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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 25
número 1151
Junio 29, 2005
ISSN 0259-9864

Índice

Editorial: (Neo)populismo mediático

Política: Pulso político de la Asamblea Legislativa

Economía: El CAFTA: ¿una ayuda de EEUU a Centroamérica?

Derechos Humanos: Por las víctimas

Documento: Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe

Editorial

(Neo)populismo mediático

Desde que los regímenes democráticos arraigaron en Occidente como los regímenes políticos menos perniciosos, las discusiones acerca de sus fortalezas y debilidades se hicieron cada vez más frecuentes. Así, desde que Alexis de Tocqueville escribiera La democracia en América, en 1832, hasta el presente, con los estudios de académicos como Juan Linz, Robert Dahl, Giovanni Sartori y Arend Lijphart, de la democracia y las democracias se han dicho —y se siguen diciendo— muchas cosas. En América Latina, la discusión en torno a la democracia ha sido particularmente intensa desde los años ochenta, cuando, de la mano de autores como Guillermo O’Donnel, Manuel Antonio Garretón, Fernando Calderón y otros, el problema del agotamiento de los regímenes autoritarios hizo saltar al primer plano el tema de la transición democrática.

Sin que haya unanimidad en todos los autores, de las discusiones más teóricas acerca de la democracia, como régimen político, se pueden entresacar una serie de características que la distinguen de otros regímenes políticos y que la dotan de su particular atractivo. Dicho brevemente, un régimen democrático no descansa en el poder irrevocable de un Jefe, ni en el poder de un líder o de una coalición civil-militar, ni en el poder absoluto de una institución. Asimismo, un régimen democrático exige de suyo tanto la participación ciudadana como la discusión y la crítica públicas. Es decir, la democracia supone la presencia ciudadana en el espacio público: el espacio donde se examinan, se valoran y critican los problemas socio-políticos y donde se proponen alternativas razonables de solución a los mismos que sean aceptables para la mayoría, pero que tomen en consideración los intereses de la minoría.

Obviamente, sin un entramado institucional sólido y bien articulado, regido por el imperio del derecho, el régimen democrático se tambalea, ya sea por las propensiones autoritarias de quienes tienen el poder, o por la irrupción de demandas ciudadanas incontrolables. En una palabra, el ejercicio del poder en un régimen democrático requiere de mediaciones institucionales, mismas que, además de cauce de decisiones y demandas, sirven de mecanismo de control de abusos, irresponsabilidad y personalismos emanados del poder.
En el debate latinoamericano —que es el que nos interesa retener aquí— han salido a relucir diversos tópicos, no sólo a propósito de los cambios políticos suscitados desde la crisis de las dictaduras, sino sobre la historia política previa a la llegada de los militares al poder. Los estudios sobre las transiciones estuvieron marcados en sus inicios por un indudable optimismo acerca del futuro democrático de los países que comenzaban a desmontar los mecanismos de poder heredados del autoritarismo. Posteriormente, sobre todo cuando se comenzó a discutir el tema de la consolidación, ese optimismo se fue desvaneciendo, hasta dar pie a posturas más escépticas e incluso pesimistas —justificadas a partir de algunas experiencias concretas como la peruana, la argentina o la venezolana— sobre las perspectivas de la democracia en América Latina.

Desde los años noventa se hizo cada vez más claro que en el ejercicio político latinoamericano de la transición no sólo estaba pesando la cercana herencia autoritaria —los llamados “enclaves autoritarios”—, sino una herencia anterior al arribo de los regímenes militares: el populismo. No es que el autoritarismo y el populismo estuvieran reemplazando a algunas de las incipientes democracias latinoamericanas; más bien, les estaban dando una textura propia, es decir, haciendo de ellas unas “democracias delegativas”, en las cuales —según Guillermo O’Donnel— “la persona que gana la elección presidencial está autorizada para gobernar como él o ella crea conveniente, sólo restringida por la cruda realidad de las relaciones de poder existentes y por la limitación temporal del término de su mandato. El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal definidor y guardián de sus intereses”.

En el caso de la herencia populista, no se trataba (ni se trata) de un calco del populismo tradicional —el de Perón o Lázaro Cárdenas—, pero sí de una actualización de algunas de las características del mismo, ofrecidas al público a través de unos medios de comunicación anuentes a esa forma de ejercer el poder. Desde los años noventa, se ha venido fraguando en algunas experiencias latinoamericanas una especie de (neo)populismo mediático, en virtud del cual el presidente de la República es vendido al público —siguiendo el esquema de las democracias delegativas— como amo y señor de los destinos de la sociedad, es decir, como el garante y ejecutor directo de las decisiones que afectan a la mayoría de los ciudadanos.

En esa forma de concebir y ejercer el poder, aunque respaldada por el mecanismo electoral, se echa por la borda uno de los supuestos más importantes de la democracia: la mediación institucional. Y es que, en el populismo mediático de nuestro tiempo, las instituciones, débiles o no, son abolidas (mediáticamente) por el voluntarismo presidencial, que pasa por encima de las exigencias que aquellas le plantean a la hora de asumir, a través de los medios de comunicación, compromisos de todo tipo ante los ciudadanos. La idea que se vende es que el presidente es alguien “cercano” a la gente, cuyas preocupaciones, alegrías y frustraciones no le son ajenas; que el presidente es alguien que no está sometido al control de nada ni nadie y que, por tanto, puede hacer ya lo que, respetando procedimientos y normas, tardaría más tiempo realizar.

El populismo mediático constituye una grave amenaza para la democracia. Y es que, cuando en la práctica (y no sólo mediáticamente) se elimina a (o se reduce el peso de) las instituciones, la discrecionalidad y los abusos se convierten en la norma del ejercicio de poder político. Cuando esa abolición de las instituciones no pasa de ser una ilusión vendida por los medios, como sucede en El Salvador, la suprema voluntad del presidente se queda en meras promesas que nunca se cumplen o que, para hacerse realidad, deben sortear los mecanismos institucionales vigentes, a los que los publicistas del gobierno terminan haciendo culpables de impedir que el presidente resuelva los problemas de la gente.

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Política

Pulso político de la Asamblea Legislativa

Mientras las noticias, y quienes las fabrican en El Salvador, siguen hablando de la polarización entre ARENA y el FMLN, el pulso de la vida política se mueve subrepticiamente hacia los partidos pequeños representados en la Asamblea Legislativa. Sobre este tema conviene hacer una aclaración. Muchos de estos llamados “partidos”, en realidad no son más que un grupo de tres o cuatro personas, disidentes de algún movimiento político, en general del FMLN, que se destacan por sus intenciones de rivalizar con sus ex camaradas.

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Economía

El CAFTA: ¿una ayuda de EEUU a Centroamérica?

En días anteriores, las intensas discusiones sobre el CAFTA se concentraron en dos instancias del Congreso de los Estados Unidos. El martes 14 de junio se realizó el primer simulacro de votación en el Comité de Finanzas del Senado. En esa oportunidad los resultados fueron de 11 votos a favor y 9 en contra. Un día después, el miércoles 15, se llevó a cabo otro simulacro en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. En esa oportunidad había más votos en juego. Los resultados fueron 25 a favor y 16 en contra.

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Derechos Humanos

Por las víctimas

El presente mes, del lunes 13 al viernes 24, se realizó el IV Curso Especializado “Victimología y asistencia a víctimas”. Convocaron la Sociedad Mundial de Victimología (SMV), la Asociación Salvadoreña de Victimología y el IDHUCA con un propósito central: contribuir a sensibilizar a quienes, en la sociedad y la administración pública, atienden personas afectadas por la violencia de todo tipo y los abusos de poder. Este evento se inscribe en un esfuerzo global, pues durante los últimos años se han impulsado en el mundo estudios que incluyen lo relativo a los factores sociales, económicos, jurídicos y políticos relacionados con el fenómeno, como también las prácticas para ayudar a que las víctimas superen su experiencia.

En tal sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en noviembre de 1985, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Entonces se reconoció la necesidad de incorporar estos principios al catálogo universal de derechos humanos, para garantizar su protección estatal contando con la participación de instituciones privadas. En el país, hasta la fecha, lo primero no se ha logrado; en cambio, sí existen experiencias positivas desarrolladas por organizaciones sociales cuyos resultados deben ser conocidos por funcionarios y funcionarias de las instituciones que integran el sistema de justicia. Por eso se incluyeron en la actividad testimonios de víctimas y visitas a lugares como Tecoluca, San Vicente, donde tuvieron lugar numerosas matanzas y la población atropellada sólo ha recibido el desprecio de sus victimarios, quienes aún continúan impunes.

La clausura del IV Curso Especializado se realizó en la Capilla de la UCA, ante cinco de sus mártires ahí sepultados. De las intervenciones durante el acto referido, a continuación transcribimos dos: la de Adriana Ospina, alumna, y la de John Dussich, secretario general de la SMV y profesor del evento. La primera expresó lo siguiente:
Es un honor para mí poder dirigirme a Ustedes en este lugar tan simbólico, no sólo para el pueblo salvadoreño sino para todos los latinoamericanos que como yo sentimos, como una sola, la lucha por encontrar diariamente buenos motivos para seguir soñando con la paz, la verdad y la justicia de nuestros pueblos. Y en este camino de ir buscando y encontrando, el pasado 13 de junio, un grupo de personas de distintos lugares del mundo, encontramos un muy buen motivo para unirnos, reflexionar y cuestionarnos: las víctimas.

Durante quince días las víctimas y sus historias se convirtieron en el mejor de los pretextos para recordar nuestro compromiso social como profesionales de las ciencias sociales y de la salud, para reconocer los aciertos y desaciertos de nuestros sistemas, para confesar nuestros errores y para descubrir que ni en los mejores tratados de victimología, se enseña el respeto por la palabra y la historia de ese otro ser humano que a diario deposita en cada uno de nosotros quizás su única posibilidad de sentirse ser humano.

Y para no perder el buen hábito de encontrar buenos motivos, hoy es definitivamente un buen motivo para celebrar, porque aceptamos el reto que, en el ámbito personal o institucional, nos pusimos con esfuerzo logramos finalmente seguirle el ritmo a nuestros profesores John Dussich y Annette Pearson, a través de quienes aprendimos o recordamos el respeto por el tiempo de los demás, la importancia de la rigurosidad, la pasión y el compromiso que como aprendices de victimólogos y victimólogas debemos tener presente siempre.

A ellos gracias por compartir como nosotras quince días de sus vidas y por pasarnos la “antorcha” para que mantengamos encendida la llama de la victimología por donde vayamos. También agradecer en nombre de mis compañeros y compañeras a la UCA y especialmente al IDHUCA, por permitir que este curso fuera posible; a cada una de las personas que compartieron con nosotros sus experiencias y especialmente, a cada una de las víctimas por convertirse en nuestra inspiración.

Por su parte, el profesor Dussich expresó estas palabras:

Hoy me siento muy orgulloso, porque hemos llegado al final de este Cuarto curso centroamericano de victimología y asistencia a víctimas. Treinta y tres estudiantes se inscribieron y asistieron a diez días intensos de ponencias, soportando compromisos incompatibles; muchas de estas personas con obligaciones laborales que cumplir, ruido y calor insoportables. No sólo compartieron información y experiencias, y escucharon atentamente, sino también elaboraron propuestas de proyectos de acción excelentes. Tanto es así, que considero que son de los mejores proyectos que he conocido en todos los cursos de victimología que he enseñado.

Durante el curso, he oído frecuentemente la pregunta: ¿Qué es un victimológo? Yo diría que un victimológo, en primer lugar, es alguien que ha recibido una educación especializada en victimología; en segundo lugar, es una persona que estudia o trabaja de tiempo completo con víctimas o enseña la victimología. Además, agregaría que la afiliación a la Sociedad Mundial de Victimología indica que la persona desea participar con otros profesionales en organizaciones reconocidas, como signo de su pertinencia al gremio y gesto de solidaridad. Todos nuestros estudiantes han dado su primer paso con sus estudios de victimología, otros trabajan exclusivamente en el campo de la victimología y algunos se han hecho miembros de la Sociedad Mundial. En este sentido, cada estudiante es una de dos: o ya es un victimológo, o está en camino de serlo. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para declarar que este Curso ha sido todo un éxito, felicitar a cada uno de los estudiantes por sus logros y darles la bienvenida a la comunidad de los victi-mológos.

De nuevo quiero darle al equipo del Instituto de Derechos Humanos de la UCA dedicados colaboradores, mis más sinceros agrade-cimientos por su trabajo y apoyo no solamente a lo largo de estas dos semanas, sino también durante los meses de su preparación. Sin sus contribuciones día a día, este Curso no habría sido posible.

Con la conclusión de este Curso, hemos llegado juntos al final de este viaje; en los próximos días empezarán una etapa provista de nueva información para comenzar sus carreras como victimológos. Cada uno de ustedes significa posibilidades valiosas para las víctimas de su país. Desde ahora tienen la responsabilidad de utilizar las lecciones aprendidas para mejorar la situación de las víctimas, divulgar el mensaje sobre sus derechos y capacitar a otros en estos temas.

Confío que nuestra relación no terminará hoy, simplemente cambia de profesor y estudiante a colega. Pero en mi corazón, ¡serán siempre mis estudiantes! En el futuro espero que podamos intercambiar información para apoyar nuestras actividades. Estaré atento a saber del desarrollo de sus carreras y de la manera en que enfrentan los desafíos del futuro. Siempre apreciaré su diligencia, su sed de nuevos conocimientos y su amistad.

Buena suerte y sobre todo disfruten bien sus recursos, fortalezcan sus repertorios y ¡sean sobrevivientes exitosos!

¡Muchas gracias!

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Documento

Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe

Los objetivos del Milenio
Hace cinco años, los gobiernos de 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración del Milenio, un compromiso mundial para combatir la desigualdad y mejorar el desarrollo humano, con un horizonte puesto en el 2015. Se trata de una carta de navegación para erradicar la pobreza extrema y el hambre, univer-salizar la educación primaria, promover la igualdad entre los sexos, mejorar la salud, detener el deterioro ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

En estos momentos se están evaluando los progresos alcanzados en los países de todo el mundo. Dado que nuestro año de comparación es 1990 y quedan 10 años para cumplir los objetivos, cabe preguntarse si hemos avanzado lo suficiente.

Los organismos de las Naciones Unidas con presencia en la región hemos elaborado un documento en el que se evalúan los avances alcanzados en América Latina y el Caribe. El documento se titula Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe y su eje articulador es la desigualdad que persiste en la región —la más inequitativa del mundo— y que limita las posibilidades de cumplir con los objetivos y metas del Milenio.

Las Naciones Unidas tienen previsto realizar una cumbre mundial en Nueva York en septiembre próximo para presentar un informe global sobre los progresos hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio. El presente informe interins-titucional es una contribución para estos debates.

El balance de la región
El balance es mixto. Si bien se observan algunos progresos, son claramente insuficientes. La región está en vías de cumplir la meta de reducción del hambre, de la desnutrición y mortalidad infantil, así como la de acceso a agua potable, tanto urbana como rural, y ha logrado avances muy significativos en la reducción de las desigualdades de género, en especial en la educación. Estas son cinco condiciones indispensables para lograr un desarrollo más equitativo.

Sin embargo, no se ha progresado lo suficiente en las metas que buscan reducir a la mitad la pobreza extrema, disminuir tres cuartas partes la mortalidad materna, universalizar la educación primaria, mejorar sustancialmente el acceso a servicios de saneamiento y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. La asistencia oficial para el desarrollo comprometida por los países industrializados tampoco ha alcanzado los niveles acordados y no llega a la región en las cantidades necesarias.

La pobreza extrema sigue siendo demasiado elevada. En América Latina y el Caribe 222 millones de personas son pobres. De ellas, 96 millones (18,6%), o una de cada cinco personas, viven en la indigencia.
El porcentaje de avance hasta el 2004 en la reducción de la pobreza extrema en el conjunto de la región fue del 34%, pese a que desde 1990 ha transcurrido más de la mitad (56%) del tiempo previsto para el logro de la meta.

Sólo Chile ya ha reducido a la mitad la pobreza extrema y las mediciones indican que Brasil, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay han logrado avances significativos. En cambio, resulta preocupante que los países con mayor pobreza extrema en la región se encuentren entre los que progresaron menos en este sentido.

La reducción a la mitad de la pobreza extrema y del hambre hacia el 2015 exige un crecimiento económico sostenido. Según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento requerido por los distintos países de la región para que todos ellos logren cumplir la meta en el 2015 implica un aumento promedio del producto por habitante del 2,9% al año. Este promedio, sin embargo, esconde grandes diferencias. En particular, si no hay cambios en la distribución del ingreso, los países con mayores niveles de pobreza extrema, superiores al 30% —Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay— deberían incrementar su ingreso por habitante a una tasa promedio anual del 4,4% durante los próximos 11 años, tasa que supera ampliamente la cifra histórica de estos países.

Una mejor distribución del ingreso potenciaría el efecto de la expansión económica en la reducción de la pobreza. Se estima que con una leve mejora en materia de distribución del ingreso el incremento del producto regional por habitante necesario para cumplir la meta bajaría casi un punto porcentual. En otras palabras, el esfuerzo de crecimiento necesario sería menor o podría alcanzarse la meta en un plazo más corto, siempre y cuando se eleve más rápidamente el ingreso de los estratos pobres.

La región está en vías de cumplir la meta sobre reducción del hambre, ya que en 15 de 24 países disminuyó la subnutrición. También se espera que la desnutrición infantil (niños con peso inferior al normal) se reduzca a la mitad para el 2015. No obstante, tal como en el caso de la meta de reducción de la pobreza, es inquietante que los países más pobres sean precisamente los que menos han avanzado en su cumplimiento.

En educación primaria se registran avances y las tasas de matrícula son superiores al 93%. El progreso fue mayor en países de nivel de ingreso por habitante intermedio, como Brasil y México. Sin embargo, un 13% de los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad no ha completado el ciclo primario y, de mantenerse la tendencia a la deserción escolar temprana, no se alcanzará la universalización de la enseñanza básica.

La región no presenta —como otras en desarrollo— desigualdad de género en educación. Con la excepción de Bolivia, Guatemala y Perú, los países alcanzaron esta meta e incluso más mujeres que varones terminan la primaria y estudian en los niveles secundario y universitario.

Pero los ingresos laborales de las mujeres son hasta entre el 30% y el 40% más bajos que los de los hombres, persisten problemas como la violencia familiar y aún no hay suficiente representación femenina en los parlamentos. En términos generales, es necesario que las mujeres logren un mayor grado de autonomía, tanto desde el punto de vista físico y económico como familiar, tal como se discute en detalle en el documento.
Tanto la mortalidad entre los menores de cinco años como la mortalidad infantil (menores de un año) experimentaron fuertes descensos.

En América Latina y el Caribe 2,4 millones de personas padecen el VIH/SIDA y desde el 2000 el número aumentó. El 28% de estos casos corresponde a Brasil, único país, sin embargo, que ha puesto un sólido freno a la epidemia.

Los indicadores ambientales revelan un serio deterioro del medio ambiente en la región y pocas probabilidades de cumplir con las metas. Resultan particularmente alarmantes la pérdida de los bosques y de la biodiversidad, la contaminación del aire y el crecimiento de los tugurios en las ciudades.

Sin embargo, sí será posible alcanzar la meta correspondiente al acceso al agua potable en la mayoría de los países, aunque la situación es menos promisoria en materia de saneamiento.

La meta del saneamiento urbano se ha alcanzado en los países del Caribe y hay progresos importantes en otros, pero están rezagados Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití y Perú que, además, tienen coberturas inferiores al 60%.

Otro objetivo en el cual no se han logrado avances se refiere a la cooperación de los países industrializados con los países de menor desarrollo, situación que se aplica en especial a la asistencia oficial para el desarrollo. No sólo se está lejos del compromiso de transferir a los países en desarrollo el 0,7% del PIB de los países industrializados sino que, además, tal asistencia ha disminuido del 0,33% del PIB en 1990 al 0,25% en la actualidad. Por otro lado, una compleja trama de barreras arancelarias, para-arancelarias y subsidios a la producción limita, en especial para los productos agrícolas, la capacidad exportadora de la región.

Algunas reflexiones
1. La región presenta una gran heterogeneidad. El ingreso por habitante oscila entre un máximo de 10.000 dólares a precios del año 2000 en Antigua y Barbuda, y un mínimo de 400 dólares en Haití y 800 en Nicaragua. Los indicadores sociales arrojan una disparidad similar. Donde no hay heterogeneidad es en la mala distribución del ingreso, aunque el Caribe de habla inglesa ostenta una mejor situación que el resto de los países. Por lo tanto, resulta complicado generalizar conclusiones o recomendaciones de política.

2. El cumplimiento integral de los objetivos de desarrollo del Milenio difícilmente pueda lograrse sin una alta y sostenida tasa de crecimiento y mejoras en la equidad. No es de extrañar, entonces, que en una región cuyo ingreso anual por habitante sólo ha aumentado un 1,3% en los últimos 14 años y cuya distribución del ingreso no ha mejorado, no se registren progresos suficientes en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio. Tal como la CEPAL ha sostenido, las objetivos del Milenio no pueden entenderse como una sumatoria de metas para aumentar el bienestar de la población, sino como indicadores dentro de una visión integral del desarrollo.

3. La región tiene una larga deuda con la equidad. En el informe se señala que la inequidad, que se manifiesta en la distribución del ingreso y de los activos, afecta el cumplimiento de todos los objetivos y metas, no sólo por grupo social, sino también por lugar de residencia, edad (los menores la sufren en mayor proporción), etnia y género. La ausencia de equidad es, además de un problema intrageneracional, una deuda intergeneracional a la luz de indicadores que muestran la falta de sostenibilidad ambiental del desarrollo. Sólo con una política que ponga a la equidad en el centro de la agenda de desarrollo será posible cambiar esta situación. Ello incluye no sólo a las políticas sociales sino, también, a la política económica.

La política económica, además de reducir la volatilidad real, debe orientarse a favorecer la inversión y el crecimiento y debe incluir la aplicación de políticas de desarrollo productivo que alienten el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y las zonas más rezagadas. La política social debe tener como objetivos la universalidad, la solidaridad y la eficiencia, para lo cual es preciso crear una institucionalidad social que asegure continuidad, transparencia, coordinación y la participación de la sociedad civil, tanto en el nivel local como en el nacional.

4. Si bien se podría pensar que, dado que los objetivos y metas implican mejoras relativas del bienestar, los países de menor desarrollo podrían avanzar más que los otros en muchas de ellas, la realidad demuestra que no es así, al menos en lo que respecta a la pobreza extrema y la subnutrición. En efecto, los países que han experimentado menores avances en estas áreas son aquellos de menor desarrollo relativo. Ello nos remite a varios trabajos, incluida muy especialmente la producción de muchos años de la CEPAL, en que se ha hecho hincapié en los problemas vinculados al círculo vicioso de la pobreza.

5. Romper el ciclo de la reproducción intergeneracional de la pobreza requiere de un esfuerzo compartido de los países de la región con la comunidad internacional. Para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio los países de América Latina y el Caribe deben hacer un gran esfuerzo interno, que incluye un pacto fiscal que asegure la eficiencia en el uso de los recursos del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, reglas claras y una mayor disponibilidad de recursos para que el Estado pueda cumplir con las prioridades del desarrollo. Aun así, hará falta elevar la asistencia oficial para el desarrollo en los países más pobres.

6. Los países desarrollados tienen que cumplir su compromiso de ayudar a construir una globalización más equitativa, conforme al principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Ello abarca temas en distintos ámbitos, tales como los financieros, comerciales, de migración, de transferencia tecnológica y de sostenibilidad ambiental. En particular, es imperativo concluir exitosamente la Ronda de negociaciones comerciales multilaterales de Doha, a fin de avanzar en la eliminación de los subsidios de los países desarrollados y ampliar el acceso de la región a sus mercados, especialmente de productos agrícolas.

Asimismo, los países desarrollados deben cumplir el compromiso de elevar la asistencia oficial para el desarrollo al 0,7% de su producto. Hoy estamos lejos de esa meta y, lo que es más grave, la asistencia oficial para el desarrollo es menor hoy que en 1990. Los únicos signos alentadores en este campo son el compromiso de los países europeos de aumentar la asistencia oficial para el desarrollo a 0,5% en el 2010 y 0,7% en el 2015 y el que se estén buscando nuevas fuentes de financiamiento para combatir el hambre y la pobreza, como la iniciativa en que participan Brasil y Chile junto con Francia, España y Alemania, y que aviva esperanzas de conseguir recursos adicionales. Sin embargo, queremos insistir una vez más en que las urgencias son grandes y la pobreza no debe seguir esperando.

7. Como es sabido, la educación y el empleo son dos factores fundamentales en la mejora de la equidad y la disminución de la pobreza, pero no están tratados apropiadamente en los objetivos de desarrollo del Milenio. La falta de empleo no permite a los trabajadores salir de la pobreza ni a sus hijos acceder a servicios adecuados de salud, educación e incluso alimentación. Por su parte, América Latina y el Caribe requiere ajustar las metas relacionadas con la educación a la problemática de la región, es decir, es necesario poner más énfasis en la cobertura en el nivel preprimario y en el nivel secundario e introducir mejoras sustanciales en la calidad y pertinencia de esta.

8. En el informe se demuestra que hay posibilidades de implementar políticas específicas para reducir flagelos como los de la desnutrición y la mortalidad infantiles, aun en contextos de elevada pobreza. En este sentido, la región tiene una larga experiencia que afortunadamente se manifiesta de forma creciente en políticas concretas de gran impacto, que se tratan en el documento y que abren oportunidades de cooperación entre los países.

9. Asimismo, en el documento se señala la aparición de nuevos programas en varios países de la región que generan sinergias entre las distintas metas. Ejemplos de ellos son los programas que condicionan las transferencias monetarias a los sectores más pobres a la asistencia de los niños a las escuelas, en los niveles primario y secundario, y la de ellos y sus madres a los centros de salud. Con estos programas, que han tenido resultados positivos según la mayoría de las evaluaciones, se abre la posibilidad de que, al tiempo que se asiste a los sectores de menores recursos, se potencia la formación del capital humano, única manera de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Ejemplo de estos programas son Bolsa Familia de Brasil, Familias en Acción de Colombia, Chile Solidario, el Programa de Asignación Familiar de Honduras y, muy especialmente, Oportunidades de México, entre otros.

Estas iniciativas, junto con los programas de comedores escolares y los de nutrición infantil y atención médica primaria y preventiva, y el aumento del gasto público social durante la última década, nos llevan a abrigar cierta esperanza.

10. En cuanto a las “responsabilidades compartidas” y sólo a título ilustrativo, poner en marcha un programa como el mencionado, de transferencias a las familias que viven en la pobreza extrema en los 10 países más pobres de la región costaría, incluidos los gastos administrativos y según ciertos supuestos que se discuten en el documento, 4.700 millones de dólares, lo que representa poco menos del 0,2 por 1000 del producto de los países desarrollados.

11. Antes de terminar, quisiera señalar una vez más que, si bien los programas específicos que ayuden a aumentar el bienestar de los ciudadanos de la región son bienvenidos, sobre todo si son parte de una estrategia de desarrollo integral, sólo con un crecimiento sostenido que dé prioridad a la equidad se podrán cumplir los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos de América Latina y el Caribe.

12. La esperanza de vencer definiti-vamente la pobreza y lograr un mundo más justo y seguro es el mensaje de este informe a las autoridades nacionales, a la sociedad civil y a los representantes de la cooperación internacional. Sólo sumando esfuerzos tendremos éxito en aumentar el bienestar para todos los habitantes de América Latina y el Caribe. Aún es posible alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio en el año 2015.

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