estados Unidos?
Política: ¿Combate Saca la corrupción?
Economía: Una intensa semana de negociaciones en el Congreso de los Estados Unidos
Derechos Humanos: Siguen las muertes
Documento: Discurso del Presidente Elías Antonio Saca (II)
¿Quién juzga a Estados Unidos?
La justicia estadounidense es, cuando menos, curiosa; hay incontables situaciones que así lo ponen de manifiesto. Sin embargo, en este editorial nos queremos referir a una en particular: el caso del pastor de la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”, Edgar López Bertrand —conocido popularmente como el “hermano Tobi”—, quien se encuentra actualmente detenido por las autoridades estadounidenses. A juzgar por las noticias en torno al caso, López Bertrand ha sido acusado de haber mentido ante funcionarios de inmigración de Estados Unidos, con el fin de obtener una visa para una menor que, sin ser hija biológica o adoptiva suya, fue hecha pasar por tal. De ser encontrado culpable, el hermano Tobi podría terminar en la cárcel.
No es el propósito de estas líneas tomar una posición a favor o en contra del
pastor bautista. Si es inocente o culpable de los cargos que se le imputan, ello
deberá ser dilucidado en los tribunales de aquel país. Con todo, nadie que viola
las leyes de un país, estando obligado a cumplirlas, debe ser eximido de su
responsabilidad por tal violación. Precisamente, este es el punto de partida de
estas reflexiones: la obligación, por parte de las autoridades pertinentes, de
hacer que quienes violan las leyes, respondan por sus actos, independientemente
de su ascendencia económica, política, social o religiosa.
Pues bien, la afirmación anterior suena bien y pocos quizás estén en desacuerdo
con ella. Sin embargo, no deja de ser problemática cuando se la mira con
detenimiento. Y es que se suele presuponer que, cuando hay alguien que viola una
ley, la instancia que habrá de juzgar esa violación tiene la debida solvencia
moral y legal para poder hacerlo.
No cabe duda de que está mal asesinar, violar, robar, traficar con personas y
falsificar documentos. Prácticamente, en todas las sociedades occidentales hay
un consenso firmemente establecido de que esas prácticas —y otras semejantes—
deben ser erradicadas y sus agentes responsables castigados, ahí donde se
compruebe su culpabilidad. Cabe esperar que quienes juzgan los delitos de otros
y determinan el castigo correspondiente no sean reconocidos públicamente ellos
mismos como responsables (o cómplices) de delitos semejantes o más graves. De
ser este el caso, no sólo la aplicación, sino la concepción misma de justicia se
verían en un grave apuro.
El caso del pastor López Bertrand invita a cuestionarse sobre el tema señalado.
Puesto de modo simple, el pastor bautista ha sido acusado por el gobierno de
Estados Unidos, a través de su oficina de inmigración, de haber mentido ante sus
oficiales migratorios con el fin de obtener fraudulentamente una visa para una
menor que no era su hija. Si el pastor bautista efectivamente lo hizo, estuvo
mal; si se prueba su culpabilidad, deberá ser sancionado como es debido. Hasta
aquí no hay donde perderse. El asunto es que el gobierno de Estados Unidos tiene
poca o nula solvencia moral o legal para juzgar a López Bertrand o a otros que,
incluso, hayan cometido peores delitos que el que, presuntamente, cometió el
pastor.
En el caso del pastor bautista, ha salido a relucir lo molestos que están las
autoridades migratorias estadounidenses porque él mintió. Tal parece que la
mentira es algo imperdonable para el gobierno de Estados Unidos. Pero,
curiosamente, se trata de un gobierno especialista en mentir. A otras
administraciones gubernamentales —por ejemplo, las de Reagan y la de George Bush
padre— no les fue ajena la mentira, pero para la administración actual —la de
George W. Bush hijo— es casi una patología. El cineasta Michael Moore se ha
encargado de destapar la mentira que envuelve al gobierno de Bush hijo: desde
sus negocios inconfesables con la familia de Osama Bin Laden, pasando por el
ocultamiento de los intereses del gobierno de Estados Unidos en la zona del
Golfo Pérsico y de Europa central, hasta la proclamación de que en Irak había
armas químicas de destrucción masiva. De hecho, esta ha sido la mayor mentira,
desde la cual se justificó la invasión militar a Irak, así como la captura de
Sadam Husein, que en el pasado había sido aliado de Estados Unidos.
Michael Moore también ha documentado la habilidad que tiene el gobierno de Bush
para alterar documentos, elaborar documentación falsa y ocultar información.
Tampoco esto es nuevo y los salvadoreños estamos familiarizados con esta forma
de proceder: hasta ahora, ha sido imposible obtener todos los documentos (además
de completos y sin tachaduras) que arrojen luz sobre las relaciones del gobierno
Estados Unidos —sus asesores militares, sus asesores de negocios y sus
embajadores— con los militares salvadoreños y con los escuadrones de la muerte,
durante los años ochenta. La versión oficial, desde Estados Unidos, de estas
relaciones es una enorme mentira: que no sabían nada, que ellos sólo asesoraban,
pero los militares hacían lo que les daba la gana, que los escuadrones de la
muerte estaban fuera de su control...
El hermano Tobi quizás mintió en su declaración ante los oficiales de migración
de Estados Unidos; quizás, también, ofreció documentación alterada. Por su parte,
el gobierno de Estados Unidos, que ahora lo acusa, mintió sobre las presumibles
armas químicas de Irak y, según Michael Moore, funcionarios de alto rango
alteraron documentos para culpar de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a
Afganistán, los talibanes, Osama Bin Laden y, posteriormente, Irak.
De ser cierto que lo hizo, con su mentira y la documentación alterada, lo que
López Bertrand pretendía era facilitar la salida del país de una menor de edad.
Las mentiras del gobierno de Estados Unidos y sus documentos falsos se han
traducido en la invasión militar de un país, la pérdida de miles de vidas
humanas, la destrucción de un valioso patrimonio cultural y, dentro de Estados
Unidos, el avasallamiento de un conjunto de libertades civiles que los
estadounidenses consideraban inamovibles. De lejos, las consecuencias de las
mentiras de Estados Unidos y su falsificación de documentos han sido más
nefastas.
En Estados Unidos consideran una afrenta imperdonable que alguien, para cumplir
su sueño de viajar a ese país, mienta a las autoridades migratorias y les
entregue información falsa. Pero, ¿no son también una afrenta imperdonable, esta
vez para la humanidad, las mentiras y la alteración de documentos por parte del
gobierno de Estados Unidos, especialmente cuando ello se traduce en invasiones
militares, muerte e inseguridad? ¿Quién juzga a Estados Unidos?
¿Combate Saca la corrupción?
La corrupción, según la concepción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales, implica serios desafíos para la vida social y política de los países en desarrollo. La corrupción mina el proceso de desarrollo, porque desvía recursos importantes que podrían invertirse en el mejoramiento de la vida de los más pobres hacia bolsillos particulares. Además, socava las bases institucionales del estado de derecho. Así, en una resolución de este organismo regional, aprobado en 1992, se consideró que “las prácticas corruptas, junto con otros injustificados condicionalmente al libre comercio, tienen efectos perjudiciales sobre las transacciones comerciales internacio-nales que atraen inversiones, recursos financieros, tecnología, conocimientos especializados y otros importantes recursos del exterior y promueven el desarrollo económico y social en todo el mundo, particularmente en los países de la región que intentan revitalizar o desarrollar sus economías”.
Una intensa semana de negociaciones en el Congreso de los Estados Unidos
En esta semana se efectuaron dos simulacros de votación en algunos comités del Congreso de los EEUU con miras a la ratificación del CAFTA. En los días previos a los simulacros, muchos temores se habían acumulado en el parlamento norteamericano debido a que de los resultados de las votaciones podrían derivarse nuevas disposiciones para aprobar o desaprobar el convenio. En el Congreso de los EEUU se encuentran, por un lado, los republicanos que apoyan la posición del presidente Bush de aprobar lo más rápidamente posible el tratado. Por otro, están los demócratas que consideran que el convenio comercial puede generar una pérdida de empleos en el mercado laboral de los EEUU y peores condiciones de trabajo en los países centroamericanos.
Siguen las muertes
La violencia en El Salvador alcanzó ya niveles intolerables, hasta el punto de ser el tema diario obligatorio de las noticias. Incluso funcionarios gubernamentales como el Viceministro del ramo, Rodrigo Ávila, señalan que el fenómeno sobrepasa el tema de las maras. Pero nadie tiene una solución realista. Entre enero y mayo de este año, el número de asesinatos es de 1,335; esa preocupante cantidad revela la dimensión del problema. No importa sí se es hombre, mujer, niña, niño o anciano; la violencia que azota al país entero y que va en aumento afecta de forma directa o indirecta a toda la población, excepto aquellas personas con recursos para pagar servicios privados de seguridad.
Lo más reciente y preocupante tiene que ver con la ejecución de estudiantes de
bachillerato. Se asegura que en los últimos dos años han muerto alrededor de
setenta. Jóvenes de San Salvador, Ilopango, Soyapango y otros municipios padecen
el permanente temor de ser una víctima más mientras se dirigen a sus
instituciones educativas o cuando vuelven de éstas. Aunque el número de
asesinatos en este segmento poblacional parece bajo, resulta suficiente para
generar una atmósfera de terror que puede redundar en ausentismo escolar. De ahí
que esta particular forma de violentar el derecho a la vida, termine siendo un
impedimento para que las y los jóvenes reciban educación.
La muerte violenta, como es sabido, también alcanza a otros componentes
poblacionales. Son más de 800 mujeres las ejecutadas en los últimos cuatro años.
Muchos de estos crímenes se atribuyen a las pandillas o maras; pero no todos, ni
siquiera la mayoría, son responsabilidad de éstas. Eso sí, el problema que
representan las maras no puede obviarse al analizar los asesinatos de
estudiantes. Sin planes estatales de prevención y rehabilitación, a lo que se
agrega una desatinada represión, estos grupos se han introducido en el alumnado
de secundaria. Muchos estudian-tes fallecidos pertenecían a maras, vivían en
comunidades controladas por éstas o estudiaban en entidades influenciadas por
las mismas.
Se debe recalcar algo evidente: el entorno de los barrios más pobres donde
surgen estos grupos y actúan con violencia es muy duro. Ahí las condiciones
objetivas de vida no son dignas. La falta de oportunidades para el desarrollo
humano es una realidad común en esos sitios. La única esperanza para estos
sectores es emigrar a Estados Unidos, lo que evidencia el círculo vicioso de
esta situación: el sistema económico excluyente que prevalece, expulsa población
desempleada y joven que muchas veces —luego de instalarse por un tiempo en aquel
país— regresa deportada después de haber integrado pandillas; a su vuelta, se
incorporan a las de acá y las fortalecen.
Las maras, el crimen organizado y la delincuencia común son parte crucial del
fenómeno de violencia que padece El Salvador. Tras la guerra, las altas cifras
de muertos se mantienen aunque por razones distintas a las del pasado. En doce
años de “paz” han habido, al menos, 49,391 mil homicidios dolosos según reporta
el Instituto de Medicina Legal; esa cantidad representa las dos terceras partes
de las 75,000 muertes producidas por la violencia política y el conflicto armado.
Pese a que el problema es enorme, las soluciones brillan por su ausencia.
Ninguna de las tres últimas administraciones del Órgano Ejecutivo le ha atinado
al asunto. Se ha preferido la represión y desdeñado otros recursos importantes.
Lo peor es que el tema de la delincuencia ha sido utilizado para hacer
propaganda política a favor de ARENA; las medidas adoptadas sólo buscan el
impacto publicitario. El FMLN tampoco parece tener claro qué hacer, al haberse
convertido en una fuerza reactiva ante las acciones oficiales.
Para enfrentar con algún éxito el alza de homicidios y la delincuencia en
general, se necesita un gran esfuerzo nacional que incluya —además del Ejecutivo—
al Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Policía Nacional Civil, los
partidos políticos, las iglesias, las universidades, asociaciones profesionales
y gremiales, así como otras expresiones sociales organizadas y la población en
general. Pero en una verdadera cruzada que no sea partidarista, sino patriótica.
Eso es lo que la realidad exige en este momento. Asimismo, urge un diagnóstico
profundo y serio de la situación para luego estudiar, discutir y acordar
alternativas integrales de solución que incluyan toda sugerencia y propuesta
sensata.
¿Que convoque el gobierno? Quizá. Pero si éste no lo hace, alguien debe hacerlo
sabiendo que cualquier paso a dar debe partir y basarse en el respeto de los
derechos humanos. En esa línea, hay que dejar de achacar a las maras toda la
delincuencia o no pensar que con operativos policiales publicitarios va a acabar
el azote. Ni Francisco Flores ni Antonio Saca disminuyeron los homicidios con
sus planes “Mano dura” y “Súper mano dura”; tampoco lo logró Armando Calderón
Sol con su Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen
Organizado. En la práctica, tales iniciativas generaron violaciones a los
derechos individuales e inseguridad jurídica, además de atentar contra el marco
constitucional del país.
El alza delincuencial y de muertes debe enfrentarse de inmediato y en serio.
Además de cada tragedia individual, la violencia también daña al país en lo
económico. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 2003
costó 259.5 millones de dólares. Además, según Federico Colorado, presidente de
la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la violencia “es un factor que
envía señales negativas a la inversión nacional y extranjera”.
Debe producirse, entonces, un cambio drástico de política criminal antes de
tocar fondo. La falta de prevención y rehabilita-ción, así como la debilidad
institucional son males a superar. Lo mismo ocurre con la impunidad; derrotarla
exige no sólo considerar la etapa de posguerra, sino también la impunidad que
protegió a los criminales de guerra y a los responsables de las violaciones a
los derechos humanos. Según Andrew Rigby y Michael Ignatieff, cuando las
instituciones estatales no reconocen e incorporan el valor de la no-violencia
dentro de su actuar, se repiten conductas violentas del pasado. Es parte de la
herencia de una guerra en la que se pierden valores y se desprecia la dignidad
de las personas. Eso ha ocurrido en El Salvador.
Hoy en el país se combinan la violencia estructural y la política, intimidando
de forma permanente a la población. Ese terror se ha vuelto rutina y las
expresiones de agresión interpersonal son una forma de constatarlo. Está
comprobado que, con el tiempo, esa violencia crece y se convierte en una cultura
de terror que establece al crimen como parte de la vida normal, ya sea en la
esfera privada o pública. Esa violencia social, además, constituye la amenaza
más grave para las libertades fundamentales, la legalidad y los derechos humanos.
El problema, entonces, hay que verlo desde todas estas ópticas sin permitir,
como ya se dijo, que ninguna solución o alternativa pase por alto el respeto de
la dignidad humana. Sólo con propuestas participativas, sin intereses políticos
partidaristas y con esfuerzos sinceros puede realizarse la aspiración de vivir
en una sociedad sin violencia.
Discurso del Presidente Elías Antonio Saca (II)
A continuación, presentamos la segunda y última parte del
discurso del presidente de la República, Elías Antonio Saca, con motivo del
cumplimiento de su primer año de gobierno, el 1º de junio de 2005.
Discurso del Presidente Elías Antonio Saca (II)
La oferta de crédito será acompañada por capacitación en la tecnología de
microfinanzas, de tal forma que el crédito sirva como herramienta efectiva del
combate frontal contra la pobreza y como una forma viable de dinamizar la
economía en donde más se necesita.
También hemos abierto nuevas posibilida-des de crecimiento a empresas grandes y
a través de nuestra política de atracción de inversiones. Hemos estimulado la
venida al país de empresas extranjeras que contri-buyen a dinamizar la economía.
En total, hemos captado alrededor de mil millones de dólares en inversión
directa de parte de empresas extranjeras. En este primer año se establecieron en
el país quince empresas atraídas por la Comisión Nacional para la Atracción de
Exportaciones e Inversiones (CONADEI), presidida por la señora vicepresidenta de
la República, con el potencial de generar alrededor de cuatro mil empleos
directos y ocho mil indirectos en los próximos meses. Algunas empresas que
invirtieron en el país en estos últimos doce meses son: Dell, Dorian´s,
Decameron, Sanborns; Holcim, en la industria del cemento; Scotiabank, Avery
Dennison y Jumex, entre otras.
Además de la generación de empleos, la confianza que han tenido en nosotros
estas empresas coloca al país en el radar internacional como un país abierto al
mundo, estable, atractivo y en condiciones de ofrecer un clima de competitividad.
Las facilidades de servicios, la infraestructura de primer orden y la excelente
reputación de la laboriosidad de nuestra gente le siguen dando al país una
ventaja competitiva como destino de inversión.
El pasado mes de diciembre logramos la ratificación legislativa del Tratado de
Lbre Comercio con los Estados Unidos, con lo cual iniciamos una nueva era de
preparación para la apertura de mercados, para un nuevo marco competitivo donde
se diluyen las fronteras y el mundo se vuelve pequeño. Hace apenas un mes
estuvimos en Washington, con los presidentes de Centroamérica y República
Dominicana, explicándoles a los congresistas por qué el TLC es bueno para los
Estados Unidos y es bueno para nuestra región.
El TLC no es una panacea. Con o sin el TLC, las empresas de todos tamaños ya
están entrando a una cultura de exportación que le va a cambiar la fisonomía a
nuestro país en el corto plazo.
Me complace especialmente notar como a nivel de pequeñas empresas se está
gestando un cambio importante por el cual nuestro país exporta productos que
hace algunos años no podríamos imaginar que fueran fuente de divisas, y es que
la apertura comercial privilegia la creatividad y competitividad, sin tomar en
cuenta el tamaño de la empresa.
El TLC, si se ratifica, es para todos, incluyendo empresas familiares. Las
empresas pequeñas y medianas tienen una enorme oportunidad de pensar en grande y
encontrar nuevas avenidas de creci-miento. Las empresas agroindustriales tienen
enormes oportunidades, así como los productos no tradicionales o considerados
nostálgicos.
En enero de este año lanzamos oficialmente el proyecto del puerto La Unión, que
traerá incalculables oportu-nidades de desarrollo para el país y el despertar
económico y social para toda la zona oriental. El puerto La Unión está diseñado
para volverse un nuevo punto de entrada al continente americano. Con el nuevo
puerto, El Salvador será el centro logístico de Centroamérica y parte de un
nuevo canal seco que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.
Constituimos la Comisión Nacional para la Modernización Laboral, para mejorar
las condiciones de los trabajadores; iniciamos una nueva jornada de censos
económicos; pusimos a funcionar una reforma fiscal, con la cual cerramos
numerosos huecos fiscales tanto en las leyes del impuesto sobre la renta, IVA,
Código Tributario e infracciones aduaneras. Asimismo, reformamos el Código Penal
para sancionar severamente, hasta con la cárcel, a aquellos que evaden la
responsabilidad de pagar sus impuestos. Ya estamos aumentando la recaudación de
ingresos para inversión social sin haber aumentado los impuestos de IVA y renta,
a pesar de las difíciles circunstancias financieras que encontramos hace un año.
Reformamos integralmente el Código Tributario con más de ochenta cambios que lo
modernizan, a la vez que activan nuevas figuras de retención y percepción, así
como nuevas formas de pago a cuenta. Además, aprobamos nuevas obligaciones
tributarias para los licores, armas, cigarrillos y pólvora para financiar el
fondo solidario para la salud (FOSALUD).
Quiero hacer un especial énfasis en el agro. Reactivamos el cultivo del algodón
y ya se produjeron nueve mil pacas de algodón en 3,200 manzanas sembradas en
Usulután con garantía de comercialización de la industria textil salvadoreña.
Para este año agrícola se triplicará el número de manzanas a cultivar. Dentro de
poco presentaremos la ley de arrendamiento para el fomento de la producción
agropecuaria, para rescatar de forma segura la productividad y rentabilidad de
las tierras no cultivadas o abandonadas, otorgando seguridad jurídica a los
propietarios de las mismas.
Relanzamos, además, el Banco Hipotecario, para especializarlo en el
financiamiento integral de la pequeña y mediana empresa, con especial énfasis en
la agricultura. a la fecha tenemos 140 millones de dólares invertidos en
financiamiento a pequeñas y medianas empresas en los diferentes sectores
productivos del país. Sólo en el primer trimestre de este año el Banco
Hipotecario colocó 47% más de créditos con respecto al año anterior.
Apoyamos el Bono Forestal, un innovador programa que generará miles de nuevos
empleos a través de una inversión de 5.6 millones de dólares. Mediante el
programa integral de renovación del parque cafetalero, facilitamos cuarenta
millones de dólares en créditos para rescatar áreas de cafetales, como incentivo
al empleo rural.
Además se redujo la tasa de interés del fondo de emergencia para el café, del 11
al 7.75%, para incentivar y facilitar las condiciones de los productores de
café. De igual forma, otorgamos microcréditos agropecuarios por un monto de casi
un millón de dólares a unos 700 micropro-ductores en diversos tipos de cultivos.
Hemos fortalecido el Banco de Fomento Agropecuario a través de un proceso de
fortalecimiento y reordenamiento institu-cional, para apoyar de una forma más
profesional y efectiva al sector agropecuario. Hemos hecho una fuerte apuesta a
la diversificación agrícola y hoy tenemos 1,800 manzanas nuevas de cultivos
frutales, generando opciones rentables y sostenibles en el tiempo para pequeños
agricultores.
Con mucha satisfacción y un gran sentido de esperanza quiero decirles que el
sector agrícola creció en un 3.3%, con lo cual rompimos un estancamiento de ocho
años. La agricultura se ha convertido en el sector económico que más está
creciendo en nuestra economía. Quiero aprovechar esta oportunidad para
reiterarle a este sector que continuará recibiendo nuestro apoyo para hacer de
nuestra administración el quinquenio del agro.
Otro paso que dimos en nuestro esfuerzo por dinamizar la economía fue la
apertura del libre paso de mercaderías entre El Salvador y Guatemala, con lo
cual agilizamos en comercio, el tránsito de personas y por supuesto avanzamos en
la integración. También debo destacar la creación de la fuerza binacional de
seguridad, la cual ha contribuido a reducir el índice de asaltos en la zona
fronteriza entre ambos países.
Asimismo, presentamos la ley de libre competencia, que proveerá reglas claras y
orden en el mercado, creando condiciones de transparencia e igualdad. En las
próximas semanas presentaremos la Ley de Titularización de Activos y la Ley de
Fondos de Inversión, para facilitar la obtención de recursos financieros que le
den liquidez a la economía.
Ordenamos una reducción del 15% de las tarifas del puerto de Acajutla, a partir
del 1° de enero del presente año, aumentando así la competitividad. Financiamos
a través del BMI créditos por un monto de casi 26 millones de dólares para
microempresas y por 14.5 millones a pequeñas y medianas empresas.
Una de las promesas cumplidas más importantes ha sido la creación del Ministerio
de Turismo, que está generando nuevas posibilidades de desarrollo económico y
social. Lanzamos nuestra propuesta de Política y Estrategia Nacional de Turismo,
que contiene una clara dirección, un compromiso formal y una estrategia nacional
para desarrollar el sector turístico. Las divisas y el flujo de turistas ya
comenzaron a ver mejorías sustanciales en los últimos meses. la inversión en el
sector creció en un 5.6 por ciento.
Otra promesa que hemos cumplido ha sido el papel agresivo del gobierno en una
defensa más decidida del consumidor. En primer lugar elevamos el tema de la
protección al consumidor al rango presi-dencial. Luego sometimos a discusión la
nueva ley de protección al consumidor después de un amplio proceso de consultas.
De igual forma, promovimos cambios en los formatos de contrato de telefonía y
tarjetas de crédito, para hacerlos más transparentes y más amigables a los
consumidores.
Vamos a darle al tema de protección al consumidor una atención de primer orden,
para ello le otorgaremos un tratamiento integral a través de tres acciones
puntuales: primero, la creación de la Defensoría del Consumidor como entidad
autónoma; segundo, la creación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor,
en el que, además de la Defensoría del Consumidor, participarán las dependencias
del Órgano Ejecutivo y demás instituciones del Estado, que entre los asuntos de
su competencia les corresponde velar sectorialmente por los derechos de los
consumidores o vigilar a las empresas que operan con el público. Finalmente,
vamos a involucrar a la sociedad civil representada en las Asociaciones de
Consumidores, a través del Consejo Consultivo que asesorara a la Defensoría del
Consumidor. Con esto le estamos cumpliendo a la clase media que constantemente
se queja de abusos del mercado.
La inversión pública proyectada para este año es de 510 millones de dólares, con
obras tan importantes como el Boulevard Diego de Holguín, proyectos de agua
potable, nuevos centros penitenciarios, construcción, reconstrucción y
equipamiento de centros hospitalarios en Cojutepeque, el Hospital San Rafael de
Santa Tecla y el San Pedro, en el departamento de Usulután.
En el tema de infraestructura seguimos avanzando. Estamos trabajando en nuevas
calles, nuevos accesos, y el mantenimiento de primer nivel que le estamos dando
a la infraestructura de carreteras a través del fondo de conservación vial.
Entre los numerosos proyectos nuevos que hemos inaugurado, puedo mencionar que
abrimos la calle que conecta Occidente con Oriente a través de la prolongación
del Bulevar Orden de Malta, en la parte sur de la capital, además de la
ampliación de la Calle a Huizúcar, lo cual evita que el tráfico entre Occidente
y Oriente del país circule a través de la ciudad de San Salvador.
Para iniciar nuestro segundo año con buenas noticias, en los próximos días
anunciaré la política nacional de vivienda, que se convierte en una iniciativa
de estado que nuestro gobierno impulsará para contribuir sustancialmente al
desarrollo humano y económico del país.
Este es un tema que trascenderá el quinquenio de nuestro gobierno.
Como una medida complementaria a la apertura comercial y cumpliendo con el plan
estratégico de nuestro programa de gobierno, lanzaremos oficialmente en los
próximos días, bajo la coordinación del gabinete económico los componentes de la
política industrial, con el propósito de incentivar a la industria nacional.
Quiero hacer especial énfasis en un tema que es de trascendental importancia
para mi gobierno y para todos los salvadoreños. Me refiero al de la protección
de los ahorros de todos los trabajadores a través del sistema de pensiones. Como
gobierno hemos identificado una serie de medidas que están siendo analizadas en
coordinación con la comisión especial que para tales efectos se ha constituido
en la honorable asamblea legislativa, entre las cuales destaca la reducción de
la comisión que las AFP cobran a todos sus afiliados por el manejo de sus
ahorros previsionales.
Esta es una medida que generará un importante impacto en la economía de miles de
hogares.
Asimismo quiero destacar el aumento del salario a los empleados públicos, que
durante los últimos ocho años ha perma-necido estático, como un aspecto
prioritario en mi gobierno para favorecer a los servidores del estado.
En lo social, nuestra filosofía está claramente definida. la promesa hecha el 1º
de junio del 2004 fue contundente: “lo social no es complemento de nada, lo
social es la base de todo”. Esa promesa ha regido nuestro rumbo este último año,
y hemos tenido enormes avances, sobre todo en las áreas de combate a la pobreza,
reforma de salud, y ambiciosos pasos en educación.
Lo más destacado en la parte social es sin duda el lanzamiento del programa
presidencial “oportunidades”, hecho histórico, pues es la primera vez que el
país aborda de manera integral el desarrollo humano. En la historia de El
Salvador el programa “oportunidades” no tiene precedentes.
“Oportunidades” tiene cinco componentes:
1) Red solidaria, que está combatiendo la pobreza y extrema pobreza de forma
frontal con la prestación de servicios básicos.
2) El programa de microfinanzas “Tu crédito” para el desarrollo integral de las
micro y pequeñas empresas, que está fomentando y apoyando el desarrollo de
nuevas fuentes de ingresos a través del auto empleo.
3) El FOSALUD, que en su primera etapa ampliará la atención de 150 unidades de
salud en todo el país.
4) El programa presidencial Jóvenes, que ya ha comenzado a generar espacios de
desarrollo para la juventud a través del proyecto de las canteras del fútbol,
impulsado por nuestro gobierno a través de la Fundación “Educando a un
Salvadoreño” (FESA).
5) El programa Conéctate, que está facilitando la construcción de un modelo de
educación pública que coloque la tecnología y la información al alcance de
nuestros estudiantes.
Para hacer posible “Oportunidades”, primero levantamos el mapa de la pobreza, un
estudio sin precedentes que nos permitió identificar con exactitud cuáles son
los municipios más pobres de nuestro país. Con ese mapa atenderemos de forma
focalizada a las familias con mayores necesidades a través de la red solidaria.
En este primer año también lanzamos el Plan 2021, que hará posible la más
profunda transformación de la educación en la historia de El Salvador.
Conformamos una Comisión de alto nivel con gente respetable y ya tenemos claras
las metas: mejorar la lectura y las matemáticas, masificar el aprendizaje del
inglés y aprovechar la tecnología. Para este último tema creamos el
viceministerio de Ciencia y Tecnología.
Para volver el inglés una prioridad lanzamos el programa de inglés “Compite”,
con cursos para 1,250 estudiantes de séptimo grado en tres ciudades durante la
primera fase. Además lanzamos el programa “Comprendo”, una iniciativa diseñada
para fortalecer el lenguaje y las matemáticas, beneficiando inicialmente a más
de siete mil niños y niñas en 110 escuelas de todo el país.
Los recursos que hemos destinado a educación son significativos. Incorporamos
mil maestros adicionales al sistema de educación pública desde el primero de
junio del 2004, llegando a un gran total de 43 mil 268 docentes públicos. En el
mismo período inauguramos 68 nuevos centros escolares, que benefician
directamente a 63 mil 842 estudiantes en todo el país.
En el área de salud, retomamos el trabajo y las propuestas de la Comisión para
la Reforma Integral de Salud, un comité de alto nivel que dará seguimiento a las
medidas consensuadas con las distintas fuerzas políticas y los representantes
sectoriales inmersos en dicha temática. También lanzamos el plan de reducción de
la mortalidad materna, diseñado para beneficiar a dos millones de mujeres entre
las edades de diez y 54 años, con una inversión de quince millones de dólares.
Ampliamos la cobertura médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social para
los hijos de los trabajadores, que antes sólo estaban cubiertos si eran menores
de seis años. Ahora atendemos a niños entre cero y doce años, sin aumentar las
cotizaciones. También descentralizamos las consultas de especialidad mediante el
nuevo sistema de consulta integral especia-lizada. Con ello hemos
descongestionado y agilizado el sistema de citas, atendiendo las especialidades
a través de terceros.
En materia de cobertura de salud también ampliamos la atención de consulta
externa especializada en el Hospital Benjamín Bloom, hasta los 18 años.
Además inauguramos el nuevo Hospital General del Seguro Social, con capacidad
para cuatrocientos pacientes ingresados, lo cual ayuda a descentralizar la
atención del Hospital Médico Quirúrgico y en general nos ayuda a agilizar la
atención que damos a todos los afiliados al Seguro Social.
Anunciamos la inversión de cien millones de dólares de dólares como parte del
más ambicioso programa de construcción de infraestructura para el Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, entre las que se encuentran los hospitales de
Sonsonate, Medico Quirúrgico y Psiquiátrico, así como las unidades médicas de
Ilopango, Chal-chuapa, San Miguel, Ateos y Ahuachapán.
Reformamos el Código de Trabajo para prohibir que los empleadores exijan a
personas que buscan empleo pruebas médicas que certifiquen que no tienen VIH
SIDA, eliminando así patrones de discrimi-nación. Además, en nuestro esfuerzo
por llevar el desarrollo al sector rural, en los últimos doce meses financiamos
casi mil obras de desarrollo local a través del Fondo de Inversión Social para
el Desarrollo Local (FISDL). En estas obras hemos invertido más de 27 millones
de dólares en agua, electrificación rural, educación, salud y viviendas.
Además, incrementamos el FODES al 7%, para fortalecer a los gobiernos locales.
Como muestra de nuestro compromiso con el desarrollo local, conformamos la
Comisión Nacional para el Desarrollo Local (CONSADEL), donde junto a COMURES,
ISDEM y el sector privado unimos esfuerzos para fortalecer a las alcaldías y
darle mayores herramientas para su trabajo. Estamos analizando las propuestas de
reforma al Código Municipal y a la Ley General Tributaria Municipal que nos
fueron presentadas por esta Comisión. Proyectos que esperamos presentar en los
próximos días a la Asamblea Legislativa.
En el tema del medio ambiente, también conformamos el Consejo Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA), y logramos la aprobación de la ley de áreas naturales
protegidas, la cual proporciona el marco legal para proteger áreas de alta
biodiversidad.
En el tema del desarrollo humano, el papel que ha jugado la Secretaría Nacional
de la Familia ha sido sumamente vital, impulsando el programa de asistencia
alimentaria a grupos vulnerables. Con el liderazgo de la primera dama, esta
Secretaría ha atendido a 113 mil 326 familias de escasos recursos con paquetes
alimentarios y la atención de otras necesidades.
Además, a través de FONAVIPO, hemos otorgado créditos de vivienda a 6 mil 900
familias. En este rubro hemos invertido 25 millones de dólares. También ubicamos
a cien mil 400 familias en 37 nuevos asentamientos humanos, donde se han
otorgado terrenos en coordinación con distintos gobiernos municipales.
No puedo terminar mi informe sobre nuestra gestión del área social sin mencionar
la enorme satisfacción que nos causa el evidente despertar cultural que está
teniendo nuestro país. A través de CONCULTURA lanzamos la primera Consulta
Nacional sobre la Cultura, lo que significa que por primera vez en la historia
del país estamos a punto de recorrer todo El Salvador para comprender mejor
nuestra cultura, incentivarla y promoverla a nivel nacional.
Al emprender un nuevo año de gestión, me siento lleno de optimismo y de fe en el
futuro. Tenemos problemas, pero lo más importante es que tenemos soluciones. Y
el país nos reclama mucha sensatez y mucha conciencia de nación para que las
soluciones se hagan realidad. Es evidente que el país gana cuando todos los
sectores, más allá de las naturales diferencias, podemos unirnos en función de
los objetivos nacionales básicos, que a todos nos afectan y que a todos deben
interesar.
Yo quisiera, sinceramente, que el país pudiera ver esa foto con más frecuencia.
La democracia y el pluralismo lo hacen factible y necesario. Es difícil gobernar
cuando el criterio opositor se vuelve obstáculo permanente. Tanto el gobierno
como la oposición tienen un papel determinante en el ejercicio democrático.
Entender, aceptar y activar dicho papel es lo que produce la estabilidad real de
una sociedad. Cuando nos unimos y hacemos esfuerzos conjuntos los beneficiados
somos todos los salvadoreños.
Por eso reitero, una vez más, la invitación que he venido haciendo desde hace un
año: la invitación a dialogar abiertamente, a concertar sin prejuicios, a
impulsar en común las soluciones a nuestros problemas. Quiero, por tanto,
invitar nuevamente a todos los partidos a una misma mesa de país, a un solo
esfuerzo concertado en beneficio de El Salvador. Hay que trabajar seria y
perseverantemente para ponerse de acuerdo. Y ese trabajo es el que las
circunstancias históricas y las condiciones nacionales nos demandan. Hagámoslo.
Sin miedo, sin crispación, sin arrogancia. Como salvadoreños primordialmente
interesados en el bien de la patria.
Agradezco nuevamente a Dios por la fortaleza, la paciencia y la humildad. Estos
doce meses me han hecho más tolerante, más sensible y más solidario. Mi
conciencia ha crecido y mi fe es más fuerte. No podría estar en este puesto sin
el sustento de la fe, sin el apoyo en los principios morales y sin la compañía
de mi familia.
Una palabra especial para mi familia. Para mi esposa Ana Ligia y para nuestros
hijos. Son ellos los que me dan la luz cotidiana para ver claro el camino. Ana
Ligia, entregada a su trabajo incansable a la par de la gente, me recuerda a
cada instante, con el ejemplo, que este es un gobierno con sentido humano.
Agradezco también a mi equipo de trabajo, a mis colaboradores y a todos los
funcionarios y empleados de la administración, que cumplen a diario su tarea,
con abnegación y perseverancia, y son los gestores del informe alentador que
presentamos este día. Y no podría dejar de agradecer a todos los salvadoreños
que se me acercan constantemente a darme consejos y palabras de aliento. En
ellos puedo descubrir el verdadero ser nacional.
Es de reconocer la buena voluntad de cooperación que he encontrado en los otros
órganos del Estado; y, desde luego, hacer patente la gratitud a mi partido ARENA
y a los otros partidos políticos, por haber acompañado oportunamente los empeños
de nuestra gestión.
La respuesta a nuestros problemas y a nuestras aspiraciones nacionales sigue
siendo la misma de siempre: trabajo todos los días, de sol a sol. Sólo el
trabajo renueva la esperanza y aviva el espíritu. Sólo el trabajo alimenta la
confianza que tanto necesitamos para progresar. El trabajo ha sido siempre la
consigna nacional por excelencia. Sigamos haciendo honor a dicha consigna, como
salvadoreños auténticos que somos.
Humanamente, estoy satisfecho de la labor desarrollada en este año, pero a la
vez tengo plena conciencia de todo lo que falta por hacer. Y por eso me siento
más comprometido que nunca a responderle al país y a la gente, pues el futuro
nos trae grandes oportunidades y grandes retos. Ni las oportunidades se dan por
sí solas ni los retos se resuelven por sí mismos. Tenemos que planificar la
acción para que dé los frutos que deseamos.
Pese a cualquier valoración pesimista, el país está entrando en una dinámica
social de certidumbre y esperanza. Eso no impide que la ciudadanía ejerza, como
es su derecho, el normal espíritu crítico. La crítica no tiene por qué impedir
la ilusión. La exigencia de ser y estar cada día mejor es un componente
dinamizador de la realidad. No le temamos al juicio ciudadano. No le temamos al
cambio responsable. Esa es nuestra filosofía.
Para terminar, deseo reiterarles que Tony Saca se mantendrá abierto al dialogo y
al consenso. Este servidor, hoy más que nunca, y mañana más que hoy, continuará
cumpliendo con su deber y con su función, sin descanso, sin desmayo, sin
reticencias. Porque creo firmemente que El Salvador vale la pena.
Salvadoreños: hemos cumplido promesas que están cambiando vidas.
Soy Tony Saca, tu presidente.
Que Dios siga bendiciendo a esta sagrada tierra... que Dios nos ilumine a todos.
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655 |
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