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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 25
número 1150
Junio 22, 2005
ISSN 0259-9864

Índice

Editorial: Justificaciones para la incompetencia

Política: Víctimas del autoritarismo estatal

Economía: Nuevo asalto al bolsillo de los salvadoreños

Sociedad: Indefensión ciudadana ante el problema del transporte público

Regional: El caso de Ecuador

Derechos Humanos: Propuesta para elegir fiscal

Documento: Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas

Editorial

Justificaciones para la incompetencia

Las autoridades salvadoreñas buscan ansiosamente pretextos para justificar los exiguos resultados de sus esfuerzos para garantizar una seguridad ciudadana aceptable. El hecho que más cuestiona sus afanes es la elevación de la ya alta tasa de homicidios. El director de la policía se escuda en la desaparición de los secuestros, hecho importante a su juicio, porque era una preocupación de la cúpula empresarial, a la cual hay que mantener contenta, pero eso sucedió ya hace tiempo. Luego agrega que las pandillas son un problema continental, como si esto lo librara de su responsabilidad inmediata y como si su generalidad equivaliera a normalidad y, por lo tanto, un fenómeno con el cual habría que aprender a convivir, porque el gobierno es impotente. El interés que el FBI pueda tener en las pandillas tampoco es de mucha ayuda para el país, a no ser que se piense que esta agencia estadounidense es la que se va a hacer cargo de las obligaciones del director de la policía salvadoreña. Lo normal no es la existencia de pandillas —una señal irrefutable de crisis social y, en concreto, de exclusión—, sino que no las haya, así como también que la tasa de homicidios se mantenga dentro de los límites promedios. El último argumento que el desbordado director se ha sacado de la manga es que los asesinatos están motivados políticamente, ya que el país se encuentra en campaña electoral. Pero el aumento de la tasa de homicidios es anterior al comienzo de la campaña actual y no tiene ningún argumento para demostrar semejante conexión. Hasta su jefe inmediato superior, el presidente Saca, ha desautorizado esta explicación por falta de pruebas.

El director de la policía se encuentra tan desbordado por el alza experimentada en los homicidios, que no sabe cuándo remitirá. Esto significa que no tiene metas, ni tampoco planes consistentes. Reacciona al día a día, sin prevenir, sin planificar, sin evaluar resultados. Su postura es muy similar a la del gobierno para el cual trabaja, que también espera que la crisis económica se resuelva por sí misma. Ninguna de estas posturas es extraña, pues el mismo presidente Saca tampoco sabe bien cómo enfocar la violencia creciente y generalizada y, en concreto, el desafío de las pandillas y los homicidios. Reconocer la existencia del problema, e incluso su agravamiento, y afirmar que se trabaja mucho para superarlo, de lo cual no hay razones para dudar, no supone ningún avance. La cuestión es que, en lugar de disminuir, la tasa de homicidios aumenta. Entonces, ¿cómo explicar que tanto trabajo, medido en miles de operativos y en miles de capturados, no arroje mayor seguridad ciudadana?

Al llegar a este punto, la explicación de las pandillas se vuelve insuficiente, pues no da cuenta del aumento de los asesinatos, ni de otros delitos, como la violencia doméstica, en especial, contra la mujer y los niños, los cuales son pasados por alto, ante el volumen de los homicidios. Si, tal como afirma el presidente Saca, “es importante meter a la cárcel al pandillero peligroso, que es contratado por las mafias para matar personas”, ¿por qué no dedica sus mejores esfuerzos a perseguir a esas mafias que emplean a los pandilleros? Según su análisis de la violencia, podría avanzarse hacia un mayor control si atendiera a la raíz de los homicidios y no al follaje. Es incomprensible que el gobierno de ARENA no haya adoptado medidas obvias y, en cambio, insista en mantener el modelo fracasado de más leyes y más acciones de carácter represivo, dictadas y aplicadas de forma tan inconsistente como inútil. Junto a los homicidios, aumentan la corrupción y los abusos de autoridad de la policía, las empresas de seguridad y el comercio de armas de fuego, y el poder de ciertas instituciones. Es incomprensible que un gobierno que se propone controlar el crimen pretenda reelegir a un Fiscal General que ha demostrado su incompetencia, en repetidas ocasiones. Es normal, entonces, que el descalabro continúe y haga sentir cada vez más sus devastadores efectos. Tanta irracionalidad sólo es explicable por la incompetencia gubernamental para enfrentar uno de los desafíos más graves de estos tiempos.

Los análisis del gobierno de ARENA y, en particular del Ministerio de Gobernación, pasan por alto la incapacidad total de la policía para investigar el crimen, la cual carece de los conocimientos básicos y de personal suficiente y motivado, así como también de recursos. Esto aparte de la independencia para investigar, puesto que, con frecuencia, las órdenes superiores deciden las investigaciones policiales para proteger a determinados delincuentes. Por eso, la cualidad más importante del Fiscal General es la docilidad a las órdenes superiores. Las autoridades todavía no han comprendido que existen delitos donde no hay testigos que vieron u oyeron, o la policía y la Fiscalía no pueden presentar uno, o el juez no da credibilidad al que le presentan. Los recursos de la ciencia criminal, como los elementos físicos que pueden identificar al delincuente, las pruebas balísticas, sanguíneas y de ADN, los cálculos físicos, matemáticos o médicos, etc., están fueran del alcance de estas autoridades. Al parecer, estos recursos son demasiado complejos para unas autoridades poco versadas en la ciencia criminal, aunque son aceptados en la mayoría de los tribunales, cuyas resoluciones no descansan en la declaración de un testigo. En vez de atender estas deficiencias, el gobierno se propone ahora identificar el homicidio con el terrorismo, en teoría, para aumentar el castigo; en realidad, para rehuir las tareas indispensables que debe asumir para controlar la violencia. Semejante identificación sólo es explicable desde la confusión mental de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana.

El desconcierto del gobierno de ARENA se ceba contra los jueces, como si el obstáculo principal para controlar el crimen fueran sus decisiones y, peor aún, su incumplimiento de las leyes. En contrapartida, presenta al Ministerio de Gobernación como la institución que sabe captar las necesidades de la gente con fidelidad. En consecuencia, los jueces deberían seguir sus indicaciones para evitar cometer errores, con lo cual también quedarían sometidos a las órdenes del poder ejecutivo, el único que conocería el rumbo correcto. Los jueces no están libres de errores, ni tampoco de responsabilidad, en algunos casos. Pero los argumentos con los cuales el Ministerio de Gobernación pretende justificar su intervención directa en la administración de justicia son falsos. Al gobierno de ARENA le preocupa sobremanera que los jueces pongan en libertad a los detenidos que considera peligrosos. La idea del presidente Saca es que, al detenido por la policía, el juez lo envíe a la cárcel sin mayor consideración. Este concepto responde a una visión muy particular de la administración de justicia, según la cual lo importante es mantener el funcionamiento sincronizado de la cadena para producir reos. La policía selecciona y captura a los candidatos y el juez los manda a la cárcel. Las pruebas judiciales e incluso la actuación de la fiscalía no serían necesarias. Pareciera que el juicio de la policía es evidencia absoluta de culpabilidad, por consiguiente debe ser acatado por los jueces, cuya función sería de mero trámite burocrático. El modelo propuesto es típico del Estado policial.

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Política

Víctimas del autoritarismo estatal

La administración pública de El Salvador parece funcionar como un gigantesco aparato en donde el nepotismo, el abuso de autoridad y la ineficiencia constituyen la regla. Se esperaba que el proceso de democratización iniciado en 1992 contribuyera a una nueva relación entre gobernantes y gobernados y que ese cambio se viera reflejado en el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, hasta ahora, el atavismo autoritario ha ganado la batalla. Dentro del conjunto de los problemas que enfrenta la administración pública, este comentario se va a centrar en uno en particular: la designación y control de los funcionarios públicos por parte de las autoridades políticas. Este tema tiene relación directa con la huelga de hambre que llevan a cabo, en estos momentos, unos empleados despedidos del Ministerio de Gobernación.

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Economía

Nuevo asalto al bolsillo de los salvadoreños

En esta semana, la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) anunció un alza en el pasaje debido al incremento en el precio del diesel. La gremial, que, según sus dirigentes, aglutina alrededor del 99% de los empresarios de buses, ha tomado la decisión de elevar la tarifa de veinte a treinta centavos de dólar. Para los propietarios de buses, las unidades de transporte público han estado operando con escasos márgenes de utilidad, como fruto del incremento de precios en los derivados del petróleo que afecta la economía desde el año pasado.

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Sociedad

Indefensión ciudadana ante el problema del transporte público

Las gremiales de empresarios del transporte público han puesto nuevamente en jaque a las autoridades gubernamentales y a los usuarios. Pero más a estos últimos: demandan la autorización de un nuevo incremento de la tarifa que cobran las unidades de transporte urbano e interurbano que, de hacerse efectiva, vendría a sumarse a la pronunciada espiral inflacionaria que ha golpeado el bolsillo de los salvadoreños en los últimos meses. El alza, al parecer, es inminente, ante la incapacidad del gobierno para representar los intereses de los usuarios y la indefensión de estos últimos.

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Regional

El caso de Ecuador

¿Son las sociedades latinoamericanas contemporáneas pasivas ante las decisiones que toman sus gobernantes? Para muestra un botón: la sociedad salvadoreña, probablemente intoxicada de los políticos profesionales, no se inmuta mayormente frente a una posible alza en el transporte público. Sin una alternativa política confiable frente a las fuerzas hegemónicas, El Salvador parece sumirse en el conformismo y en la apatía. A partir de esto, muchos prevén un panorama apocalíptico frente al avance de la globalización neoliberal y se erizan frente a lo que ven como un desastre total, impulsado por los tratados de libre comercio de inminente puesta en vigor.

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Derechos Humanos

Propuesta para elegir fiscal

Como en otras experiencias, cuando llega la hora de nombrar funcionarios y funcionarias de “segundo grado”, los diversos partidos políticos salvadoreños se entrampan en un forcejeo buscando imponer al candidato de su preferencia. En esa dinámica de intereses y poderes alejados del bien común, se facilita ubicar personas incompetentes en cargos de suma importancia para el desarrollo de la institucionalidad. No en vano, la llamada “clase política” nacional tiene muy baja reputación. En cambio, existen otros países donde para este tipo de eventos se organizan foros para que las y los aspirantes se presenten al escrutinio público. En Estados Unidos de América (EUA), por ejemplo, se presentan ante el Senado y la Cámara de Representantes a debatir entre ellas y ellos; además, lo hacen con las legislaturas y a través de los medios de difusión, por ejemplo, con la población. Cuando se trata de reelegir a alguien, examinan su labor antes de decidir. ¡Que lejos se encuentra nuestro país de esas sanas costumbres! A las pruebas hay que remitirse.

Las y los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) pretenden ratificar ya, sin importar los costos, al Fiscal General de la República. Para esa bancada, el sexenio de Belisario Amadeo Artiga Artiga en el cargo no necesita evaluación alguna; tampoco cruza por sus mentes abrirse a candidaturas mejores. La realidad es que el tráfico de influencias y los intereses creados de grupos políticos y económicos poderosos propician situaciones como ésta, entregando importantes cargos a individuos sin experiencia práctica y conocimiento teórico a la altura del trabajo asignado; peor aún, sin compromiso con el mandato constitucional y legal al cual deberían responder. De igual forma, en ocasiones se prorrogan mandatos a funcionarios y funcionarias que en su paso por el puesto han debilitado la institucionalidad del país, en lo relativo al combate de la impunidad y la corrupción.

Es necesario y oportuno, entonces, hacer un esfuerzo por iniciar un diálogo serio entre todos los sectores sociales y políticos relacionados con esos asuntos de vital importancia para la convivencia armónica y pacífica. Es deseable y debería ser posible —en la actual coyuntura— conocer las y los candidatos para conducir la Fiscalía General de la República (FGR), entrevis-tarles, analizar su hoja de vida y tomar así la mejor decisión al momento de la votación respectiva. El más interesado en concretar esto tendría que ser, en teoría, Artiga Artiga pues mostraría un verdadero interés por avanzar en la institucionalización del país.

¿Qué decir de su paso por la FGR? Destaca un mando con muy pocos éxitos que exhibir, sobre todo en aquellos casos de gran envergadura para el interés nacional y que han conmocionado la sociedad. Se ha observado, además, un nulo compromiso para investigar y procesar a los grandes violadores de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales en el país. Eso no es nuevo. Tanto la FGR como el Órgano Judicial salvadoreño han sido señalados reiterada-mente por el Departamento de Estado de EUA como poco eficientes; en concreto, dicha entidad ha insistido en subrayar serios problemas dentro de ambas entidades estatales, incluyendo el nivel profesional de sus integrantes. Otra investigación indica que la Fiscalía ha acumulado más de cien mil hechos delictivos en los que no se han podido encontrar sospechosos y, mucho menos, castigar a los responsables (Diario El Mundo, 25-09-02).

Se debe agregar lo constatado en otros casos “célebres”. Por ejemplo, en el de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) donde aparece Carlos Perla —su anterior Presidente— como uno de los principales defraudadores. Hay varios aspectos cuestionables en el proceder fiscal. Uno de los principales es que la investigación tuvo lugar muchos meses antes de conocerse públicamente las irregularidades en ANDA y judicializarlas. Eso facilitó la fuga de Perla. También en este caso se concedió criterio de oportunidad al gerente de la autónoma, Mario Orellana, quien fue el cerebro de la operación criminal y el más beneficiado económicamente por la misma.

Por otra parte, el aún Fiscal General no ha hecho nada para reiniciar en serio y acelerar las averiguaciones por la violación y el asesinato de Katya Miranda. Seis años después del aberrante crimen, las investigaciones fiscales se encuentran en un punto muerto, no obstante más de veinticinco mil firmas ciudadanas exigiéndole eso, las cuales le fueron entregadas hace dos años. También destaca el peculiar estancamiento en que se encuentra el caso de los hermanos Carías, asesinados en noviembre del 2000, debido a que se ha ignorado por completo la declaración de la madre de las víctimas; ésta aporta ciertas luces sobre el móvil del doble crimen.

Entre otras funciones, el artículo 193 de la Constitución salvadoreña establece que al Fiscal le corresponde promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad, así como dirigir la investigación funcional del delito e iniciar la acción penal de oficio o a petición de parte. Pero es justamente en los seis años de Artiga Artiga que se ha disparado el índice de homicidios, sin que existan investigaciones adecuadas que permitan dar con los responsables. Ahí, la FGR tiene una gran deuda que no ha asumido en forma apropiada. Las siguientes palabras de Hilda Maria Jiménez, madre de la pequeña Katya, sintetizan esa dramática realidad.

“El fiscal y otros funcionarios —denuncia esta víctima de la impunidad vigente en el país— siguen sordos y ciegos, sin investigar como es debido, ocultando y callando para terminar siendo cómplices de hechos abominables como son la violación y el asesinato, sin importarles el inmenso dolor que desgarra nuestras almas al no poder ver más con vida a nuestros hijos e hijas”.

Por lo anterior, una reelección del Fiscal General no es lo más conveniente para combatir estos males mediante una mejoría sustancial en la investigación de los delitos y un compromiso serio con las víctimas. Eso lleva a una conclusión elemental: lo que más le falta y urge a El Salvador para escoger funcionarios y funcionarias de “segundo grado” competentes, es un procedimiento apropiado que sirva de filtro para ofrecer a la Asamblea Legislativa las personas más aptas. Se trata, en síntesis, de reducirle a las y los diputados el universo de aspirantes con las y los postulantes mejor calificados para cada cargo.

En tal sentido, el IDHUCA propone ahora realizar un foro amplio y participativo donde partidos políticos, sectores sociales, asociaciones profesionales e iniciativas individuales presenten candidatos para dirigir adecuadamente la Fiscalía. Tal iniciativa plantea abrir un espacio al debate entre las personas que pretenden ocupar el puesto para que, en igualdad de condiciones y tiempo, aborden al menos tres aspectos: su diagnóstico de la FGR en el actual contexto nacional, los principales retos institucionales en el próximo trienio y sus estrategias para enfrentar tales desafíos. Luego de escuchar las exposi-ciones, aclarar dudas y responder cuestionamientos acerca de las mismas, se recomienda enviar a la Asamblea Legislativa los nombres de las cinco personas más idóneas para que la Comisión respectiva entreviste y escoja a la que considere más indicada para el cargo. No se descarta la participación del actual Fiscal General en este esfuerzo; de apoyarlo, además de tener ciertas ventajas sobre el resto de postulantes en cuanto al conocimiento de la institución, Artiga Artiga estaría dando una muestra palpable de transparencia al abrirse al escrutinio social y político.

El IDHUCA ofrece asumir la organización de este ejercicio con la logística para realizar dicho foro, en función de contribuir a superar mecanismos viciados de elección a partir de esta oportunidad que se le presenta al país; también está dispuesto a colaborar en esa línea con otras universidades u organizaciones de cual-quier tipo que compartan la inquietud y decidan sumarse a la cruzada. Lo hace convenido de que el interés político de los partidos -que siempre existirá- no debe ser obstáculo para asegurarle a la sociedad salvadoreña el acceso a la justicia, el respeto de los derechos humanos, la construcción real del Estado de Derecho y la democratización del país. No existe motivo alguno para que las diversas frac-ciones políticas de la Asamblea Legislativa rechacen esta propuesta. Ahora, pues, la pelota está en su cancha.

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Documento

Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas

A continuación, presentamos un documento que fue aprobado en la IV sesión plenaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada el 7 de junio de 2005, acerca del tema de las pandillas.

Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas

LA ASAMBLEA GENERAL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN los resultados de los estudios realizados por diferentes organismos internacionales y por algunos Estados Miembros, alrededor del tema de las pandillas, los cuales concluyen que se trata de un tema muy complejo, el cual debe abordarse desde un enfoque integral, que incluya entre otros, la prevención, el apoyo social, el respeto y la protección de los derechos humanos, y la aplicación de la ley nacional;

RECONOCIENDO que las pandillas constituyen un problema que comparten principalmente los países de Centro y Norte América; y que requieren de un profundo análisis, ya que representan un desafío que debe reconocer antes que nada la conveniencia y urgencia de incrementar el conocimiento sobre las necesidades de sus miembros;

TOMANDO NOTA DE:
La iniciativa de la Secretaría General de celebrar el 16 y 17 de junio de 2005, en Tapachula, Chiapas, México, la Reunión sobre Pandillas Delictivas Juveniles Transnacio-nales: Características, Importancia y Políticas Públicas, y su relación con el problema de las drogas en el contexto de la delincuencia organizada transnacional; y
La iniciativa de El Salvador de realizar en San Salvador, del 28 al 30 de junio del presente año, el “Primer foro regional sobre prevención social de la violencia, rehabilitación y reinserción de jóvenes en situación de riesgo o en conflicto con la ley”, para contribuir a la búsqueda de soluciones a dicho fenómeno, desde la perspectiva social y humana del mismo,

RESUELVE:
1. Instar a los Estados Miembros a realizar seminarios y jornadas de intercambio de experiencias en los ámbitos regional, subregional, nacional, y sobre los diferentes aspectos de incidencia y prevención de la formación de las pandillas.

2. Instar a la Secretaría General, así como a los órganos de la OEA competentes en el tema, a apoyar los trabajos que en torno a esta temática se desarrollen en el ámbito interamericano.

3. Instar a la Secretaría General a que difunda los informes que surjan de la reunión especial que sobre este tema y en el marco de la OEA se llevará a cabo en Tapachula, Chiapas, México, y que dé seguimiento apropiado a los mismos.

4. Instar a la Secretaría General a difundir igualmente los informes del “Primer foro regional sobre prevención social de la violencia, rehabilitación y reinserción de jóvenes en situaciones de riesgo o en conflicto con la ley” ya mencionado.

5. Encomendar a la Secretaría General que consolide los resultados de los diferentes estudios efectuados en el Hemisferio sobre este tema.

6. Encomendar al Consejo Permanente y a la Secretaría General llevar a cabo, según corresponda, las actividades mencionadas en la presente resolución de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

7. Encomendar al Consejo Permanente que dé seguimiento a la presente resolución y presente un informe sobre su cumplimento a la Asamblea General en su trigésimo sexto período ordinario de sesiones.

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